Entre todos los rumores que proliferan sobre las elecciones de octubre en Brasil, hay uno que parece repetirse: la amenaza de golpe militar. Los uniformados han tenido injerencia en la política del país a lo largo de la historia, pero desde el golpe parlamentario de 2016, y sobre todo desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder, han ganado mayor protagonismo y ocupan vastos espacios institucionales (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Envalentonadas, las fuerzas armadas pretenden –y lo están haciendo– actuar como el poder de Estado que no son, y en esta campaña electoral se han plegado a los ataques del presidente contra el sistema electoral.
CON O SIN ÉL
Desde los días de Michel Temer hasta ahora, en las manifestaciones de derecha ha sido habitual el pedido de intervención militar. Y el presidente actual nunca ha negado esa posibilidad. Una interpretación distorsionada de un artículo de la Constitución ha servido como insumo, alegando un supuesto «poder moderador» otorgado a los militares por la carta magna. En abril de 2020, en una reunión ministerial, Bolsonaro dijo: «Nosotros queremos cumplir el artículo 142, que dice que, en caso de que haya necesidad, cualquiera de los poderes puede pedirles a las fuerzas armadas que intervengan para restablecer el orden en cualquier parte del país». Lo hizo con dos militares a su lado: el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, y el entonces secretario de la Casa Civil, Walter Braga Netto, que ahora integra con Bolsonaro la fórmula presidencial para las elecciones de octubre.
En este escenario, descartar la intervención militar sería imprudente. Anunciarla como inminente, también. André Ortega, periodista y coautor junto con Pedro Marín del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, dijo a Brecha: «Muchos manifestantes piden intervención militar, con Bolsonaro en el poder. Por exclusión, sabemos que podría existirla también sin él. Imaginemos que el presidente boicotea las elecciones y los militares intervienen para salvarnos del presidente… Es una situación en la que ellos tienen el cuchillo y el queso en la mano». Para Ortega, la clave está en la misma incertidumbre, esa permanente sensación de posibilidad flotando en el aire: «Más allá de que sacaran o no tanques a las calles, de que tomaran el poder abiertamente, la propia amenaza está sirviendo a los militares para fortalecer sus posiciones institucionales y su presencia política».
LA MÁQUINA
Según el último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, de 2020, durante el gobierno de Bolsonaro se duplicó el número de cargos militares en la administración federal, que llegó a un total de 6.157. Un informe reciente de la Contraloría General de la Unión encontró que 2.300 de esas designaciones estaban en situación irregular, ya fuera por recibir sueldos mayores a los permitidos, por ocupar funciones que a los militares les están vedadas por ley o por llevar en el puesto más tiempo del permitido.
«La supuesta amenaza ya se concretó», dice a Brecha el antropólogo Piero Leirner, especialista en estrategia militar de la Universidad Federal de São Carlos. «En 2016 se dio un proceso de insurgencia de algunos sectores del Estado, que limpiaron el terreno para llegar al escenario actual. A esta altura, los militares ya ocuparon el lugar que codiciaban en el aparato del Estado, establecieron su dominio en los sectores que les resultan claves: los sistemas de comunicaciones, legales, legislativos y las ramas de la economía que les interesan, como las vinculadas al sector de defensa». Con este escenario, afirma, «cualquier gobierno tendrá que estar de una forma u otra alineado a sus intereses».
Para Leirner, Bolsonaro está «subordinado a un grupo de generales que produce alteraciones en el sistema operacional del Estado, y su papel es el de blindar los movimientos de este grupo». En ese sentido debe leerse la permanente producción de «falsas evidencias de que ciertos mandos militares fueron magnetizados o seducidos por el carisma del presidente, un mensaje que busca dar la sensación de que es Bolsonaro quien arrastra a las fuerzas armadas para su proyecto personal y no al revés». En ese fenómeno radican, según Leirner, los motivos del permanente estado de confusión actual. «Las señales son ambiguas y generan incertidumbre, porque es exactamente eso lo que los mandos militares quieren provocar, ya que lo que realmente les importa es no evidenciar» su infiltración del aparato estatal, sostiene el analista.
A LAS URNAS
En julio, en una reunión a la que llamó a todos los embajadores extranjeros en Brasil, el presidente disertó acerca del altísimo peligro de fraude que entrañaría el sistema de voto electrónico en su país, en línea con una prédica de su parte que ya lleva meses, a pesar de los constantes desmentidos de las autoridades electorales y judiciales brasileñas. En Youtube, la filmación de esa conferencia del mandatario fue eliminada por la propia plataforma. Para la oposición, las intenciones de Bolsonaro están claras: boicotear el proceso.
Así como no es nueva su cruzada contra las urnas electrónicas que lo eligieron tantas veces para el Congreso y luego para la Presidencia, tampoco es nueva su coincidencia con los militares en este asunto. El año pasado, los uniformados empezaron por primera vez a cuestionar públicamente el sistema de votación. En julio de 2021, Bolsonaro llevó a su transmisión semanal en redes a un coronel de la reserva, Eduardo Gomes, con el objetivo de realizar ataques infundados contra las urnas electrónicas y denunciar supuestos fraudes en las elecciones de 2018. Detrás de Bolsonaro y Gomes era posible ver un cartel que decía: «Voto impreso y auditable: instrumento de ciudadanía y paz social».
Una investigación de la Policía Federal, revelada por Folha de São Paulo en mayo, demuestra la participación, desde 2019, de la Agencia Brasileña de Inteligencia y del general Luiz Eduardo Ramos, actual secretario general de la Presidencia, en la búsqueda de informaciones que sirvan para desacreditar el sistema de votación. En agosto de 2021, el Tribunal Superior Electoral (TSE) dio un paso en falso: invitó a las fuerzas armadas a participar de la Comisión de Transparencia de las elecciones de octubre. Antes de salir del cargo, en febrero de este año, el expresidente del TSE Roberto Barroso dijo en conferencia de prensa: «Presumimos que va a ser una colaboración de buena fe y no un ejercicio de inteligencia para recoger información para atacarnos […]. Estoy suponiendo que las fuerzas armadas están aquí para ayudar a la democracia brasileña y no para darle munición a un presidente que quiere atacarla».
Pero el solo hecho de haberlos invitado abrió un precedente peligroso: permitió a los militares opinar sobre el proceso electoral. Sus cuestionamientos a lo que podría suceder con las urnas ya contaminó el proceso, y son ahora munición para los delirios golpistas del oficialismo. Consultado por el programa Jornal Nacional de TV Globo, el lunes 22, sobre si va a respetar el resultado de las elecciones sea cual sea, el presidente dijo: «Mientras sean limpias y transparentes, aceptaré el resultado».
EFECTO DOMINÓ
Estas son las elecciones con más candidatos provenientes de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con un estudio de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, para la votación de octubre se registraron 1.888 candidaturas de uniformados, un aumento del 29 por ciento en relación con lo sucedido en la elección de 2018. El 95 por ciento de estos candidatos está en partidos de derecha o centro-derecha. Según publicó Agência Pública, el Partido Liberal, a través del cual Bolsonaro disputará la presidencia, es el partido con más candidatos militares.
Samira Bueno, directora ejecutiva del Foro de Seguridad Pública, escribió en la revista Piauí que, «en un primer plano de análisis, parece que el guion del golpe que pasa por la cooptación de las fuerzas policiales tuvo algún éxito» y que «la radicalización de las posiciones entre policías y miembros de las fuerzas armadas no es una estrategia que pasa apenas por la posibilidad de tener esos grupos como base electoral, sino principalmente por su involucramiento en un eventual cuestionamiento sobre el resultado de las urnas». En el caso de las Policías, escribió que, sin embargo, «es irreal asumir que más de 680 mil agentes de las fuerzas de seguridad se dejarían llevar por el canto de sirena golpista del presidente». Para Leirner, «es necesario preguntarse si los militares y demás fuerzas están dispuestos a poner en riesgo sus candidaturas a varios cargos como diputados, senadores y gobernadores, porque, si llevan adelante una denuncia de fraude, afectará a la elección como un todo».
EL ENEMIGO ROJO
El proyecto político de los militares dista bastante del proyecto de un posible gobierno petista. El Instituto General Villas Bôas, fundado por el excomandante del Ejército Eduardo Villas Bôas, así como otros dos institutos cercanos a los uniformados, lanzaron en mayo de este año el «Proyecto de Nación-Brasil 2035». En él aparecen críticas al «globalismo», un proyecto liberal para la economía, la extinción del carácter público del Sistema Único de Salud y la necesidad de instaurar el pago de una mensualidad en las universidades públicas, entre otras medidas.
¿Pero verían los militares al eventual gobierno petista como problema? Ortega duda: «Por un lado, vemos la disposición de Lula da Silva de negociar, hacer concesiones y reconocer la posición institucional del Ejército, como hizo durante todo su gobierno, y entendemos que el Ejército no lo debería ver como una amenaza». Pero agrega: «Lo que sí no quieren los militares es un gobierno popular que lleve adelante medidas contra las fuerzas armadas, ni tener problemas a raíz de los militares que ganaron dinero en el gobierno de Bolsonaro, ni que la Justicia se meta con militares como [el general y exministro de Salud de Bolsonaro Eduardo] Pazuello, que hizo lo que hizo durante la peor etapa de la pandemia. Por eso tienen que mantener la amenaza de golpe siempre latente». Para Leirner, si sus tesis son correctas, no debería haber ningún recelo: «Podría aparecer hasta alguna acción puntual de militares bolsonaristas, pero sería más que nada una dramatización. El núcleo de la acción militar ya está estructurado y va a seguir operando con normalidad».
