A intervalos, por más de 800 quilómetros de su costa norte, se extienden las mejores playas de Cuba. En muchas se levantan ya hoteles operados por compañías extranjeras, en otras comienzan a construirse o se trazan proyectos para hacerlo muy pronto. De acuerdo con las autoridades, la intención es edificar en esa zona más de 60 mil nuevas habitaciones desde ahora hasta el 2030. La mayoría estarán categorizadas con cuatro o cinco estrellas.
Se trata de una apuesta riesgosa pero inevitable. Obligada por las urgencias de importar cada año más del 90 por ciento del combustible y los alimentos que consume, la isla ha cifrado grandes esperanzas en la industria del ocio. En especial, luego de la salida de sus colaboradores del programa Más Médicos para Brasil y ante la agudización de la crisis en Venezuela. Sin esas vitales fuentes de ingresos, las finanzas públicas han vuelto a operar con números rojos, provocando una reducción de las compras en el exterior y la consiguiente escasez de artículos de consumo. Al imaginario colectivo han regresado los fantasmas del “período especial”, la terrible crisis económica que se desatara tras la caída de la Unión Soviética y los regímenes socialistas del este europeo.
Como en 1993, el turismo puede ser el elemento clave para la recuperación. Sólo que esta vez ese objetivo tiene ante sí un obstáculo formidable: la posible entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton.
UNA LEY “SUSPENDIDA” DURANTE VEINTITRÉS AÑOS. Aunque por su rimbombante nombre (Acta para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas) alguien pudiera haberle supuesto mayores alcances, la Helms-Burton fue al momento de promulgarse por el Congreso de Estados Unidos (en marzo de 1996) un artificioso gesto hacia la galería; “una excelente decisión en un año electoral en la Florida, pero una mala posición de salida ante eventuales negociaciones con el gobierno cubano”, reconocería en sus memorias el ex presidente Bill Clinton.
Impulsada por el poderoso lobby anticastrista de Miami y los millonarios aportes de compañías como la ronera Bacardí, el mayor éxito de la norma estuvo en arrebatarle a la Casa Blanca la última palabra sobre el “tema Cuba”. Así, el bloqueo se convirtió en una política de Estado supervisada por el Congreso, conjurando el escenario más temido por los líderes del exilio: el de un potencial acercamiento entre La Habana y algún mandatario demócrata excesivamente conciliador.
Tan liberal reinterpretación de las facultades ejecutivas no constituye la arista más polémica de la Helms-Burton. El nudo gordiano de su articulado radica en el título III, al amparo del cual las cortes estadounidenses quedarían facultadas para tramitar demandas de cubano-estadounidenses con ciudadanía, afectados por las nacionalizaciones emprendidas luego de 1959. Los blancos de sus reclamaciones serían el propio gobierno isleño y las empresas extranjeras que “trafiquen con propiedades de ciudadanos estadounidenses”; en otras palabras, prácticamente la totalidad de las que comercian o invierten en la isla.
Tamaño sinsentido no tardó en motivar protestas. La oposición más radical fue asumida por la Unión Europea, promotora de una demanda ante la Organización Mundial de Comercio y de un reglamento destinado a proteger a sus compañías en caso de apremios de cortes estadounidenses. En el proceso, naciones como España, México y Canadá dictaron “leyes antídoto” para contrarrestar los alcances extraterritoriales de la Helms-Burton, recuerda el doctor en ciencias jurídicas Rodolfo Dávalos, uno de los más autorizados investigadores sobre el tema en Cuba, en un reciente artículo publicado en Granma.
La magnitud de los cuestionamientos fue tal que durante los gobiernos de Clinton, George W Bush y Barack Obama se hicieron tradición las suspensiones periódicas de los títulos III y IV (este último dedicado a las sanciones contra los empresarios extranjeros que “violaran” lo establecido por la ley). Cada seis meses, el presidente de turno ratificaba la vigencia de los dos primeros títulos y volvía a poner en pausa los causantes de conflicto, pero en enero pasado Donald Trump decidió acortar la moratoria a un plazo de sólo 45 días, y a principios de marzo, a 30.
A tenor con tales cambios, el 19 de marzo la Casa Blanca autorizó la presentación de demandas contra más de doscientas instituciones enumeradas en una suerte de lista negra confeccionada por el Departamento de Estado (que abarca desde hoteles y agencias inmobiliarias hasta los ministerios del Interior y las fuerzas armadas). La amenaza explícita del propio secretario de Estado Mike Pompeo es que a partir del 17 de abril las reclamaciones podrían extenderse a prácticamente cualquier bien o activo de la isla, con la pretensión de “castigar al régimen de Raúl Castro y (Miguel) Díaz-Canel por su apoyo a la dictadura de (Nicolás) Maduro”.
¿PENSANDO EN 2020? Hacia 1959, cuatro quintas partes del territorio cubano se hallaban en manos de empresas estadounidenses y capitalistas locales, quienes incluso ostentaban la titularidad de las playas y los paradisíacos archipiélagos que rodean la isla. En la industria, los servicios y las finanzas, el papel del Estado era tanto o más intrascendente.
Los primeros años del poder revolucionario cambiaron de forma radical ese panorama, con masivas nacionalizaciones y la emigración hacia Estados Unidos de casi 250 mil personas, en lo fundamental, antiguos propietarios. Casi todos pensaban que regresarían en pocos meses.
Con la activación del título III, los sobrevivientes de aquel grupo y sus descendientes tendrían la oportunidad de reclamar ante cortes norteñas la devolución de sus propiedades o el pago de compensaciones. Al menos eso indica el espíritu de la Helms-Burton.
La realidad puede resultar más complicada. En primer lugar, por el hecho de que las autoridades de la isla se han apresurado a aclarar que no reconocerán sentencia alguna que ponga bajo cuestionamiento la soberanía nacional. Sin la posibilidad de aplicar los dictámenes judiciales en territorio cubano o apelar a recursos como la congelación de fondos (a diferencia de Caracas, La Habana no cuenta con depósitos en bancos estadounidenses), los demandantes tendrían ante sí una única vía: lograr sanciones contra empresas extranjeras y sus directivos.
Algunas asociaciones de emigrados llevan años negociando acuerdos con compañías como las grandes hoteleras españolas (administradoras de más de dos tercios de la planta turística isleña); otros han centrado sus esfuerzos en el lobby en Washington, a través de políticos como el senador republicano Marcos Rubio, autor de un proyecto de ley encaminado a anular todos los registros de marcas comerciales cubanas en Estados Unidos.
Cualquiera sea el escenario, la pretendida aplicación del título III supondría un reto para la administración estadounidense. En primer lugar, por el gran número de procesos que habrían de iniciarse; “algunos los cifran en 200 mil, otros en 400 mil, y deben traducirse (…) en embotellamiento judicial y altos costos y gastos para los reclamantes”, señala Dávalos. En segunda instancia, por el planteamiento de “un precedente legal de incalculables consecuencias (… al) desconocer el derecho de Cuba, o cualquier país, para actuar dentro de sus fronteras”, según resalta el doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de La Habana Jesús Arboleya, en un artículo para la revista online Progreso Semanal.
Más allá de fronteras tampoco debe obviarse la oposición de potencias como la Unión Europea, que a través de España y otras naciones comunitarias ha asegurado un rol protagónico dentro de la economía isleña. No por casualidad, a finales de marzo, el príncipe Carlos de Inglaterra realizó una inédita visita a La Habana y comenzando esta semana, durante las conmemoraciones por el septuagésimo aniversario de la Otan, el canciller español Josep Borrell aprovechó la ocasión para aclararle a su homólogo estadounidense que Madrid estaría “radicalmente en desacuerdo” con cualquier escenario que contemple la puesta en vigor de la extraterritorial legislación. En otros tiempos, tan numerosos inconvenientes habrían detenido la maquinaria de Washington, pero a Trump y sus seguidores parece importarles más asegurar el estratégico colegio electoral de Florida que las sutiles exigencias de la política exterior. Y en la consecución de ese objetivo resulta fundamental el apoyo de la derecha cubano-estadounidense de Miami, siempre favorable a las agresiones contra su antiguo país. Si en el proceso, además, se consigue hacerle algún daño a la maltrecha economía comunista, bienvenido sea. Del “deshielo” de Obama pocos se acuerdan ya.
