El empresario Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del empresario Gustavo Basso –fallecido en noviembre de 2024–, comparecerán este jueves ante la jueza especializada en Crimen Organizado Diovanet Olivera en una instancia clave del proceso penal por ilícitos en la gestión de Conexión Ganadera (CG). Está previsto que los tres lleguen a la Oficina Penal Centralizada –ubicada en la calle Juan Carlos Gómez– por sus propios medios; cómo saldrán del recinto, sin embargo, está por verse.
Tras más de seis meses de investigación, el fiscal Enrique Rodríguez pedirá formalizar a los exsocios de CG por un delito de estafa. El fiscal consideró probado que los socios de CG montaron una estratagema para engañar a los inversores y obtuvieron –con esos actos– un provecho injusto, indebido. Carrasco, socio fundador y cara visible de la empresa durante dos décadas, también será formalizado por lavado de activos. Además, el fiscal solicitará un embargo específico sobre una decena de bienes por unos 16 millones de dólares.
Con la formalización de la investigación casi segura, el debate se centrará en las medidas cautelares. Tras incluir el delito de lavado de activos, la fiscalía está obligada a solicitar –y así lo hará– la prisión preventiva de Carrasco; en tanto, Iewdiukow y Cabral, cuyo delito es más leve, serán beneficiadas con un pedido de arresto domiciliario, por lo que podrán transitar el juicio oral fuera de prisión. En este contexto, los abogados denunciantes estiman que la imputación fiscal se quedó corta y esperan que esto sea solo el inicio de la investigación sobre una de las mayores estafas pergeñadas en Uruguay. El enfoque que adopte la fiscalía en las próximas semanas será clave para determinar qué pasará en adelante.
REVISANDO LA BARAJA
El abogado Juan Pablo Decia –abogado de 28 inversores damnificados– consideró que la imputación fiscal «es bastante benevolente, benigna». En diálogo con Brecha, Decia dijo que ni él ni el resto de los abogados tuvieron acceso al pedido de formalización, por lo que conoció la imputación por «trascendidos de prensa» que no fueron desmentidos por el fiscal. «De confirmarse lo que se dice, la imputación no es acorde a los hechos ni a las evidencias que surgen de la carpeta investigativa», insistió.
Según Decia, el fiscal tenía insumos suficientes para formalizar por varios delitos, incluida la imputación de Iewdiukow y Cabral por lavado de activos, que tendrían como consecuencia la prisión. La decisión de no incluir este delito «puede ser de corte estratégico o táctico, pero no es jurídica», insistió. Además, estimó que existen elementos suficientes para imputar a los tres exsocios de CG por otros delitos, como asociación para delinquir, apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta o quiebra fraudulenta.
Entre los elementos para fundamentar estas imputaciones –dijo– están los informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. En efecto, el informe de la Senaclaft indica que la empresa CG mostró pérdidas significativas en sus últimos ejercicios contables, pero que eso no afectó el pago de dividendos a los socios, lo que «sugiere un posible vaciamiento de la empresa» (véase «La ruta del dinero», Brecha, 20-VI-25). Ese informe es contundente, dijo Decia.
El abogado Leonardo Costa –representante de más de un centenar de damnificados–, en tanto, le dijo a Brecha que a su juicio la fiscalía tenía elementos sólidos para imputar a Iewdiukow por lavado de activos y pedir la formalización de otras personas. Que no lo haya hecho puede responder a una estrategia procesal del fiscal. Según Costa, está claro que este pedido de formalización «es el inicio» de la causa y que es dable esperar que la investigación se profundice hacia otras personas y otros delitos. «Hay otras personas que pudieron ayudar en la estafa, hay otros partícipes que ayudaron en las maniobras de lavado de activos. Lo que dice el fiscal con este pedido es que tiene que empezar por algo y que empieza por lo más urgente. Uno tiene expectativas de que se vaya por más. Es necesario avanzar en la investigación sobre otras personas que también tenían participación en este esquema», enfatizó Costa.
Decia compartió que la investigación debe avanzar, pero se mostró cauto sobre cómo será ese proceso. «Si con los actores principales se da un pedido de formalización de estas características, bastante benigno, me preocupa y mucho cómo seguirá con el resto de los involucrados, respecto de los cuales ya existen evidencias suficientes para imputarlos hoy y no se hizo», afirmó. Entre las personas que, a su juicio, ya podrían ser imputados están Martín Bartol, Maximiliano Rodríguez, director de Pasfer SA, y los escribanos que intervinieron en la compraventa de inmuebles de las familias Basso y Carrasco.
EMBARGO DE BIENES
El fiscal Enrique Rodríguez solicitó la reserva del pedido de formalización en un intento de garantizar el embargo de bienes de las familias Basso y Carrasco, dijeron fuentes del caso a Brecha. Según pudo saber este medio, la medida cautelar incluye bienes por un valor total de unos 16 millones de dólares. Allí aparecen un campo de 1.060 hectáreas en Young (Río Negro) –comprado a través de la empresa Menafra SAS–, un campo de 900 hectáreas en Rocha –adquirido por Sauce Chico SAS (antes NXTV SAS)– y al menos tres apartamentos adquiridos por las familias Basso y Carrasco en Montevideo, así como otros inmuebles en Florida. También una decena de vehículos, entre ellos, una camioneta Maserati valuada en 170.500 dólares.
Sin embargo, el foco de la reserva estaría en un inmueble adquirido en Madrid (España) por parte de Carrasco y su esposa. El apartamento está ubicado en pleno centro de la capital española y está valuado en 1,2 millones de dólares. La propiedad fue adquirida con un retiro de utilidades de CG, como parte de una inversión futura. El fiscal Rodríguez pretende decomisar el apartamento para su incorporación en la masa concursal. Sin embargo, para que el bien sea restituido en su totalidad, la fiscalía necesita la cooperación de Carrasco y su esposa, ya que un embargo específico –que debe pedirse en sede penal– no tiene efecto inmediato en España. La defensa de Carrasco e Iewdiukow ya ofreció entregar los títulos de propiedad del inmueble, pero el proceso puede demorarse. Además, existe el riesgo de que, al tratarse de un bien adquirido con dinero ilícito, España pueda solicitar una parte de los fondos obtenidos en un remate. Esto significaría menos dinero para incorporar a la masa concursal.