“El combate a la corrupción está rengo”

Aunque ya hace bastante que la apodaron “Junta Anticorrupción”, su nombre formal es Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). Desde su creación en 1998 viene lidiando con una debilidad, que no ha inquietado considerablemente al sistema político. Brecha conversó con el presidente de la Junta de Transparencia, Ricardo Gil Iribarne.

Foto: Fernando Pena

—Usted estuvo mucho tiempo al frente de la Secretaría Antilavado, un organismo con muchas potestades y capacidad para actuar en conjunto con la justicia. ¿Cómo se ve ahora en esta otra institución que es vista desde hace mucho tiempo como muy débil? ¿Nota el cambio?

—Ah, yo creo que sí. Participé en la parte más débil de la Secretaría Antilavado, antes de que se creara. Arrancamos de cero, en una situación donde el mundo decía que Uruguay era un lavadero y en general a los uruguayos no les importaba mucho, porque el lavado no tiene víctimas directas. Si hablabas del narcotráfico o la corrupción sí, pero el lavado no generaba sensibilidad. Hubo un proceso con muchos actores, desde la Dirección Nacional de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, algunos juzgados que luego se especializaron, un buen equipo desde la Presidencia, con el prosecretario y la secretaría de drogas. Y hubo un muy buen trabajo con la justicia, porque hablamos de un delito y hay que generar resultados. Todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba y no había nadie preso, entonces había algo que no cerraba. La secretaría era minúscula en ese entramado de actores que trabajaron todos en equipo muy bien.

En corrupción pasa lo contrario. El mundo dice que Uruguay está muy bien, lo cual es cierto comparado con otros países, y los uruguayos sienten que no, y están hoy muy preocupados. No sólo por lo que pasa en la región sino acá dentro. Y ahí no ves un sistema articulado. La Jutep aparece aislada, cuando no integra organismos importantes como la Comisión Coordinadora contra el Lavado, en tanto la corrupción es origen de lavado, o cuando no integra los equipos multidisciplinarios que apoyan a la justicia.

—Pero además hay como una zona gris, no se sabe bien si pueden actuar de oficio en algunas cosas… ¿Hay que reformar la ley para darle otra funcionalidad? ¿Necesita mayor visibilidad?—A mí hablar de visibilidad me preocupa, porque parece que querés figurar… El tema es que la Jutep tiene un rol para cumplir, que no lo cumplen otros. Ahí el problema es que el combate a la corrupción está rengo. Lo primero que hay que armar es un sistema donde todos tengan claro qué rol cumplen y la Junta tenga un lugar. Entonces ves que las potestades están muy lindas en el papel, pero son muy ambiguas. Casi todo lo que tiene que ver con delitos siempre está condicionado a la iniciativa del Poder Judicial o de la Fiscalía. No tenés la posibilidad de hacer nada de oficio. Uno puede decir que eso es algo razonable, pero la parte no delictiva también es muy amplia. Hay toda una serie de acciones que no son delito pero que nuestras leyes y decretos dicen que están mal, pero ahí no aparece ningún cometido específico. Sólo hay un artículo de la última ley que dice que la Jutep es el órgano superior en el combate a la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de hacer cosas y las seguimos haciendo. Hoy la corrupción es un tema central en la vida de los ciudadanos y en los problemas de la región. ¿Cómo este organismo va a quedarse esperando? Está bien, hay una parte preventiva, con capacitación de los funcionarios públicos, donde se ha trabajado bien. Después está la famosa zona de las declaraciones juradas (de ingresos y bienes), donde ahí sí hay un problema de potestades. No tiene sentido pedirles a 55 mil funcionarios públicos que hagan declaraciones juradas y que luego nadie las mire.

—Ese es uno de los grandes problemas que tiene la Junta, ¿no?

—En la parte preventiva es uno de los problemas más claros, porque es todo un sistema complejo, que nos lleva más del 30 por ciento de los funcionarios, pero no da ningún resultado, porque están guardadas.

—¿Cuántos funcionarios tiene?

—En este momento somos 17. De ellos, seis trabajan en la parte de declaraciones.

—¿Y el presupuesto es suficiente?

—No y sí. Lo planteamos ahora en la rendición de cuentas, donde a la Jutep no le tocó un peso más. ¿Es suficiente el presupuesto para qué? Para hacer lo que estábamos haciendo capaz que es suficiente. Ahora, si queremos hacer más cosas y trabajar en serio, entonces sí no es suficiente. Tengo claro que hay que justificar para qué necesitamos plata. ¿Para ir a una reunión en Viena? No. A veces hay que ir, pero no queremos plata para eso. El sistema de declaraciones juradas hay que mejorarlo, eso puede requerir más plata, sí, pero también ahorros. Hoy las declaraciones juradas del presidente y el vicepresidente se publican en dos diarios de circulación nacional, pero deberíamos publicarlas en nuestra web. Lo mismo la lista de omisos. El año pasado no se publicaron porque no había plata. Sale más barato tener una buena web, que no tenemos. En cuanto al rol con la justicia, este es un organismo que tiene un directorio designado políticamente, aunque nosotros tenemos prohibido hacer política, y no tenemos técnicos especializados. No tenemos contadores, y tenemos un asesor letrado en comisión. Precisamos dos o tres técnicos, que no cambien cuando se vaya el directorio. Que sean permanentes, se formen, sean reservados, demuestren calidad técnica y la justicia les tenga confianza. Y los convoque como convoca a la Secretaría Antilavado, al Banco Central, a la Dgi, para integrar equipos.


“No tiene sentido pedirles a 55 mil funcionarios públicos que hagan declaraciones juradas y que nadie las mire.”


—De todos modos, llama la atención el número de funcionarios en relación con la cantidad de sujetos obligados: 55 mil… Parece obvio que se requiere otra metodología de análisis de las declaraciones patrimoniales.

—Pasa que en realidad para lo que está planteado hoy no es imposible. Hoy recibís, procesás, y las guardás. Son muy pocas las que se abren en el marco de las excepciones que la ley prevé. Desde que nosotros estamos, ninguna. Pero lo que hay que hacer es analizar lo declarado y confrontarlo con fuentes de información, y ver a lo largo de los años la evolución del patrimonio. Si no hay un análisis no le sacamos el jugo a la declaración. Alguien lo tiene que hacer. La Jutep u otro, porque eso implica acceder a los registros, levantar el secreto bancario. Para la Secretaría Antilavado no hay secreto bancario que valga. Si la Junta va en ese camino es un proceso lento, donde todos los actores demostremos que este organismo tiene que cumplir un rol distinto. —¿Y hay posibilidades reales de que surja una nueva ley que le otorgue más poder a la Junta?

—Veremos. Hay una propuesta en una comisión de Diputados de que se pueda abrir un 5 por ciento de las declaraciones. Nos reunimos para hacer aportes. Dijimos “esto está bueno”, pero hay que mirar después la viabilidad. Porque una cosa es hacer una ley en la que se amplía el número de las personas que declaran, pero si yo paso a tener 70 mil declarantes y los controlo mal, no es una buena medida. Prefiero controlar bien unos 10 mil. Y hay que ver quiénes están. Por ejemplo, está el 100 por ciento de los funcionarios del Ministerio del Interior. ¿Qué sentido tiene que todos los policías del país, del pueblito más chico, sean de calle o administrativos, declaren? No, señor, saquemos al 80 por ciento y dejemos a los cargos altos o las unidades donde hay mayor riesgo de corrupción. Es lo que se llama análisis de riesgo, elegir las zonas donde podés tener más problemas. Y creo que está claro que el primer corte deberían ser los cargos altos.


“La gente está reclamando y se está indignando, y eso es un anticuerpo que tiene la sociedad uruguaya que en otros lados ya no está.”


—Sería como una forma de pasar un tamiz, para centrarse en quienes toman las decisiones…

—Exacto. Los que manejan dinero, contratan, los que tienen poder de mando, pueden incidir en la decisión de muchos. Un policía de un pueblito del Interior puede incurrir en un acto de corrupción, puede cobrar 1.000 pesos de coima, pero el sistema hoy tiene que apuntar a otra cosa. Cuando controlemos lo que tenemos que controlar, entonces podremos ampliar… Y abrir el 5 por ciento al azar es lo mismo, porque es un universo donde hay mucho componente de bajo nivel. Entonces podría ser mejor un 5 o un 10 por ciento en los rangos altos.

—Una ponderación.

—Exacto. Pero a la vez si las abro, pero no se sabe con qué herramientas, tampoco sirve. El que lo analice tiene que tener la posibilidad de que se levante el secreto bancario, tiene que tener acceso a los registros, para comprobar que la persona declaró bien. Además si se sabe que nadie controla se puede, justamente, declarar cualquier cosa, salvo que la persona se mande un lío y actúe la justicia. Pero ahí ya no es preventivo. Es probable que un montón de gente se cuide, declare bien, el sistema tiene un efecto, pero también es probable que el bandido sepa que con esto no corre ningún riesgo. Nosotros queremos que los corruptos tengan una percepción del riesgo, porque si no la impunidad lleva a que de a poco vayamos perdiendo las fortalezas. Porque hay un vaso medio vacío, pero también un vaso medio lleno, donde Uruguay está mucho mejor que otros países de la región. Esto no es para consolarse, sino para defender las fortalezas. Tenemos un Poder Judicial que comparado con los de otros países tiene un componente ético y de independencia fundamental. Lo mismo el Ministerio Público, la división de poderes, los valores que la sociedad tiene… Lo bueno de este período es que la gente esté exigiéndole más a quienes estamos en esto. La gente está reclamando y se está indignando, y eso es un anticuerpo que tiene la sociedad uruguaya que en otros lados ya no está. Cuando te convencés de que todo da lo mismo, la gente ni siquiera se calienta cuando hay corrupción. Lo que hay que hacer es responder rápido. No puedo dormirme en los laureles, porque Transparencia Internacional dice que somos de los mejores países de América Latina.

—Ahora, las declaraciones juradas sobre el patrimonio de los principales dirigentes de un país –altos jerarcas del Ejecutivo, legisladores, jueces, intendentes– ¿no deberían ser abiertas? Porque ¿qué problema habría en que la sociedad pudiera conocer los bienes de los principales funcionarios públicos?, eso no significa ninguna intromisión en la vida privada.

Comparto totalmente eso. Y por suerte el proyecto que está en estudio incluye que se abran más. ¿Qué se ha dicho contra eso? Se ha hablado del tema de la intimidad. Me parece que hoy un funcionario con alto grado de responsabilidad tiene que asumir que su obligación ante la ciudadanía es transparentar, mostrar lo que tiene y de dónde lo saca, y no escudarse en la intimidad. El mundo de hoy requiere eso. Lo segundo que se escucha es que al declarar las propiedades hay riesgos porque te van a asaltar o secuestrar. No conozco ningún país, de los muchos que publican –y no sólo los nórdicos, en Argentina se publica muchísimo–, en donde eso haya generado riesgo. Poner las propiedades ayuda, porque si yo pongo una pero mis vecinos saben que tengo otra en La Paloma, bueno, capaz que alguien lo plantea y dice que está faltando algo. La solución viene por más transparencia y no por menos.

—¿Y qué pasa con los cónyuges? En períodos anteriores se dio alguna polémica porque la declaración de la esposa del actual presidente se incluyó en sobre cerrado o porque faltaba la de alguna de las parejas de algún vicepresidente.

—En realidad, en este momento las declaraciones juradas de los actuales presidente y vicepresidente incluyen todo, y hay declaraciones de los cónyuges que también se abrieron. El problema es que si no se aclara, no se abre. Bueno, hace un par de períodos hubo algunas confusiones. Pero ahí no está el problema, la ley prevé el tema de los cónyuges, con dos cuestiones: la declaración y la publicación. Creo que es un tema importante; pero ojo, el tema de los testaferros no lo solucionás con ninguna publicación… 


“Qué peor manera de atacar a la democracia que lo que hizo Odebrecht: corromper a todos los partidos de tu país, a la mayoría de los gobiernos de tu continente. Por eso cuando me hablan de corrupción pública digo: es tan grave como la corrupción privada.”


—Y Uruguay no tiene normativas sobre testaferros.

—No, creo que es uno de los problemas que tenemos en esta zona y en la del lavado en general. Vos tenés que los estudios proveedores de sociedades con testaferros te dicen: esto es legal; estoy haciendo lo que siempre se hizo en este país y la ley no me lo prohíbe. Creo que Uruguay ha avanzado mucho en los últimos años con ese tema en la transparencia, por las presiones de la Ocde y ahora con el tema del beneficiario final, pero sigue existiendo la posibilidad de encubrir; entonces no alcanza con la formalidad de una declaración, hay que tener gente que analice. También creo que en el tema corrupción falta saber quién es el actor hoy que hace esas cosas, el que se preocupa por las investigaciones específicas, el que ve el mapa y dice acá hay un riesgo. En la zona de lavado eso está bien resuelto, y en la zona de la corrupción no está bien resuelto. Por eso hay que sincerarse. Todo el sistema político, en primer lugar, presionado sanamente por la ciudadanía, y luego ver cómo paramos al equipo, qué hace cada uno, qué rol cumple la Jutep, las comisiones investigadoras del Parlamento –¿van a investigar delitos?–, qué sentido tiene la judicialización, cuándo sirve o cuándo no. Porque podemos terminar como pasa en muchos países de la región, donde tirar los temas a la justicia es ocultar, porque la justicia tarda, entonces la gente ve denuncias y más denuncias, no ve ningún resultado, y a la vez termina desconfiando del denunciado pero también del denunciante. Parece un juego político en el que la corrupción, una bandera enorme, la estoy usando para fines que no son dignos. Si no asumimos que ahí estamos poniendo en riesgo todo, el juego es muy perverso. Pero hay una segunda cosa: si la justicia dice que no hay delito, ¿está todo bien? No, hay cosas que no están bien, porque las normas uruguayas dicen que no se pueden hacer.

—Claro, todas las irregularidades administrativas, por ejemplo, que también generan responsabilidad de otro tipo…

—Si uso plata de la institución para las cosas que no están previstas, capaz que la justicia entiende que no hay delito, pero hay normas especiales que dicen que eso no lo puedo hacer. Lo que estoy viendo es que hay un corrimiento de las líneas y esas cosas pasan a ser naturales, porque siempre se hicieron. Siempre se cambiaron los rubros de columna; o bueno, no respaldé porque nadie me pidió la factura. Y luego tenés lo que las normas no dicen específicamente, y ahí el Estado tiene que decirle a la gente: nosotros nos preocupamos por eso, de detectarlo… Tampoco es salir a cazar brujas, porque si no terminamos en que todo está mal y que el hombre es naturalmente corrupto. No, no, para el montón de gente sana que hay en la función pública la mejor defensa es que el sistema funcione bien.


“Hoy hay que declarar las implicancias cuando estás en un cargo público, pero eso no se cumple. Estamos planteando que en la declaración de bienes se incluyan también las implicancias.”


—Ahora, también parece haber un patrón interesante que caracteriza al autocontrol de la clase política. Si una mira las leyes u organismos que tienen que ver con el propio control del sistema –la ley de financiamiento de los partidos que es fiscalizada por la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Jutep–, o son débiles o los organismos no tienen presupuesto o no tienen poder sancionatorio. Hay incumplimientos, como concesionarios de obras públicas que financian a los partidos, eso pasa y nadie lo sanciona… El sistema político no le da buenas herramientas a quienes lo controlan.

—En Uruguay está aumentando y va a aumentar la percepción del riesgo. Pero falta muchísimo. Es cierto que hay organismos, y la Jutep es el caso más claro, que en el papel aparecen con un montón de tareas que en la práctica no se hacen. Hay cosas que se ponen en las leyes para cumplir con tal convención, pero después no tenemos los elementos para cumplir. Un tema específico es el del financiamiento de los partidos. A partir de la experiencia del mundo, deberíamos estar mucho más preocupados. Tenemos una norma que todo el mundo dice que es insuficiente, que le faltan un montón de cosas y que las que tiene no se hacen, porque no hay recursos o porque se le dio la tarea de control a quien no es el más indicado. Hace poco hubo un evento sobre este asunto, que fue muy bueno, pero, aunque estuvieron convocados, no fueron legisladores de todos los partidos, no fue ningún ministro de la Corte Electoral, nadie del Tribunal de Cuentas, nadie de la Suprema Corte de Justicia.

—En Brasil, justamente, todos los partidos fueron uno de los canales más importantes de distribución de sobornos.

—Hoy en Uruguay hay un sistema de financiamiento público de los partidos que es muy bueno. Cuando hablamos de corrupción en Uruguay normalmente pensamos en funcionarios públicos y en políticos, cuando hay muchísimos muy sanos. Pero hay empresas privadas en Uruguay y en el mundo muy corruptas. En el caso de Odebrecht es clarísimo (véase recuadro). Es una brutal empresa que tiene tres pisos de su edificio destinados a su departamento de coimas, que compra un banco en el Caribe para canalizar las coimas, y después gargantea con la democracia. Qué peor manera de atacar a la democracia que corromper a todos los partidos políticos de tu país, a la mayoría de los gobiernos de tu continente y también de otros, porque coimearon en África, en todos lados. Por eso cuando me hablan de corrupción pública digo: es tan grave como la corrupción privada. Lo que pasa es que hasta que los estados no cumplan con la responsabilidad de exigirles a los privados, se ven limitados. Vamos hacia un mundo en el que dentro de unos años las empresas, como tienen obligaciones en temas de lavado, pueden tener también en el tema de corrupción: políticas o programas antisobornos. Ya en el Primer Mundo está pasando eso. El Estado uruguayo tiene que asumir que antes de trasladar obligaciones tiene que cumplir con lo que no está haciendo bien, que es armar su propio sistema de prevención y combate a la corrupción, e integrar ahí el tema de la corrupción privada, que nosotros ni siquiera tenemos establecido el delito.

—La figura del enriquecimiento ilícito tampoco está prevista en Uruguay.

—No está prevista como tipo penal, pero Uruguay está comprometido por las convenciones internacionales. Nuestra posición es favorable a la implementación de ese delito. ¿Se acuerdan del muchacho (ex secretario de Obra Pública de los gobiernos kirchneristas, José) López, que en Argentina tiró los bolsos con 9 millones de dólares para adentro del convento? Tiene tres procesamientos por enriquecimiento ilícito. En Uruguay, si fuera funcionario público, no estaría procesado por ninguno porque nadie ha demostrado de dónde sacó la plata. Acá tendríamos que demostrar, por ejemplo, que el señor fue coimeado. El enriquecimiento ilícito implica: usted ganaba 100 mil pesos por mes y tiró 9 millones de dólares adentro de un convento, ¿de dónde los sacó? Lo lógico sería que me demostrara de dónde salió esa plata, y si no me demostrás que es legal, vas preso. Sé que esto es fuerte y que la cátedra me diría que estoy invirtiendo la carga de la prueba, pero cuando hablamos de López a nadie se le ocurre decir que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. El mundo está yendo hacia ese lado y nosotros vamos a tener que ir. Si entro a un banco a robar, es fácil determinarlo. Ahora, si yo lavo plata o tengo conflictos de intereses encubiertos… Porque todo el tema de la corrupción también comprende un tema de conflicto de intereses. Por ejemplo, si antes, durante o después de mi gestión pública tengo relación con un privado y tengo intereses en la empresa en que yo trabajaba, y ahora participo en la licitación que yo controlo…

—Hay políticos o administradores notorios que minimizan esa cuestión, y alegan que con lo chico que es Uruguay está todo el mundo emparentado o tiene vínculos entre sí…

—Hay normas que no se cumplen. En Uruguay está la obligación de hacer una declaración de implicancias cuando estás en un cargo público. Estamos planteando a los diputados que están con este tema que en la declaración jurada se incluya una declaración de implicancias, en la que aparezca la relación con tales empresas. Esa es la manera de dejarlo claro y que nadie piense que hay algo sucio.

A propósito del índice de Transparencia Internacional, que posiciona bien a Uruguay, en realidad es un indicador de percepción de la existencia de corrupción con base en encuestas a actores calificados. No es un índice que cuantifique casos o magnitudes en un país.


“En Uruguay falta saber quién es el actor que se preocupa por las investigaciones específicas por corrupción, el que ve el mapa y dice: acá hay un riesgo.”


—Pero es un indicador que cubre un espectro muy grande de opinión. Lo que digo de Uruguay lo digo porque estuve trabajando en 16 países. En Brasil, Odebrecht pagó 4.000 millones de dólares en sobornos. Nosotros estamos preocupados, y los tipos se reían, ¿por cuánto?: 20 mil o 30 mil dólares. Esa es la corrupción de Uruguay. Es bueno que no nos fijemos en el monto y digamos, sea lo que fuere, que está mal. Es la forma de preservarnos para no llegar a 4.000 millones. Nos puede pasar. Las cifras que hoy se están moviendo en el mundo, el comportamiento delictivo de muchas empresas sacrosantas privadas que se mueven coimeando gente en el mundo, nos ponen en riesgo. Si en Brasil buena parte de los esquemas de corrupción brutal están centrados en la obra pública y en Argentina también, entonces miremos la obra pública como zona de riesgo. Hay técnicos que te dicen: acá está todo el sistema implementado, pero en el año electoral no digas que hay que parar una inversión para revisar algo, porque te dicen que no. n

El asunto de las tarjetas corporativas

Nadie controlaba el uso

—La Junta pidió una ampliación de información sobre el uso de tarjetas corporativas en Ancap sin mencionar nombres particulares, pero el período elegido coincide con la gestión de Sendic.

—No nos metimos en el tema de las tarjetas corporativas de Ancap porque un día alguien se levantó y dijo “Este es un lindo tema”. Nos metimos porque es un hecho público que generó información en un tema que nos preocupa, y la Junta no puede decir “no sabe, no contesta”. Entonces vamos a averiguar en serio –esto lo recalco– qué pasó. Qué se compró, qué respaldo hay… Lo que se hizo público fue de un período. Lo que digo es que no es una persona, sino todos los que aparecen en ese período. Después veremos qué surge. Pero lo primero es que desde el Estado haya un trabajo serio. Por ejemplo, ¿alguien le preguntó a Ancap si controla que las tarjetas se usen para fines personales o institucionales? Preguntamos eso y nos contestaron que no se analiza. Nos preocupamos. Nosotros tenemos que ver para qué se usaron las tarjetas, por eso pedimos toda la documentación respaldatoria. Que tiene que estar, y según el procedimiento definido por Ancap cada director es responsable de en qué gasta. La información que nos llegó confirma que no se controlaba en ese período si había uso personal o institucional. Sí estaba claro que debía presentarse la rendición del gasto con los comprobantes. El tema del procedimiento no es un tema de la Junta, entonces pasamos la información al Tribunal de Cuentas, a ver si le parece que hay algo para hacer.

—¿Pueden derivar la información a la justicia si hay gastos personales no respaldados, o podrían emitir un pronunciamiento sobre la situación?

—Podríamos derivar a la justicia si nos genera dudas en el plano penal. Podríamos derivarlo a otro organismo si entendemos que hay faltas, por ejemplo las previstas en el decreto 30/2003 sobre normas de conducta del funcionario público.

—Si entienden que son faltas administrativas, ¿a qué organismo lo derivarían?

—Ahí depende de la persona y en qué está, si sigue siendo funcionario público o no. Y por otro lado hay dos pasos medio cantados. Uno es, en caso de que tengamos dudas, invitar a las personas a conversar. No podemos sacar conclusiones sin escuchar. Y lo otro es la posibilidad de informar a la opinión pública.

—Recientemente se difundió una respuesta a un pedido de informes solicitado por el diputado Ope Pasquet, donde surgió que hay un exiguo control sobre el uso de las tarjetas corporativas en todo el Estado. ¿Ustedes podrían sugerir algún protocolo estandarizado?

—Las tarjetas corporativas son un medio de pago, es exactamente lo mismo que plata. El problema está en si vos, con tarjetas o plata, comprás cosas personales… Hay una cosa de sentido común: yo no podría pagar cosas mías con plata del organismo donde trabajo, con tarjeta o sin tarjeta. No es sólo una cuestión ética, puede ser un delito, y si no es un delito, el decreto 30 dice que yo no puedo usar plata para fines personales y que tengo que poner los comprobantes arriba de la mesa. Si nadie me pide eso o si me lo piden para la tarjeta y no me lo piden cuando llevo plata, algo anda mal. Estos episodios recientes dejan claro que estamos débiles. Se arregla con un procedimiento, ¿no? Pero sería importante que hubiera un procedimiento relativamente uniforme para las tarjetas corporativas. Nuestro rol no es fijar procedimientos. El Estado debería preocuparse, porque en general me da la impresión de que hay mucho mal uso, a veces por desprolijidad, a veces porque nadie me dijo nada y un día lo hice y no pasó nada y lo hago de nuevo. Nosotros, funcionarios públicos, tenemos que pensar que la gente nos está mirando, y cualquier cosa desprolija que hagamos no sólo afecta nuestra imagen sino todo un sistema. Y dejémonos de embromar con la transparencia y mi intimidad. La Junta va a seguir mirando la realidad y eligiendo algunos temas que nos preocupen a nosotros y a la ciudadanía, para aclararlos. ¿Por qué eligiendo? Porque somos tres gatos locos, tenemos un presupuesto irrisorio y tenemos que justificar un rol.

Odebrecht

Conexiones orientales

Si bien desde hace un tiempo diversos medios vienen difundiendo nombres de sociedades offshore y de conocidos estudios jurídicos relacionados con el escándalo brasileño investigado por la operación Lava Jato, la detención en Uruguay de Andrés “Betingo” Sanguinetti, hermanastro del ex presidente uruguayo y dirigente de Peñarol, pareció despertar a unos cuantos. Sanguinetti, requerido por Interpol, recuperó su libertad tras pagar 30 mil dólares de fianza, pero espera la extradición a Andorra, tras ser denunciado en Brasil por facilitar la circulación de coimas mediante cuentas en la sede uruguaya de la Banca Privada de Andorra (Bpa). Según El País, el presidente de Bpa en Uruguay era el Eduardo Ache, también colorado y ex presidente de Nacional, quien renunció meses antes de que la institución se retirara de Uruguay.

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