—En los discursos de las fuerzas políticas de izquierda europeas (e incluso de Estados Unidos) comenzó a ser frecuente la exigencia de más democracia. Algunos argumentan que la configuración actual del sistema es contraria a principios democráticos básicos. ¿Es correcta esa apreciación? ¿Hubo en la historia del capitalismo moderno tales impugnaciones o condiciones para hacerlas?
—El problema de las limitaciones de los sistemas democráticos no es nuevo. Entre las principales limitaciones de las democracias actuales destacaría dos, que no son en absoluto exclusivas del presente: los escasos espacios de participación de la población, y una capacidad de influencia política muy desigualmente repartida entre grupos sociales. En el contexto de la crisis financiera, ambas limitaciones están siendo objeto de crítica creciente, ya que una de las raíces de la crisis es precisamente el déficit democrático. Así, se critica que el único espacio de participación para la mayor parte de la población sean los procesos electorales con listas cerradas que se repiten cada cuatro años. Y, asimismo, se subraya que la corrupción, el soborno y la financiación ilegal de los partidos por parte de los grupos con mayor poder económico han sido el origen de las medidas de desregulación económica que están detrás del estallido de la que ha sido la crisis más grave de las últimas décadas. Ninguno de esos dos problemas, no obstante, es reciente, sino que ambos han caracterizado a todas las democracias que han existido a lo largo de la historia. En todo caso, si hubiera que buscar un elemento de novedad en la situación actual, este estaría probablemente vinculado a la Unión Europea. En la arquitectura institucional de la Unión, a los dos problemas mencionados se añade una grave falta de representatividad, ya que las instituciones europeas con más poder decisorio en ámbitos esenciales de la vida política y social –la Comisión y el Consejo– no son elegidas por los ciudadanos sino por los gobiernos de los estados miembros. Ello genera una dinámica política viciada, ya que los gobiernos transfieren la capacidad de decisión sobre cuestiones fundamentales a unas entidades que no están sometidas al control ciudadano. Este es el principal problema político que enfrenta hoy la Unión Europea, y que exige una reforma integral del edificio comunitario.
—En el caso europeo, ¿por qué es casi un tabú discutir sobre la salida de los países que abandonan el euro?
—No estoy seguro de que pueda hablarse de tabú, ya que la posible salida del euro está presente en muchos discursos de la izquierda radical y también, curiosamente, en los de muchos partidos de extrema derecha. No obstante, sí es cierto que el tema de la posible salida del euro tiende a evitarse en el ámbito de la política institucional. Ello se explica en parte por el temor a los costes que tendría dicha salida para el país que abandonara la unión monetaria. Pero, en el caso de los países del sur de Europa, que es donde las reivindicaciones de salida del euro son más fuertes (precisamente porque es allí donde las consecuencias negativas de la unión monetaria se han sentido más intensamente), hay un motivo añadido para evitar los debates sobre el tema. Admitir la necesidad de salir del euro sería equivalente a admitir el fracaso de una estrategia de desarrollo a largo plazo, compartida por todos esos países y basada en la modernización y la convergencia, a todos los niveles, con los países del norte de Europa. El reconocimiento de ese fracaso iría además asociado con la admisión de que la entrada en el euro se produjo de forma precipitada y, muchas veces, a partir de información incompleta o errónea. Para esos países, salir del euro no es una simple cuestión de política monetaria, sino que afecta directamente a una imagen y un relato nacionales construidos a lo largo de muchas décadas.
—¿Qué pasaría si algún país se sale del euro? ¿Las consecuencias serían las mismas para todos los países que ahora usan esa moneda?
—Las consecuencias de la salida del euro para un país serían probablemente negativas en todos los casos, al menos a corto plazo. No obstante, los costes serían mucho mayores en el caso de países periféricos con economías más vulnerables. La salida del euro sería percibida por los mercados como un reconocimiento de la debilidad de sus economías, y los agentes especularían masivamente contra las nuevas monedas que se establecieran. El resultado sería una intensa depreciación, que no podría frenarse sin establecer controles rigurosos al movimiento de capitales (prohibidos en el marco de la Unión Europea). Además, los balances del país se verían gravemente afectados, al tener que mantener una masiva deuda expresada en euros (ya que no sería fácil cambiar la denominación de los compromisos exteriores, y quizá tampoco de los interiores). Es difícil que ello no diera lugar a una suspensión de pagos y un repudio parcial de la deuda, con las consiguientes dificultades para volver a participar en los mercados de capital. Es cierto que dichos costes se verían, al menos parcialmente, compensados por el efecto positivo de la depreciación de la moneda sobre la balanza por cuenta corriente. Pero, en cualquier caso, los efectos a corto plazo serían muy negativos. Más discutible es si alguno de los países que entró en el euro en peores condiciones (como Grecia) podría finalmente estar mejor a largo plazo fuera de la moneda única, ya que los costes para Grecia de incorporarse al euro con una equivalencia monetaria errónea han sido y serán en los próximos años elevadísimos. En este sentido, para un país como Grecia no es fácil decir cuál de las dos soluciones (mantenerse en la unión monetaria o abandonarla) puede tener más costes a largo plazo.
—¿Es cierto que, al igual que en tiempos del patrón oro, los distintos grupos políticos no se imaginan salidas alternativas dentro del capitalismo? ¿Cuáles serían las propuestas más importantes contra la política de la “austeridad” en Europa?
—Es cierto que, como sugería Keynes, las ideas económicas dominantes pueden convertirse en un obstáculo para pensar en alternativas de política económica. En este sentido, hay aspectos del pensamiento económico dominante actual que se dan por sentados de forma algo injustificada. Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de establecer límites a los movimientos de capital, que hoy es algo casi tabú, pero que fue la norma durante muchas décadas, y que es necesario volver a discutir en un contexto en el que buena parte de las economías del mundo se pueden ver afectadas reiteradamente por problemas de sudden stops, lo que las condena a una elevada volatilidad económica con altos costes sociales. Por otro lado, es interesante observar cómo esa percepción de la globalización del capital como indiscutible no se extiende al ámbito de los movimientos internacionales de trabajadores, para los que se da por hecho que es legítimo y aceptable establecer restricciones, lo cual es una clara indicación de la incoherencia implícita en las defensas más radicales de la apertura económica.
En otros casos, las propuestas de políticas alternativas pueden encontrar más espacio en el debate político, pero también pueden verse obstaculizadas por la fuerza de los intereses a los que perjudicarían. Por ejemplo, la idea de una garantía universal de ingresos mínimos, como derecho social básico y como vía para luchar contra las consecuencias negativas de las depresiones, cada vez se está extendiendo más. No obstante, su aplicación se ve bloqueada por la oposición, organizada y muy beligerante de los grupos sociales de ingresos altos, a los incrementos de impuestos. En suma, sea por la fuerza de las ideas dominantes, por la oposición de los intereses potencialmente afectados o por la combinación de ambos, muchas de las propuestas con potencial de resolver algunos de los problemas económicos más acuciantes del presente pueden tardar mucho en ser aplicadas.
- Alfonso Herranz Loncán es doctor en historia económica por la London School of Economics y profesor titular de historia económica en la Universidad de Barcelona, y ha sido en diversas ocasiones profesor visitante en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Su investigación se ha centrado en el análisis histórico-económico de las políticas públicas, con una atención especial a la inversión en infraestructuras y a las políticas de transporte, temas sobre los que tiene diversos artículos publicados, entre otros, en el Journal of Economic History, Economic History Review, Explorations in Economic History y Cliometrica.