En el año 2000 el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a Israel y a Ramala, dentro del territorio ocupado palestino, para homenajear a Yasser Arafat y para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur e Israel.
En ese viaje ofreció la experiencia y la vocación pacifista brasileña para mediar en el conflicto (no dijo ocupación) y mostrar su predisposición a apoyar negociaciones y diálogo entre las partes. Habló sobre los obstáculos para la paz y sobre el acuerdo comercial con Israel. ¿Un producto proveniente de una colonia –territorio israelí, según la legislación del Estado ocupante– tendría la consideración de «israelí» para el Mercosur? Aunque fueron alertados, Lula y los restantes miembros del Mercosur quisieron pasar por alto este tema y ahondaron en la normalización de la ocupación. El acuerdo no dice nada sobre qué se entiende por los límites geográficos de Israel, lo que permitiría menguar los territorios ocupados (palestinos y sirios, e incluso libaneses) a cero.
Aunque la agricultura no es el grueso del comercio, es un dato objetivo que Israel esquilma el agua palestina y se la da a sus colonos, en una competencia desleal e inmoral. Nada se corrigió al respecto en el acuerdo, que añade colonización a la economía palestina.
Hubo más. El presidente Lula defendió el diálogo con Irán frente a sus interlocutores israelíes que le pedían que se sumara al reclamo de sanciones contra Teherán. No lo hizo, pero tampoco denunció que la única potencia atómica y con armas nucleares, y que rechaza que haya inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, no firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, es Israel. Un país al que, en esa lógica, ya deberían haberle puesto sanciones.
Israel tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá, la Unión Europea y los países de la antigua EFTA (Liechtenstein, Noruega y Suiza), el Mercosur, Colombia, Panamá, Egipto, Jordania, Sri Lanka, Turquía y Vietnam. Indirectamente, esta relación se amplía al tener el Mercosur acuerdos con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, con lo que la normalización de la ocupación y el expolio palestino son más profundos.
Por normalización se entiende la convivencia diplomática con un Israel sin unas fronteras señaladas por las Naciones Unidas, su consideración como un Estado «democrático» y de «derecho» a pesar de su vulneración de las convenciones de Ginebra y otras normas internacionales.
La ocupación y la colonización de Palestina no empezó el 7 de octubre pasado. Las matanzas y el sufrimiento palestino, tampoco. La no implantación del derecho al retorno de los refugiados palestinos explica que más del 70 por ciento de los residentes palestinos de Gaza sean refugiados, expulsados de sus hogares a escasos quilómetros de donde malviven en la actualidad.
Por eso, si se quiere tomar medidas concretas para dar forma a soluciones estables, Lula y todos los otros presidentes de los países del Mercosur, además de declaraciones y gestos, deberían ejecutar hechos. La Unión Europea sí separa entre Israel y las colonias establecidas en territorios palestinos. Pero con escaso rigor aduanero. Si las colonias son ilegales, ¿cómo se permite el comercio con ellas?
Si las convenciones de Ginebra, el dictamen sobre el muro o las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia en la demanda de Sudáfrica sobre comisión de genocidio amparan tomar medidas contra Israel, que se tomen.
Si hay organismos internacionales que normalizan la ocupación, como la FIFA y otras federaciones deportivas, implíquense en aplicar el derecho internacional.
Si la ciudadanía comprende que la lucha contra el apartheid que hubo en Sudáfrica comprometía a sus gobiernos e interpelaba a sus ciudadanos, que se concreten el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel y a las empresas que lucran con la ocupación y la colonización, algunos de cuyos clientes son organismos públicos. Que se corte el comercio de armas con Israel, armas que se prueban en los cuerpos y las propiedades palestinos.
Lula ha señalado el drama, los causantes de una matanza televisada y destructora de infraestructuras vitales para una vida digna. Esa indignación debe transformarse en hechos concretos. Él y la Unión Europea tienen que ser coherentes.
* Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe de Madrid.
