El cuerpo se eriza al caer la tarde del 26 de setiembre frente a las siluetas recortadas bajo la luz del Palacio Nacional, que está de fondo, de cientos de estudiantes del México profundo, formados en fila en la plancha del Zócalo, en la capital del país. Es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), el principal apoyo del colectivo de padres y madres de los 43, que durante los últimos tres años sufrió cuatro pérdidas: Minerva Bello, Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos. La conmemoración de los siete años de la desaparición forzada de los jóvenes estuvo dedicada a ellos. En el Zócalo, alguien que filma un documental reparte bengalas a los normalistas, que cargan frente al pecho las pancartas con los rostros de sus compañeros y hacen apretujarse a los reporteros en el semicírculo de nombres y rostros jóvenes sostenidos por otros ídem, para fotografiarlos mientras cuentan, al unísono, del uno al 43.
Por los altavoces se escucha a sus compañeros tomar la palabra, algo revolucionario si se piensa en la cacería que enfrenta su franja poblacional, la principal víctima de los asesinatos y las desapariciones en el país. Una estudiante recuerda la detención arbitraria sufrida este año por 95 normalistas en Chiapas –más de 70 de ellas, mujeres de la Normal Mactumatzá– por cortar una ruta para exigir que el examen de ingreso a la escuela fuese presencial, porque en las comunidades no tienen Internet. Las estudiantes estuvieron presas desde el 18 de mayo, fueron trasladadas a la Prisión Federal del Amate y liberadas sin cargos el 31 de agosto.
Este es el marco de persecución con que los normalistas de la FECSM exigen verdad y justicia para Ayotzinapa: la desaparición de los 43 evidencia la criminalización aún sufrida, en su versión más extrema. Al terminar de contar por sus compañeros, con el puño izquierdo en alto, cantan el himno «Venceremos», de Inti Illimani, con una pequeña variante: en vez del fascismo, es «la miseria» a la que sabremos vencer.
NUEVAS LÍNEAS
Dos días antes, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dieron una conferencia de prensa en la Barranca de Carnicería, en Guerrero, donde fueron hallados los restos óseos identificados el año pasado por el laboratorio austríaco de Innsbruck como pertenecientes a dos de los jóvenes desaparecidos: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Cristian Rodríguez Telumbre. Esta confirmación terminó por derrumbar la falsa verdad histórica de una incineración masiva en el basurero de Cocula, que está cerca del lugar de estos hallazgos. Sin embargo, ninguno de estos pequeños fragmentos había sido quemado. Gómez Trejo confirmó que hay 58 puntos de búsqueda forense en ocho municipios, tal vez el mayor esfuerzo estatal en el país para encontrar a las más de 90 mil personas desaparecidas.
Desde Colombia, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, confirmó al periodista Rafael Croda (Proceso, 26-IX-21) que han accedido a archivos militares nuevos tras el mandato presidencial que les permitió entrar a los cuarteles militares. Sin embargo, dijo que «la voluntad política encuentra aún un freno», particularmente en las unidades investigadoras de la Fiscalía General de la República. Este punto es medular al cumplirse siete años del caso: las familias exigen que se depuren las estructuras judiciales que han frenado la ejecución de 40 órdenes de aprehensión contra personas involucradas en el crimen, así como la extradición desde Israel de Tomás Zerón, antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo desde que se lo acusó de sembrar evidencias falsas para alterar el curso de las investigaciones.
