Aquellas urgencias

Efectos de la ley de urgente consideración en el sistema universitario.

Biblioteca de una institución pública de enseñanza en Montevideo / Foto: Magdalena Gutiérrez

En más de una ocasión Luis Lacalle Pou comentó que el principal defecto de Macri había sido su gradualismo, torpeza que él evitaría con una estrategia de shock. La ley de urgente consideración (Luc) es, sin dudas, un arranque a todo dar. Otra que shock: un programa quinquenal de desregulación, punitivismo y criminalización de la protesta condensado en 457 artículos que abarcan todas las áreas del Estado, para trámite largo en las redes sociales y expeditivo en el Parlamento. “Una nueva forma de hacer política”, escribió Pablo da Silveira, lo que muestra que el marketing político será la forma principal del cinismo del poder. Novedosa la forma, no tanto los contenidos, que traen aires “noventosos”. Poco nuevo bajo el shock.

En lo que respecta al sistema universitario, la Luc contiene medidas de gran magnitud. Es, en pocas palabras, un intento de refundación de las bases del sistema educativo terciario y superior del país. Entre otras cosas:

Se suprime el Sistema Nacional de Educación Pública y se crea la Comisión Coordinadora de la Educación. Así, la Udelar pasa de tener tres miembros de nueve provenientes del Mec y los entes autónomos a tener uno de 16 provenientes de diversos lugares, incluida la educación privada. Se sustituye la expresión “educación pública” por “acción educativa” y se modifica el artículo 83 de la ley de educación sólo para eliminar la palabra “pública” del Sistema Nacional de Educación Terciaria (ya no pública).

Se suprime la presencia de la Udelar en comisiones (como la de educación no formal) o se la diluye en una representación de “las universidades públicas”, lo que obliga a negociar el lugar con la Utec, institución sin autonomía efectiva y de dimensiones incomparables. Siendo que la Udelar tiene el 46 por ciento de la matrícula superior fuera de Montevideo (Formación Docente el 49,5 por ciento y la Utec el 4,5 por ciento), la Luc suprime su presencia necesaria en las comisiones departamentales y agrega dos representantes de la educación privada. Un despropósito.

Se posterga la concreción del cogobierno, previsto en la ley de la Utec (se sigue en esto la línea del gobierno actual).

Se afecta la gestión administrativa de la Udelar, lo que dificulta la posibilidad de adquirir equipamiento científico indispensable.

Se le quita a la Udelar la competencia de revalidar títulos del exterior, que pasa al Mec, sin establecer un mecanismo claro que dé garantías. Esto ocurre en un contexto en el que la Udelar está tratando de agilitar los procedimientos para no perjudicar a la población migrante, con lo cual surge la duda de cuál es el objetivo detrás de la medida. A su vez, el cambio tiene un hondo contenido simbólico: se modifica la ley orgánica de la Udelar sin consulta ni acuerdo previo con la institución.

Hay artículos de orientación directamente privatizadora. Se elimina un pasaje del artículo 14 de la ley de educación que prohíbe suscribir “acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales que, directa o indirectamente, signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”. Y se habilita al Estado a conveniar con las universidades privadas.

Este conjunto de medidas tendrá tres grandes efectos. 1) El debilitamiento del sistema terciario y superior público, lo que concentra atribuciones en el Mec y afecta la posibilidad de elaboración de políticas y articulación operativa entre los entes autónomos de la enseñanza. 2) La quita de peso político y atribuciones a la Udelar. 3) El aumento del poder del sector privado y la apertura de mecanismos de privatización. En suma, se trata de pasar de una concepción de sistema público coordinado a una de Estado evaluador y administrador de un sistema mixto público‑privado en competencia. Como anunciaba Metele que Son Pasteles: hola, neoliberalismo.

Es necesario ubicar estas medidas en un contexto histórico. Durante el gobierno de Lacalle Herrera se habilitaron carreras privadas casi sin regulación, lo que generó una situación que pronto se hizo necesario ordenar. Al asumir Sanguinetti, creó una comisión que propondría un marco normativo de regulación de carreras e instituciones privadas. Sorpresivamente, una vez culminado el trabajo de la comisión, el gobierno redactó el decreto 308/995, con medidas diferentes a las propuestas por la Udelar, que quedaba en minoría en el consejo encargado de atender el asunto. La Udelar protestó y reclamó un proyecto de ley que se pudiera discutir adecuadamente en el Parlamento. El director de Educación del momento, Pablo Mieres, se excusó planteando que eso llevaría mucho tiempo. El decreto 308/995 posibilitó un salto cualitativo en el desarrollo de la educación privada. Hasta esa fecha sólo existía, desde 1984, la Ucudal. En 1996 se dio estatuto de universidad a la Ort, en 1997 a la Universidad de Montevideo y en 1998 a la Universidad de la Empresa (en 2017 se sumó el Claeh), además de 12 institutos universitarios (de los cuales cuatro dejaron de funcionar o fueron absorbidos por otras instituciones). La evolución de la matrícula privada expresó este cambio: mientras que en 1988 equivalía al 1,72 por ciento del total universitario, en 1999 ya había llegado al 10,4 por ciento, en 2007 al 11,76 por ciento y en 2012 al 15,53.

Ahora bien, desde 2012 el porcentaje privado de la matrícula se estacionó, e incluso retrocedió al 13,5 por ciento en 2018. Influyeron en esto diferentes elementos, como la diversificación universitaria pública en el Interior. Pero, en cualquier caso, todo indica que el desarrollo del sector privado alcanzó su techo dadas las dimensiones de Uruguay como mercado educativo, la estructura pública del sistema y el prestigio de la Udelar como referencia universitaria del país. Para que la matrícula privada pueda crecer es necesario un cambio jurídico y estructural que permita las transferencias directas de recursos públicos al sector privado (las transferencias indirectas ya existen y fueron otorgadas por todos los gobiernos posdictadura). Esto es precisamente lo que está en juego en la Luc: una refundación del orden legal y organizativo de la educación superior del país conducente a quitarle peso a la Udelar y posibilitar diferentes vías para transferir recursos públicos al sector privado.

La mayoría de los temas de la Luc no son urgentes y, por su importancia, requieren el estudio y la discusión apropiados. La urgencia, en todo caso, está en la fragilidad del arreglo político necesario para aprobarla y en la táctica del shock. Evitar la desarticulación de la educación pública es una tarea de urgente consideración.

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