Desde hace una semana son de estado público en la web de la Corte Electoral (CE) los estados contables del ejercicio 2025 de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Es la primera vez que se presenta la información financiera de las fuerzas políticas bajo esta modalidad, establecida por la ley de financiamiento de partidos políticos aprobada en 2024. Esa ley amplía las obligaciones antes establecidas para las rendiciones de cuentas anuales de los partidos, además de facultar a la CE a auditar cada documento con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento y establecer, de ser necesario, sanciones.
La normativa, aprobada como símbolo del avance regulatorio en el marco de la lucha contra el lavado de activos, rige también para las declaraciones juradas de las campañas electorales, aunque estos documentos todavía están bajo la evaluación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que asiste a la CE en la revisión de la documentación. También serán analizadas por la Corte las infracciones de los partidos y los canales de televisión sobre el capítulo de la publicidad electoral, que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ya identificó, pero cuyas eventuales sanciones aún no se han dispuesto (véase «Letra muerta», Brecha, 23-I-26).
El proceso de auditoría del financiamiento permanente de los partidos identificó omisiones por parte de todas las fuerzas políticas y reabrió la discusión sobre eventuales modificaciones a la normativa, en pos de mejorar los procesos y apuntar a una legislación que efectivamente mejore la prevención de prácticas ilícitas en lo que respecta a las finanzas partidarias.
INCUMPLIMIENTOS
En términos generales, los partidos políticos violaron más o menos los mismos artículos de la ley. Uno de ellos fue el 51 –incumplido por todos–, que los obliga a tener un registro contable a través de «libros de contabilidad, y de donaciones y contribuciones autenticados por la Corte Electoral». También se incumplió el requisito que encomienda a los partidos a designar a un «oficial de cumplimiento», encargado de la supervisión y control de los procedimientos internos para prevenir el «lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva». La auditoría constató que este último requisito lo cumplieron solamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto. En tanto, Identidad Soberana incumplió un tercer aspecto de la normativa, ya que superó la contribución mensual que pueden hacer al partido las personas afiliadas que ocupan cargos electivos y políticos –de un 15 por ciento de la retribución líquida.
Pero el aspecto más llamativo de los estados contables de los partidos estuvo en el Partido Colorado (PC), que no presentó «los registros contables que resumen los estados financieros del partido», según el TCR, por lo que «no fue posible obtener evidencias de auditoría suficiente». Por tanto, el órgano emitió en su caso un «dictamen de abstención de opinión». En diálogo con Brecha, el presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, dijo que el órgano se comunicó y pidió a los partidos ampliar la información necesaria para completar los procesos de auditoría, pero explicó que, como meros auxiliares de la Corte Electoral para esa tarea, no les corresponde a ellos las consideraciones vinculadas a sanciones ni multas.
Por su parte, el directorio de la Corte aprobó por unanimidad todos los informes de auditoría de los partidos políticos excepto el de los colorados, que no fue votado por el ministro Pablo Klappenbach, quien consideró que la omisión debería haber motivado la discusión de eventuales sanciones a la fuerza política, según explicó en diálogo con el semanario.
Consultado al respecto, el presidente de la CE, Wilfredo Penco, dijo a este semanario que se siguen «estudiando eventuales sanciones» sin perjuicio de la aprobación de las auditorías. Además, indicó que los técnicos del TCR emitieron una serie de recomendaciones a cada partido político para que mejoren sus mecanismos de registro y entrega de información para instancias siguientes. Sin embargo, indicó que no se solicitó al PC que entregue los registros contables no presentados. Brecha se comunicó con el secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, quien indicó que el contador del partido está «trabajando el tema», pero se abstuvo de hacer declaraciones al respecto.
ELEFANTE EN LA HABITACIÓN
En términos generales, los organismos involucrados evaluaron positivamente la aplicación de la nueva normativa de declaraciones de ingresos, aunque reconocieron que la ley «necesita modificaciones». Como ya lo había anunciado en diálogos anteriores con este semanario, Penco reiteró que la idea es que los organismos se reúnan para intercambiar sobre el proceso para eventualmente presentar, en conjunto, propuestas de modificaciones. En ese sentido, un aspecto a revisar es el plazo que tienen los partidos para presentar la documentación solicitada y el que tienen los organismos para su revisión y publicación.
En diálogo con Brecha, el doctor en Ciencias Políticas Rafael Piñeiro, que ha estudiado de cerca el financiamiento político, consideró que de esta primera experiencia de aplicación de la nueva ley debería surgir una reflexión interinstitucional con respecto a cuál es la finalidad de los controles y qué aspectos le interesa monitorear al Estado.
«Primero hay que entender que se audita el financiamiento permanente de los partidos políticos porque la legislación establece un subsidio, con fondos públicos, para quienes tienen representación parlamentaria. Entonces, es relevante para el Estado saber en qué se gastan esos fondos públicos», explicó. En este sentido, consideró que las faltas que los partidos cometieron en esta oportunidad parecen referir más a una cuestión de «formas», pero «no tienen nada que ver con aspectos sustantivos». En ese sentido, se preguntó cuán relevante es que los partidos cuenten con un libro contable, o con un oficial de cumplimiento, y consideró que primero habría que pensar en «cuáles son las prácticas que el Estado quiere estimular, cuáles quiere disuadir y, para esto, qué aspectos le interesa controlar». A su entender, «esta reflexión ha estado completamente ausente en las formas de discusión de estas normativas».
Piñeiro tomó el caso del PC como ejemplo para evaluar la ley vigente. Según explicó, el procedimiento del registro contable es «costoso y requiere de una capacidad burocrática y técnica, que, si no se registró orgánicamente en su momento, luego será más caro aún reconstruir». Entonces, a la hora de declarar, «también hay una valoración de cuán importante es cumplir con esa obligación», por lo que, si es algo que no tiene sanciones, o si las multas son de bajo costo, podría optarse por esa opción. En este caso, se preguntó si no sería pertinente «suspenderle el financiamiento permanente al partido hasta tanto no presente la información solicitada», aunque en términos generales consideró que él preferiría «menos controles de forma, que complican el funcionamiento interno de los partidos políticos, y priorizar asuntos más relevantes».
Si la supervisión de los fondos busca evitar el lavado de activos, no es suficiente con controlar lo que los partidos declaran, analizó, ya que los eventuales «fondos malhabidos» que existan no van a estar declarados como tales en los registros contables presentados. En cambio, mencionó como un control central la revisión de las donaciones que los partidos reciban, cuáles son sus montos, rastrear que los donantes estén debidamente identificados para descartar orígenes ilícitos. Por otra parte, evaluó que es necesario pensar en controles externos que vayan más allá de lo declarado por los partidos: los actos públicos, la propaganda a través de redes sociales o mediante cartelería, o la publicidad electoral. «Si los órganos de supervisión monitorean toda esa actividad, pero en lo declarado esos gastos no figuran, ahí hay una omisión, y hay fondos no declarados», ilustró. «La estrategia de control debería estar concentrada para que no se nos pase el elefante por delante», concluyó.
