Brasil: las denuncias de corrupción en la compra de vacunas

Complicado y aturdido

El escándalo por la sobrefacturación en la adquisición de una vacuna india y una extraña denuncia sobre la exigencia de coimas para adquirir otro cargamento de inmunizantes pusieron a Bolsonaro en el centro de una nueva crisis.

La primera denuncia: el gobierno de Jair Bolsonaro firmó un contrato para comprar la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior al ofertado por el fabricante. La respuesta: tras conocerse esa información, el gobierno anuló el contrato y dice que el dinero nunca salió de las arcas públicas. La segunda denuncia: un secretario del Ministerio de Salud habría exigido coimas a un intermediario a cambio de comprar a través de él dosis de la vacuna Astrazeneca. La respuesta: el gobierno cesó al funcionario.

Ambos escándalos, revelados por la prensa en las últimas semanas, tienen en vilo a Brasil y las reacciones del Ejecutivo aumentan las sospechas. Como defensa, Bolsonaro dijo el lunes a la prensa: «Yo no tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios». Las denuncias aparecen en momentos en que la labor de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que indaga la gestión gubernamental de la pandemia, provoca molestias casi diarias al gobierno.

La situación ya era delicada luego de que se revelara la sobrefacturación de la vacuna india y se denunciaran presiones dentro del Ministerio de Salud para habilitar su importación, así como la inacción de Bolsonaro, quien habría estado al tanto de estas irregularidades. Sin embargo, este martes, la situación se enrareció aún más, ya que un cabo de la Policía Militar de Minas Gerais que dice ser intermediario de una empresa estadounidense en la venta de vacunas contra el covid-19 denunció a Folha de São Paulo que el gobierno le pidió un dólar de coima por cada dosis a comprar de la vacuna de Astrazeneca. El pedido, dice, contemplaba 200 millones de dosis. Según el denunciante –y de acuerdo a emails citados por Folha de São Paulo que este habría intercambiado con el gobierno–, quien le comunicó esa condición fue el hasta ahora director de Logística del ministerio, Roberto Ferreira Dias, cuya destitución fue confirmada este miércoles por el gobierno.

Ferreira Dias también es señalado como el responsable por las presiones dentro del Estado para liberar la compra de Covaxin. Fue nombrado por Bolsonaro como director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en octubre de 2020. Luego de que en aquel entonces se alzaran sospechas que lo involucraban en irregularidades en contratos de compras de test para el covid-19, el presidente pidió que su nombramiento fuese desestimado. De todos modos, Bolsonaro lo mantuvo al frente de la dirección de Logística. Este miércoles, el Ministerio Público Federal anunció que investiga las nuevas denuncias.

AISLADO PERO BLINDADO

Hasta el momento, la CPI apuntaba a responsabilizar políticamente al gobierno por sus irregularidades en la gestión de la pandemia. A partir de ahora, también apunta a responsabilizarlo penalmente. Los escándalos –todavía de alcance incierto en la escala jerárquica– afectan el último gran bastión discursivo del bolsonarismo: que a diferencia de todos los anteriores, su gobierno está libre de corrupción. La diputada del Partido Social Liberal Carla Zambelli, la más fiel y visible defensora del presidente en la Cámara Baja, dijo a Folha de São Paulo que solo abandonaría a Bolsonaro si «supiera que robó» (29-VI-21). Luego, en su Twitter, pidió a sus seguidores que recen por el gobierno.

Además, el escándalo tensa la relación con el sector que garantiza el blindaje parlamentario del presidente, el centrão. Ricardo Barros, una de sus principales figuras y líder de la bancada oficialista en el Congreso, es señalado por los denunciantes como el principal articulador del esquema de corrupción en la compra de vacunas. Sin embargo, al menos hasta el cierre de esta edición, el blindaje continuaba garantizado. Este miércoles, diversas organizaciones sociales, centrales sindicales, partidos políticos de oposición –tanto a la izquierda como a la derecha del mapa político– e incluso exaliados de Bolsonaro presentaron un «superpedido» de impeachment que reúne las 122 iniciativas encajonadas hasta ahora por el presidente de la Cámara, Arthur Lira. El pedido señala 23 presuntos crímenes de responsabilidad cometidos por Bolsonaro en dos años y seis meses en el cargo. Pero, de acuerdo a lo que Lira dijo a la prensa el mismo día, este será el pedido 123 que irá a juntar polvo en su cajón. Se adelantó una nueva protesta masiva en todo el país que estaba programada para el 24 de julio y que, finalmente, tendrá lugar este sábado 3.

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