Varias tragedias climáticas dejan a Río Grande del Sur en situación de colapso: Eventos extremos en sucesión - Semanario Brecha
Varias tragedias climáticas dejan a Río Grande del Sur en situación de colapso

Eventos extremos en sucesión

Las lluvias intensas desde fines de abril ya causaron 147 muertos y afectan el 90 por ciento de los municipios gaúchos. Un largo rosario de flexibilizaciones de leyes ambientales a nivel estadual y federal basadas en el negacionismo climático precedieron a la catástrofe.

↑ Rescatistas evacúan vecinos en el barrio Menino Deus, en Porto Alegre, el 5 de mayo. TADEU VILANI

Eventos climáticos extremos y en secuencia vienen castigando al estado brasilero de Río Grande del Sur en los últimos años, causando pérdidas que se acumulan en todos los sectores de la economía. Y, más aún, provocando pánico y muertes. Estos episodios ocurren en escalas cada vez mayores y en intervalos de tiempo cada vez menores. La historia se repite ahora en una dimensión todavía más aterradora.

Las lluvias que caen sin parar sobre todo el territorio gaúcho desde finales de abril afectan a más de 2,1 millones de personas en por lo menos 450 de los 497 municipios del estado. Según los registros oficiales, ya son 147 las muertes confirmadas y hay otros 127 desaparecidos. De las más de 77 mil personas que están en refugios, 76 mil fueron rescatadas por las fuerzas de seguridad y por la población civil que se involucró en todos los puntos del país para socorrer a las víctimas. Al cierre de esta edición, se cuentan más de 538 mil desalojados.

La tragedia afectó fuertemente a los animales. En un estado con vocación agropecuaria, hay miles de animales en situación dramática. Casi 11 mil ya fueron retirados de las áreas inundadas, la mayoría perros y gatos. También hay equinos, aves, pájaros y hasta algunos suinos que logran salvarse. Aun así, la cantidad de muertes es inmensa. Esto va a empezar a verse con claridad cuando bajen las aguas. Esqueletos de suinos, bovinos, equinos y aves ya aparecen en diferentes regiones, donde el olor a muerte no deja dudas de que ha ocurrido un desastre.

POR ARRIBA DEL MURO

Otros tres episodios de grandes proporciones afectaron al estado el año pasado, en junio, setiembre y noviembre. En total, provocaron la muerte de 74 personas y dejaron daños millonarios. Algunos municipios, localizados en el entorno de los ríos Tacuarí y Caí, fueron arrasados, afectados violentamente por cuarta vez en menos de un año. Es el caso de Roca Sales y Muçum, por ejemplo, bañados por el río Tacuarí.

La región está enmarcada en el Delta de Jacuí, que recibe además a los ríos Pardo, Das Antas y Dos Sinos, antes de desaguar en el lago Guaíba, en Porto Alegre, y seguir por la laguna de los Patos rumbo al océano Atlántico a través de un pasaje estrecho –de apenas 750 metros– en el municipio de Río Grande. Pero, teniendo en cuenta el volumen de agua, sin obstáculos físicos que disminuyan su velocidad y a merced de los cambios en la dirección de los vientos, el drenaje es insuficiente y todo termina en inundaciones. Fue lo que sucedió en Eldorado do Sul, de 42 mil habitantes, vecino de Porto Alegre, que fue engullido por el río Jacuí. En la región metropolitana, ciudades como Canoas, São Leopoldo y Novo Hamburgo también sucumbieron.

Y la capital gaúcha –hoy con 1,3 millones de habitantes– está en medio de la mayor inundación de la historia, superando por lejos la triste marca de 1941. Hace 83 años, exactamente en el mismo período del año, la capital abrigaba a 272 mil personas cuando el Guaíba llegó a 4 metros y 75 centímetros, inundando el Centro Histórico y los barrios Azenha, Menino Deus, Navegantes y Passo d’Areia.

Después del desastre, resultó notorio que se necesitaba tomar alguna medida para evitar que un evento similar volviera a ocurrir. Pero eso sucedió solo tres décadas después. Entre 1971 y 1974, las áreas ribereñas de Porto Alegre fueron reforzadas por un robusto sistema de protección para la época.

Un muro de contención de inundaciones de 3 metros de altura rodea la Avenida Mauá, en el centro. Para superar ese obstáculo, el agua tendría que subir 6 metros de altura. Además, 24 diques fueron distribuidos a lo largo de la Avenida Castelo Branco, en la entrada de la ciudad, y otros 44 quilómetros de diques cubren los arroyos internos de la capital, totalizando 68 quilómetros. Fueron construidos también 14 compuertas y 19 estaciones de bombeo para empujar el agua de vuelta al Guaíba y evitar así inundaciones.

El muro fue objeto de discusión muchas veces pues «escondía» la bella imagen del río. Después de todo, una inundación como aquella parecía un evento muy excepcional, que nunca había sido registrado, y la región podría, sin él, valorizarse y recibir nuevos y grandes emprendimientos. Esta vez, sin embargo, el río llegó a 5 metros con 35 centímetros en la primera semana de mayo e invadió la ciudad por encima, y por las redes de tuberías. El abastecimiento de energía eléctrica quedó comprometido, con lo cual las estaciones de bombeo y de tratamiento de agua quedaron detenidas. Barrios enteros fueron tomados.

Con la ciudad colapsada, se instaló un escenario de caos. Hubo que retirar a las personas de sus casas en barcos, botes, jet skis y camiones del Ejército. Saqueos, hurtos, asaltos y toda clase de acciones de piratería invadieron las noches oscuras e incluso regiones enteras fueron escenario de tráfico a plena luz del día. La acción policial tuvo que ser reforzada para garantizar la seguridad y el orden.

Después de una breve tregua de las lluvias que hizo al agua retroceder, la vuelta de las precipitaciones provocó que el nivel del río volviera a subir. La promesa de más lluvias sobre el estado en los próximos días abre la posibilidad de un nuevo récord, que supere la barrera de los 5 metros con 50 centímetros, según alertan los climatólogos.

HABÍA ALERTAS

Pero la tragedia no llegó sin avisar. Por lo menos desde 2019, períodos de sequía severa se alternan con lluvias en gran abundancia, cuyos impactos superan la capacidad de los gestores públicos.

Fenómenos climáticos como El Niño o La Niña –en intensidad media o baja– ya son suficientes para comprometer la actividad agropecuaria y la vida en las ciudades. Y las consecuencias de la seca, que hizo a Río Grande del Sur dejar de recoger por lo menos 30 millones de toneladas en ese período, terminó por fortalecer iniciativas que ayudan a potencializar el desequilibrio climático.

El gobernador del estado, Eduardo Leite, en su segundo mandato consecutivo, intensificó los esfuerzos para combatir la escasez hídrica para las zafras de verano –un problema que ya era punto de atención hacía 30 años, por lo menos– a través de la construcción de estructuras de almacenamiento de agua para el riego. Para eso era necesario alterar leyes y normas de protección ambiental, principalmente en áreas de preservación permanente.

Comúnmente se dice que alrededor del agua, la vida brota. Por lo tanto, según el gobierno del estado, había que proceder con la desburocratización. El movimiento enfrentó incluso la resistencia del Ministerio Público gaúcho. Pero el empeoramiento de las secas llevó a que las autoridades en su conjunto acordaran que la situación necesitaba ser revisada. Como consecuencia, una gran movilización del Ejecutivo del estado y de parlamentarios estaduales y federales viene desbravando ese terreno y desatando nudos que impedían el avance del agronegocio sobre áreas protegidas. A esta altura, el desarme de las leyes ambientales es muy grande.

En setiembre de 2019, Leite presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de nuevo Código Ambiental estadual. El proyecto fue aprobado rápidamente, alterando 480 puntos del esqueleto estructural de la protección ambiental del Estado. En líneas generales, la idea era flexibilizar exigencias para favorecer la explotación empresarial en áreas nativas. El gobierno estadual argumentaba que era necesario «modernizar el Código Ambiental» para atraer inversiones, emprendimientos y desarrollar la economía. El resultado sería «un mejor equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico».

Una de las medidas fue transferir a los municipios la responsabilidad para la autorización de construcciones de represas en propiedades de hasta 25 hectáreas, así los trámites ganan agilidad. El «autolicenciamiento» era una maniobra para desburocratizar la implementación de acciones que profundizaran la explotación del agronegocio. Dos días, como máximo, es lo que tarda hoy el sistema digital de la Fundación Estatal de Protección Ambiental para conceder la licencia ambiental.

La regla es: el productor declara y se compromete a mantener su actividad dentro de determinados criterios preservacionistas y será responsabilizado en el caso de que algún daño al ambiente sea constatado. Pero no hay análisis previo de los proyectos.

En esa red, hasta el Bioma Pampa-Quebradas del Norte fue fragilizado. Al respecto, se revocaron tres artículos del Código Forestal gaúcho, lo cual liberó el corte de árboles de determinadas especies y suprimió la reglamentación acerca del manejo de bosques nativos.

PASÓ EL GANADO

Estos cambios ocurrieron durante una de las legislaturas más conservadoras a nivel estatal y federal. Entre 2019 y 2022, durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, la estructura de los órganos ambientales federales fue desmantelada, las multas por crímenes ambientales dejaron de ser aplicadas y la explotación se generalizó a instancias del líder de extrema derecha y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. No en vano el agronegocio es abiertamente partidario del bolsonarismo.

Durante aquel período, la furia con relación al tema ambiental era tanta que llegó a ser discutida en una reunión de gobierno grabada, en Brasilia, que se hizo pública durante la gestión de Bolsonaro. Ocurrió en el medio de la pandemia de covid-19. En aquella ocasión, Salles recomendó que se aprovechara el momento en el que la atención de la población estaba puesta en la crisis sanitaria para introducir un rosario de alteraciones legislativas que permitieran hacer caer la estructura de protección ambiental (para lo cual utilizó la expresión passar a boiada, es decir, aprovechar para «hacer pasar al ganado», véase «Marcado a fuego», Brecha, 2-X-20).

La apropiación ilegal de tierras (grilagem) se multiplicó, principalmente en la región amazónica, durante los tres primeros años del gobierno de Bolsonaro. Datos del Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia afirman que la deforestación anual entre 2019 y 2021 fue 56 por ciento superior a la del período 2016-2018 en la Amazonia.

A la vez, un 51 por ciento de los cortes de árboles se dieron en tierras públicas. El corte de árboles en áreas protegidas creció un 80 por ciento, en las tierras indígenas el índice subió a 153 por ciento, mientras que en las unidades de conservación el aumento fue de 63,7 por ciento, según un relevamiento de la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza.

Bolsonaro sofocó al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Durante su período hubo inspectores desautorizados o despedidos, órganos de control vaciados y medidas de protección e impulso a la deforestación y a las queimadas de tierra. Todo ello se dio en el contexto de discursos negacionistas que fueron adoptados por políticos de derecha y extrema derecha para desacreditar las alertas sobre el cambio climático y el calentamiento global. Agrónomos, veterinarios, médicos, periodistas, líderes religiosos, especialmente los vinculados a la Iglesia evangélica, y profesionales de los más variados sectores, instigados por influencers identificados con el bolsonarismo, propagaban –y todavía lo hacen– noticias falsas sobre todo, incluso sobre el clima. La política es similar a la del actual prefecto de Porto Alegre, Sebastião Melo, electo durante la ola del bolsonarismo y de gobernantes de municipios gestionados por partidos vinculados al expresidente.

En la capital gaúcha, la remodelación del parque Orla do Guaíba lleva la firma de por lo menos tres gestores públicos. Todavía en 2021, el entonces prefecto José Fortunati, que migró de la izquierda para la derecha, presentó el proyecto al lado del arquitecto paranaense Jaime Lerner, pero el inicio de los trabajos ocurrió apenas en octubre de 2015. Cuatro años después, Nelson Marchezan Jr. comandaba el municipio cuando las obras empezaron a ser inauguradas. Moderno y acogedor para el público, el espacio ganó restaurantes, pista de skate, canchas de deporte, pista para caminata. Hasta una rueda gigante estuvo en los planes del exprefecto. Asimismo, grandes constructoras intentaron fogonear la construcción de edificios residenciales y comerciales con alturas superiores a la permitida por los planes de ordenamiento territorial de algunas regiones de la ciudad. Lo que parece haber quedado atrás durante todo ese período fue un sistema de contención de las inundaciones, según los especialistas.

Con esta nueva tragedia, Leite y Melo comandan una megaoperación bajo los reflectores de la prensa. Argumentan que no es hora de buscar culpables y sí de clamar por un esfuerzo colectivo en busca de soluciones.

NO ESTAMOS LISTOS

La falta de prevención frente a los eventos climáticos extremos como los sucedidos en Porto Alegre y en Río Grande del Sur es un reflejo de lo que sucede en por lo menos 2.244 municipios de Brasil. Una investigación de la Confederación Nacional de Municipios realizada entre diciembre de 2023 y enero de este año mostró que en esos lugares los gestores afirman que no están preparados para enfrentar situaciones como estas y tampoco poseen planes de mitigación y adaptación.

Se trata del 68 por ciento de los 3.590 municipios consultados e incluye a Porto Alegre y otras 14 capitales. Otro 6 por ciento afirmó desconocer el tema de la prevención climática, y el 43,7 por ciento no cuenta con profesionales responsables de hacer un monitoreo de áreas con riesgo de desastres. No existen sistemas de alerta móvil o fija para desastres en el 57 por ciento de las ciudades, y apenas el 5 por ciento dijo contar con sistemas fijos de parlantes y sirenas. Entre los argumentos para esta carencia de estructuras de mitigación están la falta de recursos financieros (señalada por el 94,1 por ciento de los gestores entrevistados) y también la dificultad para hacer capacitaciones técnicas de equipos (en el 75 por ciento de los casos).

El lunes 13, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva apuntó a la necesidad de una acción nacional para evitar la repetición de la tragedia de Río Grande del Sur. La cuestión será saber si el debate ambiental tendrá fuerzas para imponerse al negacionismo.

Mientras tanto, el tiempo corre contra el planeta. Especialmente en determinadas regiones ya mapeadas por especialistas e indicadas como zonas de alto riesgo. Los estudios, que vienen mostrando esos cambios desde hace décadas, ahora tendrán que ser tomados seriamente.

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