“El estilo tradicional del Poder Judicial es muy parecido al de Tabaré Vázquez” – Brecha digital

“El estilo tradicional del Poder Judicial es muy parecido al de Tabaré Vázquez”

En entrevista con Brecha, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak repasa su relación con el anterior gobierno y sostiene que las mayorías parlamentarias tuvieron un efecto negativo en la calidad de las leyes. También sostiene que se siente más cómodo con la investidura de Tabaré Vázquez que con la de José Mujica.

Foto: Manuela Aldabe

Ha sido protagonista de episodios de fricción con el gobierno por el conflicto salarial en el Poder Judicial y por eventuales “presiones” del Poder Ejecutivo. Con todo, sostiene que se siente más cómodo con la investidura de Tabaré Vázquez que con la de José Mujica. En entrevista con Brecha, Chediak repasa su relación con el anterior gobierno y sostiene que las mayorías parlamentarias tuvieron un efecto negativo en la calidad de las leyes. Aboga por mayor transparencia en la utilización del famoso El Guardián, y dice que los conflictos con el Ministerio del Interior se dan porque aún persiste la tradición de que la Policía captura a los delincuentes y la justicia los libera. En materia de derechos humanos y dictadura, se aferra a un “éxito relativo” en la lucha contra la impunidad, aunque es escéptico en que se pueda seguir avanzando.

—Usted dijo la semana pasada que hubo un cambio radical en la relación con el Poder Ejecutivo. ¿En qué puntos específicamente notó ese cambio?

—Me refería a la relación institucional. En la consideración de las instituciones en forma recíproca. Yo he señalado que el vínculo personal con el ex presidente Mujica fue muy bueno. Fuimos a Anchorena y compartimos alguna comida. Lo que no fue tan bueno, sobre todo en la segunda parte de su gobierno, y no sólo a nivel del Poder Ejecutivo sino también del Legislativo, fue el relacionamiento institucional luego de algunas declaraciones de inconstitucionalidad. El presidente Vázquez ratificó su absoluto compromiso con la Constitución, las leyes y el adecuado relacionamiento de los poderes. Esa es la tradición de Uruguay. No es que venga un período nuevo, sino que se retoma la relación tradicional de todos los poderes del Estado.

—¿Se siente más cómodo con el estilo o las formas de relacionamiento del nuevo gobierno?

—Por supuesto, en el caso personal sí. Es notorio que el estilo tradicional del Poder Judicial es muy parecido al estilo del presidente Tabaré Vázquez, y no al del ex presidente Mujica.

—Durante el conflicto salarial en el Poder Judicial, Mujica hizo una distinción de “clase” con los jueces y no así con los funcionarios. ¿Usted cómo la tomó?

—Como comentamos con mi peluquero hace 40 años, los uruguayos descendemos de inmigrantes que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Mi padre no terminó la escuela, le fue bien vendiendo autos. Sé lo que es trabajar, y no tengo más que el apartamento de la cooperativa en donde vivo desde 1983 y un auto. Además los cargos de la judicatura no son del todo atractivos para determinada clase social. Es cierto que los sueldos se hicieron más atractivos a partir de la primera presidencia de Vázquez, cuando hubo un incremento real de 40 por ciento y los sueldos se aproximaron a las aspiraciones. Pero tampoco estamos en una situación de privilegio. En el total de la ejecución presupuestal, el Parlamento y el Poder Judicial estamos parejos. Nuestra asignación presupuestal es igual, sólo que nosotros tenemos el triple de funcionarios que ellos. Lo que quiere decir que el promedio de retribuciones es bastante más bajo. No es que el Poder Judicial esté sumergido, pero tampoco es de elite. Está en la media.

—¿A qué atribuye las tensiones con el Ejecutivo anterior?

—En lo personal, al control de constitucionalidad de las leyes. Se recargó la función de control. Nosotros decimos que la Suprema Corte de Justicia (Scj) es como el freno de mano. El freno natural para el Poder Ejecutivo es el Parlamento nacional. Pero la mayoría parlamentaria hace que el primer freno natural funcione con menos fuerza, y se recarga el segundo, que es la Scj. Hubo un número inusitado de declaraciones de inconstitucionalidad, que me parece fue la fuente de las rispideces. Luego vino el problema del diferendo por las retribuciones.

—¿Cree que hubo impericia en los legisladores a la hora de redactar las leyes?

—La redacción de las leyes es un tema técnico. Una cosa es la voluntad política y la intención del legislador. Eso es resorte exclusivo del legislador y es un tema político. Se elige el rumbo hacia dónde se va, pero hay que plasmarlo en forma jurídica a través de las leyes. Por eso celebro el manual de redacción jurídica de las leyes que se acaba de aprobar. Las leyes deben ser unívocas, pasibles de una única interpretación legítima. Si no, se transforman en equívocas porque admiten dos o tres interpretaciones por un problema de redacción jurídica. Entonces es muy importante que se afine la redacción. Por supuesto que no es necesario que los legisladores sean sólo abogados, eso iría en contra de la igualdad democrática. Cualquiera de nosotros, tengamos o no título, podemos ser electores y elegibles. Pero sí es muy importante que los legisladores se asesoren para que las leyes sean lo más perfectas jurídicamente. Lo otro es que las inconstitucionalidades que nosotros decretamos ya habían sido relevadas por la cátedra, salvo la ley de Pluna, que fue aprobada en una semana. La cátedra había advertido de la inconstitucionalidad en una media docena de leyes.

—El ex ministro de la Corte Julio César Chalar sostuvo que hubo una voluntad expresa de legislar al margen de la Constitución. ¿Usted qué opina?

—No hago consideraciones al respecto. Chalar habló a título personal, pero no adjudicamos ningún tipo de intención. Como decía Quijano, las intenciones las presumimos todas buenas. En la vida lo hemos hecho así. Yo creo que faltó más bien la debida apoyatura a nivel técnico jurídico.

—Se ha dicho que las inconstitucionalidades ocurrieron porque la Corte no está de acuerdo con el proyecto político del gobierno.

—El control de constitucionalidad es ascético, es un tema jurídico. Yo no le podría decir la filiación política de cada ministro porque ni siquiera hablamos entre nosotros de eso. La Corte no dice nada sobre la bondad de las leyes. Por supuesto que si me preguntan si hay leyes que no me gustan digo que sí. A mí no me gusta el Irpf porque pago mucho, pero en su momento voté por su constitucionalidad.

—El concepto de pureza técnica es bastante dudoso. Por ejemplo, con una integración la Corte consideró que la ley de caducidad era constitucional, y con otra distinta sostuvo que era inconstitucional.

—Sí, pero nosotros recogimos las posiciones de discordia que tuvo la Corte. La primera fue tres a dos, con dos discordias, y la segunda con un cinco a cero, 20 años después. Pero esto es un problema de criterio. Quiere decir que lo jurídico es muy complicado y la visión de cada uno es determinante. En muchísimos temas la Corte no tiene opinión unánime.

—¿A qué aspira la Corte en el conflicto salarial?¿A cobrar toda la deuda?

—Agradezco la pregunta. Los titulares del crédito no somos nosotros sino los 4 mil funcionarios y 500 jueces, que en su mayoría iniciaron las reclamaciones. La aspiración que tenemos es ver cómo se soluciona el conflicto para el futuro y no las diferencias ya generadas, que son objeto de juicios y se resolverán por la vía de sentencia.

—La ley que obliga al Poder Judicial y no al Ministerio de Economía a pagar las sentencias desfavorables fue objeto de un pedido de inconstitucionalidad por parte de los funcionarios. Al mismo tiempo usted dijo que la Scj no es solvente para pagar la deuda, con lo que se deduce que el Mef debe pagar, a pesar de esa ley. ¿No está preanunciando que va a ser declarada inconstitucional?

—No, para nada. Los cinco miembros naturales de la Corte no vamos a resolver en eso. Por delicadeza nos vamos a abstener, como en todos los otros recursos de inconstitucionalidad que se presentaron durante el conflicto. Ya está sorteada la nueva integración con cinco ministros de los tribunales de apelaciones. Sobre la constitucionalidad no decimos nada para no influir en nada. Pero sí decimos que la ley que salió es inconveniente. Es inadecuada porque nosotros no tenemos una partida destinada al pago de sentencias contrarias, y tampoco tenemos autonomía como el Parlamento para aprobar nuestro propio presupuesto. Con esta ley todas las deudas del Estado las paga el Ministerio de Economía salvo las nuestras. Con esto todo ciudadano que demanda al Estado no tiene la certeza de tener un deudor solvente.

—¿Cómo tomó el hecho de que Vázquez pusiera un plazo –hasta mediados de año– para que la Scj se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley de medios?

—Nunca se me ocurrió que nos estuviera poniendo un plazo. Vázquez empezó abriendo el paraguas aclarando que no nos había puesto plazo alguno. Pero nosotros no lo tomamos así. Nosotros entendimos que él se iba a dar un plazo de 180 días para reglamentar la ley y que en el ínterin le gustaría conocer la opinión de la Scj. Es decir que va a esperar para reglamentar porque le gustaría que la Corte decidiera si hay o no inconstitucionalidades en esta ley. Nosotros le señalamos que más o menos los tiempos podrían cerrar.

—El ministro del Interior se quejó porque la jueza María Helena Mainard no procesó a una persona que tenía un supuesto arsenal de armas sin autorización, teniendo las pruebas. ¿Usted tomó las declaraciones como una presión?

—Desde determinados cargos de gobierno, incluso el nuestro, determinados tipos de apreciación que son naturales no se deben hacer para que el público no los lea como presiones. La única forma de evitar eso es no hacer esas declaraciones.

—No es la primera vez que se señala una supuesta falta de colaboración de la justicia. Bonomi ha hablado de que se requiere clarificar criterios.

—Hay que dejar una cosa clara para quienes no son especialistas en estos temas. No hay un criterio de la justicia y es imposible unificarlo entre 62 jueces con competencia penal. Lo imprescindible es llegar a un proceso oral y público de modo que el ciudadano pueda ver qué pasó en cada caso, qué declaró la persona acusada y cómo se diligenciaron las pruebas para armar un juicio de valor. Hay que tener protocolos de actuación y trabajar en el relacionamiento de la Corte con el Ministerio del Interior. Históricamente las situaciones de diferendo eran mucho mayores, incluso en gobiernos anteriores. Hay una tradición basada en eso de que la Policía detiene a los delincuentes y los jueces los ponen en libertad. En el caso concreto la palabra “arsenal” parecía desproporcionada para dos revólveres de bajo calibre, una granada de simulación, dos culatas y algunas municiones.

—¿Considera que el Ministerio del Interior debe divulgar el marco regulatorio de El Guardián para terminar con las especulaciones sobre su alcance?

—Como Corte estamos a favor de la mayor transparencia posible. Lo que haga el Ministerio del Interior es resorte de ellos. La Scj aspira y tiene en trámite la firma de un convenio marco y un protocolo referente a El Guardián que aspiramos a que se firme antes de que esté operativo. Eso va a ser trabajado por una comisión conjunta del Ministerio del Interior y el Poder Judicial.

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Derechos humanos

Las varas con las que se mide el éxito

—Usted dijo que “el Poder Judicial de Uruguay ha sido particularmente exitoso en la persecución de quienes cometieron las flagrantes violaciones a los derechos humanos en la dictadura”. ¿Qué implica ese éxito para usted?

—Es un éxito relativo, pero éxito al fin. Significa que hemos hecho lo que se debía hacer en el marco de una justicia de transición, que es toda aquella que existe cuando se pasa de un gobierno de facto a uno democrático. En todos los procesos de transición no se ha podido lograr un 100 por ciento de encausamiento de quienes violaron los derechos humanos. Dentro de esa situación, sin duda, que existan 32 violadores de los derechos humanos procesados, en proporción al tamaño del país y al número lamentable de personas que han sido objeto de desaparición, es un éxito. Y han sido encausadas figuras emblemáticas, y no personajes de segunda o tercera. Es exitoso también tomando en cuenta que muchos de los que violaron los derechos humanos han fallecido.

—Un reciente informe de la Comisión Internacional de Juristas señala lo contrario. Dice que hay un muy alto nivel de impunidad.

—La libertad es libre, se hacen las evaluaciones desde distintos ámbitos. Yo, que vivo aquí y conozco las dificultades que hubo para salir del gobierno de facto, tengo una visión más cercana a los hechos que las comisiones internacionales. Sé de las dificultades que ha habido para investigar, que son las dificultades naturales a todo proceso de justicia de transición. Es imposible encausar exitosamente los delitos que se cometen hoy. Actualmente un homicidio de cada dos no se puede resolver. Entonces aspirar a resolver el 100 por ciento de los delitos de hoy no se va a poder hacer, y en cuanto a los delitos de hace 40 años menos, porque ha operado el paso del tiempo. Una cosa es la aspiración, el ideal es el todo, y otra cosa es lo que la realidad permite, que está bastante lejos de las aspiraciones.

—Pero desde el propio Poder Judicial surgieron impedimentos para que ese “éxito” del que usted habla fuera mayor. Por ejemplo considerar la violación de derechos humanos en la dictadura no como delitos de lesa humanidad, sino como homicidios especialmente agravados, en donde sí opera la prescripción.

—Eso no tuvo incidencia alguna en los casos concretos en que nosotros mantuvimos las condenas. La condena por homicidio muy especialmente agravado, por ejemplo, en el caso de Gregorio Álvarez es exactamente igual a la que había pedido la fiscal en base a delitos de lesa humanidad. Si hubieran sido delitos de lesa humanidad también habría sido la misma pena de 28 años. En estos casos es irrelevante lo de la prescripción porque los terminamos condenando.

—Pero dio pie para que en adelante los abogados de los represores argumenten ante la Corte que prescribió el delito.

—Sí, y hasta ahora en esos casos no tuvieron éxito. Fueron condenados y la condena fue mantenida por los tribunales de apelaciones. Luego la Suprema Corte en la gran mayoría de los casos mantuvo la condena, salvo en dos o tres casos que se absolvió a los encausados.

—Pero, por ejemplo, en el caso de Aldo Perrini la Corte en primer término no aceptó un recurso de casación interpuesto por la defensa para considerar la prescripción del delito, y luego dio marcha atrás y lo aceptó.

—Eso fue un problema formal, pero sobre el fondo de la prescripción la Corte no ha dictado ninguna sentencia.

—Pero volvemos a lo mismo. Al declarar los crímenes como homicidio especialmente agravado uno deduce que sí operó prescripción, y por lo tanto no se pueden perseguir penalmente.

—Bueno, veremos. No hay que prejuzgar. Veremos cuando se dicte la primera sentencia cuál es la posición de cada ministro.

—El ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique considera que se llegó a un punto en que es más productivo el conocimiento de la verdad que el castigo punitivo. ¿Usted qué piensa?

—No establezco prioridades. Señalamos que es importantísimo que la verdad se conozca y estamos tratando desde la Suprema Corte de hacer todos los esfuerzos en ese sentido. Lo que se ha hecho no es poco. Para la verdad no existen limitaciones, pero en el caso de la sanción penal en principio podría haber limitación constitucional y a nivel de tratados internacionales.

—¿Cómo cree que puede funcionar la Comisión de Verdad y Justicia que creó Tabaré Vázquez?

—Aplaudí la primera comisión que institucionalizó Jorge Batlle, y aplaudo ésta.

—La propuesta incluye la creación de “unidades especializadas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con jurisdicción para la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos”. Usted dijo a El País que eso era inconstitucional porque se prohíbe la creación de organismos especiales para juzgar hechos o personas en forma concreta. ¿No queda un poco rengo ese apoyo?

—Ahí hay que ir a la sintonía fina. Los jueces se pueden especializar de distintas formas y con el grado que el Parlamento entienda que corresponda. Pero modificar la competencia de los jueces en materia penal para el pasado afecta el principio de un juez natural que integra el debido proceso reconocido en tratados internacionales. El que debe juzgar delitos que ya pasaron debe ser un juzgado con competencia dada por una ley predeterminada antes de que se cometiera el delito. El éxito de la comisión no queda rengo porque los jueces penales normales han tenido este éxito en la persecución de los grandes violadores de los derechos humanos en el lamentable período de dictadura.

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