Tres acontecimientos han signado, en las últimas semanas, la orgánica del Frente Amplio (FA): la designación de los coordinadores transitorios hasta las elecciones internas del 5 de diciembre; la renuncia del exintendente canario Marcos Carámbula a postularse a la presidencia de la fuerza política, y las denuncias por el no pago de la contribución inmobiliaria del senador comunista Óscar Andrade por la construcción de una casa en el balneario San Luis. Los tres, en mayor o menor medida, han tenido sus puntos conflictivos.
Estos hechos, que surgen en medio del devenir y del acomodo a su nuevo rol de opositor, aparentan no corresponder con el escenario creado por la exitosa recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero también es cierto que el FA, al mismo tiempo que encara la batalla del referéndum, debe resolver varios temas pendientes, y uno de ellos es tener un centro de conducción fuerte (incluso resolver el lapso entre la renuncia del anterior presidente y los comicios que elegirán el nuevo conductor), preciso, que fije rumbo y estrategia, comentaron fuentes del FA a Brecha. En eso es importante la elección del presidente y su equipo de colaboradores. La última experiencia, la de Javier Miranda, generó varias disconformidades. Todo el mundo en la coalición frenteamplista habla de renovación programática, de adecuar estructuras a los nuevos tiempos, de tener en cuenta el interior del país, de la permanencia de una ética distinta a la dominante, de ser fiel a su definición de un partido antipatriarcal. Pero la mayor trampa a esos desafíos es la de los cambios cosméticos que asomaron en algunas definiciones, reafirmaron los dirigentes y militantes que conversaron con este semanario.
LOS TRES
Ricardo Ehrlich fue designado, por unanimidad de los miembros del Plenario Nacional, como coordinador de la institucionalidad frenteamplista y representante de la coalición frenteamplista ante todos los sectores que componen la sociedad uruguaya. De inmediato y atendiendo al reclamo de paridad de género existente en el FA, también se designó a María Jossé Rodríguez (integrante de la departamental de Río Negro) para acompañarlo en su tarea. Si bien este nombramiento ocasionó cierto ruido en la Unidad Temática de Ciudadanas Frenteamplistas porque no se tomaron en cuenta los nombres sugeridos allí, el mayor problema se generó cuando se conocieron sus antecedentes sindicales. Rodríguez (según publicó el semanario Búsqueda en su edición de ayer y reconoció la implicada) fue expulsada de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en 2003 por desconocer una resolución gremial cuando trabajaba en el banco ACAC. Ella llegó a un arreglo personal con las autoridades de la entidad, a contrapelo de lo resuelto por la AEBU. La actual coordinadora del FA dijo en la entrevista citada que en ese momento privilegió la situación económica de su familia por sobre la decisión de su sindicato.
La renuncia de Carámbula, según explicación propia a través de una carta a sectores y demás actores del FA, se justificó en razón de la «biología» y asuntos familiares. Esa dimisión deja un terreno incierto en cuanto a las candidaturas. El exintendente canario contaba con el apoyo del Movimiento de Participación Popular y del Partido Comunista, dos sectores con importante caudal electoral y presencia en la estructura de base del FA. Sin embargo, de acuerdo a fuentes frenteamplistas, aún no había logrado el apoyo de la totalidad de los «seis», es decir, de los grupos con representación en el Senado. Los pronunciamientos de apoyo se fueron dilatando en el tiempo, a pesar de que su nombre llevaba varios meses en danza. Por ello, la máxima aspiración al consenso que había puesto Carámbula como condición para candidatearse no se cumplía, al menos entre los grupos principales. Su desistimiento abre un escenario complejo porque se retira un dirigente de peso específico, con escasos cuestionamientos en la interna y con capacidad de hablar de tú a tú con los principales referentes frenteamplistas. A esta altura, el único candidato presentado es Martín Couto, propuesto por Ir. No obstante, en los pasillos de la calle Colonia circulan otros nombres en ronda, entre ellos el de la exsenadora Ivonne Passada y el del exsenador Rafael Michelini. Todavía falta definir la forma de elección del presidente, pues, cuando se hizo una abierta con adhesión simultánea, fue porque por cuatro quintos del plenario nacional triunfó la postura de dejar de lado la elección en el congreso. Eso se resolverá en el plenario de este 28 de agosto; por ahora, quienes mantienen, inicialmente, una posición a favor de que sea el congreso el que resuelva el tema son los comunistas y parte de las bases frenteamplistas.
El tercer episodio crítico es lo acontecido con Andrade, que, además, tuvo repercusión en Canelones, porque el intendente Yamandú Orsi decidió cesar a Germán Casaravilla, hasta entonces director de la Agencia Tributaria del departamento. Casaravilla comenzó una gestión para que el senador comunista saldara su deuda. Sin embargo, ese paso no estaba en conocimiento de la directora de servicios financieros, Laura Tabárez, razón por la cual Orsi decidió su remoción. Andrade reconoció el error de no haber pagado la contribución inmobiliaria y anunció que ya comenzó a resolverla con el mismo convenio que le había planteado Casaravilla, aunque esta vez con el aval de la Intendencia de Canelones. El mea culpa de Andrade sucedió a una defensa inicial e irrestricta de la mayoría de la dirigencia frenteamplista, que cerró filas con el dirigente, denunciando una campaña de enchastre por parte de los medios afines al gobierno (en lo que algunos referentes del FA reconocen como una equivocación repetida, que no pone en el centro los deberes éticos de la izquierda). Si bien el error cometido por Andrade puede considerarse un pecado venial en proceso de resolución, su actitud no puede ser homologada sin un análisis riguroso de las conductas y de cuánto ellas se alejan o no de lo enunciado como valores a transmitir y promover en la sociedad, reafirmaron las fuentes.