- Debo señalar antes que nada que el suscrito se encontraba fuera del país cuando en las páginas de Brecha fue publicado un artículo periodístico bajo el título “Criterios en el uso de documentos en investigación histórica de la dictadura. Desiguales ante la ley”, bajo la firma de Samuel Blixen. Recién pude leer a mi retorno la respuesta que el profesor Álvaro Rico hiciera frente a las imputaciones establecidas en el primer texto ya referido, así como la réplica de Blixen publicada en el siguiente número del semanario bajo el título “En respuesta a Álvaro Rico”. Valga este señalamiento para explicar por qué el suscrito recién sale en este momento para intervenir en un debate que le compete en forma directa, al haber compartido con José Pedro Barrán la supervisión académica de la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos, coordinada en el campo por el doctor Rico entre 2005 y 2007, respaldada por un calificado equipo interdisciplinario de 26 investigadores universitarios de diversas disciplinas y luego publicada por la Presidencia de la República en cuatro tomos. Esa primera etapa del trabajo fue luego continuada bajo la conducción de Rico y buena parte del equipo de investigadores durante casi una década, con nuevas publicaciones y actualizaciones recogidas en la página web de la Presidencia, siempre respaldadas por la Universidad de la República. Del mismo modo, debe recordarse que los resultados de estas investigaciones han sido base para decenas de oficios judiciales, impulsados tanto por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente como por privados, así como de exhortos regionales, en procura de justicia y verdad en casos aberrantes de terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura civil-militar. No quiero extenderme en esta descripción pues comparto plenamente las referencias minuciosas que el profesor Rico ha hecho de la misma en su respuesta publicada por el semanario. Tampoco entraré en la consideración académica sobre los “errores historiográficos” y los cuestionamientos a las técnicas empleadas en la investigación y en sus productos públicos. Y por cierto que no cabe aquí ningún tipo de arrogancia o de subestimación entre oficios diferentes. No vayamos por ese atajo “perezoso”. Lo que ocurre es que no creo en verdad que allí esté el núcleo del “asunto” que se discute, ni tampoco el objetivo de las imputaciones de Blixen. En todo caso, tanto el profesor Rico como el suscrito ya han explicitado en muchas publicaciones y exposiciones, en el país y en el exterior, el sustento académico de los mismos, en seguimiento de las normas internacionales actualmente vigentes en el campo del trabajo historiográfico con archivos represivos. El núcleo de mi escrito apunta en otra dirección, como se verá.
- Junto al profesor José Pedro Barrán, mi querido maestro en el oficio y en la vida, aceptamos en el año 2005 el rol de supervisores académicos de esta investigación coordinada por Rico plenamente conscientes de la responsabilidad ética, profesional, pero sobre todo ciudadana, que asumíamos. Desde el comienzo los tres coincidimos en que se trataba de un trabajo muy desafiante en todo sentido, pero ineludible desde nuestras convicciones democráticas y republicanas. Y de manera especial definimos que la investigación de ningún modo podía alojar sesgo alguno, que no debía ser una “historia oficial” ni un “libro blanco”, que nadie podía entenderla como “punto final” de una indagatoria que sin duda no puede tener fin, que debía otorgar garantías para todos. Recuerdo perfectamente el celo particularísimo que poníamos en nuestras reuniones para revisar de la manera más profunda posible que en el voluminoso texto final destinado a la publicación no se “colara” ningún sesgo de tipo alguno, ni mucho menos un tratamiento sectario o tendencioso de la profusa documentación manejada. Lo hicimos los tres en perfecta armonía, sin diferencias, totalmente convergentes en los criterios de rigurosidad profesional y de ética cívica que debían presidir la tarea emprendida, ya fuera desde la supervisión académica que hacíamos Barrán y yo, como desde la coordinación ejecutiva que con enorme compromiso y costo personal realizara Rico. Sabíamos que estos criterios eran compartidos por todo el equipo de investigadores que participaba de la indagatoria. No se nos ocultaba la sensibilidad política del tema abordado y la previsible incomprensión de muchos, que por muy diversas razones se oponían y se oponen a la profundización de una investigación orientada a sumar en la perspectiva tan postergada de ese programa integral de justicia, verdad, memoria y reparación. Lo hicimos convencidos y de manera honoraria, empeñados antes que nada –valga la reiteración– en un compromiso ciudadano que entendíamos insoslayable. En esa tarea pusimos todo nuestro empeño y nuestra “caja de herramientas”, profesionales y cívicas. En este tipo de emprendimientos, a mi juicio, esas exigencias son inescindibles. En términos estrictamente personales, no puedo omitir el recuerdo entrañable de Barrán acometiendo este duro trabajo desde el sufrimiento cotidiano del padecimiento de una enfermedad terminal, así como el señalamiento del costo personal y la altísima dedicación de Rico en la coordinación ejecutiva de una investigación monumental, realizada en condiciones particularmente difíciles.
- Por convicciones personales siempre trato de decir lo que pienso y de no callar frente a lo que considero injusticias y agravios. Es por ello que con la misma convicción y seguridad con que lo hice ya antes, quiero renovar hoy mi testimonio categórico sobre la probidad intelectual y ciudadana del profesor Rico en la conducción ejecutiva de esta investigación. Por supuesto que nadie puede ser tan necio como para cerrarse a la existencia de errores u omisiones en una obra de semejante porte. La discusión y el debate forman parte cotidiana de nuestra labor científica, constituyen su escenario natural, y esta indagatoria no puede ser una excepción a ello. Pero otra cosa es el agravio y la acusación infundada de prejuicios y de tendenciosidad, de ausencia de sentido de verdad, la objeción genérica sin sustento efectivo sobre el conjunto de una obra colectiva y de “larga duración”. Contra una versión vulgar, los historiadores no administramos la “verdad” sobre el pasado. Desde el apego irrestricto a las reglas de un viejo oficio, nuestro objetivo apunta a otro norte, tal vez más modesto pero con seguridad más útil: producir conocimiento crítico sobre el pasado, manejar hipótesis sustentadas en muchos documentos y en muchas preguntas, siempre abiertos a la contrastación empírica o al debate de razones, pero desde un principio de honestidad intelectual innegociable. Y por cierto que sabemos muy bien, y desde siempre, que la indagación sobre el pasado no es monopolio de ninguna disciplina, aunque cada una de ellas tenga sus reglas, por lo general disímiles.
- En ese marco, no puedo sino rechazar en los términos más firmes, por agraviantes e infundadas, las acusaciones de Blixen sobre el “doble rasero”, el sesgo “tendencioso” y la “manipulación documental” con objetivos de sectarismo político y/o ideológico. Me hago solidario con el profesor Rico afirmando una vez más su probidad y su rigor en la dura tarea que él liderara y en la que fue acompañado por un equipo de investigadores que compartieron de manera integral esos principios. Reafirmo con absoluta convicción nuestra honestidad republicana y las plenas garantías de imparcialidad y de celo por el cuidado estricto de los criterios de ética profesional y ciudadana con la que desde distintos roles acometimos aquella tarea tan ardua pero al mismo tiempo imperativa. No puedo permitir en particular ninguna sospecha de duda a la supervisión académica que compartiera con un ser humano tan excepcional como José Pedro Barrán, a quien tanto extrañamos y del que tanto aprendimos. Creer que él o cualquiera de nosotros hubiera consentido un procedimiento tan vil como el que se señala no puede sino ser considerado una infamia incalificable.
- Siempre fuimos conscientes los tres de que empujar esta tarea era un “viaje de arena gruesa” en el que teníamos mucho más para perder que para ganar, en todo sentido. Pero también supimos y sabemos que cualquier renuencia de cálculo frente a este compromiso no podía conciliarse con nuestra ética. Recuerdo perfectamente que anticipábamos todo tipo de ataques, desde las tiendas más diversas. Pero la realidad siempre supera a la imaginación. Nunca pensamos que semejante “exabrupto anticomunista” emergiera de donde emergió. ¿Qué se busca con este “cuestionamiento al conjunto de las investigaciones históricas” sobre el destino de los detenidos desaparecidos respaldadas por la Universidad de la República? ¿Avanzar en el camino integral de ese programa inescindible de justicia, verdad, memoria y reparación? ¿Por qué se personaliza en el profesor Rico la responsabilidad de una investigación colectiva y tan sometida a reaseguros y filtros conceptuales de supervisión académica? ¿Por qué todo esto precisamente en los actuales contextos, signados –tal vez más que nunca– en la necesidad imperiosa de avanzar en verdad y justicia?
Sobre la resolución del CDC
Samuel Blixen
El martes 16 el Consejo Directivo Central (Cdc) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó una resolución de respaldo a los historiadores Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico, a raíz de lo que se calificó como un “exabrupto anticomunista” y una “durísima crítica” de este periodista a la investigación sobre detenidos-desaparecidos encomendada por la Presidencia de la República (véase Brecha, 28-IV-17).
Una crónica del debate en el Cdc sobre la crónica de Brecha y sus derivaciones fue difundida por el semanario Búsqueda, ayer jueves 18. Un intento de obtener la versión grabada de la sesión –que por otra parte es pública– no prosperó: en la Unidad de Comunicación Central de la Udelar y en las oficinas del rectorado se me informó que, por orden del rector, se me negaba el acceso a esa grabación hasta que el Cdc apruebe las actas. Deberé esperar, pues, para hacer mis descargos, si es que corresponden.
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