“Si no hay una política de retornos, tampoco habrá base para la política de refugiados”, dicen los burócratas de la Comisión Europea en cada reunión donde el tema es abordado, entendiendo por “retorno” la deportación. Organizaciones no gubernamentales que trabajan en la asistencia a los recién llegados, y que han hecho por ellos mucho más que los estados, vienen denunciando que las deportaciones son cada vez más expeditivas y se hacen en muchos casos sin ningún análisis previo de los casos. “Se niega muy rápidamente el estatuto de refugiado a gente que a toda vista podría aspirar a tenerlo, a familias enteras”, dicen en Médicos Sin Fronteras. Otras asociaciones denuncian las condiciones en que se producen las deportaciones, violentas, con sedaciones forzadas de los expulsados, sin la intervención de los organismos de control previstos por las leyes europeas. Lo denuncian en España, en Alemania, en Austria, y por supuesto en los países del este, los más duros. “Si no todos, la mayoría de los estados europeos no cuentan con un sistema eficaz de control independiente en cada uno de los vuelos de deportación”, comentó Barak Kalir, profesor de la Universidad de Ámsterdam especializado en el tema. “Por ejemplo, en Holanda, mientras la policía nos dice que los agentes son muy educados con los repatriados y cumplen de forma estricta los derechos humanos, otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian hechos muy graves. Si el deportado denuncia agresiones y tiene incluso pruebas de ello, la policía puede argüir que actuó de manera proporcional a la resistencia del refugiado en el vuelo. Sin un control independiente es imposible saber quién dice la verdad.”
Stop Deportaciones, una plataforma de Ong españolas, critica también la actitud del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que avaló la instauración de mecanismos de “retorno digno” de aquellos que “no necesiten protección internacional”, pero no se ha preocupado de verificar que el conjunto del proceso, partiendo del trato al llegar y el análisis de los casos, se lleve a cabo en condiciones de respeto al candidato al refugio. “Piensan que para que unos se puedan quedar, otros se tienen que ir. La protección internacional es obligación de los estados. No se puede, a cambio de proteger a unas personas, desproteger a otras, sean refugiados o migrantes. La dignidad es contraria a la base de las propias deportaciones”, dijo una vocera del colectivo al diario digital Público.
El caso húngaro rebasa todos los límites. El país gobernado por el ultraderechista Víktor Orban ha gastado el triple en intentar repeler a los refugiados de lo que destinó a ayudar a los que lograron entrar e internó en campos infectos: 100 millones de euros se han ido en algunas semanas en vallas, alambradas y personal de control, y 25 millones es el presupuesto asignado para todo 2015 a los organismos públicos encargados de analizar las solicitudes de asilo, y mientras tanto prestar asistencia a quienes las formulan. Hasta fines de agosto eran 160 mil los sirios, paquistaníes, iraquíes arribados a Hungría vía terrestre, camino hacia Alemania y el norte de Europa. La enorme mayoría ha ido a parar a campos en los que son tratados “peor que animales”, según denuncias coincidentes de múltiples Ong.