El fiscal Enrique Rodríguez se apresta a solicitar la formalización de Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda del empresario rural Gustavo Basso, por diversos ilícitos en la gestión de Conexión Ganadera (CG), una de las empresas más lucrativas del mercado rural. Sobre la mesa están los delitos de estafa y apropiación indebida, así como una eventual imputación por lavado de activos. Se trata, la última figura, de la principal incógnita en esta etapa de la investigación, aunque los abogados denunciantes están convencidos de que será incluida en la imputación fiscal.
Determinar qué delitos cometieron fue la base del reciente interrogatorio de la fiscalía a los tres exdirectores de CG. En esa instancia, el fiscal preguntó detalles de la operativa de la empresa, entre ellas, las formas de capitalización de la actividad comercial y el manejo de los fondos. El foco se puso en la compra de inmuebles y vehículos, así como en retiros de grandes sumas de dinero de las cuentas bancarias de la empresa, cuyo destino no está claro.
En efecto, la carpeta de investigación incluye información sobre decenas de bienes adquiridos en los últimos años, incluso cuando los balances de CG y de Hernandarias XIII –empresa gestionada por Carrasco y Iewdiukow– comenzaban a registrar pérdidas millonarias. Hacia allí apunta la fiscalía para determinar el blanqueo de capitales. También los inversores damnificados, que buscan –de todas las formas posibles– ampliar la masa de bienes del concurso de acreedores para poder cobrar al menos algo del dinero perdido.
OLVIDOS Y DESMEMORIAS
Basso falleció el 28 de noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito. Las pericias del vehículo indican que fue un siniestro autoproducido, un suicidio. Por esos días, el escándalo de los fideicomisos rurales cobraba ribetes impensados y alcanzaba a CG, la empresa estrella del sector. Su muerte aceleró la debacle. En sus declaraciones ante la fiscalía, los tres exdirectores –Carrasco, Iewdiukow y Cabral– intentaron distanciarse lo más posible de los eventuales ilícitos cometidos en la gestión de la empresa y escudarse –por vías distintas– en la responsabilidad de Basso, quien ya no puede responder penalmente por sus acciones. En el caso de Carrasco
–socio de Basso desde 1999–, la estrategia fue clara: «Yo era el vaquero del grupo, él era el comerciante».
Durante años, Carrasco cultivó la imagen de hombre exitoso del negocio rural. Se paseaba por las ferias agropecuarias mostrando los galardones del éxito de CG, empresa que llegó a gestionar más de 75 mil hectáreas de campo en todo el país. Ante la fiscalía, sin embargo, se ubicó en un lugar más humilde. Su función, dijo, era solo operativa: desconocía absolutamente la realidad financiera de la empresa. Contó que cada seis meses se reunía con Basso para analizar la marcha de la empresa, pero se limitaban a hablar de los planes de futuro. «El balance él me lo comentaba, porque yo casi no sé leer un balance, no es mi know-how, él me mostraba cifras alentadoras de CG», se escudó, ante las repreguntas del fiscal, quien parecía incrédulo frente a sus palabras.
La fiscalía presentó entonces los informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) sobre CG y Hernandarias XIII, que muestran pérdidas significativas en los últimos ejercicios, con fuerte caída de los activos y aumento sostenido del pasivo y los gastos operativos. Pero en ningún caso se afectó el pago a los socios: «El hecho de que la empresa [CG] haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, que sugiere un posible vaciamiento de la empresa», expresó la Senaclaft.
«Creía que veníamos bien. […] Yo no incursioné en mirar en eso», insistió Carrasco. Iewdiukow, su esposa, también usó la carta de la ignorancia: «Confiábamos en el socio, era un tipo responsable, me caía muy bien, nunca nos falló. […] Para nosotros Basso era palabra santa, era intachable. En el Uruguay, un cheque de Basso –hasta el 27 de noviembre– era más importante que el del Banco Central. […] El 29 de noviembre empezamos a conocer a Gustavo Basso; fue la hecatombe», dijo. Y ubicó los problemas en lo que ocurría en Florida, en los despachos del estudio Gustavo Basso Negocios Rurales.
Cabral –viuda de Basso, quien trabajaba en el estudio y tenía la responsabilidad de firmar cheques–
siguió una línea similar. «Mi esposo era un hombre muy reservado, jamás me consultaba sobre los negocios. […] Las decisiones las tomaba él». «Nunca la sentí como mi empresa, siempre sentí que era una empresa de mi esposo con su socio. Jamás participé en ninguna decisión. Nunca le pregunté si la empresa era próspera, tampoco estaba en el meollo del negocio», agregó. Pero no se quedó ahí y también apuntó contra sus socios. Dijo que en la primera reunión con Carrasco y Iewdiukow, el domingo posterior a la muerte de su esposo, estos le hablaron del desfasaje entre el dinero de los inversores y el ganado asignado que tenía la empresa, de los problemas económicos y penales que se venían, que habían hablado con Juan Otegui y habían consultado con un abogado penalista. Carrasco y su esposa, en tanto, negaron haber hablado de desfasaje.
Las respuestas exculpatorias, en principio, no tuvieron efecto: el fiscal Rodríguez pedirá la formalización de los tres exdirectores de CG antes de la feria judicial menor, que comenzará el próximo 1 de julio, dijeron fuentes de la causa a Brecha. Entre los abogados denunciantes existe una firme expectativa de una imputación por lavado de activos, lo que abrirá el debate sobre los bienes y cuánto dinero podrá recuperarse para resarcir a los inversionistas estafados.
CAMPOS Y APARTAMENTOS
Carrasco, Iewdiukow y Cabral tenían –desde mayo de 2024–, cada uno, el 25 por ciento del paquete accionario de CG. El otro cuarto correspondía a Basso. A esto se llegó tras un acuerdo entre Carrasco y Basso de hacer participar equitativamente a sus esposas de un negocio que las tuvo activas desde el comienzo. Los cuatro cobraban un sueldo de 1.500 dólares de CG; Carrasco y Iewdiukow también recibían un pago de Hernandarias XIII, de entre 10 mil y 15 mil dólares.
Ante la fiscalía, el matrimonio reconoció un uso discrecional de la cuenta bancaria de Hernandarias XIII, que en los hechos oficiaba como una «caja de ahorro» personal para la familia: «Yo sé que está mal, pero era la cuenta personal de mi señora y yo, a la vez que la cuenta de Hernandarias, porque empezó chiquitito, pero después nos faltó la capacidad profesional de dividir las cuentas y hacer las cosas como debíamos hacerlo. Era lo mismo Hernandarias que mi señora y yo, así funcionó», afirmó Carrasco.
El informe de la Senaclaft –en poder de la fiscalía– muestra que el matrimonio utilizó estos fondos para la compra de inmuebles y vehículos. Allí figura un apartamento en avenida Brasil y Benito Blanco, con garaje, adquirido en marzo de 2022, para los dos hijos del matrimonio. El inmueble costó 326 mil dólares y se pagó con una letra de cambio, con dinero que salió de la cuenta de Hernandarias XIII en el Banco República. Otra salida extraordinaria desde esa cuenta fue un préstamo de 50 mil dólares a uno de los hijos de Carrasco, para la compra de un apartamento.
Del mismo fondo salió el dinero para comprar –en mayo de 2024– un apartamento en «la punta de Punta del Este», por 290 mil dólares, para otra de las hijas del anterior matrimonio de Carrasco. La compra se hizo con dinero prestado por Basso, dijo Carrasco, que entonces ya le debía a su socio 7 millones de dólares por el rescate financiero que hizo de Hernandarias XIII durante la sequía de 2023. Este apartamento fue revendido en diciembre de 2024 –después de que estallara el escándalo de CG–, en unos 310 mil dólares para, según dijeron, pagar los honorarios de los abogados del proceso concursal.
Con dinero de Hernandarias XIII también fueron compradas dos camionetas –incluida una Chevrolet Silverado por 87.990 dólares–, vendidas tras la muerte de Basso, para «poder vivir» y pagar los costos de los abogados. Estas últimas operaciones –la venta de las camionetas y del apartamento en Punta del Este, cuando conocían del todo la situación financiera de CG– ingresarían plenamente en la figura de lavado de activos.
Además, el matrimonio adquirió un apartamento en Madrid, en el centro de la capital española, por 1,2 millones de dólares. Según el matrimonio, este inmueble se pagó con el único retiro de utilidades que hicieron durante los 25 años de operativa de CG, como una inversión a futuro, para poder disfrutar la jubilación. El abogado Jorge Barrera, representante de Carrasco y Iewdiukow, entregó a la fiscalía los títulos de esta propiedad para que sean incluidos en la masa del concurso judicial.
En el informe de la Senaclaft aparecen también –aunque no fueron objeto de preguntas de la fiscalía– otro apartamento en Pocitos y una chacra en la zona de la playa La Colorada (Montevideo), cuyos terrenos fueron adquiridos en 300 mil dólares y cuyo valor actual superaría el millón de dólares. La chacra se llama La Rusa, país de origen del apellido Iewdiukow.
BIENES PROPIOS
CG sustentó su negocio en el arrendamiento de campos para recría y engorde en varios puntos del país. Pero también tenía campos propios. Los informes patrimoniales y financieros muestran la compra de tierras con dinero de CG que quedaron a nombre de Basso. Allí aparece la compra de un campo en Rocha –identificado como Sauce Chico–, consistente en tres padrones, de 900 hectáreas en total, que costó 3.149.807 dólares.
También un campo de 1.060 hectáreas en Young (Río Negro), comprado a través de la empresa Menafra SAS, por el que se pagó 5,7 millones de dólares. Carrasco afirmó que esas dos compras fueron idea de Basso y que él se limitó a hacer los proyectos de inversión: «Un día Basso llegó con la noticia de que habíamos comprado un campo [Sauce Chico]. No tengo idea cómo lo pagó», dijo. Carrasco se mantuvo estoico en esa versión, pese a las repreguntas del fiscal Rodríguez, quien esgrimía no poder entender cómo se había mantenido por fuera de dos inversiones que sumaban casi 10 millones de dólares.
Cabral, viuda de Basso, también alegó desconocimiento de estas inversiones. «Yo no sabía. Me enteré más tarde […] cuando empezó todo este revuelo sobre lo que había o no había», declaró. En el caso de la familia Basso-Cabral, buena parte de los inmuebles (campos y propiedades) aparecen en el proceso judicial de sucesión de Basso. Una de esas propiedades es la estancia Don Coraje –propiedad de Don Coraje SA, en concurso–, ubicada en Florida. La fiscalía preguntó sobre una transferencia de 205 mil dólares –en 2024, por parte de su hija– para la compra de dos padrones en Lavalleja, cuyo costo final fue de 750 mil dólares.
El fiscal Rodríguez también puso el foco en la compra de vehículos y en diversas transferencias bancarias. Entre los vehículos aparece la compra –en julio de 2024– de una camioneta Maserati por 170.500 dólares para Cabral, como regalo de cumpleaños, para cambiar su camioneta Audi Q5, que estaba próxima a alcanzar los 100 mil quilómetros. La Maserati está hoy en un galpón arrendado en Florida y fue ofrecida a la masa del concurso.
El informe financiero, además, detectó la compra de una camioneta Grand Cherokee (por 139.900 dólares) y una Chevrolet Silverado (por 92.900 dólares), esta última para Alfredo Rava, yerno de Basso. En 2024, la familia adquirió una Fiat Toro Vulcano (por 34.900 dólares), una Hyundai Kona (45.900 dólares) y un automóvil Tesla –por 55 mil dólares–, que fue el que conducía Basso al momento del siniestro de tránsito. También se compró media docena de vehículos para uso de la empresa Gustavo Basso Negocios Rurales.
El eje del interrogatorio, sin embargo, se refirió al manejo de las cuentas bancarias y de cheques. La familia tenía cuentas en Scotiabank, el HSBC y el Banco República. Cabral contó que, el mismo día de la muerte de su esposo, el Scotiabank le abrió una caja de ahorro a su nombre para que la empresa pudiera seguir funcionando. Hacia esa cuenta, el banco transfirió –sin sucesión ni mayores explicaciones– la mitad del dinero que se encontraba en la cuenta cancelada por la muerte del empresario rural.
Allí ingresaron (entre el 30 de enero y el 19 de febrero de 2025) cuatro cheques por casi 900 mil dólares, remitidos por Mohamed Montassar Ben Deya, propietario de Gladenur SA, quien controla el negocio de la venta de ganado en pie desde Uruguay a Turquía y le debía dinero a Basso. «¿Qué destino le dio a ese dinero?», preguntó el fiscal. Cabral –por recomendación de sus abogados– se amparó en su derecho a no contestar la pregunta, pero prometió hacerlo con prueba documental.
Además, se le preguntó sobre los movimientos de su cuenta en el Banco República, abierta en 2006. Cabral dijo que allí solo se depositaba su sueldo de CG, unos 1.500 dólares mensuales. Sin embargo, un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero detectó el cobro –entre abril y julio de 2023– de tres partidas por 450 mil dólares. «Esa cuenta no la chequeaba, nunca hubo una cantidad exorbitante» allí, afirmó Cabral, y dijo que la única transferencia significativa era una a favor de CG por 190 mil dólares.
El otro nudo que intentó desatar el fiscal se refirió a dos transferencias realizadas en junio y julio de 2020 hacia República Dominicana; se trata de dos giros por 687.705 dólares desde la cuenta de CG en el Scotiabank hacia una cuenta en el Banco Múltiple Caribe Internacional. Cabral dijo desconocer estas transferencias y estimó que serían para pagarle a un inversor; en la fiscalía creen que puede tratarse de un desvío de fondos hacia cuentas de Basso en el exterior. Confirmarlo es parte de la investigación.
