—¿Qué encontró al llegar a la Dinama?
—Que no estaba preparada, ni en su personal ni en su estructura, para dar respuestas a los desafíos que presentaba el desarrollo acelerado del país. En 2010 nos enfrentamos a ciertas crisis institucionales frente a las dimensiones de la demanda que se presentaba. Eso nos obligó a priorizar y a enfocarnos en la prevención de los problemas ambientales.
Por otro lado, generamos dentro del ministerio un espacio de trabajo que permitiera una respuesta. Eso nos llevó los primeros años.
—¿Cómo se fortaleció?
—A partir de 2011 recibimos un refuerzo en el presupuesto nacional para la Dinama, canalizado en la contratación de personal para las áreas de evaluación ambiental estratégica y de planificación.
—¿Se creó una división específica para los megaemprendimientos?
—Eso vino en el otro aspecto. Por un lado, buscamos fortalecer las capacidades técnicas de personal en número y en calidad, en formación y capacitación. Por otro, se reestructuró la Dinama.
—¿En qué sentido?
—Se reestructuró en forma piramidal: por debajo de la dirección nacional se generaron cuatro gerencias temáticas. Antes las divisiones dependían directamente de la dirección, que permanentemente se veía desbordada. Las gerencias principales son las de evaluación, la de control y la que monitorea la calidad del ambiente en términos integrales, sobre todo los recursos hídricos que están más comprometidos. El de la cuenca del Santa Lucía es el más claro, y ya llevamos 13 o 14 años de monitoreo.
También se creó un área específica de denuncias que obedece a un concepto que se incorporó en esta administración: todos somos responsables por el ambiente.
—¿Apelar a los pobladores como fiscales del territorio?
—Exacto, que cada uno se sienta responsable del ambiente en el que vive, y si existen elementos que afectan su calidad de vida, perjudicando o deteriorando el ambiente, que sea la dirección la que reciba esa denuncia. Tenemos una Dinama centralizada en Montevideo, y las denuncias nos permiten fortalecer nuestra acción en el territorio.
—¿No tiene oficinas en el Interior?
—Tenemos escasa presencia. No son oficinas de la Dinama sino técnicos que cumplen determinadas tareas específicas, salvo en el caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este año incorporamos la posibilidad de hacer denuncias en la página web.1 Antes debían hacerse personalmente en nuestra sede. Se facilitaron, y quiero ser claro con esto, dentro de un concepto de gestión en el que la sociedad participa en el control de la calidad de su ambiente.
—¿Tienen estimada la cantidad de proyectos que se instalaron en los últimos cinco años?
—El crecimiento se dio desde antes, a partir de que se superó la crisis. Desde 2005 hubo un aumento permanente en el número de proyectos presentados a evaluación ambiental previa, con el consecuente incremento de los sujetos de control: pasaron de 500 que teníamos en 2009 a 2.500 controlados hoy. Actualmente hay seis grandes empresas que están siendo monitoreadas on line.
—Desde hace tiempo se habla de la existencia de un tercer proyecto de planta de celulosa que se instalaría en Cerro Largo. ¿Han recibido el proyecto ya?
—En la Dinama no hay nada presentado. Nosotros no actuamos en términos de planificación ambiental, actuamos sobre los proyectos, que son iniciativas de empresas privadas o del sector público. La ley de ordenamiento territorial nos brinda otra forma de actuación, ya que la Dinama es la encargada de pasar los instrumentos de ordenamiento territorial por el filtro ambiental. Se trabaja en conjunto con las intendencias departamentales en el respeto de consideraciones ambientales que son clave.
—De todas maneras, en el último año diversas intendencias recurrieron a esa herramienta para prohibir la minería en su territorio, y desde el Ejecutivo se respondió que eso no era potestad de la ley de ordenamiento territorial.
—Hay que tener en cuenta que la legislación en la minería tiene aspectos específicos, particulares…
—¿Hasta dónde van las leyes de ordenamiento?
—Es por el carácter nacional del recurso. Ahí hay toda una discusión legal. Los emprendimientos deben adecuarse al ordenamiento y la zonificación departamentales, ya que tienen impacto sobre la localización de poblaciones u otras actividades productivas. Nosotros lo tomamos en cuenta en el análisis, pero para eso necesitamos que existan previamente, que haya una definición de políticas departamentales de localización de poblaciones y servicios. Es decir, que exista un ordenamiento territorial.
—Por lo que mencionó, la Dinama no tiene la potestad de analizar el conjunto de proyectos del país, sino que analiza caso a caso.
—Analizamos de las dos formas. Diferenciaba la evaluación ambiental previa, que es proyecto a proyecto, de la evaluación estratégica de los instrumentos de ordenamiento territorial, propuestos por el gobierno nacional y los departamentales. Desde que está vigente la ley de ordenamiento territorial, alrededor de 36 proyectos de ordenamiento territorial han pasado por la revisión y la evaluación.
—En la audiencia pública de la regasificadora los vecinos insistían en que se estaba analizando el proyecto aislado del resto de los que se planifican para esa zona, y que así no se apreciaban ni se analizaban los impactos en su conjunto, ¿no es esa misma lógica pero a nivel del país?
—Ahí no había un instrumento de ordenamiento territorial presentado previamente. La ley indica que si mañana se presenta otro proyecto en el mismo lugar, tenemos que evaluar el impacto acumulado de ese emprendimiento con el anterior.
La zona en que se está instalando la regasificadora está teniendo una cantidad de iniciativas importante, pero no han llegado aún a la Dinama para ser analizadas. Por lo tanto, no podemos tomarlas en cuenta porque no son proyectos concretamente presentados sobre los que podamos decir: “el impacto ambiental de este proyecto es tal”, y sumarlo al del nuevo que se propone.
—Los vecinos habían trabajado en la elaboración de esas directrices, sacaron incluso una publicación llamada “Qué oeste tenemos, qué oeste queremos”.
—Sí, había un principio de discusión, pero la gran preocupación de ellos era la implantación de un puerto en esa zona. El polo logístico ya había sido aprobado y fue tenido en cuenta en el análisis. Esto muestra la necesidad de otro tipo de instrumentos: que haya evaluaciones ambientales estratégicas que abarquen toda la zona, que se evalúe un plan o una política de desarrollo mucho más amplia.
—¿Qué tan avanzadas están esas planificaciones más amplias?
—En el caso de esa zona, sé que la Intendencia de Montevideo y la Dinot están trabajando en un plan local con otras instituciones del Estado, pero no está terminado.
—El formato de análisis de los proyectos es una especie de diálogo con las empresas, al que se le dedica un buen tiempo, el de Aratirí ya lleva un par de años. En ese formato, la Dinama no tiene potestad para rechazar un proyecto sino que colabora en su concreción, ¿es el mejor formato de análisis posible?
—El proceso tiene etapas. Hay una primera en la que el proyecto se comunica en términos generales, y la Dinama puede rechazarlo si no se adecua desde el punto de vista formal, o si la actividad propuesta no está dentro de los aspectos que son autorizados por la dirección.
—¿Esa decisión de quién depende?
—Es una decisión interna de la Dinama. Es anterior a la entrada al área de evaluación de impacto. Con base en el documento que entra, se decide si cumple o no los requerimientos para ser evaluado. En el caso de Aratirí fue claro y se rechazó.
—¿Qué pasó con ese primer proyecto de Aratirí?
—Fue un proyecto que no tenía los contenidos técnicos que tiene que tener un estudio de evaluación de impacto ambiental, según el decreto que lo regula. Era parcial, muy liviano en otros aspectos, y a la vez había formalidades que tampoco se cumplían: el técnico no era nacional, no tenía reconocimiento de la Universidad de la República. Las dos cosas generaron el rechazo del primer proyecto.
—Desde la ciudadanía se ha sostenido que el tiempo y la atención que se brinda a empresas y comunidades es muy desigual, en perjuicio de quienes van a sufrir directamente las consecuencias de los proyectos.
—La empresa es un proponente y evidentemente tiene una serie de exigencias a responder. El proceso normal de una evaluación tiene dos etapas de participación pública. Una vez que el proyecto es calificado, es puesto de manifiesto en la web y la prensa. Está 20 días hábiles recibiendo comentarios y puntos de vista de la ciudadanía. Eso es analizado por el equipo técnico. Después está la audiencia pública, en la que la empresa tiene que presentar el proyecto, nosotros sólo somos receptores de las discusiones que se dan en ese ámbito. Si lo mirás en términos temporales, hay mucho dedicado a analizar los aportes que se hacen desde la sociedad. Por supuesto que no son condicionantes para la resolución final, son opiniones que se toman en cuenta y se valoran.
—Mientras las comunidades han venido planteando su preocupación por los impactos sociales de los proyectos, las empresas alegan la dificultad para medirlos. Eso se ha transformado muchas veces en pujas por el uso del territorio.
—En general los conflictos ambientales son por el uso de los recursos naturales y el territorio. Por eso es mejor trabajar en el ordenamiento territorial, porque te adelantás a los conflictos si los trabajás desde la normativa y la planificación.
—Hablemos de las fumigaciones con agroquímicos que se han denunciado en diversos pueblos. ¿Qué análisis de impacto ambiental se le hace a una plantación sojera?
—La competencia del control respecto de la aplicación de agroquímicos la tiene el mgap. Los criterios de restricciones al uso también (a 300 metros de centros poblados cuando la fumigación es terrestre y 500 si es aérea). Eso no nos saca la responsabilidad de los problemas de la contaminación que genera.
—¿Se ha pensado en alguna evaluación ambiental para la producción agrícola?
—La rapidez que tuvo el desarrollo de la actividad agropecuaria hizo que los instrumentos de control necesarios para esa actividad no se desarrollaran con la misma facilidad. Se ha producido un desfase. Además siempre hay sectores que por más que haya una normativa y se eduque y capacite, siguen cometiendo infracciones. Eso requiere otros mecanismos de control y de sanción que tienen que ser aplicados. Hay ciertas áreas que nos preocupan particularmente por la dimensión que ha tomado la actividad productiva. No hablaría sólo de soja, sino de los cultivos agrícolas. La soja tuvo una expansión muy grande, pero es peligroso ser acusatorio con una actividad que, por otro lado, es importante económicamente para el país. El problema es hacerlo bien y en las condiciones adecuadas.
La Dinama tiene un área específica de competencia, que es el manejo de los envases de agroquímicos. Hemos desarrollado una normativa que obliga a que se asuman las responsabilidades de aquellos que importan o producen los envases (véase «Use y tire»). Después trabajamos a través de la denuncia.
—¿Cuántas denuncias por fumigaciones han recibido hasta ahora?
—Tenemos el número en general, no el dato del problema con cultivos. Pero hay zonas que han tenido particular presión.
—¿Se percibe una tendencia? ¿Es más frecuente que haya pueblos fumigados?
—Puede ser por dos lados: que abrimos canales para denunciar que antes no existían y por lo tanto nos llegan más, o porque el problema se ha extendido. Creo que las dos cosas juegan. Hemos recibido denuncias de poblaciones enteras.
—Guichón, en Paysandú; Villa Ituzaingó, en San José…
—Esos son los dos casos más claros. Después hay otra situación más extendida, ya no de poblaciones localizadas, sino la que se evidencia en el deterioro de la calidad del agua. Todo esto tiene su consecuencia a partir de la erosión y de la escorrentía…
—¿Cuáles son las zonas que están hoy en mayor peligro?
—No diría que están más en peligro, sino que son situaciones que requieren una atención prioritaria. Son aquellas vinculadas a la producción de agua potable, por temas de salud.
—¿La cuenca del Santa Lucía?
—Sí, pero el problema se ha extendido a otras cuencas. Estamos estudiando la del Río Negro y tiene problemas. Estamos monitoreando las cuencas arroceras, la del Cuareim…
—¿Qué pasó con la denuncia hecha por la propia Intendencia de Canelones sobre deforestación y quema de envases de agroquímicos en las orillas del Santa Lucía, a pocos quilómetros de San Ramón? (Véase «Plan para hoy, agua para mañana«.)
—El problema se detectó, fue denunciado y hubo una sanción por parte de la división forestal. A partir de eso se corrigió el sistema de protección de las márgenes de los ríos, que está vinculado a la medida de creación de zonas de amortiguación de los cursos de agua, que intenta evitar que se plante en las márgenes de los ríos para evitar la erosión y las fumigaciones. Todavía no la hemos podido diseñar en forma definitiva, pero está prácticamente pronta.
—Resulta paradójico que la legislación regule las distancias para la fumigación pero no para el área cultivable, cuando está ampliamente reconocido que los transgénicos son un paquete: no hay plantación sojera sin siembra directa y sin aplicación de agroquímicos.
—Ese fue uno de los temas planteado claramente en Pueblo Ituzaingó, porque eso es parte del problema. El propietario tiene que saber que no puede utilizarlo, pero no podemos quitarle la posibilidad de plantar en su terreno, por los derechos de propiedad. Sí podemos prohibirle que use el agroquímico. En esos casos, si se denuncia, el productor es responsable, sabe que no lo puede hacer. Tenemos que avanzar en la definición de algunos criterios adicionales que protejan mejor las condiciones de habitabilidad ambiental de la población, pero hasta el momento la normativa es así.
—¿Cree que el paso siguiente en el fortalecimiento institucional es la creación de un ministerio de medio ambiente?
—Independientemente de la forma que tome, el fortalecimiento de la gestión ambiental del Estado tiene que continuar. La forma que adopte es un tema político, pero está claro y es unánime, según han planteado todos los partidos, que el tema ambiental llegó con mucha fuerza y el Estado tiene una responsabilidad esencial en esta cuestión.
—Siendo arquitecto, ¿cómo fue para usted desempeñar una dirección que es política?
—Es una dirección política pero que tiene que tener conceptos técnicos incorporados para fortalecer las decisiones. En ese sentido, entiendo que toda estructura del Estado tiene que estar manejada con coherencia política y de forma efectiva y eficiente. Ahí hay definiciones que requieren de los aspectos científicos y técnicos, y esta es una de esas áreas.
—¿Cómo fue para usted personalmente? ¿Fue duro estar en uno de los puntos candentes de la administración?
—Uno sabe que cuando toma estos cargos está en el medio de los conflictos, en el buen sentido de la palabra, de los conflictos sobre el uso de los recursos naturales.
Para mí lo esencial es no entender a la naturaleza separada de la gente, que actúa y dinamiza el ecosistema, la gente es parte de él. Lo dijo esta semana el presidente y me sacó la palabra de la boca: no tenemos que hacer del ambiente fotografías, tenemos que hacer del ambiente una dinámica adecuada para el desarrollo de la calidad de vida de la gente. Hay una responsabilidad de sostenibilidad para que no se deteriore el entorno donde se vive, para que siga siendo productivo, uno no puede separar calidad de vida de producción. Esa es la situación que le toca al director nacional de Medio Ambiente, estar en medio de los conflictos entre la conservación y el uso. Trabajar como una cuña para que ese desarrollo sea sostenible es una actividad que, por lo menos para mí, significó un atractivo y un desafío importante, tanto en lo personal como en lo profesional.
—¿Seguiría un período más?
—Creo que hay que dejar lugar a los jóvenes. Tiene que haber recambio, en términos generacionales, en los temas ambientales. n
1. Se hacen en: http://www.mvotma.gub.uy/denuncias-ambiente.html
[notice]Aratirí
Proyecto incompleto
—¿Aratirí entregó la información sobre el puerto en la ubicación decretada por el Ejecutivo?
—Presentaron información adicional en términos gruesos, sobre el puerto, sobre el mineroducto ajustado a esa salida. Lo que no quiere decir que el proyecto esté completo, porque había otros requisitos que se están revisando. Hasta ahí opino, el resto preguntáselo al ministro.
—En su momento se habló de dividir la autorización ambiental, por un lado la explotación y el mineroducto, después el puerto…
—No. En eso hemos sido siempre muy coherentes: las autorizaciones ambientales no se puede dividir. El proyecto es uno y tiene que estar completo.
[/notice]