Al finalizar la dictadura había consenso político sobre la necesidad de restablecer la independencia del Poder Judicial y evitar así que la suerte salarial de magistrados y fiscales se decidiera en las salas y despachos del Palacio Legislativo. La solución acordada fue la nueva ley orgánica de la judicatura y organización de los tribunales (ley 15.750, aprobada en 1985) que establece en su artículo 85 que el sueldo de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (Scj) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior al de los secretarios de Estado. La solución era fácil: los jueces ganarían lo mismo que los ministros del Ejecutivo; y si se aumentaban los sueldos de estos últimos, automáticamente también subían los de los magistrados. Se buscaba así evitar cualquier pre...
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