El de Mota no fue el único traslado polémico que hizo la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en sedes penales en las que se investigan causas por graves delitos a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. La Suprema Corte realizó otros movimientos que pasaron inadvertidos en los juzgados de San José y Tacuarembó, donde las respectivas magistradas habían encarado con profundidad las denuncias por torturas que llegaron a sus sedes. Justo antes de citar a los militares o policías indagados fueron premiadas con un ascenso a otro juzgado.
A fines de febrero, el máximo órgano judicial decidió trasladar a la titular del juzgado penal de San José, Rossana Canclini, a un juzgado de familia en Ciudad de la Costa. Desde que en octubre de 2011 recibió la denuncia del ex tupamaro Jorge Zabalza por reiterados delitos de tortura en los cuarteles donde fue encerrado durante casi toda la dictadura, la magistrada adoptó una postura decidida de investigación. Llamó de inmediato a Zabalza para ratificar la denuncia en la sede, libró oficios para obtener documentación pertinente de los organismos oficiales, se trazó un plan de indagatorias, pero no llegó a cumplirlo.
“En forma paralela al caso de Mota, nos enteramos de que la jueza de San José también es trasladada. Y nos llama mucho la atención porque el traslado se produce justo cuando la magistrada había citado a declarar a militares presuntos responsables de las torturas, a fin de que comparecieran como indagados, además de pedir prueba documental variada y eventualmente comprometedora”, dijo a Brecha el abogado Juan Fagúndez, patrocinador de la denuncia. “La jueza dijo en la primera audiencia que, sea para decidir una cosa u otra, el proceso se iba a desarrollar en el marco de los conocimientos que había adquirido en cursos de especialización en materia de derechos humanos y casos vinculados a la dictadura”, explicó luego el jurista. La magistrada se había formado en cursos internacionales y en el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial.
Para Fagúndez se trata de un caso “importante, aunque no haya tenido la repercusión de otros asuntos”, pues en el proceso “debían comparecer, por ejemplo, el presidente de la República, José Mujica, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dos ex presos políticos que pasaron por torturas similares y, en algunos casos, en los mismos lugares en que las padeció Zabalza”, apuntó.
Para mayor suspicacia, quien suple a Canclini es Duvi Teixidor, ex juez en Salto y en Dolores, caracterizado (según el ambiente judicial) por una filosofía conservadora en materia jurídico-política, que lo ubica en el otro polo del pensamiento vanguardista respecto del derecho internacional de los derechos humanos.
Para completar el panorama en cuanto a la celeridad y dilucidación de este caso de torturas –en el que sobran testigos, documentos, y en el que han sido identificados decenas de represores– el diario de San José Primera Hora, a fin de presentar al nuevo juez ante la sociedad local, publica una foto suya, en la que posa sonriente entre dos conocidos abogados de represores: Germán Aller y Miguel Langón (artífice de campañas mediáticas contra la jueza Mota valiéndose, por ejemplo, de las páginas del semanario Búsqueda). Zabalza ha denunciado a personal militar, sobre todo a los mandos, de los diversos cuarteles en los que estuvo recluido y de organismos de jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas. Varios de esos oficiales viven, y algunos ya fueron defendidos en audiencias o asesorados por los abogados fotografiados junto al juez Teixidor.
El nuevo magistrado llega de Dolores, pero es recordado en Salto por varias de sus decisiones. Una de ellas, de 2002, lo colocó en medio de una polémica nacional. Pocas horas después de que el reconocido narcotraficante Omar Clavijo –apodado “el zar de la droga” en el Uruguay de fines de los noventa– fuera sancionado en la cárcel departamental por indisciplina, Teixidor le concedió una salida transitoria. El reputado recluso se fugó. Hacía menos de un año que estaba recluido en la cárcel de Salto, después de haber sido detenido con un cargamento de 200 quilos de marihuana, y antes ya había traficado cientos de quilos de cocaína.
EL CASO DE TACUAREMBÓ. Por otro lado, el 13 de junio de 2012, mientras en el juzgado de la calle Misiones se producían las maniobras del general Pedro Barneix (se declaró enfermo, en un ardid repetido por los represores citados a sede penal) porque podía quedar preso por decisión de Mota, en el Palacio Piria se adoptaban otras decisiones. Era trasladada la jueza letrada de Tacuarembó de primer turno, Virginia Ginares, a la sede letrada de Colonia. La magistrada había recibido, el 29 de marzo, una denuncia por al menos 21 casos de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, incluidos hechos de desaparición forzada y torturas entre 1972 y 1978.
“Las torturas en Tacuarembó eran como las de un campo de concentración nazi”, recordó al salir del juzgado una de las víctimas que acababa de presentar la demanda. Casi todos los represores denunciados pertenecían al Regimiento de Caballería número 5 y a la Policía local, que actuaba como apoyo al centro de torturas en el departamento. Dos de los principales acusados por los ex presos políticos son el ex jefe del cuartel, Aurelio Abilleira, y el capitán Juan Urcuhar, quienes –según la denuncia– dirigían la represión. Además, señalan al oficial Chaines, alias “el Chajá”, entre otros militares.
Algunas de las víctimas que concurrieron al juzgado (Ariel Zapata, Carlos Pintos, Emilio Toribio, Elvira Gómez, Carmen Regufe, Juan Cabrera, Ramiro Álvez, Marina Ramos, entre otros) se sintieron en buenas manos cuando la jueza Ginares tomó declaraciones durante una semana para averiguar las particularidades de cada caso y proyectar la investigación. En abril trascendió que la magistrada había solicitado prueba documental, pensaba citar más testigos, hacer inspecciones oculares en los centros de tortura y citar a los militares y policías –la mayoría ubicable en departamentos cercanos a Tacuarembó– que el proceso consideraba como indagados.
Antes de que los oficiales desfilaran por la sede penal, la magistrada fue trasladada. En su lugar llegó el que hasta entonces era juez de Maldonado, Gonzalo Arsuaga, de cuya actuación en el caso aún no ha habido noticias. “Lo que está claro es que esto se enlenteció, y ahora peor, con los recursos de inconstitucionalidad que están presentado los militares”, dijo a Brecha una fuente del sistema judicial. Luego de que la SCJ declarara inconstitucionales dos artículos de la ley 18.831, los presuntos responsables de los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas emplean más que nunca este mecanismo de recurso ante la Corte para evitar ser encarcelados. Al hacerlo, el caso se paraliza hasta que la SCJ adopte una decisión.
