La perversión de este sistema carcelario para jóvenes, encubierto por mandatos de rehabilitación, quedó en evidencia en el informe de los hogares ser y Piedras presentado esta semana por el Comité de los Derechos del Niño Uruguay.
Un sistema rígido, esencialmente violento y de naturaleza carcelaria donde se “privilegia lo custodial por sobre lo educativo” con la “existencia de rejas y mecanismos que hacen del adolescente una persona dependiente del adulto hasta para realizar sus necesidades”, puede ser un resumen conceptual del documento que recomienda el cierre de todos los centros que funcionan en la colonia. La carencia de colchones y ropa de cama, los problemas de ventilación, los interiores estrechos, la poca luz y los servicios higiénicos inadecuados parecen trivialidades cuando además se denuncia una vida cotidiana caracterizada por un régimen de 23 horas diarias de encierro y el sometimiento a “malos tratos físicos y psicológicos en forma frecuente como medida correctiva y como castigo”. Algunas prácticas narradas por los entrevistados consignan golpes de puño, golpes propinados por varios adultos contra un solo adolescente, la utilización de esposas, golpes estando en el piso, mojarlos con agua fría y desnudarlos haciéndolos pasar toda la noche en esas condiciones, introducción de un palo en el ano, obligarlos a arrodillarse sobre sal gruesa o pedregullo como castigo por fuga, arrojarles hormigas en la cara o introducir sus cabezas en el inodoro. Por si fuera poco, según el informe, “los adolescentes no cuentan con ningún mecanismo institu cional para presentar denuncias por estas situaciones”.
También se informa sobre la mala atención médica, el abuso de psicofármacos para “planchar” a los adolescentes y la escasa alimentación. “No cuentan con una asistencia en salud integral. No hay sistema de atención de emergencias dentro del centro” y “todas las comidas se hacen dentro de la celda, sin cubiertos adecuados y sin mesa”. La utilización del servicio higiénico es demandada por los adolescentes golpeando la puerta de la celda, y muchas veces “se les entrega una bolsa de nailon para que hagan sus necesidades en la noche dentro de la celda”.
SEGURIDAD, SEGURIDAD. La carencia de propuestas educativas definidas con claridad se suma a que “no se trabaja para la reintegración social” del internado, “por el contrario, se potencia el aislamiento y el estigma de peligrosidad”. Si bien en el Centro Piedras existe una maestra que tiene un plan educativo, su desarrollo está sujeto a la voluntad y criterio de los funcionarios de contención que según el informe “determinan, apoyados por el sindicato, la frecuencia y duración del encuentro entre el adolescente y la maestra”.
No existen criterios claros de lo que son faltas en la convivencia, y éstas se definen de forma arbitraria por el adulto de turno de acuerdo al grado “de subordinación a las normas abusivas, implícitas y ocultas, que los propios funcionarios formulan. Los jóvenes manifiestan que las sanciones son impuestas ‘por cualquier funcionario’ y ‘por cualquier cosa’”. Patear la puerta de la celda, bañarse o lavar la ropa sin permiso, pelearse con un compañero, no querer entrar en la celda o secar el piso con un buzo pueden ameritar la sanción.
La mayoría de los educadores tiene una antigüedad de aproximadamente dos años dentro del centro. Señala el documento que, en el caso del ser, la relación de estos técnicos “con (los funcionarios de) contención es conflictiva y tensa. En el caso de Piedras la relación entre los equipos es claramente subordinada; el equipo técnico de Piedras desarrolla sus tareas en función de los requerimientos de contención intentando evitar conflictos o represalias”.
QUIÉN MANDA. Todas las situaciones antes planteadas contradicen los planes y los preceptos ideológicos presentados por las autoridades del Interj al asumir la nueva administración. Si bien las posturas garantistas y la apuesta al “ámbito de la palabra” son banderas que no se han arriado explícitamente, en la práctica pervive el sistema de la violencia, la manipulación y la tortura como formas de mantener “ese“ orden. Se desprende de la denuncia del comité que “no existe una línea de autoridad clara que imponga formas y criterios de trabajo, no existe un respeto por la jerarquía y ésta no ejerce el mando, el desempeño de las tareas es conflictivo y actualmente están enfrentados la visión de los nuevos técnicos y la dirección, por un lado, con el sindicato, que se opone a impulsar los cambios. Está instaurado un sistema de represalias que determina el amedrentamiento a los técnicos que pretenden una apertura y mejora del trato de los internados. Los funcionarios de contención, sostenidos en los parámetros del sindicato, resisten cualquier modificación que lleve a un acercamiento a la protección y promoción de los derechos humanos. En la posición del sindicato no se tiene en cuenta el interés superior del niño, no visualizan en la medida de privación de libertad ningún contenido educativo-restau rativo, ven a los internados como sujetos peligrosos con los cuales hay que tener las máximas precauciones para que cumplan la medida, sin tenerlos en cuenta como personas en desarrollo”.
Dice la denuncia que el discurso oficial apunta “a negar la existencia de problemas y el carácter carcelario de la institución”, en una “actitud de renuncia a ejercer el poder que conlleva la responsabilidad institucional y dejar el control en manos de los funcionarios”.
En resumen, el comité “percibe una situación de gobierno compartido o desgobierno, en donde conviven las directivas de las autoridades junto a las directivas sindicales que se suman a acciones de boicot de funcionarios que resisten lo que en la jerga denominan ‘apertura’ y que en definitiva terminan con los adolescentes como rehenes”.
MÁS CUENTAS PENDIENTES. Pero las denuncias consignadas en el informe del comité no son las primeras ni las únicas. Existen varios documentos (que obran en poder de Brecha) elaborados y presentados ante las autoridades de inau por distintos equipos técnicos que ratifican el ejercicio sistemático y constante de la violencia institucional contra los adolescentes allí internados.
En una carta del 21 de noviembre de 2007, el colectivo de psicólogos de la Colonia Berro planteaba su “preocupación por el mantenimiento de prácticas altamente violatorias de los derechos humanos en algunos establecimientos de la colonia”. Entendiendo que las mismas, “además de merecer nuestra condena como ciudadanos, jaquean cualquier propuesta que desde la especificidad de nuestra disciplina propongamos”.
Se preguntan: “¿Cómo ayudar a los jóvenes a la consideración del otro cuando se reproduce e incluso se mag nifica la desconsideración a ellos por parte del entorno inmediato? ¿Cómo promover que se corran del lugar del estigma cuando son tratados como peligrosos enemigos? ¿Cómo plantearnos promover un sujeto activo en la autoconstrucción de su identidad y su destino, en un marco de promoción de la sumisión, la anulación y la dependencia absoluta en el desempeño de las más básicas necesidades?”.
Además, señalaban que “la idea de peligrosidad y las prácticas consiguientes, combatidas desde los nuevos discursos ya legitimados por el orden jurídico, siguen predominando y tiñendo el cotidiano en algunos establecimientos, y pensamos que no es posible la coexistencia de las mismas con concepciones y prácticas garantistas a las que nosotros, así como las actuales autoridades, adherimos”.
Sobre el final, el documento alerta que “el objetivo de minimizar los efectos negativos de la privación de libertad se torna pura retórica en un contexto de violencia directa lisa y llana”.
El 20 de diciembre de 2007 el equipo técnico del hogar ser envió otra carta a las autoridades del inau donde se habla de cierta “contradicción en los discursos de las autoridades, cuando se nos solicita apoyar y planificar la ‘apertura’ de este centro para reducir las horas de encierro” sin contar con un “lugar físico ni simbólico donde llevar adelante una práctica profesional y humana”. El 3 de enero de este año, en otra carta dirigida a la doctora Fer nanda Albistur, directora del hogar ser, los técnicos reiteraban su “preocupación por la situación de algunos centros de la colonia”, manifestando que en el corto período trascurrido entre la primera y la segunda carta “la situación no sólo no ha mejorado, sino que constatamos una consolidación y aumento de situaciones gravemente vio latorias de los derechos humanos”. Asimismo señalaban que en “las condiciones de encierro impuestas en el ser, resulta imposible un ejercicio profesional ético”, y que las acciones que se pudieran realizar en ese marco estarían en “contradicción con uno de los objetivos prioritarios de nuestra tarea: aportar a la reducción de los daños propios del encierro”. Además, “alerta mos sobre los riesgos del actual grado de violencia insti tucional sobre la integridad física y psíquica de los jóvenes”.
Finalmente, el 16 de enero, el colectivo de psicólogos envía una nueva carta a la directora del Programa de Hogares Cerrados, Isabel Bisio (con copia a la directora del Hogar ser, a la gerencia del Interj y al directorio del inau), donde se aclara que “ningún psicólogo de este equipo accede a trabajar en el Hogar ser en las circunstancias actuales (…) en tanto se carece de los instrumentos mínimos necesarios que aseguren una práctica del psicólogo garantista. Considerando que las acciones violatorias de los derechos humanos en el ser deben cesar sin más demora y que al equipo técnico del ser no le quedó más alternativa que retirarse del establecimiento”.
Desde el miércoles 12, día en que el Comité de Derechos del Niño presentó en conferencia de prensa su informe, Brecha intentó concretar una entrevista con autoridades del inau. A través de una de sus secretarias, el presidente Víctor Giorgi se excusó de hacer declaraciones “hasta no tener bien analizado el documento”. Al cierre de esta edición, problemas de agenda hicieron inviable la entrevista.
