Mientras buena parte de la sociedad apuesta a encerrar a más adolescentes, los criterios de selección del personal que debería contribuir a su rehabilitación generan interrogantes. Para el último concurso realizado por el Sirpa se bajaron los requerimientos mínimos de formación, se otorgó un peso decisivo a la entrevista personal en la selección. En los legajos de los miembros del tribunal que define los ingresos constan varios sumarios.
En el concurso que este diciembre incorporó a 300 funcionarios con la categoría de “oficial V” al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), alcanzaba con acreditar educación primaria completa para postularse. Las contrataciones, de carácter eventual, corresponden al escalafón E de oficios. Éste comprende tareas en las que predomina el esfuerzo físico y/o la actividad manual. Pero si se revisan las bases del llamado, el perfil del cargo define un amplio rango de competencias, algunas vinculadas a la seguridad y una mayoría estrechamente relacionadas con un mandato educativo.
En este sentido queda a cargo del funcionario: “estimular el aprendizaje de normas de convivencia, educación y trabajo”, “favorecer un adecuado relacionamiento social desde una perspectiva de resolución no violenta de los conflictos”, “estimular la reflexión sobre la responsabilidad del hecho infraccional” y “colaborar en la realización de actividades educativas, recreativas, sociales y culturales”. En la evaluación se puntúan grados mayores de educación formal, así como la formación específica. Pero para competir alcanza haber terminado la escuela.
Las funciones que en la órbita del Sirpa cubre un “oficial”, anteriormente eran cumplidas por un “instructor” o “educador”, cuya diferencia estriba en si su contratación es eventual o permanente. Ambos cargos pertenecen al escalafón D especializado. Éste comprende tareas en las que predomina la labor intelectual y cuyo desempeño requiere conocer técnicas impartidas por centros de formación de nivel medio o en los primeros años de cursos universitarios. La clasificación concuerda con las actividades detalladas en la descripción del cargo, pero no se refleja dentro de las “especificaciones” para el ítem “Conocimientos”.
La histórica escasez de aspirantes a cumplir funciones en centros de privación de libertad ha frustrado varios intentos por elevar el nivel requerido para ingresar a éstos. Pasó en 2011 cuando se pidió Ciclo Básico terminado y no se llegaron a cubrir los cargos.
CUANDO LOS LIBROS NO SIRVEN. Varios profesionales consultados coinciden en que en contextos de privación de libertad es muy difícil gestionar el mandato educativo que la función exige desde la definición de los cargos, tanto para el caso del educador social como para el instructor/educador. Ambos dependen de la dirección del centro, y en la práctica ejecutan un mismo rol. “Todos hacen más o menos lo mismo y se es lo más parecido a un carcelero. Y la realidad es que cuando tenés 30 chiquilines y de tres funcionarios uno es educador social tampoco podés despegarte demasiado”, indicó un ex funcionario.
Los matices dependen del tipo de centro –cerrado, abierto o de mediana seguridad– y de la impronta personal que cada uno traiga. Porque en ninguno de los “hogares” existe un proyecto que encuadre las tareas que se proponen a los adolescentes, más allá de que se trabaje con proyectos externos. “Por ahí te veías durante meses cortando pasto con azadas. Si vos mandás a un gurí a hacer un cantero al rayo del sol, después de haber comido, y encima lo mirás tomando agua fría desde la sombra (porque a vos te pagan por eso), seguramente te va a odiar. Durante los años que trabajé, si a los gurises los mandaban a plantar tomates, todos plantábamos tomates. Ahí ya estás en otra postura”, explicó el educador.
En sus años de trabajo nunca tuvo una fuga, lo que según él responde a “otra actitud” en el vínculo con los jóvenes, de la que se obtienen respuestas positivas. Desde el simple hecho de despertarlos cálidamente en la mañana, hasta satisfacerles las necesidades básicas de alimentación, salud e higiene. “Una vuelta me pasó de tener que acompañar a un chiquilín a un centro asistencial. Estuve todo el día en el hospital hasta que a las ocho de la noche me fue a relevar un compañero. A los cinco minutos el gurí se había fugado. Al tiempo me enteré: antes de irme le pedí al funcionario que controlara la solicitud de una bandeja de comida, porque el gurí había pasado todo el día sin comer.
El chiquilín le insistió y la respuesta fue ‘Manejate’, lo puteó… Esa actitud –no tenías que hacer nada más que conseguirle comida– al gurí le valió una fuga. Ya era mayor de edad, cayó preso en el Comcar… mirá lo que pudiste haber evitado con una boludez.”
Para el ex funcionario la cultura institucional diluye al adolescente en la sentencia que lo ha transformado en delincuente. “Vos venís con la cabeza de poner un escritorio con sillas y otro atrás te va a decir que saques el lápiz porque si el gurí se calienta te lo revienta en la cabeza. Desde ahí es complicado pensar una apertura, porque eso implica libertades para que el gurí consiga algo con que el día de mañana te lastime. En ese plan la gente va quedando loca; pasás esas 24 horas pensado que el gurí agarró algo para lastimarte y el gurí va estar 24 horas pensando en cómo lastimarte porque sos vos el que le dice no podés, no te dejo, te doy esto si hacés esto, no te abro porque me molestaste o porque estoy comiendo.”
DE SIGMUND FREUD A BRUCE LEE. Durante la gerencia de Carlos Uriarte, entre 2005 y 2008, por primera vez se exigió bachillerato completo para acceder al escalafón D. Fue en este período cuando se hizo el único llamado a educadores sociales para trabajar en el Semeji (organismo que absorbe el actual Sirpa).
Los centros de privación de libertad de adolescentes y los programas de medidas no privativas son dos de los ámbitos de desempeño de estos profesionales, según indica el plan de estudios 2011 de la carrera. Sin embargo, actualmente sólo nueve trabajan en estos contextos.
El planteo desde la Asociación de Educadores Sociales de Uruguay (adesu) es que existe un “vacío legal” a nivel del mec para definir con precisión el nivel profesional de los cargos, y esto se traduce, para el caso concreto de las bases referidas en esta nota, en la inadecuación del perfil respecto a la preparación exigida. Por otro lado, la amplitud de competencias requeridas plantea la discusión acerca de si las personas que se ocupan de la seguridad deberían ser las mismas que se ocupan de tareas educativas.
La necesidad de “poner el cuerpo” a través del empleo de la fuerza física justificaría la valoración que las bases del último concurso hacen del conocimiento acreditado en artes marciales y defensa personal. También explicaría la reserva del 60 por ciento de los cupos para hombres, con el argumento de que “en el enfrentamiento con los menores las mujeres quedan maltrechas”.*
En cambio, desde el punto de vista de los educadores sociales, el uso de la fuerza no cabe en el repertorio de respuestas que utiliza un educador. “Poner el cuerpo tiene que ver con entablar una relación educativa, respetar los tiempos del otro, y desde ahí despertar algún tipo de interés de aprender algo”, define uno de ellos.
Para los profesionales hay un divorcio “entre lo que se pretende y lo que realmente es”. En la mayoría de los centros predomina una lógica de custodia que pone palos en las ruedas de quienes intentan ir por otro carril. “El asunto es que el propio inau no genera instancias que promuevan eso, a nivel de modificación de estructuras, y de visión (…); hay gente que intenta hacer esto pero sin recursos, y con el boicot declarado de otros funcionarios que entienden que su trabajo es otro”, indicó otro ex trabajador consultado.
Según fuentes que prefirieron mantener su identidad en reserva, el ingreso de educadores sociales a los centros de privación durante la gerencia de Uriarte generó cierta rispidez en el resto de los educadores. Los reclamos venían por el lado de la alteración del orden y las diferencias en el régimen de horarios (un educador hace turnos de 12 horas y los de un educador social son de cuatro). “Llegaban con galletitas, tabaco, y los sacaban al patio, y después eran los otros los que tenían problemas con los chiquilines porque no querían entrar”, manifestó un funcionario.
Aunque de los de la “camada Uriarte” quedan muy pocos, algunos estudiantes se han incorporado al sistema como instructores. Pero la realidad marca que el librito bajo el brazo no sirve y que ni las condiciones laborales ni los sueldos lograr retener a los mejor formados. Cuando se reciben, encuentran mejores posibilidades de trabajo y pronto se marchan.
* Declaraciones de Joselo López, presidente del suinau, a Últimas Noticias (25-VII-11) justificando la necesidad de reducir las contrataciones femeninas: “En este trabajo es necesario utilizar la destreza y la fuerza con los adolescentes, y hay compañeras que salen lastimadas, maltrechas de este tipo de situaciones que se dan cotidianamente, y nosotros creemos que hay que cambiar la relación. Muchos funcionarios dejan de trabajar en la institución porque no aguantan la presión”.
[notice]Quedó afuera
Silvia Fraigola trabaja desde 1989 como profesora de idioma español. Tiene experiencia de trabajo en cárceles y desde 2004 participa del programa Áreas Pedagógicas, un proyecto que busca reinsertar jóvenes en la educación formal a partir de un convenio entre el ces y el inau. No se presentó al llamado por falta de posibilidades, le gusta el tipo de trabajo y se siente capacitada para hacerlo. “Tengo mucho para dar y además creo en esos proyectos, pero no me dieron la oportunidad.” Fraigola obtuvo 18 puntos en la evaluación de méritos pero quedó eliminada en la entrevista. Cuando recurrió al tribunal para conocer el o los motivos, le explicaron que su respuesta ante una de las situaciones planteadas había sido incorrecta: “Vas para la reja con una compañera, ella entra y vos te quedás del otro lado con las llaves. Las chiquilinas la toman de rehén, le ponen una punta en el cuello y te piden que abras, ¿qué hacés? ¿Abrís?”.
Fraigola contestó que no. Conocía el procedimiento por su experiencia de trabajo en la cárcel de mujeres: no abrir y pedir ayuda. “Les dije eso como cinco veces, pero me insistían, que a mi compañera la estaban cortando, que podía haber sangre. Yo seguía sosteniendo que no abría, pero me decían que le estaban pinchando los senos, la barriga. Hasta que en un momento me dijeron que mi situación era la misma, y entendí que no había refuerzos. Al final contesté que si no venía nadie, abría la reja.”
La respuesta correcta era no abrir nunca y esperar a que llegaran los refuerzos.
Cuando terminó la entrevista supuso que no la llamarían, no sólo por el error, sino porque habían hecho “especial hincapié” en por qué quería trabajar allí. También preguntaron si no se consideraba sobrecalificada para el cargo. Fraigola cree que especularon con su formación. “Personas tan preparadas como tú, entran y renuncian”, le dijeron. Quedó afuera
Silvia Fraigola trabaja desde 1989 como profesora de idioma español. Tiene experiencia de trabajo en cárceles y desde 2004 participa del programa Áreas Pedagógicas, un proyecto que busca reinsertar jóvenes en la educación formal a partir de un convenio entre el ces y el inau. No se presentó al llamado por falta de posibilidades, le gusta el tipo de trabajo y se siente capacitada para hacerlo. “Tengo mucho para dar y además creo en esos proyectos, pero no me dieron la oportunidad.” Fraigola obtuvo 18 puntos en la evaluación de méritos pero quedó eliminada en la entrevista. Cuando recurrió al tribunal para conocer el o los motivos, le explicaron que su respuesta ante una de las situaciones planteadas había sido incorrecta: “Vas para la reja con una compañera, ella entra y vos te quedás del otro lado con las llaves. Las chiquilinas la toman de rehén, le ponen una punta en el cuello y te piden que abras, ¿qué hacés? ¿Abrís?”.
Fraigola contestó que no. Conocía el procedimiento por su experiencia de trabajo en la cárcel de mujeres: no abrir y pedir ayuda. “Les dije eso como cinco veces, pero me insistían, que a mi compañera la estaban cortando, que podía haber sangre. Yo seguía sosteniendo que no abría, pero me decían que le estaban pinchando los senos, la barriga. Hasta que en un momento me dijeron que mi situación era la misma, y entendí que no había refuerzos. Al final contesté que si no venía nadie, abría la reja.”
La respuesta correcta era no abrir nunca y esperar a que llegaran los refuerzos.
Cuando terminó la entrevista supuso que no la llamarían, no sólo por el error, sino porque habían hecho “especial hincapié” en por qué quería trabajar allí. También preguntaron si no se consideraba sobrecalificada para el cargo. Fraigola cree que especularon con su formación. “Personas tan preparadas como tú, entran y renuncian”, le dijeron.
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