La Operación Oceáno exhibe la fina trama que la trata de personas teje en la explotación sexual entre mujeres jóvenes y adultas, entre las fronteras nacionales y las internacionales, entre el mundo del crimen organizado, el lavado de activos y la legalidad que habilita el reconocimiento de la explotación sexual como trabajo remunerado. La trama se va conformando a través de los hilos de la doble moral del reglamentarismo “a la uruguaya”. Un reglamentarismo que habilita un conjunto de disposiciones laborales con relación al “comercio sexual”, pero que no controla las condiciones que atraviesan quienes se “desempeñan en ese sector”. En ese mundo, la violencia y la explotación son las únicas reglas que se cumplen y, de la mano de la omisión estatal y de las disposiciones de proxenetas que se hacen llamar “empresarios inmobiliarios”, se habilita el consumo de cuerpos a cambio de plata, tragos, drogas y comida.
La trata de personas es un animal que se alimenta del sistema prostituyente. Ese sistema que repta, que se yergue, que camina entre nosotras, que secuestra, desaparece y mata, goza de legitimidad. Actores de las más diversas pertenencias, como Nacho Álvarez, Washington Abdala o Graziano Pascale han naturalizado públicamente las múltiples formas de explotación contra mujeres jóvenes y adultas. Este último, recientemente en una red social formulaba una elocuente pregunta: “¿Por qué el ‘patriarcado’ es abominable cuando hay sexo con una persona de 17 años y deja de ser ‘machirulo opresor’ si paga por sexo a alguien con 18 años?”.
Además de comunicadores y políticos, desde otros espacios que cuentan con un alto reconocimiento, como la academia, esta grave violación a los derechos fundamentales ha sido negada, y la pertinencia de su tipificación, relativizada. En el marco de la discusión parlamentaria de la ley vigente en materia de prevención y combate de la trata de personas (ley 19.643), el doctor German Aller, director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirmaba: “Afortunadamente, Uruguay no ha tenido, que se sepa, muchos casos […] este proyecto de ley está enrabado con otras normas legales que se acentúan o refrendan aquí y, de cierta manera, algunas de ellas nos generan inconvenientes técnicos. Por supuesto que todo lo relativo a la trata de personas, con la extensión que se ha hecho de esa expresión que quizás pueda ser correcta desde un campo sociológico, desde el punto de vista penal ya nos trae problemas. No es lo mismo lo concerniente a la esclavitud y todo su entorno que la prostitución estrictamente. No es lo mismo la esclavitud que determinados incumplimientos de pautas de derecho laboral […]”.1
En reiteradas ocasiones, estos “inconvenientes técnicos” han sido utilizados por quienes ejercen la defensa de explotadores y han servido como base de las argumentaciones esgrimidas por los operadores judiciales. Si bien la persecución penal en estos procesos es clave para debilitar la estructura de la impunidad vigente en nuestro país y el esfuerzo de fiscales comprometidas con la temática es fundamental, sabemos que la judicialización no lo es todo y que es necesario generar mecanismos efectivos de prevención y protección que estén dirigidos a las víctimas y familiares.
Hace 28 años, María Urruzola desnudó el mundo del proxenetismo en Uruguay y sus redes transnacionales; su trabajo periodístico El huevo de la serpiente mostró no sólo redes de explotación, de violencia y corrupción, sino también las debilidades de una justicia permeable a los alegatos de explotadores y a razonamientos jurídicos abominables.
Como muestra la experiencia, en la mayoría de los casos, ni con sentencia firme las víctimas fueron amparadas ni restituidos los daños causados; los lugares de explotación y sus agentes siguieron operando al tiempo que la agenda mediática que les dio aire se apagó:
¿Qué pasó con las víctimas de Javier Moya, el empresario esteño, en ese entonces propietario de La Posta del Cangrejo?, ¿por qué el doctor William Corujo –uno de los ministros que absolvió a Moya, afirmando que este “en su conocimiento interno mantuvo [relaciones sexuales] con alguien que no era menor, lo que aún no es delito en nuestro país” o que “guste o no guste, es lo que dice la ley, y no corresponde ingresar en valoraciones al protagonista judicial [sic]”– hoy es ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, máximo órgano judicial encargado del control de la legalidad a nivel de toda la administración?
¿Qué pasó con las víctimas de la Casita del Parque?, ¿qué es de la vida de los correligionarios sanduceros de Jorge Larrañaga, vinculados a este caso, donde una de las testigos claves fue asesinada?, ¿qué pasó con las víctimas vinculadas a la Operación Imperio, al Operativo Monroe, a la Operación las Palmeras?
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El miércoles 3 de junio fue una noche de otoño fría. Después de marchar desde plaza Independencia, cientos de mujeres hicimos una ronda frente a la Suprema Corte de Justicia. Fue una ceremonia para compartir el dolor del absurdo, de las violencias que atraviesan los cuerpos, que son negadas, minimizadas, que se cobran vidas y sueños.
A una compañera le sangraron los dedos de tanto tocar el bombo al grito de “ni una menos”. Pusimos a cielo abierto el pecho y el corazón para gritar sobre esa otra pandemia, la que no conmueve tanto, la que no genera conferencias de prensa diarias, ni duelos nacionales, ni destituciones, ni fondos de solidaridad, ni llamados a sala.
Madres de mujeres desaparecidas en democracia alzaron la voz por las hijas que no están, por el velo de la impunidad que todo lo cubre. Cerca del Palacio Piria gritamos también por una justicia herida y maltrecha, en la que, a pesar de todo, todavía depositamos parte de nuestras esperanzas al exigir respuestas por todos los océanos que faltan por surcar. Mientras tanto, siguen resonando las voces que hoy son más que una proclama: “¡Queremos que aparezcan todas! ¡Exigimos saber qué pasó con ellas! Hoy somos la voz de las que no tienen voz y somos también nuestra propia voz, una voz colectiva que se rebela ante los mandatos sociales, que se pluraliza en la calle y en cada grito en el que expresamos ‘ni una menos’. Somos muchas y hermanadas, estamos hartas y venimos a cambiarlo todo”.
1. Para cuestionar la pertinencia técnica de la norma, Aller realizaba afirmaciones sobre la posición “casi absolutamente mayoritaria” en torno a la derogación de la figura del proxeneta:
“… estamos planteando la derogación del delito de proxenetismo, lisa y llanamente, que se ha repetido en derecho penal desde décadas con éxito cero en nuestro país […] pero cómo no mencionar el tema del consentimiento, cuando nuestra posición casi absolutamente mayoritaria en derecho penal es que el delito de proxenetismo no debería ser tal, salvo cuando haya violencia, sujeción, cuando se fuerce a la persona a esa práctica”. Versión taquigráfica, Crr, 10-05-18.
