Billetera mata educación

Desde hace algún tiempo tenemos conocimiento de que la educación privada no garantiza mejores resultados. En lo que refiere a la relación alumnos/docentes, en primaria como en media privada cada seis alumnos hay un docente. En cambio en el sector público, en primaria cada un docente hay 16 alumnos, y en educación media los alumnos bajan a 13.

Por segundo verano consecutivo, a las vicisitudes meteorológicas de enero se les sumó un renovado clima conflictivo en la educación privada. No sólo el Colegio Varela vuelve a ser foco de noticias, sino que ahora se agregan también conflictos importantes en el Colegio Cervantes, en el Elbio Fernández y en el Sagrada Familia.

Desde hace algún tiempo tenemos conocimiento de que la educación privada no garantiza mejores resultados, como muestran los trabajos que analizan las pruebas estandarizadas aislando los efectos socioeconómicos y culturales cuando comparan la educación pública con la privada. Pero los movimientos recientes parecen evidenciar que la educación privada tampoco es capaz de mostrar niveles superiores de “formación en valores”, ya que la represión antisindical y el desconocimiento de derechos laborales se repiten en más de una institución, según denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y, para colmo de males, la posibilidad de cierre y los problemas financieros en algunos centros permiten hacernos pensar que no necesariamente son una maravilla de gerenciamiento y gestión.

No obstante, el porfiado y muchas veces poco recomendable “sentido común”, así como muchos de los ensayos de política o propuestas de soluciones para salvarnos de la “crisis educativa”, parecen reforzar los mecanismos de privatización y mercantilización en la educación. Por eso mismo en el presente artículo pretendemos poner en cuestión que el camino de la privatización constituya necesariamente una solución, así como también mostrar que, lejos de ser un problema específico del Uruguay, constituye una tendencia global más o menos consolidada.

Privados: más recursos sin mejores Resultados. Según estimaciones propias con base en la Encuesta Continua de Hogares (Ech) 2015, complementando información del anuario del Mec y del observatorio de la Anep, podemos realizar algunas reflexiones adicionales a las ya comentadas, en la comparación entre la educación pública y la privada. En lo que refiere a la relación alumnos/docentes, tanto en primaria como en media privada cada seis alumnos hay un docente, y el ratio sube a ocho para nivel terciario. En el sector público, en el nivel preescolar y de primaria cada un docente hay 16 alumnos, en educación media los alumnos bajan a 13 y en terciaria son 12 por profesor.1

Por otro lado, los cargos de apoyo refieren a tareas que sirven para la orientación, coordinación, motivación, y por tanto son muy importantes para estimular y contener al estudiante y apuntalar las tareas docentes (ejemplos: trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos). Si miramos la relación existente entre los trabajadores que realizan este tipo de tareas y la cantidad de matriculados y comparamos público con privado, es claro que los alumnos del sector público cuentan con grandes desventajas a priori: mientras que en primaria privada hay un trabajador de apoyo cada 14 alumnos, en la pública hay uno cada 564. En la educación media la comparación también es elocuente: mientras que en el sector privado hay 34 matriculados por funcionario, en la pública la relación es de un funcionario cada 325 estudiantes. Asimismo, si se considera a los funcionarios no docentes, la comparación público/privado también nos da una relación de desventaja para el primer sector. Mientras que en primaria privada hay unos 14 estudiantes por funcionario, en el sistema público hay 55 (más del triple). En educación media la relación es de 18 estudiantes por funcionario para el caso de la educación privada, y de 44 por funcionario para la educación pública. Por último, en terciaria hay 12 estudiantes por funcionario en los institutos privados, y 20 alumnos por funcionario en los públicos. Mirando estos indicadores parecería evidente que el sector privado cuenta con enormes ventajas respecto al público en lo que hace a la dedicación docente por alumno y todas las tareas de apoyo al aprendizaje. Así las cosas, ¿no resulta llamativo que no se encuentren diferencias a favor de la educación privada en los resultados de las pruebas estandarizadas?, ¿no sería esto una señal de fracaso más que de éxito?, ¿por qué continúa asociándose a la enseñanza privada como sinónimo de calidad en la educación?

La economía política de la privatización educativa. La aparente “tozudez” en el apoyo a la educación privada, lejos de ser tal cosa tiene raíces estructurales profundas y obedece a tendencias globales claramente identificables. Un trabajo de 2015 de Verger, Zancajo y Cap-devilla, pertenecientes al equipo que estudia la privatización educativa en la Universidad Autónoma de Barcelona, realiza una excelente sistematización de este fenómeno de enorme notoriedad en las últimas dos décadas.2

Dado que el proceso de privatización en la educación, a diferencia de lo sucedido con las empresas públicas, no implica por lo general la compra de activos, su análisis es un tanto más complejo y sutil. Para ello identifican las circunstancias, las lógicas subyacentes, los agentes involucrados y los procesos a través de los cuales el asalto a la educación pública tiene lugar, identificando seis trayectorias diferentes, de las que destacaremos tres:

  1. La privatización como parte de la reforma del Estado: Chile y Reino Unido

Una primera trayectoria es aquella en la que  –al impulso de las reformas neoliberales más severas, como las de los gobiernos de Thatcher y Pinochet– la privatización educativa forma parte de un conjunto bastante más amplio de políticas llamadas a desarticular lo público. En el caso chileno, bajo una feroz dictadura,3 mientras que en Reino Unido se hizo difundiendo la idea de que la educación pública estaba en crisis, para luego instrumentar una reforma privatizadora con el afán de volverla más eficaz y eficiente. De esta forma el Estado pasó de planificar y proveer directamente servicios educativos a centrarse en la regulación y distribución de incentivos en el marco del sistema.

  1. La privatización como reforma incremental: Estados Unidos

Los autores enmarcan en esta modalidad a varios países, como Colombia y Canadá, pero afirman que el caso más paradigmático lo constituye Estados Unidos. Allí las reformas promercado lograron alinearse con el discurso sobre la “equidad” y la “igualdad de oportunidades” para los desposeídos. Si bien la apuesta primaria a los vouchers no tuvo la extensión deseada por sus impulsores, con el desarrollo de las “escuelas charter” el proceso avanzó a paso firme. La estrategia discursiva fue clara, al igual que en Uruguay con el Impulso, Jubilar y otros, las charter se presentan como “innovación pedagógica” y no como “creación de un mercado educativo”.

  1. La vía “nórdica”: Noruega, Suecia y Finlandia

El fuerte arraigo del “Estado de bienestar” característico de las socialdemocracias escandinavas implicó el descarte de plano de procesos privatizadores abiertos. No obstante, tras la idea de “modernizar” las formas de provisión de los servicios públicos, han ido desarrollándose políticas de municipalización educativa y de autonomía escolar. El caso más paradójico es el finlandés. Previo a la implementación de las pruebas Pisa, al grito de “la educación está en crisis”, venían discutiéndose a nivel público una serie de reformas en un sentido privatizador. Tras los magníficos resultados en las pruebas estandarizadas, dichas posturas perdieron fuerza y el proceso privatizador se truncó (Rinne, 2000).

El trabajo de Verger et al menciona además otras tres trayectorias importantes. Una tiene que ver con las “alianzas público-privadas históricas”, que no tienen su origen en el período neoliberal sino que responden al fuerte peso de la educación religiosa (España, Holanda y Bélgica). Otra modalidad se realiza con las escuelas privadas de bajo costo y tiene lugar en países de bajo desarrollo relativo, donde el sistema público está ausente en buena parte del territorio, y tiene entre sus principales promotores a James Tooley, de la Universidad de Newcastle, vinculado al proyecto Omega, de alcance global (África subsahariana, Asia meridional, Perú, etcétera). Por último, hay una modalidad de privatización a la que llama “por la vía del desastre”, donde situaciones de catástrofe son usadas para experimentar oportunidades de avances privatizadores, que luego suelen expandirse como referencia a otros territorios. Un ejemplo de esta tipología ocurrió en Estados Unidos, donde tras el huracán Katrina la reconstrucción quedó en manos del sector privado, que modificó sustancialmente el sistema educativo del lugar. Esto reconfiguró la organización del sistema impulsando los voucher y escuelas de bajo costo, modalidades muy resistidas en ese país.

¿Y por casa cómo andamos? Cabe precisar que vivimos en la región donde las tasas de matriculación en la educación privada son de las más altas del mundo. Además, en la última década América Latina fue el lugar donde más avanzó la enseñanza privada (junto con buena parte de África). En ese contexto, el caso uruguayo tiene sus bemoles. Por un lado existe en Uruguay una larga tradición de “asociación público-privada” vinculada a la educación religiosa o de comunidades específicas (alemana, italiana, británica). Eso se evidencia en el alto porcentaje de matriculación privada a lo largo del siglo XX.

Ese proceso llegó a un límite al finalizar el siglo pasado, ya que es muy difícil que el sector privado pueda seguir avanzando sobre el público sin tener nuevos incentivos. Por ello, para el avance en la privatización educativa son necesarias nuevas herramientas. Por un lado, si bien ha mejorado el presupuesto destinado a la educación pública, sigue siendo bajo en perspectiva comparada tanto histórica como regional, lo que contribuye a su debilitamiento. En segundo lugar, a las exoneraciones fiscales vigentes desde 1942 por mandato constitucional se les agregan nuevos incentivos fiscales, a raíz de la modificación de la ley de mecenazgo. En un sistema donde el sector privado ya es fuerte y tiene capacidad de agencia (incluso con dos patronales organizadas), el creciente uso de estos mecanismos puede significar un desarrollo aun más potente. En tercer lugar, tomando en consideración que en primaria y buena parte de preescolar –de 4 años en adelante– las tasas de matriculación son muy cercanas al cien por ciento, y en la educación media quienes no asisten hoy tienen un sesgo pronunciado que comprende a población que no puede pagar educación privada, resulta evidente que para que pueda avanzar el sector privado necesita recurrir al uso del Estado para que le genere condiciones. Esto es, tanto subsidiando a la demanda (voucher u otros) como a la oferta (vía incentivos fiscales varios). A esto se le suma que ya están en marcha los primeros pliegos de participación público-privada de la Anep, algo que mercantiliza buena parte de la infraestructura y los servicios no educativos.

Estos mecanismos están en marcha y gozan de buena prensa, a pesar de que no abundan las reflexiones sobre qué impactos tienen en el sistema educativo y qué tipo de sociedad contribuyen a construir. Por eso es necesario defender la educación pública, pero transformándola.

  1. La estimación para educación terciaria engloba como docentes tanto a investigadores como a docentes “de aula”, y también cargos más vinculados a la gestión y a la extensión.
  2. Véase http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n70/n70a04.pdf
  3. Vale acotar que en Chile el desarrollo de la educación privada fue mayor tras la aprobación del copago en 1993, bajo el gobierno de la Concertación.

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