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Crimen de Estado

Los hechos de Iguala –donde seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, 20 lesionadas, una con muerte cerebral, y 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa secuestrados y desaparecidos (véase la edición pasada de Brecha)– configuran crímenes de lesa humanidad.

Los ataques sucesivos de la policía municipal y un grupo de civiles armados contra estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada tumultuaria y la tortura, desollamiento y muerte de Julio César Fuentes −a quien, con la modalidad propia de la guerra sucia le vaciaron la cuenca de los ojos y le arrancaron la piel de su rostro−, fue un acto de barbarie planificado, ordenado y ejecutado de manera deliberada. Forma parte de la sistemática persecución, asedio y estigmatización clasista y racista de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) hacia los estudiantes normalistas.

En ejercicio de sus funciones −o con motivo de ellas−, agentes estatales actuaron con total desprecio por los derechos humanos, violando el derecho a la vida de tres de sus víctima...

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