El 2021 fue el duodécimo año de lo que se ha llamado megasequía en Chile, que afecta toda la zona central del país. En las comunidades más perjudicadas las personas viven apenas con 20 litros de agua diarios. Las razones provienen de diferentes frentes. Uno de ellos es el cambio climático. En ese sentido, el país ha avanzado en términos de descarbonización, con el cierre de algunas plantas generadoras de energía a carbón y el establecimiento de un calendario para migrar hacia una matriz energética limpia. Aunque se trata de una buena noticia, la posibilidad de que las plantas a carbón se reactiven, dado que no hay un plan de desmantelamiento de las unidades, ha suscitado desconfianza en la población. Otro frente está relacionado con la seguridad hídrica; puntualmente, el consumo de agua por la agroindustria. Aquí también 2021 termina con algunos progresos, como la reforma del código de aguas y fallos de la Corte Suprema que reconocen el derecho humano al agua. Sin embargo, en términos prácticos, las comunidades siguen sin ver mejoras.
Actualmente, el 50 por ciento de las comunas del país y el 45 por ciento de la población se rigen por el decreto de Escasez Hídrica. Nunca antes se declararon tantos decretos de este tipo, aseguró en octubre la Dirección General de Aguas. Las razones, dicen los expertos, son principalmente tres: la falta de precipitaciones, debido a los efectos del cambio climático; los ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona, y una sobredemanda de agua, principalmente del sector agrícola. En ese contexto, el Senado aprobó en general un proyecto que prorroga la vigencia de la ley de riego por 12 años más. Dicha ley, que entrega bonificaciones (subsidios del Estado) a las obras de riego, ya sea para construir embalses como para el riego tecnificado y el drenaje, ha sido altamente cuestionada por conservacionistas, científicos y agricultores, porque beneficia a los grandes productores agrícolas en lugar de a los pequeños, como era la intención, lo que promueve la expansión de la superficie agrícola y agrava los problemas de sequía.
La doctora en Ecología Fernanda Salinas, quien, en calidad de experta, ha expuesto ante el Congreso en la discusión de este proyecto, asegura que, además, «varios de quienes han sido beneficiados con estas millonarias bonificaciones han utilizado previamente los planes de manejo para cambio de uso de suelo que la contraloría declaró ilegales». En otras palabras, «quienes han destruido los ecosistemas naturales y talado el bosque nativo, reemplazándolo por monocultivos agrícolas para la exportación, han sido los beneficiarios de estos fondos», acusa Salinas, quien también es consejera de la Sociedad de Ecología ante el Consejo de Política Forestal.
Verónica Delgado, especialista en derecho ambiental del agua, detalla que lo que ha permitido la ley es que los beneficiarios de las bonificaciones ahorren agua –mediante la tecnificación de su riego, por ejemplo– y que el agua ahorrada, en lugar de ser devuelta al ecosistema, sea empleada para aumentar la superficie cultivable. «Tuvieron 36 años para lograr que estas bonificaciones financiadas con los impuestos de todos los chilenos fueran a los pequeños agricultores y no lo lograron. Ahora están pidiendo que les demos 12 años más de estos incentivos, con la promesa de que ahora sí se los van a dar a los chicos. Yo no soy partidaria», dice Delgado, quien fue parte de la mesa científica que hizo sugerencias al gobierno chileno sobre los compromisos que se debían y podían asumir en términos de las medidas concretas que cada país se compromete a tomar para detener el aumento de la temperatura del planeta. Agrega que, «tal como está la ley actualmente, no se evita que, en las zonas que tienen decretos de escasez hídrica o donde los acuíferos están agotados, puedan crearse nuevas superficies de riego». Con eso, explica, «se profundiza la sequía».
EL ESCÁNDALO DOMINGA
Aunque el proyecto minero y portuario Dominga lleva años en las noticias y se posiciona como uno de los temas ambientales más importantes del país, puesto que se instalaría en medio de uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del continente, en 2021 el escándalo alcanzó nuevas dimensiones luego de que la investigación periodística internacional Pandora Papers revelara un serio conflicto de intereses entre dicho proyecto y el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
En 2017, una investigación periodística de la radio Bío-bío ya había revelado que en 2009 la familia Piñera había invertido en el proyecto Dominga y que en 2010 había vendido su parte al empresario Carlos Alberto Délano, en una millonaria transacción. Lo que precisó Pandora Papers fue que el grueso de esa operación se hizo en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas un paraíso fiscal. Además, la investigación confirmó que parte del pago de la venta de Dominga estaba condicionado a que no se declarara reserva natural la zona donde se pretende instalar el proyecto, una decisión que dependía del gobierno de Piñera. Tras las revelaciones, el fiscal nacional abrió una investigación contra el presidente para determinar si hubo delitos de cohecho, tributarios y de soborno.
En medio del escándalo, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que presentará una propuesta de polígono que permitirá crear el Área Marina Archipiélago de Humboldt. Sin embargo, por ahora no se ha dado a conocer mayor información sobre cuál es el área específica que se busca proteger. Los científicos y los conservacionistas temen que «se avance en la declaración de un área que, en la práctica, no tenga protección alguna», dice Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana.
DESCARBONIZACIÓN A MEDIAS
A pesar de que Chile ha iniciado una carrera por la descarbonización, los habitantes de los territorios donde están ubicadas las centrales generadoras de energía a carbón están preocupados. Algunas empresas han pedido mantener las plantas en un estado de reserva estratégica, lo que implica que, si bien mantendrían las unidades apagadas, estas podrían volver a operar en caso de ser necesario. Así fue como en agosto el Coordinador Eléctrico Nacional pidió que la central Ventanas 1 –que había sido desconectada a fines de 2020– volviera a operar, «con el objetivo de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico nacional», dada la poca disponibilidad de recursos hídricos. Aunque finalmente el gobierno no dio luz verde a esta demanda, ampliamente cuestionada por la ciudadanía, «hay inseguridad sobre hasta qué punto el cierre es definitivo, lo que causa un problema de desconfianza en el proceso de descarbonización», asegura Rodrigo Catalán, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Por otra parte, la politóloga experta en medioambiente Pamela Poo, encargada de políticas públicas e incidencia en la organización Chile Sustentable, critica que, más allá de la descarbonización, Chile no ha avanzado hacia un cambio del modelo productivo y sigue apostando por la minería, uno de los sectores productivos que más energía utilizan. «Si uno analiza la política nacional minera que [el gobierno] planteó de cara a 2050, lo único que ve es extractivismo a destajo», dice. Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre y espera aumentar su producción a 9 millones de toneladas para 2050, con una meta intermedia de 7 millones para 2030. «Tenemos que cambiar la forma en que producimos y consumimos», advierte, no obstante, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram. Catalán, sin embargo, asume que «la minería en Chile va a seguir siendo una actividad importante», por lo que la solución es que se transforme para que logre operar con bajas emisiones y poco impacto en la naturaleza.
AMENAZAS A DEFENSORES AMBIENTALES
En junio, por medio de un comunicado, 130 organizaciones socioambientales de todo el país, 28 constituyentes y cinco líderes ambientales denunciaron el amedrentamiento contra Diego Ovalle Valenzuela, vocero del Movimiento Socioambiental Antuko Resiste, quien ha venido denunciando «el avance indiscriminado de las forestales contra el bosque nativo y de la industria ganadera y lechera, que estarían impactando el río Rucue». La misiva advierte que las amenazas a líderes y profesionales que velan por el cuidado y la justicia en materia socioambiental es una «cuestión que se viene repitiendo sostenidamente». Como Ovalle Valenzuela, al menos otros tres defensores ambientales fueron amedrentados en 2021, entre ellos, «la defensora del agua Verónica Vilches», quien ya antes había recibido amenazas de muerte.
«El número de conflictos socioambientales ha aumentado mucho en los últimos años y, por lo tanto, hay más gente que puede ser amenazada», explica Liberona. «Hoy día, cada vez que se amenaza a un defensor ambiental, hay una acción mucho más concertada desde los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, las ONG para denunciar esto como una forma de proteger a esos defensores, entonces también [las amenazas] se ven más», agrega.
(Tomado de Mongabay Latam. Brecha publica fragmentos.)
