En una semana, el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (inau) recibió dos demandas penales, enfrentó un motín en la Colonia Berro (con un funcionario como rehén) y un alzamiento en el Centro de Estudio y Derivación en el Cordón (con quema de colchones y posterior traslado de los cinco gurises implicados). Además, recibió la noticia de la conformación de una comisión investigadora en el Parlamento sobre los motines ocurridos en junio. En medio de este panorama, la movida que significó la designación del abogado Carlos Uriarte como director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) quedó en un segundo plano, y de lo que se habla ahora es mucho más de los problemas que de los proyectos a futuro.
Uno de los problemas a resolver a la brevedad es la permanencia de ocho jóvenes en los módulos de acero del penal de Libertad, lo que motivó el viernes 5 la presentación de una denuncia penal contra el directorio del inau por parte de los cuatro jueces de menores (la demanda también incluye a los integrantes de la directiva del sindicato de la institución por su negativa a aceptar el ingreso de los adolescentes derivados por el Poder Judicial).
Uriarte explicó a BRECHA que el regreso de esos adolescentes a la colonia depende del ingreso de 20 nuevos educadores, cuya contratación ya fue resuelta. Algunos jóvenes (mayores de edad) podrían permanecer en Libertad, dependiendo de las actuaciones judiciales que se realizan por el motín de junio en el Servicio de Evaluación y Rehabilitación (ser) de Berro. Incidente durante el cual se tomaron cinco funcionarios como rehenes y varios jóvenes se fugaron.
A mediano plazo, también se debe resolver el difícil clima interno que se vive en la Colonia Berro. En la noche del martes 9 el director del Interj se reunió con los directores de los establecimientos y una delegación del sindicato de funcionarios. Según Uriarte, el encuentro sirvió para “mejorar la calidad de la comunicación” entre las partes y empezar a planificar en forma más ordenada. Actualmente el ser alberga a apenas 18 adolescentes, por lo que habría plazas disponibles para recibir a más menores. Pero Uriarte explicó que el problema radica en la falta de funcionarios para completar los turnos. La contratación de educadores habilitaría el regreso de los menores que están en Libertad y posibilitaría una mayor especialización laboral (véase entrevista en BRECHA, 29-VII-05). “Algunos de los funcionarios actuales van a centrar sus actividades en la seguridad, lo que permitirá una mayor profesionalización de esa función”, dijo.
Para el jerarca, ahora no existe una programación diaria de tareas, y además los técnicos (educadores, asistentes sociales, psicólogos) no tienen un ámbito de trabajo adecuado, por lo que los jóvenes pasan muchas horas dentro de las celdas y “cuando se abre la reja no se sabe lo que se va a encontrar”. La llegada de nuevos técnicos, a su juicio, va a permitir planificar el trabajo en forma semestral y facilitar al Poder Judicial los informes técnicos necesarios cada vez que las autoridades soliciten la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, con el objetivo de descongestionar el inau.*
MOTÍN BAJO INVESTIGACIÓN. Pero la realidad del inau no es fácil y abre un desafío nuevo a cada paso. En la noche del lunes 8 otro motín volvió a encender una luz de alerta. La rebelión se produjo pasadas las 20 horas, en un área remodelada del establecimiento ser (que había sido destruida durante el motín del 15 de junio). El episodio comenzó cuando un funcionario abrió una celda para servir la cena y fue reducido por dos adolescentes, a los que inmediatamente se unieron otros tres. Algunos de estos gurises habían regresado hacía unos días del penal de Libertad, luego de permanecer semanas en durísimas condiciones de reclusión.
Para Uriarte, el hecho fue “espontáneo”, y el único objetivo era fugarse. Y gracias a que el motín ocurrió en un módulo aislado fue fácil evitar su contagio. El incidente “fue solucionado rápidamente, con un buen diálogo”, aunque Uriarte reconoció que la llegada de un contingente del Grupo Especial de Operaciones (geo) de la Policía de Canelones funcionó en forma disuasiva. Durante la hora que duró la rebelión no hubo casi daños materiales y el funcionario tomado como rehén recibió un pequeño corte cerca de la oreja, que no le impidió reintegrarse a sus tareas un poco más tarde.
Este nuevo incidente aportó un elemento más de preocupación por la crítica situación del inau, y abonó la discusión en el seno de la bancada oficialista de diputados, donde Doreen Ibarra (Espacio 1001) planteó a sus correligionarios que se reconsiderara la decisión de votar la creación de la investigadora solicitada por el Partido Nacional. Luego de intensas negociaciones se arribó a una solución salomónica: se votaría el informe en minoría redactado por el diputado emepepista Javier Salsamendi, pero se leería en sala una declaración respaldando la actuación de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y de las autoridades del inau.
El informe finalmente aprobado deja constancia de que, a juicio de Salsamendi, los hechos mencionados en la denuncia presentada por la legisladora nacionalista Sandra Etcheverry ante la preinvestigadora “no deberían ameritar la constitución de una comisión investigadora”, y que serían el “objeto típico” de una comisión asesora, permanente o especial. El texto recuerda también que los acontecimientos fueron analizados en anteriores comparecencias de la ministra Arismendi al Parlamento “sin que a partir de ello se hayan producido consecuencias políticas ni judiciales”. Sin embargo, Salsamendi recomienda habilitar la investigación por tres razones: por un “elemental criterio” de transparencia y cortesía parlamentaria; por considerar importante “analizar, investigar, el contexto general en el que estos hechos se produjeron y cuáles fueron las causas –en sentido amplio– que los motivaron”; y por compartir “plenamente el espíritu de la denunciante de intentar sentar las bases para una política de Estado en la materia”.
Las motivaciones manifestadas en el informe en mayoría, redactado por el herrerista Pablo Abdala y apoyado por el quincista Daniel Bianchi, son bien distintas. En ese documento se coloca en el centro del interés los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de junio, debido al “impacto” que generó en la población la “fuga de infractores de evidente peligrosidad”. Entre las “muchas interrogantes y contradicciones” surgidas luego de esos episodios, el informe en mayoría menciona el papel que les cupo a la justicia y a la Policía en esos hechos, así como la “controversial” participación de Arismendi y el senador oficialista Eduardo Lorier, “quienes irrumpieron en escena asumiendo un desproporcionado protagonismo”. Los parlamentarios opositores plantean en su informe la necesidad de deslindar responsabilidades incluyendo eventuales derivaciones a la justicia penal por “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, la usurpación de funciones o la omisión contumacional de los deberes del cargo”.
También Abdala y Bianchi recomiendan esclarecer las declaraciones de las autoridades con respecto a la existencia de “mafias” entre los funcionarios y a su influencia en la generación de motines, así como las condiciones “no del todo claras” en las que renunció el ex director del Interj Sergio Migliorata. Los diputados también señalan la existencia de un “triángulo conflictivo” entre el directorio del inau (al que acusan de incurrir en la “ilegalidad”), el sindicato (que habría incurrido en “aparente desacato”) y la justicia (que “ha exigido celosamente la vigencia del derecho y el cumplimiento de la ley”).
Este último informe fue votado solamente por la oposición. El redactado por Salsamendi en minoría fue apoyado por la unanimidad de los presentes (Ibarra se retiró de sala), por lo que la investigadora contará con seis meses de plazo (que pueden prorrogarse) y estará compuesta por diez miembros (seis oficialistas, tres nacionalistas y un colorado).
Para el director del Interj, la investigadora parlamentaria no es una mala noticia: “Me parece bien, y si se le dio la retroactividad dará la posibilidad de levantar la mirada y no ver sólo episodios recientes en forma aislada. El control parlamentario es una buena cosa, más allá de las cuestiones político partidarias”. Además Uriarte consideró a este ámbito como propicio para presentar propuestas de políticas de Estado en la materia.
Pero parece difícil que esto ocurra si cada vez que se busca introducir cambios estalla un motín capaz de frenar la iniciativa y se continúa eludiendo discutir sobre la vulneración de los derechos de los gurises privados de libertad.
* El directorio del inau envió días atrás a la justicia los antecedentes de 15 jóvenes que podrían ser beneficiados con medidas alternativas a la privación de libertad. El objetivo es habilitar plazas para posibles nuevos ingresos.