«Con un boleto mis hijas no comen»
Ana1 vive con su pareja y sus tres hijos. «Tengo la suerte –porque la verdad es suerte– de que mi pareja no trabaja en el mismo rubro que yo. Pero igualmente se nos hizo muy cuesta arriba», dice. Desde que comenzaron a negarle el salario, cuenta que las cenas empezaron a ser café con leche y un pedazo de pan. Y, en los últimos meses, no fueron pocas las veces que ha tenido que decidir si en la casa comen todos o solo los niños.
Ana trabaja en un centro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y no cobró su sueldo durante dos meses. Preguntó varias veces cuándo iba a percibir lo que le correspondía, pero las respuestas no llegaban. «Hago pausas porque la verdad es que recordar cómo una tiene que achicar gastos en un montón de cosas, principalmente en la comida, duele y da tristeza. Uno es grande, pero en los niños…», cuenta. Las conversaciones con su pareja sobre el dinero se convirtieron en cosa de todos los días. Entre ambos, debieron decidir qué cuentas no iban a pagar para poder alimentar a los pequeños. Por suerte, dice, contaban con ayuda de la abuela de su pareja, jubilada, que los invitaba a almorzar y así solucionaban al menos una de las cuatro comidas diarias.
A pesar de todo, siguió yendo a trabajar. «Teníamos que ver cómo llegar, porque a veces nos pagaban los boletos, pero no nos cubrían todos los días», explicó. «Ir a trabajar así es estresante y triste, estás pensando en cuándo vas a cobrar. Y juegan con la necesidad de un trabajador porque saben que no vamos a renunciar por lo difícil que está conseguir trabajo hoy en día», afirma. Y agrega: «Con un boleto mis hijas no comen».
«Es horrible estar en nuestra situación y, así, tener que trabajar con las personas en situación de calle. Tenemos que escuchar sus problemáticas y estar con nuestra mejor cara, mientras nos falta todo», explica.
«Toda la Navidad sin plata»
La primera vez que le retacearon el sueldo a Belén fue en 2024. El año pasado llegó a cobrar una parte el 28 de diciembre. «Pasamos toda la Navidad sin plata», cuenta.
Para no volver a pasar por lo mismo, buscó otro trabajo –aunque en el mismo rubro del Mides–, gestionado por otra organización de la sociedad civil que tiene convenios con el Estado. «Lo que sucede», explica, «es que, como son empresas tercerizadas, no les llegan las partidas desde el ministerio y no nos pueden pagar a nosotros; tampoco nos pueden dar adelantos de sueldo porque no cuentan con la liquidez». También ocurre, según Belén, que las mismas organizaciones se demoran en la rendición de cuentas y eso, a la vez, retrasa las partidas. Todo eso provocó que en su nuevo trabajo le volviera a pasar lo mismo: estuvo dos meses sin cobrar sueldo y en la actualidad, cuando lo cobra, siempre es con atrasos.
«Ahora estamos con la amenaza de que no hay plata en la organización y no sabemos cuándo vamos a cobrar, ni siquiera sabemos si vamos a cobrar este mes. Y si no cobramos, yo no tengo cómo pagar el alquiler, porque la familia te puede ayudar –la mía me viene aguantando–… pero es insostenible», dice.
Belén vive sola con su hijo. Alquila su casa a través de un nuevo mecanismo habilitado por la Ley de Urgente Consideración de 2020. Por tanto, si un mes no puede pagar, es posible que la desalojen rápidamente. Cuenta, sin embargo, con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que ayuda con canastas alimenticias a los trabajadores. Pero con los atrasos en los sueldos, explica, siempre la corre de atrás: «Vas generando recargos porque te atrasás en pagar las cuentas y esa plata nadie te la repone, nadie te da un plus y terminamos pagando más todos los meses».
Su entorno insiste con que cambie de trabajo. «Sí, claro, podemos cambiar de trabajo, pero tendríamos que buscar otro rubro y, además, alguien tiene que hacer este trabajo. El problema es que, esté el gobierno que esté, el problema persiste. Las políticas sociales tienen que cambiar.»
«Hay mucha incertidumbre y la situación es muy angustiante», relató. En la organización en la que trabaja Belén son muchísimos los trabajadores que viven esta misma realidad: «La única manera de que esto se solucione es dejar de ser tercerizados, pero no hay una respuesta, ni siquiera de que pueda llegar a ser posible», opinó.
«Estuve a punto de perder la casa»
Lucía tiene 43 años, es jefa de hogar y tiene tres hijos a cargo. Trabaja en un refugio de 24 horas y su rol también está tercerizado. La organización de la sociedad civil para la que trabaja pertenecía a una iglesia, hasta que un día el pastor les comunicó que «se iban a ir». Cuando comenzaron las preguntas sobre el despido y la indemnización, nadie respondía. Gracias a Sutiga, lograron que la organización fuera absorbida por otra. «Estuvimos cuatro meses sin cobrar», relata. El contrato con la nueva organización termina en abril y esta semana les comunicaron que «se cayeron algunos proyectos por parte del Mides y nos quedamos sin trabajo. Estamos desesperadas».
El golpe de esos cuatro meses fue duro. Lucía es hipertensa y contó que durante ese tiempo no pudo acceder a la medicación para controlar su patología. «Tengo que cuidarme por mis hijos, porque, cuando me sube la presión, paso días descompensada», explicó. Al igual que sus compañeras, en esos meses no les alcanzaba el dinero para comer. «En mi caso, quedé en el Clearing, pero hay compañeros que se quedaron hasta sin casa», narró; «yo estuve a punto de perder la casa».
Lucía trabaja en un refugio que alberga a 12 varones, desde jóvenes hasta adultos mayores. Según explica, los trabajadores siempre están presentes para los usuarios: los escuchan y los apoyan. Pero trabajar en esas condiciones no es fácil. «Los chiquilines del refugio compartían su comida con nosotros, nos ofrecían y nos decían que comiéramos con ellos. Una vergüenza terrible», relató.
Además de su patología de base, los médicos la derivaron al psiquiatra porque no podía dormir, pero en su mutualista no le dieron hora. «Yo le dije al médico que, si me pongo a llorar en mi casa, se me pasa», contó. No fue la única de su equipo que terminó en consultas con especialistas en salud mental. Según cuenta, las fiestas fueron momentos «muy duros» de transitar: «Yo tengo familia y me pude ir a pasar con ellos, pero tengo compañeros que están solos y pasaron deprimidos».
«Los usuarios nos guardaban bandejas de comida»
María tiene 29 años y un hijo de 3. Trabaja en un centro de 24 horas para personas en situación de calle. En los últimos seis meses, solo cobró en fecha en dos ocasiones y llegó a estar tres meses consecutivos sin percibir su sueldo. «Esto se normaliza. Hace muchísimos años pasa lo mismo», dice. Al vivir en una cooperativa, no enfrenta un desalojo inmediato, pero ya recibió un aviso de predesalojo por no poder pagar la cuota mensual.
Cansancio, depresión, agotamiento, insomnio y mala alimentación fueron los primeros efectos del problema en su cuerpo. Cuenta que toda esta situación repercutió en su salud: dolor de cabeza, estrés, pérdida de pelo y hasta un derrame en un ojo. Pero no fue la única. Según explicó, había compañeras en tratamiento oncológico que tuvieron que suspenderlo por no poder costear la medicación. También había colegas con depresión que tampoco podían comprar los antidepresivos. «Y ni hablar de adelgazar, por el estrés y por el mal comer», dijo.
Para su alimentación, recibía canastas del sindicato. Recuerda, además, que estaba pendiente de las clases de su hijo, porque al menos esos días no se preocupaba por el desayuno y la merienda. «En el centro donde trabajo, los usuarios nos guardaban bandejas de comida para que nos lleváramos a nuestras casas», narra.
María agrega que son momentos «de mucha hostilidad en el espacio laboral». Por ejemplo, en los centros faltaban bandejas de comida para los usuarios porque los trabajadores se las llevaban para que pudieran comer sus familiares. Y, cuando sobraban, se provocaban peleas entre los propios trabajadores para ver quién se quedaba con los restos.
En el ámbito familiar tampoco fue fácil. La trabajadora contó que hubo compañeras que tuvieron que mandar a sus hijos a vivir con familiares para asegurarse de que no les faltara el plato de comida.
«La cooperativa nos decía que teníamos que estar agradecidos porque nos daban boletos para ir a trabajar, pero nos los contaban y nos daban solamente uno para ir y otro para volver. Por tanto, si tenía médico, no tenía cómo moverme hasta la mutualista», recuerda.
El sindicato
«Es un tema inherente a la tercerización», explicó al semanario Diego Andrada, vocero de Sutiga. El sindicalista señaló que este problema se padeció también durante la administración anterior, con los exministros Pablo Bartol, Martín Lema y Pablo Sciarra.
Según relató, con Gonzalo Civila a la cabeza del ministerio hubo tres grandes retrasos en los sueldos: el primero en mayo de 2025, otro en noviembre y el que están atravesando en la actualidad.
El sindicato fue recibido la semana pasada por el ministerio. «Nuestra postura es la presupuestación, pero nos dejaron claro que eso es imposible y que no hay voluntad política para presupuestar a todo el sector», dijo Andrada. El representante del sindicato sostiene que existen áreas sensibles que también sufren las consecuencias de la tercerización, como los equipos que atienden situaciones de violencia de género, que deben ser contempladas.
El martes, Civila, acompañado por el presidente de la república, Yamandú Orsi, presentó el plan La Calle No Es un Lugar para Vivir, una estrategia nacional para abordar el problema de la situación de calle. Allí se anunció que se implementarán más de 40 medidas de mitigación, entre ellas, la ampliación a 8 mil plazas en refugios y la reconversión de 3 mil de esas plazas en viviendas con acompañamiento social para 2028.
En ese marco, el sindicato entiende que será necesario ampliar la cantidad de trabajadores. En la conferencia no hubo menciones al respecto.
- En esta nota se utilizan nombres ficticios con el objetivo de no exponer a las trabajadoras que brindaron su testimonio. ↩︎
