Fue en el homenaje que la Asamblea General le rindió el martes 19 a los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires, en 1976, en el marco del Plan Cóndor. El senador colorado Pedro Bordaberry fue el tercero en tomar la palabra y empezó diciendo: «Hay días que no deberían existir, son esos días en que seres humanos decidieron matar a otros seres humanos». Viniendo de quien vienen, las palabras podrían haber tomado un giro inesperado en el guion perverso que la historia escribe hace décadas, pero no. El hijo del dictador condenado, en 2011, a 30 años de prisión como coautor, precisamente, de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw tomó 15 minutos de la sesión de homenaje a los legisladores para intentar tender, una vez más, un manto de olvido sobre los crímenes de Juan María Bordaberry y de la dictadura toda, ante la mirada atónita de las familias de los homenajeados.
Claro que Bordaberry se cuidó de incluir expresiones como «matar al prójimo es siempre condenable» y «todo homicidio sin excepción merece la reprobación más absoluta de la sociedad y sus instituciones», frases que fue mechando mientras disertaba sobre sus años de «investigación», que le permitirían afirmar que encontró a «los responsables directos», a «los ejecutores materiales», que no son otros que «Osvaldo Paqui Forese y otros integrantes de un grupo paramilitar» (en alusión a la patota encabezada por Aníbal Gordon). Porque en la versión Bordaberry de la vida (y de la muerte) los asesinos son argentinos y «paramilitares». Si el senador cree que algún uruguayo estuvo implicado, si alguna vez escuchó hablar del Plan Cóndor, no quedó registrado en sus investigaciones.
Instantes después, y con la misma facilidad con la que licuó el relato de los secuestros y asesinatos, Bordaberry eliminó la justicia del reclamo de las familias: «Comprendemos su dolor, su memoria justa, y su exigencia de verdad es un derecho que esta democracia tiene la obligación de honrar», dijo, olvidando que los hijos de los legisladores consideran tan central a la Justicia que en 2021 presentaron una demanda para enjuiciar a los autores de los crímenes. A propósito, entre los denunciados figuran los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y José Arab, que, al contrario de la tesis de Bordaberry, son señalados en la Justicia uruguaya como brazos ejecutores de los asesinatos. Qué bien le hubiera venido al legislador participar de la actividad en la Facultad de Información y Comunicación que, un ratito después de la sesión solemne en el Parlamento, organizada por las familias Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo Whitelaw y Liberoff, tuvo entre sus objetivos dar a conocer el estado de situación del juicio (que incluye a todas las familias) y los permanentes obstáculos que han debido enfrentar en estos años, a tal punto que los acusados han ido muriendo en la impunidad.
Pero eso será dentro de unas horas. Todavía estamos en el palacio, y hay tiempo para más. Ahora Bordaberry va a recordar que hay que «recorrer el camino de verdad, pero también los caminos de paz y reconciliación nacional», y, echando mano de «san Juan Pablo Segundo», citará: «El perdón podría parecer una debilidad; en realidad, tanto para el que lo pide como para el que lo concede, hace falta una fuerza espiritual grande y un coraje moral a toda prueba. Lejos de disminuir a la persona, el perdón la conduce a un humanismo más profundo y más rico. Una paz verdadera no es posible sin perdón», zampó. ¿También les toca a las familias ser dadoras de un perdón que nadie pidió? No lo pidió Gavazzo, no lo pidió Vázquez, no lo pidió Arab ni Ramas. Tampoco Juan María Bordaberry. Todos muertos sin el más mínimo arrepentimiento de sus actos.
Lo más abyecto, sin embargo, llegó cuando Bordaberry empezó con la zaraza de la unidad nacional y de cómo cada líder puso su granito de arena para llegar a este presente imperfecto pero nuestro. Entonces ensalzó a Julio María Sanguinetti, presente en la sala, como constructor del cambio en paz –nombre de fantasía de la impunidad–, y a Wilson Ferreira, que tejió la ley de impunidad, y a Liber Seregni y Juan Vicente Chiarino, que acordaron en el Club Naval; leyes, pactos, salidas que fueron cercando la verdad y la justicia que hasta hoy les es esquiva a Zelmar y el Toba.
La parte divertida llegó cuando el senador narró el aporte de Luis Lacalle Herrera: una vez, cuando era presidente, dijo que las familias tenían derecho a la verdad, pero que no se podía vivir en el pasado. Si era broma, nadie se rio. Pero no importaba: a esa altura, era evidente que Bordaberry había olvidado a quiénes estaba homenajeando.