En los círculos jerárquicos de la Armada Nacional, la decisión del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de activar una denuncia penal contra dos almirantes retirados y otros diez altos oficiales generó un malestar y un recelo que reavivaron enconos aletargados desde la drástica purga de 1973, durante la primera fase del golpe de Estado, cuando la Marina decidió respaldar la vigencia de la Constitución y apoyar al presidente Juan María Bordaberry, quien retribuyó el gesto pactando con el Ejército y la Fuerza Aérea.
Las resoluciones del Ministerio de Defensa, que según fuentes consultadas por Brecha provocaron un «estado de asamblea», se originaron en una investigación administrativa que derivó en una auditoría. De ella surgió evidencia de «manejos fraudulentos» en el pago de viáticos y horas extra en los servicios de inspección de buques mercantes que entran al puerto de Montevideo o que navegan por aguas territoriales.
La denuncia penal reclama la investigación judicial por presuntos delitos de malversación en el pago de horas extra no trabajadas, omisiones en los registros de las inspecciones y faltantes de dinero.
UN AGUJERO NEGRO
Según explicó después la Armada Nacional mediante un comunicado, por falta de normas que regularan la actividad –y que el Comando dice que se venían reclamando desde hace décadas– el pago de las horas extra al personal encargado de los servicios de inspección de barcos mercantes se registraba como viáticos. La excepcionalidad –que implicaba incluso que no se hicieran por esos pagos los aportes correspondientes a la jubilación– se subsanó en 2020 cuando el actual gobierno presentó en el Parlamento el presupuesto quinquenal, estableciendo un artículo que corregía la anormalidad.
Mientras se discutía el presupuesto y se reglamentaba la norma, el Ministerio de Defensa dispuso la suspensión de la liquidación de las horas extra. Fue así que, mientras desde la Armada se hacía conocer el descontento por la retención de haberes, surgieron indicios de irregularidades que motivaron una auditoría a cargo de un abogado y un contador del ministerio. Y, después, una investigación administrativa, que cubrió el estudio de los servicios de inspección de barcos mercantes de los últimos cinco años, es decir, durante el último gobierno del Frente Amplio, por más que se especificó que las irregularidades databan de décadas. La investigación reveló una iniciativa del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, quien elevó un proyecto de ley que el Parlamento finalmente no llegó a considerar; ese hecho es manejado por la Armada para fundamentar la responsabilidad de los políticos en la ausencia de normas correctoras.
Los jerarcas de la Armada responsables de los organismos que ejecutaban y controlaban los servicios de inspección fueron citados a declarar en el transcurso de la investigación administrativa. Y una vez confirmadas las irregularidades (cobro de horas extra no trabajadas y faltantes de dinero), el ministerio decidió elevar a la Justicia el expediente. En consecuencia, fueron identificados como eventuales responsables los almirantes Leonardo Alonso y Carlos Abilleira y los capitanes de navío Juan Gabriel Diez, Gustavo Aleizon, Carlos Montaña, Jorge Bertrand, Fabio de los Santos, Marcelo D’Anato, Ariel dos Santos, Fabián Alves, Ramiro Hualde y Pablo Hauret.
La difusión de la nómina de los supuestos implicados, que abarca a los principales jefes de la Armada de la última década (cuyos cargos son equivalentes a generales y coroneles), provocó estupor en la oficialidad en actividad y un sentimiento de rechazo hacia la decisión ministerial por lo que consideraron un «escrache». Inevitablemente, como reacción, se «reflotó» otra auditoría que tenía puntos en común y que dejaba en evidencia prácticas similares registradas en el Ejército, pero que no fueron tratadas con el mismo rigor.
EN REITERACIÓN REAL
El Servicio de Cantinas Militares (SCCMM) del Ejército es un viejo conocido de los organismos estatales de control. Le han sacado innumerables tarjetas rojas, pero, se sabe, el Ejército es intocable.
Una de las últimas medidas adoptadas por José Bayardi como ministro de Defensa Nacional fue aplicar una sanción de apercibimiento al coronel Jorge Laquintana. Dicha sanción estaba incluida en la resolución número 75291, del 21 de febrero de 2020, debido a la reclamación de un funcionario que había hecho un juicio por haberes incobrados. Bayardi ordenaba «prohibir al SCCMM la contratación de personal civil y/o militar en situación de retiro», y «encomendar al Comando General del Ejército que en un plazo de 180 días, eleve a esta Secretaría de Estado un proyecto de ley que defina la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funcionamiento del SCCMM».
Ninguna de las dos medidas propuestas fue ejecutada por su sucesor, el ministro Javier García. Una auditoría del Ministerio de Economía del 4 de enero de 2021 revelaba el grado de descontrol en que, una vez más, había caído el SCCMM, que, es importante señalarlo, depende directamente del Comando General del Ejército. A fines de 2020, el SCCMM (que incluía 24 puntos de venta en todo el país: seis supermercados y 18 cantinas, además de dos despachos de medicamentos en Montevideo) tenía 164 funcionarios, de los cuales 133 eran civiles contratados. Toda la responsabilidad estaba a cargo de nueve oficiales. Ese volumen de personal civil contratado era designado directamente por el director del servicio, cuando por ley debía ser contratado por el Poder Ejecutivo. Entre 2011 y octubre de 2020, el Ministerio de Defensa debió enfrentar 16 procesos judiciales por reclamos salariales.
Los beneficiarios del SCCMM son el personal de las Fuerzas Armadas en actividad o en situación de retiro, y sus familiares. Ese universo de clientes compró alimentos, electrodomésticos, ropa, calzado, pasajes, paquetes turísticos y medicamentos por un total de 400 millones de pesos anuales, según la contabilización al comienzo de 2020. Lo significativo es que la mitad de esa cifra corresponde a medicamentos.
Sin embargo, los aspectos más urticantes de la auditoría dada a conocer en enero de 2021 habían tenido un preestreno meses antes, en octubre de 2020, cuando el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, inició una investigación a raíz de dos denuncias, de dos funcionarios del SCCMM, sobre faltante de mercaderías y connivencia de militares con proveedores. Las denuncias, que fueron unificadas, se presentaron una ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y otra ante el Departamento de Delitos Financieros de la Dirección de Crimen Organizado. Al parecer, esas denuncias activaron la auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas, que culminó a principios de este año.
Analizando el período comprendido entre enero de 2019 y julio de 2020, los auditores registraron gravísimas situaciones en los dos grandes rubros de comercialización: despacho de medicamentos y gestión de las cantinas/supermercados propiamente dichos.
UN DOLOR DE CABEZA
Debido a la estructura de funcionamiento, caracterizada por una ausencia de controles, el despacho de medicamentos reveló una serie de irregularidades que suponen la reiteración de delitos y actos de corrupción. El informe de auditoría señala: «Venta de medicamentos sin criterios definidos en cuanto a cantidades de compra permitidas por usuario, que determina que no se pueda asegurar que hayan sido efectuadas para el consumo exclusivo de los beneficiarios del servicio»; en otras palabras, que haya operado un sistema de mercado negro, y también: «Compra de medicamentos a precios superiores a los pagos por la Unidad Centralizada de Adquisiciones».
La conclusión anota la probabilidad de que «no se recaude por lo efectivamente vendido, que se adquieran medicamentos para la reventa, que se hagan ventas a personas sin autorización, que se pague por encima del mercado, que haya pagos por medicamentos no recibidos, que haya pagos duplicados y que exista faltante de mercadería». Precisamente porque el precio de los medicamentos que se venden en el SCCMM es sensiblemente inferior al del mercado, resulta aún más grave la ausencia de controles: «No hay un criterio establecido sobre la cantidad de medicamentos vendidos a un usuario; no se asegura que el consumo sea exclusivo de los beneficiarios y sus familias; no existen registros con datos del núcleo familiar que permitan verificar la relación entre las cantidades compradas y la cantidad de personas que componen el núcleo familiar del beneficiario».
DE LA PLAZA DE ARMAS A LA GÓNDOLA
El SCCMM «surgió con el objetivo de proporcionar al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de cantinas en los distintos batallones o brigadas». Desde el punto de vista institucional depende del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que depende del Comando General del Ejército. Todas las compras que se hacen en el servicio se debitan de los sueldos o las pensiones del personal militar. El volumen de ventas estaba limitado a la oferta de las cantinas en cada unidad. La aparición de los supermercados militares multiplicó las ventas y, entre otras cosas, hizo más accesible el consumo para los familiares de los beneficiarios. No es posible determinar si el servicio se autosustenta o si, por el contrario, genera pérdida, porque su estructura económico-financiera se sumerge en la estructura del Comando General del Ejército. Parece poco probable que el servicio brinde beneficios, debido al sistema de precios «subsidiados», y a pesar de que todos los egresos (sueldos, compensaciones, viáticos, combustible, inmuebles, vehículos y los servicios de OSE, ANTEL, UTE) corren por cuenta del presupuesto del Comando General del Ejército.
En materia de «casino y supermercados», la auditoría comprobó deficiencias en el control de proveedores e irregularidades en la gestión del stock, todo lo que deriva en faltante de mercadería y compras innecesarias.
EL COMANDANTE ADMINISTRA EL DINERO
Sin embargo, el punto crítico de la auditoría estuvo referido a las transferencias de dinero y a las rendiciones de cuentas. Los auditores afirmaron que «no es posible asegurar que los fondos administrados por el SCCMM, que constituyen fondos públicos, sean destinados de acuerdo a la normativa vigente».
Se comprobó que los fondos administrados por el SCCMM «no son rendidos al Ministerio de Defensa Nacional ni ingresan en la Cuenta Única Nacional», con lo que «se configura el riesgo de que se utilicen fondos con un destino diferente al establecido en la normativa».
El documento del Ministerio de Economía afirma que en 2017 hubo un egreso de fondos desde SCCMM hacia el Comando General del Ejército por 200 mil dólares en efectivo, y otro en 2019 por 6 millones de pesos, mediante un cheque al portador. Los auditores consignaron que fue imposible obtener evidencia de que el Comando General del Ejército hubiera solicitado la transferencia de los 200 mil dólares en efectivo, ni que el Ministerio de Defensa lo haya invertido, como se argumentó, para «atender las necesidades más apremiantes del personal de tropa». Si bien se obtuvo una explicación del Comando del Ejército, en el sentido de que se había individualizado a quien recibió el dinero en nombre del Estado Mayor Personal del comandante en jefe, este organismo no proporcionó «documentación probatoria de que los fondos hubieran ingresado en una cuenta bancaria del Estado».
El episodio del cheque al portador por 6 millones de pesos, emitido el 25 de enero de 2019 y cobrado el 28 de ese mismo mes, es todavía más opaco: la auditoría consigna que tres meses después, el 1 de mayo de 2019, «fue proporcionado un recibo interno donde se confirma la recepción con destino al Fondo Especial de Cantinas Militares, administrado por el comandante en jefe del Ejército».
En ambos episodios, el responsable del Comando General del Ejército y del Estado Mayor Personal era el propio comandante en jefe, es decir, en aquel entonces, el general Guido Manini Ríos, que ocupó la comandancia entre el 1 de febrero de 2015 y el 12 de marzo de 2019, cuando fue obligado a pasar a retiro. Resulta sugestivo que el recibo interno que atribuye la recepción del cheque con destino al fondo especial que administraba Manini apareció cuando este ya no ocupaba la comandancia del Ejército.
Aunque el ministro García anunció, cuando se conoció la auditoría, la creación de una comisión con el cometido de hacer un seguimiento del SCCMM, con el objetivo de controlar que se cumplan las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Nación, hasta ahora no ha trascendido que se hayan tomado medidas similares a las aplicadas en la Armada Nacional, aunque las irregularidades y presuntos actos de corrupción son tanto o más graves que aquellas.
El general Guido Manini no se ha sentido en la obligación de dar explicaciones sobre la administración del fondo especial que estaba bajo su directa responsabilidad.
