Tres declaraciones que describen la estructura y las acciones del denominado Escuadrón de la Muerte resultan confirmatorias –periodística y penalmente– de las operaciones perpetradas por agentes policiales, militares y civiles (incluso integrantes del propio gobierno de la época) en predictadura. Los testimonios pertenecen a ex integrantes de la organización: dos de ellos son conocidos (los de Nelson Mario Benítez y Nelson Bardesio), pero recientemente se agregó un tercero, el de un ex funcionario policial que compareció ante la justicia penal.
En realidad, las declaraciones de este último fueron formuladas hace dos años y medio, en el marco de un interrogatorio, entonces a cargo del juez Pablo Eguren, que no refleja profundidad ni agudeza ante un testigo evidentemente dispuesto a revelar información.
Sin embargo, las escuetas declaraciones del interrogado –apenas dos carillas– involucran seriamente a Bardesio y al ahora empresario Miguel Sofía, sobre quien pesan sospechas de una eventual fuga, puesto que acaba de vender sus empresas de comunicación y se ha mostrado preocupado por su situación en distintas oportunidades y ante diversos testigos, según constató Brecha.
Fuentes consultadas por Brecha indicaron que el testigo clave es un ex funcionario policial que admitió la existencia de una organización dedicada a cometer violaciones a los derechos humanos; específicamente relató cómo Bardesio jugó un papel protagónico en la desaparición forzada de un joven que muy presumiblemente era Héctor Castagnetto.
Según la narración de Benítez ante el senador Juan Pablo Terra y el arquitecto Juan José Sostuyo, el 2 de marzo de 1972, y la del propio Bardesio ante los tupamaros durante su detención en la Cárcel del Pueblo, para el secuestro y tortura de Castagnetto se utilizaron dos casas: una en El Pinar –propiedad de Bardesio– y otra en la calle Araucana, en Carrasco, en la que residía el mentor paraguayo del Escuadrón, Alejandro Crossa Cuevas (véase en nota adjunta la declaración de Bardesio sobre el asesinato de Castagnetto).
INVOLUCRADOS. En aquel momento las declaraciones de Benítez fueron realizadas “antes de que hubiera ninguna manifestación relativa a confesiones o declaraciones que pudiera haber hecho el señor Bardesio”, según las palabras de Terra, registradas en la sesión del Senado del 7 y el 8 de junio de 1972. El testimonio de Benítez, además, fue ratificado en un acta notarial fechada el 2 de mayo de 1972: en el acto estuvieron, en calidad de testigos, los legisladores Daniel Sosa Díaz, Hugo Batalla, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Guillermo García Costa.
Más de 33 años después, en 2005, las declaraciones del ex funcionario policial ubicado e interrogado por la justicia a pedido del Serpaj coinciden con el testimonio de Benítez ante los parlamentarios y de Bardesio ante los tupamaros. Pero, además, el interrogado admitió que formó parte del operativo. Según supo Brecha, el ex funcionario dijo que en la casa de El Pinar vio a un joven tirado en un rincón, al que luego trasladaron rumbo a Montevideo. También relató cómo Bardesio buscó comunicarse con “alguien de la marina” para culminar el crimen.
Los datos aportados por el interrogado también coinciden con las conclusiones a las que arribó en 2003 la Comisión para la Paz. En su informe oficial, ésta estableció haber encontrado “elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir” que Castagnetto “fue llevado en primera instancia a un chalet del balneario El Pinar y posteriormente traído a una casita en Montevideo, en la calle Araucana, donde fue sometido a torturas; en la madrugada del día 18 de agosto de 1971, sobre la hora 1, fue trasladado a otro lugar y ejecutado. Su cuerpo –según la información recibida– fue tirado al Río de la Plata, en la zona del Cerro”. Sin embargo, la comisión no individualizó a los responsables. Pero otro informe oficial entregado en agosto de 2005 al presidente Tabaré Vázquez por parte de la Armada, sí aporta oficialmente un nombre: “29/4/1972: Según declaraciones del agente Bardesio secuestrado, el sujeto fue arrojado a la bahía por el capitán de navío Jorge Nader”, quien ha fallecido. Pero otros están vivos.
PIRÁN Y SOFÍA. Por ejemplo, el ex policía interrogado en sede penal sostuvo que Sofía integraba la organización –como antes lo habían señalado Benítez y Bardesio– y que estaba relacionado con un “paraguayo” (Crossa Cuevas).
En su declaración ante la justicia, Sofía negó su participación en el Escuadrón, ni siquiera aceptó haber participado en la jup. Pero admitió su vinculación con el ex subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara, con Bardesio, con Crossa Cuevas y con el coronel Walter Machado (todos hombres clave del Escuadrón).
También fue interrogado Carlos Pirán, quien negó conocer a “ningún Escuadrón” así como la existencia de “torturas” en aquellos años. Pero Pirán dejó un flanco que el juez Eguren no profundizó: no supo explicar cómo llegaron a sus manos las actas parlamentarias en las que Bardesio supuestamente se desdice, y que fueron robadas del Palacio Legislativo. El ex gobernante colorado entregó a la sede penal una copia de las actas de la comisión investigadora sobre actividades terroristas, fechadas el 10 de junio de 1972, y que habían sido “extraviadas”.
Por otra parte, también declararon el inspector retirado Jorge Grau Saint-Laurent (activo participante en la formación del Escuadrón), Washington Grignoli y Pedro Mato, quienes también negaron su responsabilidad en esa organización.
El fiscal Ricardo Peciballe y la jueza Graciella Eustacchio pretenden interrogar a otros testigos y presuntos ex integrantes del Escuadrón, o a funcionarios eventualmente vinculados a la organización.
En calidad de testigos, la jueza se dipone a citar a los ex senadores Carlos Julio Pereyra y Guillermo García Costa. Y en algún momento también está prevista la declaración de Julio María Sanguinetti.
El delito que se persigue es el de desaparición forzada, que es imprescriptible. No obstante, si se considerara que el caso debe caratularse como homicidio muy especialmente agravado, el plazo de prescripción se cumpliría a mediados de 2009.
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Sanguinetti y el proceso
La denuncia
Con el patrocinio de Serpaj, Ana Castagnetto se presentó en junio de 2005 ante el Poder Judicial a solicitar que se investigue el destino de su hermano Héctor. La denuncia penal por desaparición forzada quedó en principio en manos del juez penal de 11º turno, Roberto Timbal, pero éste declinó actuar al entender que correspondía enviar la denuncia al juzgado que ya había entendido en esta causa en 1987. En aquel momento, el entonces diputado Nelson Rovira (Frente Amplio) había denunciado la desaparición de Héctor Castagnetto da Rosa y de Abel Ayala, y los homicidios de Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Pero el gobierno de Julio María Sanguinetti mandó archivar el caso alegando que había sido alcanzado por la ley de caducidad.
En 2005 el caso fue derivado a la sede penal de 8º turno, a cargo de Eguren, e intervino la fiscal penal de primer turno, María del Huerto Martínez. No obstante, ambos cambiaron de oficinas –Eguren a una sede de lo contencioso administrativo y Martínez a la órbita civil–, y ahora el caso quedó a cargo de la jueza Graciela Eustacchio y del fiscal Ricardo Perciballe, que han decidido arrestar a Bardesio.
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Inacción
Según consta en el expediente judicial, la dirección de Ituzaingó donde Brecha encontró a Bardesio figura en el expediente judicial desde hace un año y medio. No obstante, el juez Eguren no lo requirió.
Interpol Uruguay, en coordinación con su par argentina, obtuvo datos de la casa, de la esposa de Bardesio, e incluso de su auto: un Citröen C3 patente EQI 185, que siempre está parado a la vista de los peatones. Ahora, el fiscal Perciballe y la jueza Estacchio tomaron cartas en el asunto, y procuran encarcelar al ex represor.
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