El entonces intendente Pablo Caram se lo vio emocionado aquel domingo 30 de octubre de 2022. En la inauguración de la Villa Hípica e Hipódromo Municipal de Artigas su discurso duró apenas 20 segundos hasta que, sobre el final, se le quebró la voz. Fue mientras buscaba con la mirada a «la Vale, que hizo todo por esto. Un aplauso para ella», dijo aquella tarde el intendente, sobreponiéndose a la emoción, y le cedió la palabra a la entonces diputada Valentina dos Santos, su sobrina y correligionaria en el Partido Nacional (PN). Ella, también conmovida, tomó el micrófono y habló durante cuatro minutos. Así lo muestra el video institucional de la cuenta de Facebook de la Intendencia de Artigas, que luego suma tres minutos de entrevista a Dos Santos y otros tantos con Emiliano Soravilla, hoy diputado, entonces director general de la comuna. Salvo por los primeros 20 segundos, el video transcurre con Caram fuera de escena y se cierra con Dos Santos entregándole una corona al jockey ganador de la carrera inaugural. Claramente, la «usurpación de funciones» de la intendencia por la que dos años más tarde sería condenada la exdiputada sucedía de cualquier manera menos en secreto.
Dos Santos, «quien gestionó esta posibilidad» –según el texto que acompaña el video institucional de la inauguración–, dejó aquella tarde algunas palabras que dan cuenta de su relación con la hípica: «Todos saben que yo también soy una mujer de carreras, me encantan las carreras», dijo durante su discurso, y en la entrevista que le hizo el encargado de comunicación de la Intendencia de Artigas (IA) –también señalado por cobrar grandes cantidades de horas extras– agregó que la inauguración del hipódromo «es un sueño para todos nosotros, sobre todo para la gran familia del turf, que en Artigas somos un montón; desde chica veníamos a los stud por acá y decíamos: “Qué lástima que no podemos correr”». Sus palabras expresaban, con afectividad, lo que distintos ediles de Artigas resumen en otros términos al ser consultados por el semanario: el peso de la millonaria familia Dos Santos en la escena hípica del departamento.
Los ediles señalan que la intendencia no informó cuánto gastó en esas obras, ubicadas en un terreno inundable que obliga a sacar, cada vez que hay una creciente, puertas, ventanas y los aires acondicionados colocados para los caballos. Casi un año después de esa inauguración, el 13 de setiembre de 2023, el edil colorado Daniel Argañaraz denunció en el legislativo local que el hipódromo, propiedad de la intendencia, estaba «colgado» del alumbrado público; 15 días más tarde, el 28 de setiembre, la UTE multó por ese motivo a la IA con 151.362 pesos más IVA (Clic Regional, 7-XI-23). Pero nada de eso impidió que Valentina dos Santos festejara allí, cinco días después de emitida esa multa, su cumpleaños número 39, con invitación abierta a todo el pueblo de Artigas.
AMPLIACIÓN
La junta departamental de Artigas aprobó incluir las obras del hipódromo en la ampliación de la investigación que solicitó al Tribunal de Cuentas (TCR) el 1 de agosto, luego de recibir la primera auditoría a cargo de ese organismo. El legislativo solicitó determinar «en especial con qué fondos se realizó, quién fue el director del proyecto y cuáles fueron los subcontratos involucrados en la obra». Además, incluyó otros puntos, como «considerar las intervenciones» de Dos Santos «en todas las decisiones de gasto» de la IA y auditar el programa Vale Emprender, por el que compareció ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados el actual ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, y del que su antecesor, el diputado Martín Lema, intenta, como puede, tomar distancia. Vale Emprender también contó con financiación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la que la IA volvió a pedirle recursos para destinar al programa a fines de julio, a pesar de las polémicas y las condenas de Dos Santos y Caram (Montevideo Portal, 24-VII-24).
La junta también le pidió al TCR «ampliar la muestra» de tiempo que se tomó para evaluar las horas extras y las compensaciones otorgadas en la IA de forma presuntamente irregular (es decir, incluir más meses), agregar a más funcionarios municipales al análisis, auditar las horas extras de los municipios Tomás Gomensoro y Baltasar Brum (hasta ahora, se auditaron las de Bella Unión) y analizar los contratos con las empresas Rodrigo Jiménez Felice, Prenorte y Pedrera Norte y todas las licitaciones adjudicadas desde 2020 a la fecha. Las reiteradas contrataciones a las tres empresas mencionadas ya dieron lugar a una denuncia penal en el período pasado y a un dictamen en el que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) observó a la IA. La JUTEP también está incluida en la resolución de la junta departamental, que le solicitó una «valoración sobre el crecimiento patrimonial de los cargos de confianza involucrados en las sentencias» que condenaron a jerarcas de la intendencia y un pronunciamiento sobre los vínculos de parentesco de los beneficiados por las horas extras.
Por su parte, ediles del PN presentaron una moción que se aprobó por mayoría y que incluye en la ampliación solicitada al TCR el análisis de las horas extras de la IA desde el año 2010 –es decir, desde el período en el que gobernó el Frente Amplio (FA)–. También pidieron auditar la contratación de maquinaria vial en Bella Unión por «posibles inhibiciones» de las empresas contratantes relacionadas a vínculos de parentesco con dirigentes del FA y otras obras que tuvieron lugar entre 2010 y 2015.
Por otra parte, en la cancha de la fiscalía está la posibilidad de investigar si detrás de los préstamos solicitados por algunos funcionarios municipales que cobraron horas extras de forma irregular –al menos una de ellas declaró que destinaba el dinero de las horas extras a saldar deudas de préstamos– hay maniobras para desviar fondos hacia la campaña política del PN. La idea ha sido sugerida por distintos actores del departamento e incluso sobrevoló un tuit del exfiscal de Corte y asesor en seguridad del precandidato presidencial del FA, Yamandú Orsi, Jorge Díaz: «El país tiene una deficiente normativa de control de financiamiento de los partidos políticos y un pésimo control de la aplicación de esa normativa. El monto de las horas extras que no se hicieron ¿fue financiamiento? […] Desconozco la existencia de una investigación de lavado de activos para determinar dónde terminaron los ocho millones que salieron de las arcas del Estado por horas extras inexistentes», señaló a mediados de julio el exfiscal. Por ahora no hay novedades en ese sentido, pero es claro que la causa de las horas extras no se agotará en las condenas de los Caram y de Dos Santos.
