Las voces y los gritos de cientos de mujeres que vistieron las calles de verde y morado fueron escuchados. No se judicializará a ninguna mujer que acceda a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 24 semanas de gestación, de acuerdo a la sentencia decidida por cinco votos contra cuatro en respuesta a la demanda que Causa Justa presentó en 2020, por la que exigía el fin de la criminalización del aborto. Van a seguir aplicando de la semana 25 en adelante las tres causales previamente existentes: que el embarazo implique un riesgo para la salud física o mental de la mujer, la malformación del feto o que sea producto de una violación o incesto.
Judith Botero es antropóloga y socia fundadora de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales. A sus 74 años celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia y dice que esto se logró gracias a la movilización social feminista, que ha tomado toda América Latina durante los últimos años. «La movilización, aparte de denunciar situaciones de violencia y el no cumplimiento de la norma, es una de las pocas posibilidades que tienen las mujeres de conocer sus derechos y así exigir su cumplimiento al gobierno y al Estado. Sin movilización es muy poco lo que realmente se logra y eso ha sido siempre así», comenta.
Para Paola Cañas, integrante de los colectivos feministas Bolívar en Falda y 14 por Colombia, la movilización feminista en las calles fue un apoyo fundamental para las acciones jurídicas presentadas por Causa Justa y varios movimientos de mujeres a la corte constitucional, con las que pedían eliminar el aborto como delito en el código penal. «Es el apoyo de los diferentes colectivos, en diferentes partes del país, para hablar sobre este tema y hacer presión, porque un plantón tiene el objetivo de hablar del tema, de realizar actos pedagógicos, y el solo hecho de tener un pañuelo verde en un bolso abre una conversación multitudinaria. Y eso es lo que tenemos pendiente, porque este es un tema que se debe tratar desde el enfoque de los derechos humanos y la salud pública, más allá de una opinión moral o religiosa», agrega.
Los derechos de la mujer tuvieron un retroceso durante la pandemia. Botero comenta que el encierro permitió que nuevamente recayeran sobre la mujer las ideas machistas y patriarcales del cuidado, el aseo, la crianza y la responsabilidad de cumplirle sexualmente a un hombre. Durante los meses de octubre y diciembre de 2021, la cantidad de nacimientos de bebés de niñas menores de 14 años aumentó un 31,5 por ciento en comparación con el mismo período de 2020, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas presentadas el 14 de febrero. Esta misma institución señaló que durante todo 2021 nacieron en Colombia 886 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, y fueron madres 91.215 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Que Colombia diera este paso y se convirtiera en el primer país del continente en despenalizar el aborto para las primeras 24 semanas de gestación es un logro que pone en el centro a la mujer y parte de reconocer que el uso del derecho penal en estos casos criminaliza a las mujeres que deciden ejercer su autonomía y el derecho sobre su cuerpo. Así lo señala Juliet Gómez, abogada feminista y directora de la corporación Colectiva Justicia Mujer, organización que forma parte de Causa Justa y que también presentó una coadyuvancia a la corte constitucional en la que se argumentaba por qué debía votarse a favor de la despenalización del aborto.
El trabajo aún no ha terminado. Sigue lo más difícil: pedir el cumplimiento y las garantías del acceso al aborto para las niñas, las jóvenes y las mujeres. Para Gómez, este es un paso fundamental en un país en el que el 24 por ciento de las mujeres condenadas por hacerse un aborto eran menores de edad. «Estamos hablando de oportunidades, del conocimiento de las libertades, de los derechos de las niñas y las mujeres más excluidas y discriminadas, que no podían acceder a abortos libres y seguros. Lo que sigue ahora es evitar las barreras del acceso al aborto que han existido desde la sentencia C355, de 2006, que son de tipo institucional y subjetivo, que permiten un uso inadecuado de la objeción de conciencia y que se suman a otro riesgo muy grande: la desinformación», agrega.
Para Diana Patricia Tovar, abogada de la Corporación Gea Jurigenerista, una organización dedicada a promover la igualdad y la justicia para las mujeres, otro de los retos que deja esta sentencia es que exhorta al Congreso de la República de Colombia a legislar en pro de los derechos de la mujer. «Estos fallos dan unas órdenes muy concretas al órgano legislativo para que tenga en sus agendas propuestas sobre los derechos humanos de las mujeres. La Corte le dice al Congreso no solo que dé cumplimiento inmediato a la sentencia, sino también que se implemente una política pública para que esta decisión se pueda aplicar de forma digna para las mujeres», añade. Tanto ella como Gómez coinciden en la importancia de una pedagogía real y efectiva que permita que las mujeres sepan que el aborto es un derecho fundamental y que las instituciones les garanticen de manera efectiva el acceso a ese derecho.
CUATRO EN CONTRA, CINCO A FAVOR
De los cuatro votos contrarios a la despenalización del aborto tres fueron proferidos por magistradas mujeres. Solo una de las cuatro integrantes femeninas de la institución votó a favor. «Esto nos muestra que un cuerpo de mujer no necesariamente representa los intereses y los derechos de las mujeres. Es una pena, porque entre las magistradas que votaron en contra está Gloria Ortiz, quien ha liderado la comisión de género en la rama judicial y tiene fallos ejemplarizantes en temas relacionados con la violencia y la discriminación. Todo el mundo está a favor de sancionar y de que las mujeres no sean víctimas de violencias físicas y psicológicas, pero cuando hablamos de las violencias institucional, obstétrica y reproductiva ya no todo el mundo está tan de acuerdo. Estamos hablando de otro tipo de temas, que tienen que ver con las libertades, la autonomía y los moralismos», dijo Gómez.
«¿En quién se ha recargado la cultura patriarcal y la exigencia del cumplimiento de la norma? En las mujeres. A las mujeres nos introyectan muchísimo más las normas patriarcales que a los hombres. Por eso pienso que muchas veces a una le duele que sean mujeres con tantos derechos quienes, al mismo tiempo, tengan pensamientos tan oscurantistas frente a una situación tan clara como los embarazos no deseados. Todavía piensan que las mujeres tienen que tener niños sí o sí. Nosotras no somos fábricas de niños», señala Botero.
A Tovar la votación la tomó por sorpresa. «Seguramente, cuando salga el fallo, podremos tener más claridad de las argumentaciones que establecieron estos magistrados y magistradas para salvar su voto. También es un momento para separar las apreciaciones jurídicas frente al hecho de ser mujeres. Tener un cuerpo de mujer no significa o no representa que las decisiones tengan un enfoque de género», afirma.
Para Cañas, por su parte, «es un tema muy complejo». «En las redes sociales se ve la indignación de algunas, que resaltan el hecho de que las mujeres que forman parte de la corte constitucional no hayan votado por sus propios derechos humanos, ni siquiera por un tema de sororidad», señala. Pero agrega: «No todas las mujeres son feministas, y es entendible, porque esta es una posición política que no es compartida por todas. Lo que sí es relevante es que este es un tema de derechos humanos, del que se debe hablar y conversar más, para que todas las mujeres, más allá de decir si están a favor o no, respeten a las mujeres y las personas gestantes que quieren acceder a sus derechos».
(Texto publicado originalmente en Agencia de Prensa IPC. Brecha reproduce fragmentos.)
