El blindaje del aborto en la Constitución francesa y la estrategia de Macron: Histórico y disonante - Semanario Brecha
El blindaje del aborto en la Constitución francesa y la estrategia de Macron

Histórico y disonante

La inscripción en la carta magna francesa de la «libertad garantizada» para interrumpir el embarazo fue una primicia mundial que contraviene una tendencia global al retroceso en la materia. Detrás está la lucha de la izquierda y el feminismo franceses, y un doble oportunismo del presidente galo.

Manifestantes en defensa del aborto en París. AFP, GEOFFROY VAN DER HASSELT

Fue un lunes de celebración y victoria para las feministas en Francia. El 4 de marzo de 2024 quedará inscrito como un día «histórico», pero también disonante, en la presidencia de Emmanuel Macron. Después de cerca de siete años de constantes decepciones para el electorado progresista que resultó clave en sus victorias electorales en 2017 y 2022, el dirigente centrista –cada vez más arrinconado en la esquina derecha del tablero– logró la adopción de la medida más potente de su mandato en favor de los derechos de las mujeres: el blindaje del aborto en la Constitución francesa.

Con 780 votos a favor y solo 72 en contra, una amplísima mayoría de diputados y senadores ratificó la inclusión en la carta magna de la «libertad garantizada» para interrumpir voluntariamente el embarazo. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Macron la promulgó el 8 de marzo, en un acto festivo en la parisina plaza Vendôme. Francia se convierte en el primer país en el mundo en inscribir con claridad en su Constitución una de las principales conquistas de la segunda ola del feminismo. Aunque otros países, como la Yugoslavia de Tito, ya habían dado un valor constitucional a la libertad de decidir sobre la maternidad, no mencionaban específicamente el aborto.

En plena ola reaccionaria que menoscaba este derecho en aquellos países donde gobierna (o gobernó) la ultraderecha, desde Estados Unidos hasta Hungría, pasando por la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele, la decisión en Francia tiene una repercusión internacional evidente. Petrifica en la cúspide de su pirámide legislativa la interrupción voluntaria del embarazo. Dificulta su ilegalización en caso de que llegara al Elíseo un presidente reaccionario. A pesar de que tanto Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, como Reconquista, de Éric Zemmour, aseguran defender la Ley Veil, que legalizó el aborto hace 49 años, basta recordar la advertencia de Simone de Beauvoir ya en 1949: «No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados».

EL OPORTUNISMO DE MACRON

«Ahora podemos cambiar el curso de la historia y que dejen de estar obsesionadas por el recuerdo siniestro» de todas aquellas mujeres a las que les arrebataron la vida por querer abortar, aseguró el primer ministro, Gabriel Attal, desde el monumental salón del Palacio de Versalles. «Les doy las gracias, les doy las gracias por ellas», se felicitó tras la votación la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

Esta representante macronista encarna a la perfección el oportunismo –en cierta medida, un bienvenido oportunismo– del presidente francés y su gente respecto al blindaje constitucional del aborto. «No creo que sea útil», afirmó Braun-Pivet en 2018 cuando Francia Insumisa (afines a Podemos y Sumar) presentó una enmienda parlamentaria en el mismo sentido. En cuatro años no solo ha cambiado de opinión, sino que ahora intenta apoderarse de esta medida, fruto, sobre todo, del empuje de los colectivos feministas y partidos de izquierdas.

«La clave del éxito de este proyecto ha sido la movilización de la sociedad. […] Nunca habríamos logrado que los senadores conservadores lo respaldaran sin el apoyo social», destacó el lunes la senadora Mélanie Vogel en declaraciones a CTXT, al salir del hemiciclo en Versalles. Junto con la insumisa Mathilde Panot, esta representante ecologista fue una de las precursoras de la medida. Ambas presentaron en otoño de 2022 iniciativas legislativas en ese sentido. Entonces, la Asamblea ya había aprobado la inscripción en la carta magna del «derecho» al aborto, pero el Senado frustró ese primer intento.

«Resulta una consecuencia directa de lo que sucedió en Estados Unidos», explica la socióloga Laurine Thizy, refiriéndose a la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de junio de 2022. Ese fallo permitió que al menos 14 estados norteamericanos ilegalizaran la interrupción voluntaria del embarazo. También supuso un shock para la opinión pública en Francia, país al que le gusta verse como el espejo invertido de Estados Unidos, a pesar de haber sufrido una intensa americanización en las últimas décadas. Dotado de cierto olfato político, Macron vio en ello un incentivo para cambiar de posición y anunció un proyecto de ley para blindar el aborto hace justo un año, lo que coincidió con las multitudinarias protestas contra su impopular reforma de las pensiones.

INSUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL ACCESO REAL

Para contentar al Senado –con una mayoría del partido de derechas Los Republicanos–, esa segunda propuesta pasó del concepto de derecho al de libertad garantizada. «La consagración del derecho al aborto hubiera resultado mucho más exigente para el Estado, que tendría que garantizar los medios de acceso. La libertad es menos protectora», reconoce la abogada Violaine de Filippis-Abate, portavoz del colectivo Osez le Féminisme! Su inscripción en la Constitución «dará una mayor legitimidad a aquellas mujeres que quieren abortar, así como a los profesionales de salud que lleven a cabo estas operaciones», destaca Thizy, autora del libro Sociologie de l’avortement.

Sin embargo, esta reforma «no resuelve por sí sola los problemas concretos de acceso al aborto», recuerda De Filippis-Abate. De hecho, algunas voces del feminismo galo temen que sirva para justificar una menor ambición en la letra pequeña. «Esta incorporación en la Constitución sirve para mostrar que el gobierno hace una cosa, y todo lo contrario. En diciembre, publicó unos decretos injustos sobre los abortos instrumentales (a través de medicamentos) de las comadronas», criticó en declaraciones a Libération Chantal Birman, militante del Movimiento por la Libertad del Aborto y la Anticoncepción, un histórico colectivo feminista creado en 1973.

De manera paradójica, Francia se erige como un país a la vanguardia sobre el valor legal que da al aborto, pero en los aspectos concretos se encuentra por detrás de España, Reino Unido y Países Bajos. Las francesas disponen de un máximo de 14 semanas para interrumpir su embarazo. Es un plazo superior al de las alemanas (12), pero inferior al de las españolas (22) y británicas (24). Entre 3.500 y 5 mil ciudadanas galas van cada año al extranjero para interrumpir su embarazo. Y muchas de ellas acuden a clínicas españolas, especialmente en Cataluña.

«A todas aquellas que viven en zonas rurales les resulta mucho más complicado interrumpir su embarazo», advierte Thizy. Según datos del Ministerio de Salud, cerca del 20 por ciento de las francesas tienen que cambiar de departamento para abortar, un porcentaje que puede llegar al 50 por ciento en territorios periurbanos y rurales. «Me temo que esta medida sirva para justificar que no se invierta en la salud pública», afirma esta socióloga, refiriéndose a un sector precarizado por las políticas de austeridad. En el caso de la interrupción del embarazo, por ejemplo, eso se ha visto reflejado en el cierre de 130 centros en los últimos 15 años.

LA PUNTA DEL ICEBERG

«Hasta hace unos meses me parecía inverosímil la posibilidad de que hubiera retrocesos en Francia, pero ahora empiezo a estar más preocupada cuando veo que resurgen en el debate público discursos natalistas más bien propios de finales del siglo XIX», afirma Thizy. En concreto, se refiere a la controvertida expresión de «rearme demográfico» utilizada por Macron durante su rueda de prensa del 16 de enero para reivindicar políticas que aumenten la natalidad. La tasa de fecundidad en Francia disminuyó de manera significativa durante los últimos dos años, hasta caer al 1,7 (un índice superior a la media de la Unión Europea).

Pocos meses después de su llegada al Elíseo en 2017, Macron prometió que haría de la «igualdad entre hombres y mujeres» la gran causa de su presidencia. Pero desde entonces ha decepcionado de manera recurrente al movimiento feminista. Ha mantenido en su cargo a ministros acusados por varias mujeres de violencia sexual, como Nicolas Hulot (de Ecología entre 2017 y 2018) y Gérald Darmanin (al frente de Interior desde 2020). En diciembre, hizo una defensa airada de Gérard Depardieu, acusado por una veintena de mujeres de violación y otro tipo de agresiones. «Es un orgullo para Francia», dijo sobre el conocidísimo actor, e incluso criticó una supuesta «caza contra ese hombre».

Ante este historial de declaraciones, y los pocos recursos con los que se ha dotado a la educación sexual y a la lucha contra la violencia machista, la votación del 4 de marzo aparece como un islote. Sin duda, fue una jornada para el recuerdo, pero demasiado aislada. Para Macron, el morado resulta más un barniz que una convicción.

(Publicado originalmente en CTXT. Brecha reproduce por convenio, titulación propia.)

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