«Está claro que la elección del presidente fue responsabilidad de las elites brasileñas, del agronegocio a la industria, pasando evidentemente por el mercado financiero. No hay ningún cliché izquierdista en esa afirmación […]. Fueron, sí, los más ricos y teóricamente bien informados quienes eligieron o trabajaron con manos y mentes para la elección del actual presidente. Precisan ahora hacer mea culpa», escribió en junio Pedro Cafardo, editor ejecutivo del diario Valor Económico, tribuna en la que las elites económicas de Brasil se hablan sin tapujos.
Pero, a pesar del pedido de Cafardo y de la constante inestabilidad política, de la tragedia del sistema de salud y la mala reputación internacional generadas por el presidente Jair Bolsonaro, los empresarios brasileños mantienen su respaldo al gobierno. Y es que el presidente, su equipo económico, el empresariado y el mercado financiero coinciden hoy en un mismo programa neoliberal.
AFINIDADES ELECTIVAS
«El ministro Guedes y Sérgio Moro son los que sustentan el apoyo empresarial al gobierno. Esperamos que Guedes se mantenga en el cargo», explicó en abril a la revista Veja uno de los entusiastas más radicales de Bolsonaro, el millonario Luciano Hang. Fue a pocos días de la renuncia de Moro al Ministerio de Justicia. Por el momento, Guedes sigue en su puesto.
«Los empresarios y las finanzas reconocen en los valores liberales del ministro Guedes valores compartidos», dice a Brecha el corredor de la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa), André Perfeito, economista jefe de la empresa de inversiones Necton y especialista en mercados financieros. «Hoy, dentro del segmento empresarial, el porcentaje de apoyo al gobierno es mayor que el promedio general», recuerda a su vez André Rebelo, asesor de asuntos estratégicos de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP). A fines de mayo Datafolha reveló que el 56 por ciento de los empresarios brasileños considera la gestión de Bolsonaro como «buena» u «óptima», contra un 32 por ciento entre los asalariados. Rebelo señala a este semanario que ese apoyo se relaciona con que, en los últimos tiempos, «la agenda liberal ha ganado fuerza con el desgaste de la agenda de izquierda».
Guedes, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, es un admirador confeso de las reformas económicas realizadas en Chile a partir de 1973 por la dictadura de Pinochet y su equipo de asesores, encabezado por Milton Friedman y otros Chicago boys. Las reformas que espera concretar en Brasil giran en torno a la disminución de la inversión pública y a la mayor desregulación posible de la economía. En ese camino van la anunciada privatización de la estatal Eletrobras y el paso a manos privadas de la totalidad de la extracción y distribución de gas y petróleo, un proceso que se viene desarrollando desde 2016. Otros dos proyectos en la mira del Ejecutivo son las reformas tributaria y administrativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ha adelantado que algunas de estas medidas sólo podrán ser discutidas el próximo año, debido a la situación sanitaria. Pero, como ejemplo de su voluntad política, el gobierno aprovechó la pandemia para establecer un nuevo marco regulatorio del saneamiento básico que incentiva a nivel nacional la participación del capital privado y obliga a los estados y municipios a privatizar sus empresas públicas de agua potable y saneamiento.
Con la carencia de acceso a esos servicios, que sufren más de 100 millones de brasileños, como excusa, el Congreso aprobó la iniciativa a fines de junio. Su relator fue Tasso Jereissati, uno de los políticos más ricos del país (es accionista mayoritario de la Solar BR, una de las mayores productoras y distribuidoras de Coca-Cola en Brasil).
¿DESVÍO?
Con la pandemia de coronavirus pareció por un momento que el gobierno se vería obligado a cambiar de rumbo. «Estábamos yendo hacia reformas estructurales y tuvimos que salir en la dirección de auxilios de emergencia», reconoció el ministro Guedes el domingo 5, en una entrevista a la CNN Brasil.
En abril, la caída fue de 18,8 por ciento en la industria, 16,8 por ciento en el comercio y 11,7 por ciento en el sector de servicios, según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La crisis obligó al gobierno a generar mecanismos de ayuda económica para los sectores más afectados, puso en debate el papel del Estado y generó contradicciones y discusiones dentro de la elite brasileña.
Según Perfeito, al mercado financiero, por ejemplo, «le sigue yendo bien»: la Bovespa, a pesar de haber tenido su punto más bajo cuando se desvalorizó en un 45 por ciento en marzo, volvió a crecer durante mayo y junio, cerrando el trimestre con un incremento de 30,2 por ciento. Pero no ha sucedido así con los sectores productivos, aclara el economista.
En ese escenario y a poco de empezada la crisis, sucedió una serie de hechos llamativos. En una conferencia de prensa liderada por el ministro de la Casa Civil, el general Walter Braga Netto, y sin la presencia de ningún miembro del equipo económico, el 22 de abril se presentaba el plan Pro-Brasil, entendido como una posible guiñada estatista que anunciaba, como posible salida de la crisis, millonarias inversiones estatales en infraestructura y desarrollo regional.
El 24 de abril, el exjuez Moro renunciaba al gabinete alegando que el presidente estaba interfiriendo en la Policía de forma indebida. Minutos después, Gabriel Kanner, presidente del Instituto Brasil 200 –un grupo de empresarios que se encolumnó tras Bolsonaro en la campaña electoral–, declaraba a O Estado de São Paulo que con la salida del ministro de Justicia su apoyo al presidente se veía gravemente golpeado. «Es el comienzo del fin de este gobierno», diría. Lo secundarían de inmediato el magnate de la industria petroquímica Winston Ling –quien en su momento presentó a Bolsonaro a su ahora ministro Guedes– y el propio Luciano Hang.
Una semana después, el plan Pro-Brasil había desaparecido de la agenda oficial y Guedes retomaba el protagonismo en la conducción de la economía. Aunque la salida Moro ya estaba consumada, Kanner diría a Época: «Nadie es un santo en la historia […] tenemos que mantener nuestros valores e intentar amenizar las disputas políticas. Somos liberales y conservadores, y estamos alineados con el gobierno». Para entonces, Ling y Hang ejercitaban una marcha atrás igual de aceitada. Desde aquellos días, Guedes ha fortalecido su discurso antiestatista y promercado en todas las entrevistas que ha dado a los medios, en las que insiste en que sus reformas siguen en pie.
PACIENCIA
El de Braga Netto no fue el primer mensaje confuso que da el gobierno ni la pandemia es la primera situación crítica que enfrenta. «Bolsonaro no trae estabilidad, trae relaciones diplomáticas difíciles, problemas en la salud y la educación. Los empresarios y el mercado financiero pueden llegar a aceptar que no está haciendo un buen gobierno», dice Perfeito, pero, en todo caso, dice el economista, acto seguido se preguntan: «¿Para qué lo voy a sacar? Cualquier alternativa podría ser peor. Ahora el ruido político es tan grande que buena parte de la clase empresarial entiende que en nombre de una cierta estabilidad, por más mala que sea, lo mejor es mantener a Bolsonaro en el gobierno y presionarlo todo el tiempo para intentar mantenerlo controlado».
Para la economista y doctora en desarrollo económico de la Universidad Federal de Campinas Marilene Teixeira el pragmatismo de los grandes empresarios los lleva a desvincularse de cuestiones más «políticas»: «No hay un posicionamiento en relación con la agenda conservadora y su componentes machistas, retrógrados, fascistas». La académica sostiene a Brecha que «los únicos que se posicionan públicamente en temas de este tipo, y lo hacen a favor del presidente, son los sectores del comercio mayorista y minorista, que dependen básicamente del consumo popular y van para donde sople el viento».
En todo caso, si hay divisiones en los empresarios, responden a otros temas. Teixeira cree que «entre lo que algunos tenían como expectativas y lo que se terminó realizando» hay capitalistas que se pueden haber sentido decepcionados. «Guedes no aplicó una política volcada al sector industrial nacional. Brasil ha perdido mucho peso en ese rubro», afirma. En 2019 la industria de transformación tuvo el porcentaje más bajo de la historia de participación en el PBI: 11 por ciento, como corolario de un proceso de desindustrialización que se arrastra desde la década del 80.
Pero, de todos modos, para ella lo cierto es que «ya en la campaña era previsible que esto no se iba a revertir con las propuestas de Guedes». La mayoría de las grandes fortunas, sostiene, «tuvieron un papel muy relevante en el apoyo a Bolsonaro y en su resultado positivo en la elección, por lo que continuarán apoyándolo en la medida en que sus demandas e intereses sean contemplados».
EN EL ORIGEN, LA PLUSVALÍA
¿Cómo comenzó este amorío? Más allá del destape ocurrido en los últimos años con los discursos más rancios del conservadurismo brasileño y de las referencias al caos económico que habría generado la presidenta Dilma Rousseff, o buraco é mais embaixo (el agujero está más abajo), como dice la jerga popular. Los motivos que llevaron a buena parte del empresariado brasileño a apoyar el derrocamiento de Rousseff primero y luego el ascenso de Bolsonaro tienen orígenes más profundos y, predeciblemente, se relacionan con el dinero.
Según Perfeito, en los últimos años el objetivo central de los empresarios ha sido recuperar los antiguos márgenes de ganancia, tradicionalmente elevados en Brasil. «Cuando suben los salarios y cae el desempleo, se genera más consumo y más actividad económica y, por tanto, se genera más lucro. Pero, al mismo tiempo, la suba de los salarios genera más costos para el empresario. Gracias a esta paradoja, afirma Perfeito en diálogo con Brecha, lo que se veía en los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) era que, a pesar del aumento del consumo, el margen de ganancias venía cayendo.
«¿Cómo recuperás ese margen de ganancias? Reduciendo costos. ¿Qué costos? Impuestos y costos laborales», dice Perfeito. Por eso los empresarios, afirma, «adhirieron de forma intuitiva a una agenda liberal y no quieren reconocer que, en términos absolutos, ganaban más en el período anterior […] no es que sean burros, es que sabían que el consumo de las familias no iba a seguir en aumento. Y ahí empezaron a retraerse». Para el economista, las apelaciones de los empresarios a la corrupción del gobierno o al supuestamente exagerado tamaño del Estado para justificar su oposición actual al PT son simplemente excusas: «La cuestión central eran las ganancias».
PAGAR LA CUENTA
Las prioridades no han cambiado. Teixeira afirma que en los últimos meses muchos empresarios se han mostrado de acuerdo en que ahora «se precisa mucho papel del Estado como inductor del desarrollo», ya que es el que tiene capacidad de invertir en momentos en que la capacidad ociosa es del 60 por ciento y muchos sectores económicos están operando por la mitad». Pero, de todos modos, Guedes ya avisó que el alcance de las medidas de emergencia no debería pasar del próximo 31 de diciembre.
«No tenemos mucha libertad para errar. La situación fiscal, que ya era mala, está muy delicada. Después de este año de gastos excesivos que estamos teniendo –y que debemos tener–, precisamos volver a la normalidad cuanto antes», coincide Rebelo. Para el asesor de la FIESP, los inversores saben que «si se decide insistir en mantener algunos mecanismos de gastos excesivos, creados para enfrentar la pandemia, se generará un nuevo caos económico».
Lo único que puede hacerle perder un apoyo empresarial al gobierno es fracasar en la salida económica de la crisis, agrega Rebelo: «No ser capaz de lograr salir de esta pandemia con una transición organizada en la conducción de la economía». Perfeito, por su parte, cree que hay tensiones con respecto a la discusión sobre el gasto público y el desarrollo, que pueden ir en aumento hacia fin de año: «Todo el mundo está de acuerdo en que ahora el Estado tiene que intervenir. La discusión dura va ser a final de año y es quién va a pagar la cuenta».
«¿Cuál va a ser la salida?, ¿pasarle el costo a gente que no tiene para pagar un plan de salud, a gente que no tiene para jubilarse y que trabaja de forma precarizada?», se pregunta el corredor de bolsa. Guedes, por su parte, ya dejó claro cómo piensa navegar los próximos meses. En aquella entrevista a la CNN a comienzos de este mes, anunció que hará «cuatro grandes privatizaciones en los próximos 30, 60, 90 días». Y repitió algo que había dicho el año pasado, durante aquella «vieja» normalidad: «Quiero privatizar todas las empresas públicas».
Sentido práctico
En un principio, la apuesta del empresariado para la elección presidencial de 2018 era Geraldo Alckmin, del tradicional centroderechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Sin embargo, durante la campaña su candidatura se deshidrató vertiginosa y prematuramente. Con escaso carisma y poca llegada popular, el voto al exgobernador de San Pablo se convirtió pronto en inútil a la vista de las encuestas. Frente a su anunciado fracaso, las elites empresariales entendieron que ante la amenaza representada por el liderazgo de Lula en los sondeos resultaba necesario arriesgar con Bolsonaro. Alckmin terminaría la elección muy mal, ocupando una amarga cuarta posición, con el 4,7 por ciento de los votos, la peor performance de su partido en la historia.
Bolsonaro, en cambio, supo encarnar el papel esperado. Aprovechó el desgaste del PT y se colocó como alternativa antizquierdista y proempresarial con lemas como «Nuestra bandera nunca será roja», «Mi partido es Brasil» y promesas de apertura económica.
Para los empresarios y para el mercado financiero, todo aquello fue música para sus oídos, en un contexto que los incomodaba. «La agenda ambiental, la de inclusión, todo eso empezó a ser visto como una imposición a las empresas que generaba más y más costos. Donde fuera que miraras tenías una restricción a la operativa de la empresa, y el cansancio que eso generó hizo que se fuera por el camino opuesto», dice André Rebelo. El asesor de los industriales paulistas remata: «Nosotros no queremos reglamentación, no queremos cupos ni reglas».
Patito amarillo
Sobre los gobiernos de Lula casi no hay dudas: le fue bien a todo el mundo. Crecimiento económico con inclusión social, aumento del poder de consumo, generación de empleo. Los bancos nunca ganaron tanto. Ya con Rousseff empezaron los ruidos, sobre todo después de su reelección. Hasta finales de 2013, año en que explotaron las protestas en su contra, se mantenía una tendencia al crecimiento. Pero en 2014 la economía se estancó. En el segundo año de su segundo mandato, 2015, la recesión fue de 3,8 por ciento del PBI y la inflación subió más del 10 por ciento.
A fines de ese año, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo organizó una encuesta entre sus asociados, y el resultado fue avasallante: más del 90 por ciento apoyaba el impeachment a la presidenta y el posicionamiento público de la gremial. A partir de allí, los empresarios organizados se convirtieron en un factor de presión fundamental para el derrocamiento de Rousseff. La FIESP inició una campaña que tenía como logo un patito amarillo que decía: «No vamos a pagar el pato», que se convertiría en ícono de las manifestaciones a favor del juicio político.
Rebelo recuerda que organizar el impeachment «fue fácil»: había «una presidenta incompetente, una gran desorganización de la economía, un grave desajuste de las cuentas públicas y un vicepresidente que era el perfil típico del Congreso».
Una vez en el gobierno, Michel Temer preparó la cancha para todo lo que vendría después. Algunas de sus primeras medidas fueron el congelamiento de las inversiones públicas por 20 años y la modificación del régimen de explotación del presal brasileño, una de las mayores reservas petroleras del mundo. Temer se encargó de que la nueva legislación favoreciera la participación de empresas transnacionales en su explotación, en desmedro de la Petrobras, que hasta entonces tenía la exclusividad.
El Ejecutivo surgido del golpe también aprobó una reforma laboral favorable a las patronales e intentó, sin éxito, la aprobación de una reforma previsional. Para Teixeira, esas iniciativas fueron «un remiendo de demandas presentadas individualmente por sectores empresariales en las que todos resultaron contemplados». Así se inició el ciclo de reformas que continúa hoy el equipo económico de Bolsonaro.
