“En este tema, señor presidente, me rindo.” Tal fue la coartada que utilizó el senador Luis Rosadilla para eludir una zancadilla de su colega blanco Aldo Lamorte, que exigía una definición sobre la verdadera postura del Frente Amplio cuando el debate, el lunes 23 de diciembre, evidenció una seria contradicción.
A mediados de diciembre el Parlamento encaró la tarea pendiente que reclama, cada año, la prórroga por ley de la presencia uruguaya en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). La Cámara de Diputados, al aprobar el proyecto que renovaba la participación y establecía la reducción, en un tercio, del contingente de 953 efectivos uruguayos, introdujo un tercer artículo, por el que se faculta al presidente de la República a ordenar el retiro total de las tropas.
Fue ese aditivo el que generó la contradicción frenteamplista en el Senado, una contradicción que se exhibió en la discusión abierta, pese a que el tema había sido analizado, poco antes, en una reunión de bancada. La inclusión del tercer artículo no era sino la formalización de la postura del presidente José Mujica y del canciller Luis Almagro; pero las resistencias, hasta ese momento asordinadas, sobre la eventualidad de un retiro definitivo y total de las tropas uruguayas en Haití fueron finalmente expuestas a la discusión interna. Como es habitual la bancada no llegó a una posición taxativa, pero pareció incidir en la balanza la explicitación de la senadora Lucía Topolansky de cuán firme era la postura del presidente en el tema.
En el plenario, tras la introducción inicial del senador Rosadilla, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y miembro informante del proyecto de ley, incidió en el debate la posición del senador Carlos Baráibar, del Frente Liber Seregni, cuya interpretación del espíritu del texto jerarquizaba la necesidad de que las tropas uruguayas siguieran participando en las tareas de estabilización en Haití. “No tengo la menor duda de que retirarse por decisión unilateral o multilateral –de todos los países que están allí o, por lo menos, de un número importante de ellos– sería dejar la situación a la buena de Dios, o sea, un acto de terrible irresponsabilidad internacional. No tengo la menor duda de que tenemos que hacer los máximos esfuerzos por permanecer allí”, había argumentado Baráibar.
Una postura más mesurada, pero en el mismo sentido, había adelantado Rosadilla, con el matiz de que la presencia uruguaya dependía, en buena medida, de la posición de Argentina, Brasil y Chile. (Desde la última reunión de ministros de Defensa en Punta del Este, Brasil impulsa un retiro gradual de las tropas latinoamericanas de Haití; Chile, a fines de año, aprobó la prórroga de su permanencia, en medio de un debate muy similar al uruguayo.)
La interpretación de que la ley que sancionaba la prórroga de hecho convalidaba la continuidad de la presencia militar uruguaya en Haití generó la controversia cuando el senador Óscar López Goldaracena, del Partido Comunista, expresó su discrepancia frontal: “Leo este proyecto de ley de manera diferente. Para nosotros, en esta iniciativa se está proponiendo un retiro escalonado –por cronograma– de las tropas uruguayas en Haití. Se nos pide una prórroga pero el proyecto de ley establece claramente que en abril de 2014 se van a reducir en un 33 por ciento los efectivos uruguayos en Haití y, al mismo tiempo, se establece expresamente la posibilidad –que no es redundante sino que responde a un caro interés de buena parte de la sociedad uruguaya y de la sociedad civil latinoamericana– de que el Poder Ejecutivo examine y proceda en cualquier momento a retirar la totalidad de las tropas en Haití, comunicándolo a la Asamblea General. Mi visión es completamente diferente a la que se ha dado precedentemente”.
Tanto el senador Baráibar como Rodolfo Nin Novoa habían hecho hincapié, en la sesión de la comisión que analizó el tema, en que el mantenimiento de la Minustah había sido expresamente solicitado por el gobierno del presidente Michel Martelly. Pero el senador López Goldaracena recordó que el propio Senado haitiano reclamó recientemente el retiro de las tropas de las Naciones Unidas. “Uruguay no debió haber participado en este proceso; lo he manifestado y lo digo ahora en este ámbito. En Haití existió un golpe de Estado; en Haití existió, en alguna medida, una línea política continuista de ese golpe de Estado, y la intervención por parte de las Naciones Unidas en ese país puede leerse como una legitimación de esa continuidad”, argumentó López Goldaracena, para quien la presencia militar de las Naciones Unidas de alguna manera convalida el avance de intereses trasnacionales, en especial mineros, para una explotación de las ventajas que ofrece la situación social haitiana. “Este proyecto de ley debe ser leído como el retiro de las tropas uruguayas en Haití”, concluyó.
Las posiciones antagónicas entre senadores frenteamplistas impulsaron al senador Lamorte a preguntar cuál era la postura oficial, y fue allí que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional confesó que se rendía. El proyecto –incluido el artículo 3– fue aprobado por 19 de los 22 legisladores presentes, pero el debate reveló que el tema se convertía en otra cuña en el corazón del gobierno, ya sacudido por las confrontaciones que generó el tema Pluna.
En el momento de enfrentar el tema de la prórroga, la posición del gobierno parecía consolidarse en la postura adelantada por el presidente Mujica: “Hay factores de estancamiento político de la propia sociedad haitiana. Debió haber elecciones para renovar el Senado y vemos que no pasa nada”.
La postura de Mujica tuvo una expresión política concreta cuando el canciller Almagro se entrevistó en Puerto Príncipe con el presidente Martelly para expresar la preocupación uruguaya ante la dilación del llamado a elecciones parlamentarias, considerado como una expresión real de avance hacia la normalización democrática (Brecha, 13-XII-13). La presión uruguaya –y también la brasileña– no modificaron la postura del presidente haitiano; Almagro reiteró que en Haití “no se está cumpliendo con el cronograma de normalización política”, y el presidente Mujica adelantó que “no se puede estar indefinidamente ahí”.
Las diferencias emergieron en la instancia de renovación de la prórroga, y su exposición pública motivó una serie de trascendidos. Según fuentes del Poder Ejecutivo, es el propio ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien resiste la eventualidad de un retiro definitivo de las tropas uruguayas en Haití. Los anuncios del presidente Mujica provocaron, en su momento, actitudes corporativas de oficiales en actividad, para quienes un retiro de Haití implica un recorte sustancial en los ingresos de los militares que integran los contingentes, en un sistema de relevos que “democratiza” el flujo de las “extras”. Las fuentes dijeron que aun cuando la postura del ministro de hecho convalida tales reclamos, su resistencia a un retiro definitivo responde a una apreciación de la importancia y la conveniencia de que las Fuerzas Armadas uruguayas participen en el despliegue de tropas bajo el paraguas de las Naciones Unidas.
En ese sentido, la postura ministerial tiene el respaldo político de Asamblea Uruguay y de la CAP-L, principalmente, lo que revela hasta qué punto se ha transformado la visión histórica del Frente Amplio respecto de este tipo de instancias militares internacionales. Por cierto, la institucionalidad democrática sigue ausente en la isla.
