El lunes pasado el presidente Luis Lacalle Pou declaraba que en su gobierno eran «cuidadosos de los recursos de la gente». Obviamente, de recursos de los económicamente más poderosos, los que él denomina los malla oro, porque a los trabajadores públicos que dependen directamente del presidente de la república –Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, del artículo 220 de la Constitución– los ha castigado severamente desde que asumió el gobierno. En este artículo analizaremos lo sucedido con la administración central.
REDUCIENDO PERSONAL Y RECORTANDO DERECHOS A LOS USUARIOS
Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno, el 11 de marzo de 2020 (mediante el decreto 090/20) se ordenó un fuerte ajuste de gastos para la administración central. A través de esta disposición, el Poder Ejecutivo fijó un techo a la ejecución presupuestal para el ejercicio 2020 del 85 por ciento de los créditos comprometidos del ejercicio 2019, correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones. También estableció una fuerte reducción de personal: prohibió proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y solo permitió ocupar un tercio de las vacantes surgidas a partir del año 2020; con la excepción del personal docente, profesional técnico y especializado de la salud y policías. La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope del 60 por ciento del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto.
Como consecuencia se redujo la cantidad de funcionarios públicos de la administración central: de 78.377, en 2019, a 75.871, en 2022. La reducción no se dio en los ministerios de Defensa Nacional y del Interior (que, sumados, mantienen 60.665 funcionarios de los 60.939 que había en 2019), sino en los restantes incisos, que perdieron el 13 por ciento de sus funcionarios: eran 17.438, y quedan solo 15.206.
Está reducción de personal se reflejó en la evolución de la masa de remuneraciones pagadas en la Administración Central: mientras que en Defensa e Interior aumentaron 2,2%, en los restantes incisos las remuneraciones disminuyeron 14,1%.
Los incisos más afectados porcentualmente por esta reducción fueron: Transporte y Obras Públicas, 18,5%, Presidencia, 18,5%; Salud Pública, 17.1%; Educación y Cultura, 15,9%; Economía y Finanzas, 15,8%; Trabajo y Seguridad Social, 14%. Esta decisión implicó que miles de puestos de trabajo fundamentales para garantizar la cantidad y la calidad de los servicios públicos quedaran vacantes, lo que claramente afecta los derechos de los usuarios, básicamente los de quienes tienen menos recursos.
LES DESCUENTAN EL SALARIO A LOS TRABAJADORES ENFERMOS
Sumado a lo anterior, el Poder Ejecutivo impuso un nuevo sistema de licencias médicas a través de las leyes de presupuesto 2020-2024 (ley 19.924) y de rendición de cuentas del ejercicio 2021 (ley 20.075), que reglamentó con el decreto 760/023 (21 de julio de 2023).
Con la instrumentación del nuevo régimen, el gobierno persigue, como principal objetivo, reducir el déficit fiscal aplicando descuentos salariales a los funcionarios públicos en aquellos momentos en los que la situación económica de la familia es más compleja: cuando se transita una enfermedad que produce gastos adicionales asociados a esta y que afectan la economía familiar. La iniciativa propone que durante la enfermedad habrá nueve días en el año (alternados o consecutivos) que no implicarán un descuento y, a partir del décimo día, se percibirá el 75 por ciento del salario, lo que significa una rebaja salarial del 25 por ciento.
Para el gobierno de coalición este descuento salarial a las personas enfermas creará recursos y permitirá reducir el déficit fiscal. Para fundamentarlo, se acusa a los trabajadores estatales de abusadores, y Lacalle Pou sostiene que, «cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar». Pero detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos.
En las leyes citadas el nuevo sistema se aplicará, con algunas excepciones, a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los servicios descentralizados. Aunque, en el decreto 760/2023, se faculta (artículo 3) y se exhorta (artículo 30) a los entes autónomos de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y a los gobiernos departamentales a adoptar el sistema que se reglamenta.
En el informe Licencias Médicas 2022, de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), se observa que el promedio de días de licencia médica por funcionario certificado en los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución es, respectivamente, 30,4 y 26,6. En la administración central es de 35,7, aunque se reducen a 27,5 si se excluye los ministerios de Defensa Nacional y del Interior.
En el caso del Ministerio del Interior (MI), la situación sanitaria es mucho peor, por las características propias de la actividad que desarrollan sus funcionarios: el promedio de certificación es 43,6 días, notoriamente superior al resto. La tasa de suicidios, en tanto, fue el triple que la tasa de suicidios de la población general; mientras que en la población general la tasa es de 21 cada 100 mil, en la Policía es de 63 cada 100 mil.
Los promedios de días de duración de las licencias médicas que presenta el gobierno para fundamentar este descuento salarial son menores (salvo en el caso del MI) a los datos que surgen de un informe de los economistas Verónica Amarante y Andrés Dean,1 en el que se analizan los subsidios en el sector privado para el período 2005-2015. Allí se constata que la cantidad de días de duración promedio del subsidio por enfermedad en 2015 fue de 40 días, que es la cifra menor en los diez años que estudian. De hecho, entre 2005 y 2010 supera los 50 días y desde 2011 hasta 2014 supera los 40 días.
LAS MUJERES SERÁN LAS QUE SUFRIRÁN MÁS DESCUENTOS
En efecto, hay una clara discriminación de género, pues las mujeres se certifican, en proporción, más que los hombres y el promedio de días de certificación también es mayor.
En la administración central, del total de funcionarios certificados, el 56 por ciento son mujeres y el 35 por ciento son hombres. La diferencia es mayor en las personas menores de 30 años: las mujeres certificadas son el 54 por ciento y los hombres, solo el 26 por ciento, la mitad.
Al respecto, la ONSC pretendía dar una explicación: «Los motivos de estas diferencias deberían analizarse con mayor profundidad, atendiendo a factores como las responsabilidades de cuidados». Lo cual es absolutamente cierto, pero la explicación continúa con un profundo desacierto: dice que las diferencias también se explicarían por factores «internos a la Administración, como la motivación y visualización de las posibilidades de ascenso».2
Con esa explicación se acusa a las funcionarias de declararse enfermas, sin estarlo, porque están desmotivadas y sin posibilidades de ascenso. ¿Acaso los hombres no podrían estar tan desmotivados como las mujeres? Este análisis es una discriminación pura y dura contra las mujeres para justificar el castigo que se les aplica con el nuevo sistema de certificaciones médicas.
EN CONCLUSIÓN
Los trabajadores estatales, en particular los de la administración central, han sufrido desde que se inició este gobierno una política de ajuste muy regresiva, por reducción de funcionarios, cese de contratos, cierre de oficinas en todo el país –principalmente en el interior–, desmantelamiento de servicios, supresión de políticas sociales, reducción de gastos de funcionamiento e inversiones y, por supuesto, una fuerte pérdida salarial. Las certificaciones médicas son una perla más que muestra una profundización del sistema de desigualdad y de concentración de la riqueza.
1. Verónica Amarante y Andrés Dean (2017). Estudios sobre el Subsidio por Enfermedad en Uruguay, Oficina de la CEPAL, Montevideo.
2. Licencias Médicas 2021, ONSC, pág. 15.
