A pocos días de haberse levantado el Campamento Tierra Libre, el mayor evento anual de los pueblos originarios en Brasilia, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, recibió una llamada telefónica de Rui Costa. Ministro de la Casa Civil, Costa es una especie de gestor del tercer gobierno de Lula da Silva. La conversación fue dura: Guajajara escuchó de su colega que perdería la prerrogativa de decidir sobre la demarcación de nuevas tierras indígenas. Se trata de una exigencia de la bancada ruralista, la más fuerte, mejor financiada y organizada en el Congreso. El ultimátum a Costa se lo había dado Isnaldo Bulhões, diputado federal del partido Movimiento Democrático Brasileño y relator de la Medida Provisional (MP) 1154. Firmada el 1 de enero, la medida define la organización y los ministerios del gobierno de Lula. Los ruralistas quieren que todo continúe como en el gobierno de Jair Bolsonaro. Y nunca han tenido tanta fuerza en el Congreso como ahora.
Hasta fines de 2022, era el Ministerio de Justicia el responsable de emitir la llamada ordenanza declaratoria, el paso más importante al demarcar una tierra indígena. El 1 de enero, al asumir su mandato, Lula cumplió su promesa electoral y al crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas transfirió a esta cartera la responsabilidad de emitir las ordenanzas declaratorias. Fue una de las varias decisiones que, en la práctica, reorganizaron la estructura del gobierno federal tras el paso de Bolsonaro, quien socavó la institucionalidad ambiental del país.
Estos cambios estructurales aprobados por el nuevo gobierno se recogen en la MP 1154. Las medidas provisionales como esta son decisiones del presidente que entran en vigor inmediatamente después de su firma. Sin embargo, el Congreso tiene que ratificarlas en un plazo máximo de seis meses, de lo contrario, pierden su validez. Esta MP regía hasta el 1 de junio.
El Congreso surgido de la elección de octubre es el más reaccionario de la historia reciente de Brasil. Noventa y nueve de los 513 diputados federales pertenecen al Partido Liberal de Bolsonaro. Algunos exministros de la extrema derecha, como Damares Alves, Jorge Seif y Sergio Moro, y el exvicepresidente Hamilton Mourão consiguieron mandatos de ocho años en el Senado. «El Brasil de 2023 no es el mismo de 2002», advirtió hace unas semanas Arthur Lira, el presidente de la Cámara Baja, en medio de críticas a una supuesta falta de articulación política de parte del gobierno. En un mensaje nada velado hacia Lula, Lira dejó claro que el actual Congreso, además de serle ideológicamente adverso, quiere conservar el poder sobre las opciones presupuestales del país.
El principal líder del centrão –el bloque de partidos oportunistas que tiene mayoría en el Congreso–, también bajó a tierra al presidente: le recordó que el Partido de los Trabajadores (PT) ya no goza de la abrumadora popularidad que tenía al final de su segundo mandato (en 2010 superaba el 80 por ciento).
CUESTIONES FUNDAMENTALES
Frente a adversarios con semejante poder de fuego, Lula y el PT han evitado ponerse en la primera línea de defensa de las ministras Guajajara y Marina Silva, de Medio Ambiente y Cambio Climático. Parlamentarios oficialistas y alineados con el Palacio de Planalto aseguraron al portal Sumaúma que el documento aprobado el miércoles 24 a la tarde por la comisión bicameral del Congreso, que analiza la MP 1154 y que recomienda mutilar los ministerios de Silva y Guajajara, no fue una sorpresa para el gobierno. «El golpe es todavía más doloroso por eso», se lamentó un miembro del Ministerio de los Pueblos Indígenas.
«El relator [que propuso esa recomendación] forma parte de la alianza oficialista [en la Cámara de Diputados]. Debatió con nosotros todos los puntos de su informe a la comisión», resumió un observador de las negociaciones que se han sucedido en las últimas semanas, quien pidió que se preservara su anonimato.
Además de quitar al Ministerio de los Pueblos Indígenas la potestad de demarcar las tierras indígenas, Bulhões ha arrebatado de las manos de Marina Silva algunas de las herramientas clave de su ministerio. El Registro Ambiental Rural, por ejemplo, se ha transferido al Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, dirigido por la economista desarrollista Esther Dweck. La Agencia Nacional de Aguas y el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos se han transferido al Ministerio de Integración y Desarrollo Regional. La cartera la dirige Waldez Góes, exgobernador de Amapá. Góes se ha convertido en enemigo declarado de Silva y del área medioambiental del gobierno desde que el 17 de mayo el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) negó a Petrobras una licencia para la exploración de petróleo frente a la costa de la Amazonia, en Amapá.
Nada de esto impidió que el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, miembro del PT al que Lula eligió personalmente para encargarse de la articulación política de su gobierno, celebrara el nuevo diseño que se dará a los ministerios. «Son contribuciones que mantienen el espíritu inicial de la reestructuración del gobierno, lo que significa que las cuestiones fundamentales se mantienen», dijo recientemente.
SOLAS EN LA ARIDEZ DEL SALÓN VERDE
Eran más de las 13.30 horas del miércoles 24 cuando el diputado federal del PT Nilto Tatto empezó una rueda de prensa en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Junto a él estaban Guajajara y las diputadas federales Célia Xakriabá, Dandara Tonantzin y Duda Salabert –las tres de Minas Gerais–, y Kleber Karipuna y Dinaman Tuxá, coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. El diputado Airton Faleiro y Suely Araújo, expresidenta del IBAMA, fortalecían el grupo, que habló con los periodistas sobre los retrocesos que traía el informe de Isnaldo Bulhões, que en aquel momento estaba a punto de someterse a votación en la comisión bicameral.
«Todo el mundo recuerda la campaña de Lula, que llevó la agenda indígena al centro del debate. Con esa perspectiva se creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Pero ahora estamos presenciando un verdadero ataque a una cartera que necesitó 523 años para crearse y menos de cinco meses para desmantelarse. Arrancarle la demarcación al ministerio es arrancarnos el corazón, nuestra agenda principal, que tanto queremos», se lamentó Guajajara en el Salón Verde, mientras veía cómo el tractor ruralista pasaba por encima de la agenda ambiental ideada al inicio del gobierno.
Lo que más llamó la atención no era quién estaba presente, sino la ausencia en el edificio de los líderes del gobierno y del PT. Principalmente, porque Marina Silva también estaba a pasitos de allí: en un auditorio a dos minutos del Salón Verde, era interrogada por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se esperaba que estuviera en la rueda de prensa, pero la comparecencia ante la comisión se lo impidió.
En política, los signos no escritos cuentan, y mucho. Silva y Guajajara habían sido abandonadas. En conversaciones privadas, la ministra de los Pueblos Indígenas no ocultó su «gran decepción» por la falta de apoyo del gobierno.
A lo largo de la mañana, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático se había mostrado didáctica y enfática con los diputados (muchos de extrema derecha) que se acercaron a escucharla e interrogarla en la Cámara: desmantelar el área medioambiental es pegarse un tiro en el pie, dijo, incluso para el sector ruralista. «Que la agroindustria brasileña deje de ser una ogroindustria», afirmó, beneficiará a la economía del país. «Brasil es para el siglo XXI lo que Estados Unidos fue para el siglo XX. Solo nosotros tenemos condiciones para tener una matriz [energética] 100 por ciento limpia para generar hidrógeno verde y tener una agricultura baja en carbono», proyectó la ministra. En un momento dado, se exasperó por la incomprensión –deliberada o no– que la rodeaba casi por todas partes. «El problema de Brasil es la falta de una elite. La elite es la que tiene pensamiento estratégico. Chico Mendes era la elite de este país. El cacique Raoni es la elite de este país. Guilherme Leal [fundador de Natura, una empresa brasileña de cosméticos], como empresario, es la elite de este país», disparó.
La bancada ruralista parece inmune a estos argumentos. Silva y su equipo conocían desde hace tiempo las presiones para que el Ministerio de Medio Ambiente fuera «amputado» (como dijo la propia ministra) en el informe de Bulhões sobre la MP 1154. El diputado se había reunido con el equipo de Silva varias veces en las últimas semanas. El destino del Registro Ambiental Rural había sido un tema constante. Por otro lado, Bulhões –que en las reuniones de la comisión bicameral dijo que «adora a los indígenas»– no se reunió en ningún momento con Guajajara. La ministra de los Pueblos Indígenas discutió el asunto solo con Rui Costa.
El Registro Ambiental Rural fue creado por el Servicio Forestal Brasileño para que las personas informen al gobierno sobre las áreas que poseen. Con el avance de la tecnología, los datos del registro empezaron a cruzarse con los de otras bases de datos. Eso hizo posible que se pudiera identificar, por ejemplo, que la propiedad declarada por un hacendado es en realidad territorio indígena, de protección ambiental permanente o, simplemente, terreno público. La ogroindustria desea ver el Registro Ambiental Rural lejos de las manos de quienes puedan hacer tales cruzamientos. Bolsonaro había cumplido este deseo al enviar la base de datos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La poderosa bancada ruralista quería que la situación no cambiara, aunque Lula estuviera en el gobierno. Al menos ahora han conseguido sacarlo de manos de Marina Silva.
Hasta ahora, los ruralistas y el centrão vienen ganando la batalla. Cuentan, para ello, con la indisimulable antipatía que buena parte del PT siente hacia Silva. En el Congreso es fácil oír críticas a la ministra, no solo en los discursos de la oposición, sino también en las conversaciones en los despachos del PT. El partido la mira con desdén desde que abandonó el gobierno de Lula en 2008, cuando los ataques a la protección ambiental hicieron insostenible su permanencia.
En las elecciones de 2022, en el contexto de un mundo cada vez más aterrorizado por la emergencia climática, la activista ambiental más importante de Brasil se convirtió en una baza electoral e internacional para el Lula candidato. En el exterior, es la figura más afamada del gobierno: fue la estrella del último Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el principal evento de la elite económica del planeta. Lula y el PT cosechan dividendos con la presencia de Silva en el gabinete, pero hasta ahora han optado por dejarla sola, expuesta a la saña depredadora del centrão.
En una entrevista al canal de televisión por cable GloboNews, en la tarde del jueves 25, la ministra clasificó las derrotas consecutivas que estaba sufriendo el área ambiental en el Congreso como «una nueva crisis de los seis meses», en referencia a la que vivió en el primer gobierno de Lula. «Estamos viviendo una tensión que no es fácil para los ministerios [que se ocupan] de aquellos temas en los que el bolsonarismo se enfoca con más fuerza», admitió Silva, al tiempo que señaló lo difícil que está siendo para el gobierno dialogar con el parlamento: «Podemos construir una mayoría cuando hay condiciones objetivas. En este momento, el gobierno tiene, sí, esta dificultad».
El texto final de la MP 1154, con los cambios que introdujo Isnaldo Bulhões con el aval del gobierno, se aprobó finalmente en Diputados y Senadores este jueves 1 de junio. De no haber sido aprobado, y ante la falta de alternativas, la estructura ministerial habría vuelto forzosamente a ser la del gobierno de Bolsonaro, con 23 ministerios en lugar de los 37 actuales. Entre las carteras que habrían desaparecido estaría la de los Pueblos Indígenas.
(Publicado originalmente en Sumaúma. Traducción de fragmentos y titulación a cargo de Brecha.)
