—¿Con cuántos funcionarios presupuestados y contratados se encontró al asumir la Intendencia?
—Con 1.906. El rubro cero representaba el 86 por ciento del presupuesto total de la Intendencia. Hoy día no llegamos a 1.700, y representa el 64 por ciento.
—¿Cuántos de esos 1.906 eran de confianza política del anterior gobierno y siguieron en funciones?
—Había 30 ediles de la administración anterior que en su momento pasaron a la Intendencia, terminó el período y quedaron todos. Los cargos técnicos y profesionales que habían ingresado por designación directa, como abogados, escribanos, agrimensores y arquitectos, eran 31 y fueron cesados porque entendimos que el criterio de su ingreso fue la confianza política. No ingresaron por ser los mejores en su actividad ni por concurso. Después cesamos en Recolección a quienes entraron en febrero de este año, tres meses antes de la elección. Además ingresaron en un momento en que el sindicato estaba en conflicto, como una especie de rompe-huelgas. Cesamos a todos los otros ingresos que tuvieron lugar desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de mayo, por ser en año electoral, y cesamos a punteros políticos, que eran quienes marcaban tarjeta en la Intendencia pero hacían horario fuera trabajando políticamente. Y a otros los cesamos por una cuestión económica, porque queríamos viabilidad de la Intendencia.
—¿Se pudo cumplir con el pago de salarios a los funcionarios?
—Los meses de mayo, junio, julio y agosto los salarios los pagó el Banco República. Setiembre, octubre y noviembre y el medio aguinaldo los pagó la Intendencia con recursos propios. El 30 se pagarán salarios de diciembre.
—¿Cuántos funcionarios ingresaron en el período anterior y a cuánto redujo la plantilla?
—Ingresaron 471. Hubo 241 ceses, y algunos contratos terminaron y no los renovamos.
—Hubo cuestionamientos referidos a que los cesados fueron todos colorados y ninguno frenteamplista.
—Utilizamos dos criterios, uno político y otro económico. En el político todos los cesados tenían claramente una identificación con la administración anterior, tanto los ediles como los profesionales y técnicos, quienes ingresaron en los últimos meses y los punteros políticos, porque eran cargos de confianza. En los demás casos no sabemos la orientación política y fue un criterio económico.
—¿Esta forma de ingreso de funcionarios se termina en su administración?
—Creemos que el empleo lo tiene que generar el sector privado y no la Intendencia. El estatuto del funcionario público dice que a la Intendencia se puede ingresar por sorteo, concurso o designación directa. El problema de la administración anterior es que abusó de las designaciones directas. Nosotros mandamos un proyecto a la Junta que prevé varios límites. Los cargos de confianza no pueden superar los 20, las designaciones directas no pueden superar el 5 por ciento del total de funcionarios (con 1.700 funcionarios no puede haber más de 85 designaciones directas). Por último, las designaciones directas y los cargos de confianza se van al culminar el período en que fueron designados. La idea es que lo voten el Frente, el Partido Nacional y el Partido Colorado y que sea una disposición que, si bien la vamos a cumplir, los próximos gobiernos estén también limitados por esa norma y el que quiera derogarla pague un costo político alto.
—Además de la cantidad de funcionarios, ¿qué otros aspectos lo sorprendieron?
—Las deudas. Coutinho tomó la Intendencia con un déficit de 70 millones de pesos y nosotros la recibimos con un déficit de 750 millones. Pero además de eso, ganamos la Intendencia el 10 (de mayo) y el 13 Manuel Barreiro (intendente interino) nos dijo que no se podían pagar salarios. Entonces surgió la oferta de la Opp, que nos tiró la posibilidad de una línea de crédito por 1.000 millones de pesos.
—Firmó dos fideicomisos con parte de ese dinero que recibió del gobierno central para hacer frente a parte de las deudas, y prevé un tercero. ¿Por qué cifra y con qué destinos?
—Planificamos dividir esos 1.000 millones en tres fideicomisos: Salto, Arapey y Daymán. El fideicomiso Salto es por 300 millones, el Arapey por 200 millones y el Daymán por 500 millones. El fideicomiso Salto se creó en junio y para pagar salarios, lo que nos dio aire los primeros cuatro meses para tomar algunas medidas internas y luego hacer frente nosotros a los salarios. El pasado 15 de diciembre terminamos de pagar las deudas de la administración anterior con los trabajadores, lo que quiere decir que hoy estamos al día y lo hicimos por convenio colectivo.
—¿Y los otros dos fideicomisos?
—El fideicomiso Arapey se gestionó en setiembre, lo cobramos en noviembre. Se pagaron las deudas con los bancos y las financieras, por lo que no tenemos deudas con instituciones bancarias o financieras salvo el República. El 30 de octubre recuperamos las partidas del gobierno nacional y a fines de noviembre las recibimos por primera vez. Y recuperamos la contribución y la patente, que también estaban comprometidas con el fideicomiso. Otro destino del fideicomiso Arapey fue pagarle a una empresa del sur del país que tenía la cobranza de los tributos; rescindimos el contrato, le pagamos una indemnización y la cobranza volvió a ser de la Intendencia. El tercero es Daymán, por 500 millones, y ahí lo que vamos a hacer es pagar a los proveedores. La Intendencia tiene 600 proveedores y vamos a pagar 350 millones de pesos. O sea que de los 1.000 millones, 850 han sido para pagar deudas. En marzo o abril saldría este fideicomiso, con lo que a nueve meses de gobierno quedaríamos al día, sin deber a los trabajadores, al sistema bancario ni a los proveedores.
—¿Quedarían 150 millones de pesos de los 1.000 que da el gobierno?
—Con eso vamos a invertir en compra de maquinaria, que es un gran déficit que tenemos.
—¿Es correcto que además de a grandes proveedores se les debe también a medianos y pequeños, como ferreterías y hasta una heladería?
—Sí, hay una heladería a la que se le deben 100 mil pesos, y una carnicería a la que se le deben 950 mil pesos. La deuda más grande es con la mutualista, son 44 millones de pesos. Lo bueno de todo esto es que cuando paguemos esos 350 millones de pesos, es plata que queda acá y que reactiva el mercado local.
—¿Hubo despilfarro de dineros públicos, abuso de funciones, corrupción?
—El intendente anterior se obsesionó con su reelección. Cuando asume, en su discurso en el teatro Larrañaga termina diciendo que quiere ser reelecto, es decir que en el primer mensaje a la población le dice “hoy asumo pero en cinco años quiero ser reelecto”. En pos de ese objetivo no quiso quedar mal con nadie, no fiscalizó el tránsito para que ningún vecino se enojara, le dijo que sí a cualquier pedido de colaboración que viniera de una institución social, los funcionarios pedían aumento y no había límite. Eso lo podés aguantar un tiempo, pero no cinco años. No se controlaban las obras, por lo que si alguien quería edificaba en la vereda, y para no quedar mal no se le decía nada. Ese fue un primer error, y el segundo fue gobernar sin el contador, quien imagino le dijo infinidad de veces al intendente “este gasto no se puede” y se habilitaba igual. Llegó un momento, en 2015, en que el contador anterior ya no firmaba, él mismo era consciente de que no podía hacerlo, y ahora tenemos el inconveniente de que algunos proveedores vienen a la Intendencia a reclamar algunos pagos del gobierno anterior y cuando buscamos la documentación falta la firma en el expediente de quien en ese momento era el ordenador del gasto. Estamos viendo cómo podemos arreglarlo, porque no hay duda de que el servicio que se contrató se prestó.
—¿Qué acciones judiciales inició?
—Presentamos una denuncia penal por lo que sucedió con la embajada de Japón (que donó 61 mil dólares para un banco de leche materna y el dinero se usó con otros destinos), a la que devolvimos el dinero donado y nos comprometimos a que el banco esté en funciones para marzo, en el hospital. El 14 de diciembre fui citado junto con el secretario general por el juez penal de segundo turno de Salto y ratificamos la denuncia. Después de la feria judicial imaginamos que van a citar a Barreiro y a Coutinho. Ahora vamos a presentar una segunda denuncia, pero en crimen organizado de Montevideo.
—¿Por qué temas?
—Vamos a acumular dos irregularidades. La primera tiene que ver con dos máquinas viales que fueron vendidas en agosto de 2014. Hay un depósito de 3 millones de pesos de la Intendencia de Tacuarembó como contrapartida. Pero hay varias irregularidades: no hubo licitación, no se informó a la Junta Departamental ni hay venia de ésta autorizando, y además quien firma la venta no es el secretario ni el intendente, sino una abogada de la oficina jurídica. Junto con eso tenemos un sinnúmero de boletas pagadas por el Congreso de Intendentes del período anterior a referentes políticos y cargos de confianza de la administración anterior que no desempeñaban ninguna tarea en el congreso. Entonces no sabemos por qué les pagaban ni por qué concepto. Son pagos que no tienen contrapartida, y a personas que no estaban autorizadas por la Intendencia.
—¿Esta denuncia ante crimen organizado será por algún delito en particular?
—Nos aconsejaron juntar las dos denuncias y caratular como asociación para delinquir. También hicimos una licitación para auditar la Intendencia de 2013 a 2015, y antes de que termine el año la vamos a adjudicar.
—¿Tiene planeadas grandes obras de infraestructura para su período?
—Uno de los mayores problemas es el muy mal estado de las calles de la ciudad, para lo que tenemos 80 millones de pesos por año del Fondo de Desarrollo del Interior (Fdi). Buena parte de ese dinero irá para el arreglo de calles. En marzo arranca una intervención por 6 millones de dólares en el barrio más grande de la ciudad de Salto, que es el Ceibal, donde viven 15 mil personas. Un gran problema que tenemos ahí es que llueve 20 milímetros y el agua se mete en las casas de las familias. Salto tiene la particularidad de que tres arroyos atraviesan la ciudad, entonces cuando crece el río, como ahora, también crecen los arroyos, y de estos tres vamos a canalizar uno, el Laureles. La obra tiene un valor de 1,5 millones de dólares. Son recursos que vienen por la Opp. Tenemos también el proyecto Piai en el barrio Artigas, una inversión de 220 millones de pesos en 120 viviendas. El resto es inversión en arreglo de calles, plazas y la canalización de seis quilómetros de un arroyo en la zona del barrio Artigas.
—Una de las medidas más aplaudidas del anterior intendente fue bajar el boleto a seis pesos. ¿Qué hará en ese sentido?
—Lo subimos a diez pesos y creo que fue de las medidas más aceptadas. Sigue siendo el boleto más barato, aumentamos la recaudación, pasamos de 2 millones de pesos en junio a 5 millones de pesos en los últimos dos meses y estamos vendiendo más de 500 mil boletos al mes. Mantuvimos el boleto gratuito para jubilados y pensionistas. Hicimos un convenio con el Bps, con la modificación de que el beneficio será para jubilaciones de hasta 20 mil pesos, porque en algunos casos hay jubilaciones altas con el mismo beneficio de las de 8 mil pesos. Extendimos el boleto gratuito al Cerp, donde estudian los futuros docentes de Secundaria, a Magisterio, a la Utu. Pasamos de una pérdida de 3 millones de pesos al mes a 1 millón de pesos mensuales. El 4 de enero tomamos la frecuencia Salto-Termas de Daymán, que es muy redituable todo el año. La línea tiene frecuencias de una hora, nosotros vamos a hacerlas cada 30 minutos. Creemos que con esa línea vamos a poder cubrir ese millón de pesos que tenemos de pérdida. Somos prácticos, nos definimos de izquierda pero vivimos en un sistema de mercado, en una economía capitalista, y hay que adaptarse a las reglas de juego. Eso significa que la primera política social es una buena economía, una situación financiera de la Intendencia buena y saneada, porque si no, no podés pagar salarios, ni hacer políticas sociales, ni les generás confianza al empresario y al sistema bancario.
—La diputada colorada y ex secretaria general de la Intendencia Cecilia Eguiluz sostuvo que no se ejecutó casi nada del dinero destinado a caminería rural y del Fdi.
—No es así. Tenemos 70 millones de pesos para ejecutar del Fdi, 30 millones de pesos para caminería rural y 28 millones para caminería a través del Ministerio de Transporte. Es un total de 128 millones de pesos. Cuando asumimos el gobierno, la ejecución era del 5 por ciento, hoy día está en el 36 por ciento y además hemos comprado maquinaria por valor de 16 millones de pesos.
—¿Qué evaluación hace de la marcha del gobierno nacional y de la relación con su Intendencia?
—Ha sido muy buena. Si hemos podido avanzar en estos cinco meses y empezar a salir de esta situación compleja ha sido gracias al apoyo del gobierno nacional. Sin esa línea de crédito de 1.000 millones de pesos no sé dónde estaríamos hoy, capaz que hubiésemos renunciado todos, porque no hubiésemos podido afrontar los salarios, pagar a los bancos y liberar los recursos nacionales.
—Su acuerdo con la lista 711 fue duramente criticado por Danilo Astori, quien dijo que tenían un acuerdo previo que usted incumplió por dinero.
—Es un tema que doy como superado. Es más, en el gobierno departamental hay dos representantes políticos de Asamblea Uruguay. Todos los sectores del Frente Amplio tienen representantes en el gobierno departamental, a excepción del Mpp, que tomó la decisión de no participar, pero igual en la reunión de gabinete de los lunes participa e incluso sus representantes hacen aportes y son parte de las decisiones. Hemos tenido el apoyo de varios representantes políticos en el gobierno central que integran el astorismo, como el presidente del Banco Central, Mario Bergara, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Eso sí, no hubo ninguna suma de dinero de por medio, entre otras cosas porque el sector al que pertenezco es una agrupación departamental que tiene la independencia política y económica que nos permite movernos tranquilos, respetando las decisiones orgánicas del Frente pero sin estar sujetos a la orgánica de ningún grupo nacional. Esa independencia ha sido clave para el crecimiento que tuvimos en Salto, no la queremos perder, y cuando hacemos un acuerdo con un sector político tratamos de evitar los condicionamientos.
—Tras el acuerdo electoral, ¿coordinan acciones a nivel departamental y nacional con la lista que lidera Raúl Sendic?
—Mantenemos el vínculo y el acuerdo. La 711 tiene sus representantes en la Intendencia, y a nivel nacional tenemos trato. Felipe Carballo es diputado por Montevideo pero es salteño.
—Hay un enfrentamiento público entre Astori y Sendic y diferencias que arrastran desde años atrás. Sin embargo usted estuvo cerca de los dos. ¿Qué opina de esta situación?
—No es bueno. En Salto en su momento hubo serias dificultades dentro de la fuerza política, lo que nos llevó a perder la elección de 2010. La administración de Ramón Fonticiella fue buena, pero perdimos con Coutinho, y un elemento (en contra) fue ese resquebrajamiento, las peleas internas. Creo que aprendimos. Desde los primeros meses de 2014, cuando empezó la campaña para las elecciones internas, tomamos conciencia de que si repetíamos la historia pasada no íbamos a llegar a ningún lado, y desde ese entonces el Frente Amplio pasa en Salto por un momento muy bueno de unidad, con muy buenas votaciones.
[notice]Si fuera ginecólogo…
—Fue uno de los pocos dirigentes del FA que se opuso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo quedó su relación con los militantes frenteamplistas y organizaciones sociales que impulsaron esa ley?
—Tuve poco contacto con esas organizaciones al ser del Interior e ir a Montevideo sólo los días de sesión. Dentro del Frente Amplio no hubo mayores inconvenientes. No me sentí ladeado durante el proceso de discusión, no se declaró cuestión política y se dejó en libertad de acción a los diputados. Pero creo que es un tema laudado, no tanto por esa votación sino por lo que fue el plebiscito, donde mayoritariamente los uruguayos convalidaron esa iniciativa del gobierno nacional.
—¿Está de acuerdo con la actitud de los ginecólogos del departamento que presentaron objeción de conciencia para no interrumpir embarazos?
—La ley lo prevé, les da la posibilidad a los médicos, y están en todo su derecho de hacer uso de ese instrumento legal. Ahí ya pasa más que nada por una cuestión de conciencia de cada ginecólogo. Si fuera ginecólogo haría la misma medida.
—Eso puede aumentar el riesgo de que se practiquen más abortos ilegales.
—Hay muchos ginecólogos que no son salteños. Imagino que Salud Pública, en las situaciones que una mujer concurra a solicitar la interrupción de un embarazo, recurrirá a otros profesionales. No creo que sea un inconveniente si una mujer tiene la decisión firme, más allá de que el médico que participe no sea salteño.
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Demócrata-cristiano “con una veta marxista”
—Usted se alejó del Pdc en 2009. ¿Se sigue definiendo como demócrata-cristiano? ¿Qué implica eso para usted?
—Sí. Implica que desde lo político el mejor sistema para la preservación de los derechos y para lograr desarrollo humano con crecimiento económico es la democracia. Cristiano por los valores de convivencia, que van más allá de lo religioso. Y también hay una veta marxista. Creo en algunas categorías de análisis del marxismo.
—¿Como la lucha de clases?
—No creo en la lucha de clases. Pienso que patrón y trabajador deben complementarse. Es cierto que muchas veces el empleador trata de obtener una ganancia mayor en perjuicio del trabajador, pero se necesitan y es una ecuación donde tienen que ganar los dos. Necesariamente el empresario tiene que tener rentabilidad y el trabajador precisa que se le respeten sus derechos.
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