«Este plan no empieza de cero, es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional que nos permite identificar las cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan bien», afirmó el presidente de la república, Yamandú Orsi. «Es la hoja de ruta. Estas medidas no son el universo de medidas que pretendemos tomar, […] son las mejor adaptadas a este momento determinado. Estamos embarcados en mejorar la seguridad del país», complementó el ministro del Interior, Carlos Negro.
De esta forma, el Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, denominado Uruguay Más Seguro, que pretende guiar la política de seguridad de los próximos años. El plan fue elaborado por el ministro del Interior y sus asesores, en coordinación con el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y otros mandos policiales, y sistematiza varias de las propuestas presentadas por organizaciones sociales, partidos políticos y la academia durante los Encuentros por Seguridad, que se realizaron a lo largo de 2025. Incluye 79 acciones, 135 medidas concretas –muchas de las cuales ya están implementándose– y una decena de reformas normativas orientadas a responder a los principales problemas de seguridad, como el aumento de la violencia, el crecimiento del crimen organizado y los altos niveles de reincidencia entre las personas privadas de libertad.
El documento, de unas 350 páginas, tiene «una densidad teórica importante», con un diagnóstico exhaustivo de lo que está pasando, y está dividido en siete ejes estratégicos para abordar la situación: homicidios; violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes; control de armas de fuego y municiones; narcotráfico y economías criminales; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal y sistema de prevención del delito y la violencia.
En este sentido, el presidente Orsi aseguró que la estrategia se apoyará en el trabajo de múltiples instituciones públicas y privadas: «La acción es encabezada por el Ministerio del Interior [MI] y la Policía Nacional, y el resto del Estado nos encolumnamos detrás de esto». Negro, por su parte, agregó que el plan conjuga una acción firme de represión del delito con la extensión de las políticas de prevención, claves para mejorar la situación de seguridad.
La presentación del plan se produce en un momento álgido de la relación entre gobierno y oposición, y a días de la interpelación de Negro en la Cámara de Senadores. Los legisladores blancos y colorados fustigaron el plan aduciendo que «la montaña parió un ratón» y que existía mucho diagnóstico y nada concreto. La oposición se negó a asistir a la reunión en la que el MI pretendía presentar el plan. En este contexto, Negro destacó que el documento incluye propuestas de los partidos opositores, pero sigue la línea que comenzó a implementarse el 1 de marzo de 2025 y que ya tuvo resultados efectivos, con la baja generalizada de los delitos reflejada en el informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada y en la última encuesta de victimización. Una idea que acentuará cuando comparezca ante los legisladores.
LÍNEA TRAZADA
El Plan Nacional de Seguridad Pública establece como unas de sus prioridades enfrentar al narcotráfico y a las economías criminales, lo que supone desarticular redes de grupos organizados, perseguir el dinero ilícito, reforzar los controles en frontera y reducir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios críticos. Según el gobierno, dos de estos objetivos ya se están cumpliendo.
El foco al combate al tráfico de drogas permitió la detención de narcotraficantes pesados, como Luis Fernando Fernández Albín y Alberto Betito Suárez, entre otros, y la incautación de más de nueve toneladas de droga y de más de 250 millones de dólares –entre dinero, bienes y el valor de la droga incautada–. También existió una persecución «donde más les duele» a estas organizaciones, el dinero: en 2025 se llevaron a cabo 47 operaciones contra el lavado de activos frente a solo seis en todo 2024.
Una de las medidas más polémicas del plan propone una extensión de las competencias de las Fuerzas Armadas en la custodia de las fronteras y una coordinación mayor con la Policía Nacional –incluida la creación de un comando unificado de seguridad de fronteras–, medida que deberá aprobarse por ley, pero que no está definida en el documento. Este trabajo coordinado permitirá «controlar los canales de riesgo que permiten la acción de grupos de crimen organizado transnacional en Uruguay».
En esta línea, también se plantea controlar y reducir el mercado de armas y municiones. El objetivo es mejorar su trazabilidad y reforzar los controles en fronteras y de los circuitos de distribución; en el último año, se incautaron más de 3 mil armas en situación irregular. En la presentación pública, el ministro dijo que el mercado de las municiones no está controlado y que sin municiones «las armas no son operativas». Entre otras cosas, se proyecta aumentar las penas para el porte de armas sin autorización (véase en esta edición «Hasta las manos»).
Además, el plan se propone reducir los homicidios y la violencia en territorios críticos, mediante la extensión de las políticas de policiamiento inteligente (es decir, patrullaje focalizado en zonas de alta incidencia) y disuasión focalizada, dos estrategias que, según Negro, ya están dando resultados. Entre otras cosas, se busca una intervención policial que permita evitar escaladas de violencia en zonas o barrios del país. El ministro destacó, en este punto, que la detención de capos narcos no derivó en un aumento de los niveles de violencia entre bandas criminales. Las medidas están acompañadas de un incremento en la cantidad de efectivos (unos 2.300 policías) y la incorporación de nueva tecnología.
Las otras prioridades marcadas refieren al combate al ciberdelito, con más organismos involucrados en las tareas de control y represión, y a la disminución de la violencia contra las mujeres y las infancias. Para esto, el gobierno propone mejorar los sistemas de respuesta y protección de las víctimas, y fortalecer el mecanismo de acceso a la justicia, con detección temprana de situaciones de violencia en ámbitos educativos, de salud y comunitarios.
Una de las ideas es implementar el sistema de alerta temprana VioGén, que se aplica en España para proteger a las víctimas de violencia, como propuso el Partido Independiente. De los otros partidos, el plan toma la construcción de dos cárceles de máxima seguridad (Cabildo Abierto), un plan para regularización y control de vehículos, particularmente motos (presentado por el diputado blanco Sebastián Andújar), y la idea de implementar un sistema de justicia restaurativa (impulsado por diputados colorados).
El gobierno, en tanto, afirma que el plan está alineado con políticas ya en curso, como la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, el proyecto para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación y la reciente propuesta de reforma del Código del Proceso Penal, que potencia las penas alternativas a la prisión y restituye la suspensión condicional del proceso (véase «A desprisionalizar», Brecha, 13-III-26). Esa reforma –dijo Negro– es fundamental para que la propuesta colorada pueda realizarse.
