La creciente preocupación pública en torno al tema del agua potable quizás sólo sea comparable a la situación de marzo de 2013, cuando de las canillas salía un líquido con gusto y olor extraños. A dos años de aquel suceso, la preocupación del presidente Tabaré Vázquez por la calidad del agua del río Santa Lucía y el “episodio Maldonado” (véase nota aparte) reavivó la discusión acerca de uno de los problemas centrales del Uruguay actual.
EL MADRUGÓN. En 2013 el Estado uruguayo saltó de la cama. Ante la evidente alarma pública por el mal sabor del agua se presentaron 11 medidas para mitigar la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, contenidas en el Plan de Acción para la protección del agua en la cuenca del Santa Lucía. Algunas tenían carácter urgente, y otras no tanto. Cotejando aquel documento con el informe “Estado de situación cuenca del río Santa Lucía”, presentado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) al presidente Vázquez en marzo de este año, es posible visualizar un panorama del avance de la implementación de ese plan. Vayamos a un breve repaso.
El objetivo de la primera medida era reducir el impacto de las emisiones líquidas de los vertimientos de origen industrial, y daba plazo hasta enero de 2015 para que las industrias catalogadas como “prioridad 1” (las más contaminantes) tuvieran implementadas y en operación las modificaciones solicitadas. Sin embargo en el informe de marzo se expresa como un logro del plan que esas industrias “contarán” con las plantas de tratamiento solicitadas. La Dinama intimó a estas empresas para que presenten los proyectos, pero no fijó nuevos plazos. La segunda medida, que busca “mejorar el cumplimiento ambiental de vertimientos de origen doméstico (saneamiento) en toda la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía y exigir la reducción del nivel de nitrógeno y fósforo”, tiene tiempo hasta diciembre de este año. Para ese entonces Ose deberá haber hecho las obras de saneamiento en las ciudades de Fray Marcos y San Ramón, y adecuado el existente en la ciudad de Santa Lucía. La tercera medida, que en 2013 no estipulaba plazos, planteaba “exigir en forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en dicha cuenca, el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas conjuntamente con la presentación de los planes de uso, manejo y conservación de suelos ante el Mgap”. Según la información proporcionada por el Mvotma a Vázquez, “se comenzó a trabajar en una fase piloto, en un área de alta incidencia en el embalse de Paso Severino, comenzando con los sistemas lecheros, para incluir gradualmente otros sistemas y toda el área de la cuenca”, y el plazo estipulado por el Mgap es el 30 de abril. Las medidas cuatro y cinco están vinculadas a los tambos y a los establecimientos de engorde de ganado a corral (feed lots). El Mvotma intimó a los tambos “con un total de 500 animales destinados a una misma sala de ordeñe, ya instalados, a presentar la solicitud de autorización de desagüe y la propuesta de plan de gestión de residuos sólidos antes del 30 de abril de 2014 y contar con un sistema de gestión de efluentes en operación antes del 31 de diciembre de 2015”. Según el informe, a la fecha 16 tambos presentaron lo solicitado, en un total de 1.600. En el caso de los feed lots, se destaca como logro la elaboración de un decreto que los regula junto con otras prácticas de encierro. “Los establecimientos contarán con sistema de gestión de efluentes y con autorización ambiental de Dinama.” Hasta el momento son 14 los establecimientos de engorde a corral que presentaron solicitud de registro ante la Dinama. La medida seis busca “implementar la solución definitiva al manejo y disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes, Ose”. El plazo establecido para la obra es diciembre de 2015, pero en el informe entregado al presidente de la República se explicita que la obra estaría finalizada y funcionando en setiembre de 2017. La medida siete buscaba detener el acceso directo del ganado a beber agua en los embalses, y según se desprende del informe se estaría cumpliendo, aunque la información en este caso es bastante escueta. La ocho es la más polémica. Define franjas de amortiguación variables para ríos y arroyos, que van de 30 a 80 metros, pero en el caso de los embalses se mantiene fija en 100 metros. Desde la Asamblea por el Agua del Santa Lucía así como desde la Facultad de Ciencias se cuestiona esta medida por no contemplar las cotas de inundación del río, ya que se toma como referencia “la línea de propiedad de los predios lindantes o el eje del cauce”. Esto hace que en los hechos no exista una zona de amortiguación, ya que cuando el río desborda, que es un fenómeno habitual, esos suelos queden sumergidos. Las organizaciones pretenden que se haga un estudio pormenorizado de las zonas inundables. En la medida nueve se destaca el logro de haber iniciado la regularización de la situación de los responsables de extracciones de agua superficial y subterránea que tenían su permiso vencido. La medida diez, que mandataba declarar “reserva de agua potable” la cuenca del arroyo Casupá, se cumplió. Y la once también se cumplió. Se llevaron a cabo cinco sesiones de la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía. Aunque hay reparos frente al accionar de esta última. Desde la Asamblea por el Agua del Santa Lucía se denuncia que no contempla las propuestas y la ausencia de información: “Entendemos que la comisión es un ámbito fundamental y que hay que reforzarlo, es un espacio que se logró a través de la reforma constitucional, pero ir ahí es testimonial, porque de todas las propuestas hechas ninguna fue tenida en cuenta, y no hay acceso a la información. Esto dificulta la gestión, el control y la participación por parte de los usuarios, como establece la Constitución”, dijo a Brecha Carlos Dárdano, integrante de la asamblea.
EL FOCO. El río Santa Lucía acapara la atención política y mediática. Pero a pesar de las gravísimas irregularidades registradas en la siembra pasada –que le constaban al ex ministro de Vivienda y Medio Ambiente Francisco Beltrame, por haber recibido denuncias desde la Intendencia de Canelones– algunas situaciones se repiten. La isla cercana a San Ramón que dibujan el Santa Lucía viejo y el nuevo continúa cultivada con soja transgénica, y allí se planta en las márgenes del río hasta la barranca. Es decir que literalmente se fumiga por arriba del río Santa Lucía. No se fumiga más sobre el curso porque se caería el mosquito fumigador por la barranca. Pero también literalmente se fumiga el río, porque desde el año 2013 se planta soja en esa zona en terrenos inundables (ya se han visto sumergidos al menos en cuatro ocasiones). Capítulo aparte merece la isla. En videos de la Intendencia se ve cómo los fumigadores queman cajas de agrotóxicos, que tiran desde arriba del mosquito hacia una fogata que desprende un espeso humo negro. La imagen es dura por sí misma. Si pensamos que es el agua que beberemos, el golpe es doble. Para llegar allí el mosquito atraviesa el río Santa Lucía, ida y vuelta. Otra situación de gravedad similar ocurre en las cercanías del Arroyo Rambla. Aproximadamente 1.400 hectáreas ubicadas sobre las planicies inundables del Santa Lucía fueron expropiadas por Colonización. Paradójicamente, el instituto los cedió a la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón (Splsr), que había pedido un campo para plantar granos. Allí plantan soja y maíz. En una recorrida reciente, Brecha encontró en uno de esos padrones envases vacíos de diversos agrotóxicos. La cronología incluye a su vez la construcción de obras bidepartamentales para sacar las cosechas. El cartel de la Intendencia de Florida lo anuncia: “Río Santa Lucía ruta 94, km 47 Acceso Sociedad de Productores de Leche”. En declaraciones a Anpi TV, canal de San Ramón, Nelson Rabelo de la Splsr explicó que la Intendencia de Florida construyó una calzada para sacar la cosecha, el ministerio ayudó a arreglar el viejo casco de la estancia, y el otro ingreso, por el lado de Bolívar en la ruta 7, fue construido por la Intendencia de Canelones. El Intendente de Florida, Carlos Enciso, se mostró “contento” por la ayuda brindada a esta “pujante” colonia de productores por parte de Colonización. Lo paradójico es que la Intendencia de Canelones aprobó una medida cautelar que prohíbe el uso y/o manipulación de agroquímicos hasta 40 metros del borde de la crecida máxima del río Santa Lucía, normativa que de plano estos productores están violando. Pero la normativa no prevé sanciones. Al consultar al director general de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Canelones, Daniel Garín, expresó que “no tiene sanciones porque es una medida cautelar, le va a seguir una resolución definitiva (…) la cautelar busca interrumpir una actividad.” Además, agregó: “Tenemos un plazo máximo de tres años”. Sobre este caso en particular argumentó: “Lo estamos discutiendo con la organización de los productores y estamos conversando con las organizaciones en el territorio”. Sin embargo la Sociedad de Productores tiene contrato por dos años, y puede extenderse a diez.
DEFENSA. La necesidad de la vigilancia de las cuencas abre el debate acerca del rol del Ministerio de Defensa. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sobrevoló dos veces la cuenca del Santa Lucía, y tiene un tercer vuelo programado para el próximo martes. Según explicó a Brecha el diputado Víctor Semproni (FA), presidente de la comisión, “el objetivo es hacer un relevamiento de la zona como forma de ver qué posibilidades hay a través de las Fuerzas Armadas de hacer cumplir la legislación vigente”. Y agregó: “En primer lugar porque la zona del Santa Lucía es de dificilísimo acceso, y en segundo porque la ley de defensa establece como función de las Fuerzas Armadas la protección de los recursos estratégicos de la nación”. Para el legislador Rodrigo Goñi (PN), integrante de la comisión, “es incomprensible que el Poder Ejecutivo desprecie el aporte que pueden hacer las Fuerzas Armadas en la protección de los recursos hídricos nacionales”. El ministro Eleuterio Fernández Huidobro ha manifestado en varias ocasiones la disposición de su cartera de comprometerse con la custodia y vigilancia de los cursos de agua. Por momentos esa posibilidad se descartó de plano. Sin embargo, la comisión se muestra proclive a reactivar el debate y otorgarle un rol preponderante a las Fuerzas Armadas en el monitoreo. Consultado por la posibilidad de que la comisión analice otros recursos hídricos estratégicos del país, Semproni explicó que “la comisión como tal no lo tiene ni siquiera considerado. No descarto que se pueda hacer, pero hoy no es el objetivo planteado, con el problema del Santa Lucía más que nos alcanza”. Según él, en este ámbito “todos tenemos la preocupación de que estamos ante un problema sumamente grave y difícil de resolver, y que es necesario hincarle el diente cuanto antes”. Goñi, más optimista, consideró que “estamos muy a tiempo, seguimos viviendo en un país súper natural, y no tengo la más mínima duda de que apretando un poquito lo podemos arreglar”. El 5 de mayo la comisión recibirá al ministro de Defensa y este será el tema central.
[notice]Todo el país
La preocupación por el agua no abarca solamente a las aguas superficiales. Ni mucho menos sólo al sur del país. El sábado se realizará en la ciudad de Tacuarembó la Primera Gran Marcha de las Comunidades en Defensa del Acuífero Guaraní, convocada por la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua. José Morales, uno de sus voceros, dijo a Brecha que “la idea es tomar conciencia, conocer las particularidades y las riquezas de este recurso vital como es el agua, y a través de esta marcha a caballo, en bicicleta y a pie rodear de forma simbólica el acuífero Guaraní. Creemos que este blindaje es importante porque hay mucho en juego respecto a nuestra soberanía y a nuestros recursos”. Participarán delegaciones de todo el país, entre ellas la Asamblea por el Agua del Santa Lucía, vecinos de Maldonado y de la cuenca del Río Negro, junto a delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay. “Venimos en una escalada fuerte de descontrol, y es tiempo de parar, de reaccionar y saber medir los equilibrios”, sentenció.
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Monitoreo
La Facultad de Ciencias trabaja con la Dinama en un proyecto para armar un mapa de situación del país en cuanto a la calidad de las aguas y a las cianobacterias, que va hasta el año 2016. Luis Aubriot, profesor adjunto de limnología, explicó que actualmente el proyecto está centrado fuertemente en el Santa Lucía, pero se hacen monitoreos en distintos cursos del país. “La idea es dejar instalados sistemas de monitoreo continuo, coincidimos con los colegas en que esta va a ser la única manera de controlar al Santa Lucía, como si fuera un enfermo en el cti, un monitoreo del corazón permanente”. La facultad también participa de un convenio con Ose para la detección temprana de poblaciones de cianobacterias “potencialmente tóxicas”, y a su vez está en vías de ser aprobado un proyecto binacional con Finlandia para trabajar en la materia. Sobre las primeras consideraciones, Aubriot explicó: “Los ríos generalmente están bastante saturados de fósforo, entre un 50 y un 70 por ciento de fósforo reactivo, soluble, que es el fósforo biodisponible para plantas y cianobacterias, derivado más que nada de la fertilización. Esto hace que las aguas tengan una gran potencialidad de generar floraciones de cianobacterias”. Pero estos altos niveles de fósforo pueden generar fenómenos distintos de acuerdo a las características de los cursos: “En el país tenemos al menos dos fenómenos. Uno son los eventos de floraciones de cianobacterias instalados como, por ejemplo, en los embalses del Río Negro, río Uruguay, en las lagunas del Sauce y de Castillos. Se trata de fenómenos que se sostienen en el tiempo, donde existen poblaciones de cianobacterias persistentes, que están presentes y se mantienen prácticamente todo el año ahí. Después está el otro fenómeno que es mucho más complejo y que genera procesos mucho más rápidos, como en el río Santa Lucía, donde pueden aparecer de forma sorpresiva cuando son transportadas por la corriente”. Esa es una de las hipótesis que se manejan para el caso de 2013: un accidente provocado por algún emprendimiento que liberó cianobacterias al río. La otra posibilidad es que sea un comportamiento “natural” del curso teniendo en cuenta la gran cantidad de nutrientes que recibe, y por el hecho de que se forman pequeñas lagunas y remansos que podrían estar generando una situación peligrosa. Hace un año Aubriot dijo a Brecha que las condiciones para que se repitiera un fenómeno similar al de 2013 estaban dadas, pero que en aquel momento las lluvias habían disminuido el riesgo. “Con esta sequía las condiciones en el río Santa Lucía están dadas para que vuelva a ocurrir, porque no ha cambiado prácticamente nada desde 2013 hasta ahora, a pesar del plan de medidas que se ha dado a conocer y los decretos, todo está en los papeles por ahora”. Aubriot afirma que los “clásicos valores extremos” se siguen registrando en el Santa Lucía.
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