Los problemas de seguridad se agravan, las opiniones de la ciudadanía se vuelven más críticas y los comportamientos institucionales se hacen más opacos y distantes de una pretensión profesionalista. Hoy, más que nunca, cuando los discursos de «autoridad» y «guerra al delito» se tornan más estridentes, hay indicios razonables para sospechar alguna lógica de encubrimiento. Cuando más se vocifera, más vulnerabilidad se muestra. Las maniobras subterráneas, las performances mediáticas y las disputas de poder son, en rigor, la forma y el contenido de la política de seguridad. Reducidos los decibeles del caso Astesiano, la política tuvo un amague de ir hacia una mirada de corte preventivo, con la intención además de abrir una discusión hace tiempo confinada en pocas manos. Pero el intento fue de corto alcance y se disipa como el incienso. La vieja guardia retoma el protagonismo y la discusión pública se alimenta con lo de siempre: aumento de penas, militarización de la seguridad, ataques a la autonomía y la priorización de los fiscales, regulación regresiva del instituto de la prisión domiciliaria y los infaltables allanamientos nocturnos. Nada puede ser tan previsible, nada puede ser tan empobrecedor.
¿Qué razones hay para volver con esta iniciativa? En primer lugar, las obvias: el gobierno se quedó sin agenda y sin resultados, y propuestas de este tipo concitan apoyos rápidos dentro del arco ideológico que sostiene a la coalición. Si la primavera preventiva, dibujada en los primeros meses de este año, recibió como respuesta la indiferencia, volver con los allanamientos nocturnos redobla la moral de las huestes. A su vez, propuestas de este tenor otorgan visibilidad política y mediática, en el marco de un fenómeno, como el del narcotráfico, que tiene una clara centralidad en el debate actual. Allanar para cerrar bocas de droga es una medida que no necesita mucha explicación. Cae por su propio peso, conecta con un problema ya definido, no implica complejos tecnicismos ni supone incómodas discusiones presupuestarias. Y, mejor aun, otorga esa extraña sensación de poder obtener resultados a corto plazo, porque, en estos temas, todo es para ayer. Además, el punitivismo propio de las élites siempre sintoniza con el punitivismo «desde abajo». Cualquier encuesta que se haga en este momento –y ya llegarán– reflejará que una amplia mayoría de las personas consultadas está a favor de la medida.
Los que defienden la modificación de la Constitución para habilitar la posibilidad de los allanamientos nocturnos argumentan que la «batalla madre» contra el crimen organizado es un combate sin tregua al narcotráfico. Los allanamientos nocturnos son una «necesidad táctica» y una herramienta de «probada utilidad», sostienen con pose ufana. La protección constitucional actual está pensada para otros tiempos: ahora de lo que se trata es de sacarles ventaja a los delincuentes, que esconden sus ilegalidades en la noche. Además, cada boca que se cierra disminuye en un 25 por ciento los delitos en el «ecosistema» próximo. Aseguran que, como ellos, operadores del sistema penal y sectores de todos los partidos políticos respaldan esta iniciativa. Por otro lado, los argumentos recorren caminos variados: hay quienes hablan desde la utilidad técnica y llegan a decir que los allanamientos nocturnos son un insumo más del «kit de herramientas» en la lucha contra el narcotráfico, y hay quienes garantizan, con deliciosa lógica, que las personas que no están en nada malo no tienen que preocuparse con ser violentados en las noches.
No hay mucho más para reseñar. Todo parece tener un indisimulable aire demagógico, como en cualquier variante del discurso de autoridad, y un claro gesto clasista, ya que el narcomenudeo tiene una localización predominante en los espacios sociales más precarios. Los territorios que a nadie importa, que acumulan históricamente violencias de todo tiempo son los lugares privilegiados para la descarga. Aunque se diga, con implacable racionalidad legal, que la norma no discrimina territorios («si hay que hacer allanamientos en el sur de la ciudad, se harán») y que en todos los casos opera el control jurisdiccional del juez, no hace falta ser muy avispado para entender la lógica de uso de esta herramienta.
En efecto, esa lógica política de los hechos es la que introduce un desbalance de base y, por esa razón, siempre estará por encima de lo jurídico. Esto explica que medidas absurdas como esta no paguen ningún tipo de costos políticos, ni ahora ni después. Cuando estas propuestas logren implementarse, y añadan dolor y violencias en los espacios de siempre, en el fondo a nadie le importará. Eso es lo que viene sucediendo desde hace décadas en nuestro país. Lo diga el demagogo o lo formule el tecnócrata, proponer los allanamientos nocturnos solo puede hacerse en ancas de un arraigado sentimiento de desprecio social.
¿Cuál es esa lógica política de los hechos? Esencialmente, la lógica de la necesidad. Según los promotores de esta medida, el Estado no puede permitir que la ley se viole, que las drogas se toleren, que el mal se expanda. Al mismo tiempo, afirman, el narcotráfico ocasiona violencia, dolor, sufrimiento. Con el consumo o con la imposición arbitraria del más fuerte, son cientos, miles los que se perjudican. ¿No está obligado el Estado a intervenir con todos los recursos que estén a su alcance? Esta lógica de la necesidad es implacable, irresistible, y problematizarla, según parece, es caer en el campo naífde los irresponsables. Esta lógica tiene un costado técnico, instrumental: según el punto de vista de varios actores, los allanamientos nocturnos están bien siempre y cuando se usen adecuadamente y bajo las garantías legales que correspondan.
Nuestra discrepancia de fondo es con esta lógica de la necesidad. En primer lugar, porque perfora la validez de todas las normas pensadas para dar garantías. La necesidad trasforma el estado de excepción en una situación permanente. Esa perforación habilita la idea de que el fin justifica los medios. En la guerra contra el narcotráfico, todo vale, y toda barrera que se interponga debe ser removida. Esta lógica de la necesidad se ha vuelto paradigma a lo largo y ancho del mundo, y en particular en nuestro continente, con resultados catastróficos. Lo mismo en nuestro país. Hace 30 años que estamos empeñados en derribar garantías y apelar a estas herramientas «útiles», y en cada intento lo que sobreviene es manifiestamente peor. ¿En verdad se cree que con los allanamientos nocturnos es más lo que se gana que lo que se pierde? ¿Sobre qué base de evidencia? ¿Sobre qué indicadores?
Derribar una garantía constitucional para introducir procedimientos violentos pero con garantías legales: la necesidad obliga a estas justificaciones absurdas, que además no se cumplen. El campo penal tendrá su autonomía y sus reglas técnicas, pero también está sometido a presiones políticas y mediáticas. Basta con mirar lo que ha pasado en las últimas semanas con las prisiones domiciliarias. Las decisiones nunca son neutras, y mucho menos sus consecuencias. La trillada afirmación de la selectividad del sistema penal implica también que sus instrumentos desaten formas arbitrarias o de violencia excedentaria sobre los sectores más precarios de la sociedad. Y allí no se sutura, sino que se rompe. No se estabiliza, sino que se interviene puntualmente. Además, en territorios vulnerables las Policías no se dedican a aplicar la ley, sino que construyen, como pueden, un orden social cargado de contradicciones.
Las bocas de drogas son parte de ese orden subterráneo, construido sobre las complicidades, los pactos tácitos, las regulaciones sin reglas escritas. Cada boca que se cierra es sustituida por otra. Cada allanamiento que se concreta deja incambiada la situación. Hacer esto en la noche es multiplicar los riesgos para los propios funcionarios, ahondar la lógica de la segregación, enquistar el problema y seguir reproduciendo los traumas que las distintas violencias provocan. Los allanamientos nocturnos son un paso más en esa «guerra» sin fin. En nombre de una necesidad técnica, nos alejaremos de cualquier objetivo pacificador y de la reducción de la victimización.
En todo esto hay algo del orden de la demagogia, de la impotencia o del puro ruido para distraer la atención. Hay razones suficientes para evaluar que este tipo de medidas erosiona la calidad de nuestra democracia, no solo porque introduce más violencia legal en espacios sociales hiperdañados, sino porque pretende que una luz cegadora deje en las sombras las verdaderas necesidades de un orden radicalmente injusto. En el marco de la nueva crisis que se precipitó en el gobierno, en la que decidió la remoción de la cúpula política del Ministerio del Interior, la existencia y la visibilidad de la iniciativa de los allanamientos nocturnos, si bien pueden cambiar de prioridad, deben interpretarse como parte de una estrategia mayor para colocar fuera de la visión conexiones más inquietantes entre las realidades institucionales y las redes de ilegalidad en torno al narcotráfico.
