El freno a la voluntad popular en las elecciones de Estados Unidos

Democracia no

La historia electoral estadounidense ha sido –y todavía es– una pulseada permanente entre la restricción y la expansión del voto. La campaña de este año en la que un presidente, por primera vez, declara que tal vez no acate el resultado de los escrutinios muestra la continuidad de esa puja.

Filas de ciudadanos en la jornada de votación anticipada en el estado de Virginia, Estados Unidos, el 18 de setiembre Xinhua, Liu Jie

PERO ¿NO NOS DIJERON QUE…?

Durante el debate de la semana pasada con el vicepresidente Mike Pence, la senadora de California y candidata vicepresidencial demócrata Kamala Harris se refirió, un par de veces al menos, a «nuestra democracia». La mención excitó el dedo tuitereante del senador republicano Mike Lee, de Utah, que respondió que «nosotros [Estados Unidos] no somos una democracia». «La palabra democracia no aparece en parte alguna de la Constitución, quizá porque nuestra forma de gobierno no es una democracia», añadió Lee. «Es una república constitucional. Para mí, esto es importante. Y debería importarle a cualquiera que se preocupe por la acumulación excesiva de poder en manos de unos pocos. La democracia no es el objetivo. La libertad, la paz y la prosperidad lo son. Queremos que florezca la condición humana. La democracia total puede impedir eso.»

Por decir fútbol

Lee podría haber añadido que la palabra democracia tampoco aparece en la Declaración de Independencia y aunque el preámbulo de la Constitución menciona como la fuente de su soberanía a «nosotros, el pueblo», mucho habría para discutir quién o qué es ese pueblo. En otras palabras, quiénes entran a la cancha y quiénes no.

La desconfianza de los próceres de fines del siglo XVIII, que comparten hasta ahora segmentos conservadores estadounidenses, se sustenta en la noción de que la democracia directa y amplia conduce al mob rule (gobierno de la chusma): las muchedumbres, volubles, en buena medida mal educadas y peor informadas, son presa fácil de demagogos. El gobierno de la mayoría es una amenaza a los derechos de la minoría. De ahí la necesidad de establecer filtros de representación que vayan seleccionando a los ciudadanos más aptos en el ejercicio del buen gobierno.

Por décadas, tras la independencia el voto estuvo restringido a los hombres, blancos y con cierto nivel de riqueza. Lentamente, el derecho de voto se extendió a otros hombres en la primera mitad del siglo XIX. Se les reconoció a los exesclavos (hombres) cinco años después de concluida la guerra civil y se extendió a las mujeres en 1920.

COLEGIO ELECTORAL

Un mecanismo establecido ya en la Constitución como antídoto a la democracia directa –incluso cuando el voto estaba entonces restringido a los blancos con propiedades– es el Colegio Electoral, que todavía subsiste, aun cuando en 2000 y 2016 dio la presidencia al candidato con menos votos ciudadanos.

El Colegio Electoral tiene actualmente 538 miembros distribuidos entre los estados de acuerdo con su población. El día de la elección, los ciudadanos votan por candidatos presidenciales, pero en realidad lo que eligen es un conjunto de delegados para el Colegio Electoral a quienes poca gente conoce. Se necesitan 270 electores para ganar la presidencia.

El voto directo de los ciudadanos poco importa cuando la mayoría de los estados ya están dominados por uno u otro de los únicos dos partidos que compiten en el ámbito nacional. Salvo en los casos excepcionales de Maine y Nebraska, si uno vive en un estado «rojo» (donde son mayoría los republicanos), aunque uno vote «azul» (demócrata), todos los electores de su estado irán a cuenta de los republicanos. Y viceversa.

Cuando faltan menos de 20 días para la elección presidencial, todas las encuestas de opinión a nivel nacional muestran al candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, con unos 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el republicano Donald Trump. Pero el truco está en eso de «a nivel nacional». Porque la realidad es que la contienda se definirá en una media docena de estados que, en las encuestas locales, lucen como indecisos entre «azul» y «rojo». Es lo que la jerga política llama battleground states (estados-campo de batalla).

SUPRESIÓN DEL VOTO

En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad ni una credencial cívica que pueda usarse exclusivamente para votar. Cada estado tiene sus licencias de conducir, sus reglas para la inscripción de votantes, sus normas para la identificación de sufragantes en el día de la elección. Ese día (primer martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años) no es un día feriado. La gente con menos medios de transporte no puede abandonar su empleo para sumarse a las filas de votantes.

Habitualmente, la concurrencia a las elecciones presidenciales ronda entre el 50 y el 60 por ciento de los ciudadanos registrados. Pero en Puerto Rico, donde el día de la elección es festivo, la participación ciudadana llega al 80 por ciento. Aunque también es cierto que los pobladores de la isla (más de 3 millones de personas) no están habilitados para elegir presidente ni delegados con derecho al voto en el Congreso y se limitan a elegir autoridades locales y un comisionado parlamentario, distinción que comparten con los habitantes del distrito federal de Washington DC (700 mil personas, la mitad de ellas, afroamericanas).

En los 50 estados que sí pueden enviar electores al Colegio Electoral existe, de todas formas, el voto anticipado. Ha sido tradicional para millones de negros en barrios pobres el contar con la asistencia de transporte organizada por sus iglesias, de modo que podían concurrir desde una o dos semanas antes del día de la elección, después de los oficios religiosos. En los últimos años, la abreviación del período permitido para el voto anticipado ha privado a las iglesias del tiempo para organizar el transporte.

El voto anticipado –por el cual los ciudadanos pueden depositar su sufragio en urnas especiales antes del día de la elección– y el voto por correo –los ciudadanos solicitan una boleta a la comisión electoral de su distrito y envían el sufragio por correspondencia– favorecen una participación más amplia. Los republicanos en general, y el presidente Trump en particular, hacen todo lo posible por desprestigiar y desalentar ambos trámites (véase «Un voto a la medida del presidente», Brecha, 21-VIII-20).

Además, en 2013, la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sección de la Ley de Derechos Civiles de 1965 que mantenía la vigilancia federal sobre las prácticas de votación en Alabama, Alaska, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Virginia, otrora notorias por su carácter discriminatorio (véase recuadro). Varios estados del sur se entusiasmaron, y desde entonces cambiaron las normas, purgaron los registros de votantes, clausuraron puestos de votación y cuestionaron la legalidad del derecho a voto, especialmente de negros, latinos e indígenas estadounidenses. Por ejemplo, el requisito de un domicilio postal afecta a los indígenas que viven en reservas, donde el único domicilio postal es el buzón colectivo en el que se recibe la correspondencia para toda una comunidad.

Mientras tanto, en Texas, un tribunal federal de apelaciones dio su respaldo a la iniciativa del gobernador republicano Greg Abbott de limitar el número de buzones oficiales para el depósito de votos anticipados a uno por condado. Como Texas es el segundo estado más extenso del país, las distancias son un obstáculo para los votantes que no tengan automóvil.

GERRYMANDERING

La palabrita denomina la manipulación de los límites de los distritos electorales con el propósito de favorecer a un partido y así mantener en el poder a quienes ya lo tienen. Es un juego en el que participan tanto los demócratas como los republicanos, aunque estos últimos han demostrado que saben jugarlo mejor.

La Cámara de Representantes en el Congreso Federal tiene 435 miembros, que representan distritos en los 50 estados. La proporción de diputados asignada a cada estado depende de las cifras del censo que, por mandato constitucional, se realiza cada diez años. El gerrymandering es el trazado, reacomodo, reconfiguración y camandulerías aplicadas a un distrito para asegurarse que el diputado ya elegido como su representante seguirá siéndolo en el futuro o, en su defecto, que su partido seguirá dominando el distrito en cuestión. Esto lleva a que los mapas de los distritos tengan formas estrafalarias que no corresponden a cierta unidad geográfica, sino a la conformación demográfica o socioeconómica que conviene a cada diputado (véase ejemplo en el mapa).

Imagínese un estado con 20 distritos electorales en donde la población es 70 por ciento blanca, 20 por ciento negra y 10 por ciento latina. Un trazado puramente geográfico de los distritos daría como resultado una mezcla variopinta de votantes, una diversidad mayor en el voto, la posibilidad de cambios novedosos. Pero si se traza un distrito que por sí solo contiene la mayor parte de los votantes negros, el diputado que lo representa (si es negro y demócrata) tendrá asegurada la reelección. No hay competencia blanca o latina en su distrito. Lo mismo vale para los diputados que representan distritos mayoritariamente blancos: el trazado de barrios y localidades con mayoría de población blanca asegura que allí continuarán al frente los republicanos.

BIPARTIDISMO Y CRISIS

En los países donde una multitud de partidos compite por la presidencia y la legislatura, el mecanismo de la segunda vuelta (balotaje) termina por forzar a los ciudadanos a votar entre sólo dos opciones, las que logran el mayor porcentaje de votos si ninguna de ellas supera el 50 por ciento.

En Estados Unidos, y por más de un siglo, los ciudadanos sólo han tenido dos opciones reales en la mayoría de las elecciones: demócratas o republicanos. Esto hace que los dos partidos dominantes sean lo que ellos gustan definir como «una gran carpa» y los críticos definen como «una bolsa’e gatos». Cada «carpa» incluye políticos y propuestas de gran variedad, incluso posiciones contradictorias. Alcanzan preeminencia las que obtienen mayores contribuciones financieras, sean estas del ciudadano común o de grupos de interés y grandes empresas.

En términos muy pero muy generales, en las últimas décadas el Partido Demócrata ha incluido bajo su techo a quienes se definen como «progresistas», las minorías étnicas y raciales, las mujeres, los y las homosexuales, el movimiento sindical, la gente que asiste menos a las iglesias, los inmigrantes, la población urbana y suburbana. Y en términos igualmente generales el Partido Republicano se ha alineado con la mayoría blanca menguante –que será otra de las minorías hacia 2050–, los sectores empresariales que defienden el libre mercado, los segmentos religiosos más tradicionalistas y conservadores, la población suburbana y rural.

En materia de política exterior –asunto que no importa mucho al votante estadounidense, pero sí al resto del mundo– existe internacionalmente la noción de que los demócratas son más pacifistas y los republicanos, más belicosos. Percepción un tanto curiosa si se tiene en cuenta que fue un presidente demócrata, Woodrow Wilson, el que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y otro demócrata, Franklin D. Roosevelt, el que lo condujo a la Segunda Guerra Mundial.

En términos más que generales, los gobiernos demócratas han sido más propensos a involucrar a Estados Unidos en los asuntos mundiales, en tanto que los republicanos tienden a ser aislacionistas, con aquello de «America first», que consiste en equipar al país con la mayor fuerza militar, de modo que nadie se le atreva, pero con renuencia a meterse en asuntos ajenos.

Así, por ejemplo, el demócrata Barack Obama recibió un Premio Nobel de la Paz cuando no había hecho nada para merecerlo, lo que fue comprobado durante sus dos mandatos con la intensificación de la guerra por drones –matanza de civiles en ataques desde el cielo contra supuestos terroristas– y un aumento de tropas en Afganistán e Irak. Por su parte, el republicano Trump, si bien mantiene las sanciones para amilanar a Irán o Venezuela, ha retraído la presencia militar estadounidense en Europa, el este de Asia y Oriente Medio.

Lo cierto es que la república constitucional no democrática es un organismo vivo, como cualquier nación, y los cambios demográficos apuntan a una caducidad de los dos partidos que la han gobernado por décadas. Con la demagogia que los próceres de 1780 previeron e intentaron frenar, Trump asestó al Partido Republicano y, aun, al conservadurismo tradicional en Estados Unidos un golpe que podría ser fatal. El Partido Demócrata, si es que gana esta elección, tendrá que lidiar con la revuelta interna impulsada por las generaciones más jóvenes, los afroamericanos y los inmigrantes. El sistema de filtros diseñado para evitar la democracia directa –desde las elecciones primarias, los caucus, las elecciones estatales y federales hasta el gerrymandering y el Colegio Electoral– no parece apto para procesar estos tumultos con parsimonia.

Cuarto distrito electoral de Illinois, rediseñado en 2011 específicamente para beneficiar al entonces representante de la zona, de origen latino. Une dos áreas latinas distintas de Chicago, dejando afuera áreas de mayoría negra o blanca.

Guardianes de la república blanca

Tan pronto como el final de la guerra civil en 1865 abrió paso a la ciudadanía y, eventualmente, al voto de los exesclavos (hombres), comenzó en el sur exesclavista y derrotado la construcción de una maraña de normas, regulaciones y requisitos, explícitos o sobreentendidos, para suprimir el voto de los negros.

En el marco de lo que pasó a conocerse como leyes Jim Crow, esta supresión del voto incluyó toda una gama de métodos, desde la intimidación y el terrorismo del emergente Ku Klux Klan hasta requisitos de pago de impuestos, alfabetización, domicilio, empleo e incluso recitado de memoria de artículos de la Constitución.

El movimiento de los derechos civiles de mediados del siglo XX estuvo centrado, precisamente, en el registro de votantes. Recién en 1965, un siglo entero después del fin de la guerra civil, el Congreso aprobó, y el presidente Lyndon Johnson promulgó, la Ley de Derechos Civiles que, entre otras cosas, impuso la supervisión federal sobre las leyes electorales en estados del sur que por décadas impedían la participación de los negros en el proceso electoral.

En una paradoja del sistema partidista de Estados Unidos, y antes de que en la década de los sesenta el Partido Demócrata y el Partido Republicano se intercambiaran las camisetas en la puja racial, fueron los demócratas quienes aplicaban las Jim Crow en el sur. Fue un presidente republicano, Abraham Lincoln, quien promulgó la emancipación de los esclavos y fue otro presidente republicano, Dwight Eisenhower, quien en la década de 1950 envió tropas federales para poner fin a la segregación en las escuelas públicas.

Así fue que Johnson, un exsenador demócrata de Texas, para apaciguar las llamas de la inminente insurrección negra, logró que el Congreso aprobara lo que su antecesor John F. Kennedy, senador demócrata de Massachusetts –un estado supuestamente progresista–, no había logrado. A partir de ese intercambio de posiciones de hace medio siglo, ahora son mayormente los republicanos, y principalmente en los estados del sur, quienes han inventado nuevas reglas que contribuyen a hacer más difícil el registro de votantes negros, pobres y latinos.

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