“DOPS/rs
Información 03 76
En atención al PB de referencia, transcribimos el radiograma 50/76, recibido de DP de Santa Vitoria do Palmar, como sigue: Informamos que Óscar Pérez fue preso por el Ejército hace dos meses atrás y enseguida fue entregado mediante recibo a la policía uruguaya. (Firmado) G Madruga.”
Fue imposible, en Porto Alegre y en Montevideo, establecer la suerte que corrió Óscar Pérez y el porqué de su detención, probablemente en enero de 1976. El escueto texto del documento –calificado de reservado, obtenido por el Movimiento de Justicia e Direitos Humanos en los archivos del temible Departamento de Orden Público y Social (DOPS), policía política de la dictadura brasileña– ofrece sin embargo una información invalorable: a principios de 1976, Brasil y Uruguay mantenían una fluida coordinación represiva y las detenciones y las extradiciones clandestinas eran tan comunes que se había establecido –para evitar recriminaciones– el burocrático sistema del recibo firmado por la contraparte. (Por lo demás, la práctica del recibo se extendió después a todo el entramado de la Operación Cóndor: un documento similar fue firmado por el responsable argentino que llegó a Asunción en mayo de 1977 para trasladar a Buenos Aires a cuatro detenidos, dos de ellos uruguayos, que aún figuran en las listas de desaparecidos.)
Sin embargo, en enero de 1976, el Cóndor –tal como fue bosquejado en la Conferencia de Ejércitos Americanos, en el hotel Carrasco en octubre de 1975, e instrumentado por la inteligencia chilena un mes después– recién comenzaba a volar. La entrega expedita de un detenido –que puede o no haber sido sospechoso de subversión– revela la existencia de un hábito represivo, una práctica cotidiana que expresa, en opinión de investigadores brasileños, que en realidad el Cóndor fue forjado a fines de los años sesenta por los acuerdos bilaterales de la dictadura brasileña, por una parte, y el gobierno de Jorge Pacheco Areco, por otra. El Partido Colorado, que lleva en sus mochilas la autoría del golpe cívico-militar, también tiene en su haber la paternidad de una coordinación entre argentinos, brasileños y uruguayos, que se inició con una base en Montevideo desde donde se monitoreaban los movimientos de exiliados y opositores, se requerían capturas y se instrumentaban entregas, en una especie de preámbulo de lo que vendría después.
El lento pero inevitable proceso de forzar la apertura de archivos de las dictaduras aporta periódicamente nuevos elementos que dibujan cada vez con mayor precisión episodios del pasado reciente protegidos por el secreto. Documentos recientemente desclasificados exhiben la coordinación brasileña-argentina-uruguaya de comienzos de los años setenta en su verdadera dimensión y permiten revalorar algunos episodios que antes se consideraron aislados, de la misma forma que se revaloriza la responsabilidad de algunos gobernantes: la coordinación represiva, soporte del terrorismo de Estado en un nivel trasnacional, no fue patrimonio exclusivo de los militares en Uruguay.
HACIA UNA NUEVA CISPLATINA. El golpe militar que en abril de 1964 derrocó al presidente brasileño João Goulart multiplicó el trabajo de la estación de la cia en Montevideo, según el testimonio del agente secreto Phillip Agee. El arribo de numerosos exiliados brasileños, (entre ellos el ex presidente Goulart y su cuñado el ex gobernador Leonel Brizola, además de militares y políticos) instaló nuevas prioridades e impulsó en Uruguay una especie de simbiosis entre la inteligencia estadounidense y la brasileña que muy poco después, en la opinión de algunos altos mandos de las fuerzas armadas norteñas, atribuyó a los brasileños el “trabajo sucio” en esta parte del continente.
La misión del nuevo embajador Manuel Pio Correia, del agregado militar coronel Cámara Sena y del primer secretario Lyle Fontoura tenía dos objetivos centrales: establecer una rígida vigilancia de los exiliados; y alinear al gobierno colegiado, con mayoría del Partido Nacional, con la estrategia de la dictadura brasileña. Pio Correia encontró en el ministro del Interior Adolfo Tejera y en el jefe de Policía Ventura Rodríguez, ambos reclutados por la CIA, dos aliados para ejercer presión sobre un reticente Consejo Nacional de Gobierno. Finalmente, el embajador obtuvo el confinamiento de Brizola, la prohibición de los exiliados de volar avionetas y la liberación de un sargento de Marina, un espía del coronel Cámara Sena que, con la cobertura de estudiante, se había infiltrado entre los asilados y había sido detenido, acusado de espionaje. Cuando regresó a Rio de Janeiro, un año después, para asumir como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pio Correia había logrado sentar las bases de una plataforma brasileña en Uruguay, de coordinación en materia de inteligencia y seguridad, a la vez que una significativa penetración de la visión militar brasileña en un sector de la oficialidad uruguaya. Al despedirse de los jefes de la estación de la cia en Montevideo, Pio Correia advirtió que “más tarde o más temprano, Brasil va a intervenir (en Uruguay), tal vez no militarmente, pero de una manera conveniente y necesaria“. Agee comentó: “Por lo menos no tendremos que enviar tropas, como ocurrió en República Dominicana; los brasileños se encargarán, cuando llegue el momento”.
LA RUTA DE LA GELINITA. Al año de asumir Jorge Pacheco Areco la Presidencia de la República, la semilla sembrada por Pio Correia había germinado convenientemente. Los contactos personales de este inesperado presidente –que las caricaturas dibujaban con corona y manto borbónicos y con guantes de box– con los dictadores Juan Carlos Onganía de Argentina y Artur Costa e Silva de Brasil permitían que funcionarios policiales recibieran instrucción en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y en el DOPS en técnicas tipo escuadrón de la muerte. Tales funcionarios serían después, a su vez, instructores de otros policías y de civiles reclutados entre las organizaciones de corte fascista que desplegarían, con apoyo encubierto oficial, acciones contra estudiantes y trabajadores que ganaban las calles en un contexto de efervescencia social.
Los detalles de la coordinación con Buenos Aires estaban a cargo del prosecretario de la Presidencia, el abogado Carlos Pirán; y con la embajada de Brasil, a cargo del inspector Hugo Campos Hermida. En la embajada de Brasil el agregado aeronáutico Leuzinger Marques Lima se encargaba personalmente de traer, en valija diplomática, armas y explosivos “para aprovisionar a Tradición, Familia y Propiedad, a la Juventud Uruguaya de Pie y a sectores autónomos de la Policía y las Fuerzas Armadas”, de acuerdo con la directiva del Servicio Nacional de Información (sin) de “influir en los acontecimientos”. A su vez Pirán negociaba con el capitán Nieto Moreno de la side la entrega de gelinita y revólveres que los “alumnos” trasladarían a Montevideo. (Unos policías uruguayos que participaban en un curso de tres meses estuvieron a punto de quedar varados en Buenos Aires cuando el general Roberto Marcelo Levingston fue sustituido por el general Alejandro Lanusse; pero, como confesó el policía Nelson Bardesio, uno de los responsables del Escuadrón de la Muerte, una intervención personal de Pacheco Areco permitió resolver el problema de los viáticos y el alojamiento: “No se preocupen que hoy Lanusse confirmó el curso con el presidente Pacheco en comunicación directa”, le dijeron a Bardesio en la side).
En abril de 1970 el embajador brasileño Luiz Bastian Pinto comunicaba a la cancillería brasileña que el gobierno uruguayo deseaba aprovechar la reunión de los presidentes Emilio Garrastazu Médici y Jorge Pacheco Areco, prevista para julio en el Chuy, para acordar un encuentro personal de los responsables de la seguridad de ambos países; se recomendaba que participara un oficial brasileño de alta graduación dado que la parte uruguaya estaría representada por el general Hugo Chiappe Posse.
Los resultados de esa coordinación pueden apreciarse en el informe que el capitán Morgan, el coronel Kerr y el teniente coronel Haynes, asesores de la embajada estadounidense en Montevideo, elaboraron para el Departamento de Estado, en diciembre de 1972, sobre “La asistencia de terceros países en seguridad interna”. Los militares estadounidenses confirmaron que “el mayor volumen de ayuda consistía en el suministro de municiones, armas cortas, gases lacrimógenos, y equipo de transporte y comunicaciones, pero la principal es el entrenamiento en las escuelas militares argentinas, así como en las de Brasil y España”. La asistencia argentina “estuvo limitada al entrenamiento de unos pocos oficiales. Los brasileños entrenaron a militares y policías uruguayos vinculados a grupos antiterroristas que pusieron bombas, secuestraron y hasta mataron a sospechosos de ser miembros de grupos terroristas de la izquierda radical”. La embajada estadounidense confirmaba que los brasileños habían facilitado al Escuadrón de la Muerte “fondos, vehículos, armas, municiones y explosivos”; y que “altos oficiales uruguayos visitaron Brasil en 1971 para interiorizarse de las medidas que el gobierno de Brasil había utilizado contra la amenaza insurgente”. La experiencia brasileña había acumulado las enseñanzas en “técnicas avanzadas de contrainsurgencia” de los cursos que Dan Anthony Mitrione impartió primero en Belo Horizonte y en Rio de Janeiro entre 1960 y 1967. Según A J Languth, del New York Times, “Mitrione adiestraba en técnicas de tortura con electroshocks de manera que los detenidos no murieran en el proceso”. El informe de los militares estadounidenses coincidía con las confesiones de Bardesio sobre el Escuadrón de Muerte.
EL PRE CÓNDOR. El encuentro entre los presidentes Garrastazu Médici y Pacheco Areco dio vía libre a una asimétrica relación de los aparatos de inteligencia, en la que los agentes brasileños utilizaron a Montevideo como base para coordinar las persecuciones a disidentes; la vigilancia sobre los exiliados brasileños, que el último gobierno colegiado había aceptado a regañadientes, se intensificó al punto que la comunidad brasileña estaba totalmente penetrada de espías.
La base de inteligencia brasileña en Montevideo manejaba información muy detallada sobre las andanzas del ex coronel Jefferson Cardim de Alencar Osorio, exiliado en Uruguay tras el golpe a Goulart y quien en 1965 “invadió” Brasil para instalar una guerrilla contra la dictadura. Jefferson llegó a tomar militarmente el poblado de Tres Passos antes de que su columna guerrillera fuera desarticulada por el ejército. Logró escapar de una prisión y asilarse en la embajada de México. Tras viajar por Argelia y Cuba, Jefferson regresó a Uruguay donde vivía con su esposa, una uruguaya, y su hijo, y mantenía una estrecha relación con su sobrino, Eduardo Lopetegui Buadas, hijo del coronel Guillermo Lopetegui y sobrino del coronel aviador Manuel Buadas.
El coronel Leuzinger –el mismo que utilizaba la valija diplomática para introducir la gelinita– seguía muy de cerca los pasos de Jefferson; había comunicado al sni los contactos que había mantenido en Cuba con brasileños, y en diciembre de 1970 logró informar al agregado militar brasileño en Buenos Aires que el ex coronel se disponía a viajar a Mendoza y probablemente a Chile. La base en Montevideo llegó a informar la hora y el día en que Jefferson embarcó en Colonia en el ferry boat hacia Buenos Aires en compañía de su hijo y de su sobrino, viajando en un auto con matrícula brasileña.
La embajada en Buenos Aires solicitó a Coordinación Federal que detuviera a los viajeros. El hijo del coronel Lopetegui fue devuelto a Montevideo, 24 horas después, en un vuelo comercial; Jefferson y su hijo fueron torturados en la Policía Federal durante cuatro días, hasta que fueron recogidos por el coronel Leuzinger, quien los trasladó directamente a Rio de Janeiro en un avión militar brasileño. El secuestro de Jefferson en Buenos Aires, gracias a la información producida en Montevideo, y su traslado clandestino a Brasil se consideran como el primer operativo del Cóndor, por la participación de tres aparatos de inteligencia.
En junio de 1974, la base del pre Cóndor en Montevideo pudo alertar sobre los movimientos de otro destacado exiliado, el sargento Onofre Pinto, quien, según los comentarios que circulaban entre los asilados en Montevideo y que recogieron los espías, se proponía ingresar a Brasil para ejecutar al célebre torturador Sergio Paranhos Fleury, delegado del DOPS en San Pablo. Miembro del famoso “movimiento de los sargentos”, Onofre Pinto realizó diversas acciones guerrilleras, entre ellas la ejecución del agente de la cia capitán Charles Chandler. Preso en 1969, fue uno de los 14 prisioneros de la dictadura brasilera canjeados por el embajador estadounidense Charles Burke Elbrick, secuestrado en Rio de Janeiro. Exiliado en Chile, fue apresado, probablemente en Argentina, en virtud de la información obtenida en Montevideo, y ejecutado junto con otros exiliados, en la zona fronteriza de Foz de Iguazú. Su cuerpo nunca fue encontrado.
REVELACIONES URTICANTES. Tal como preveía Phillip Agee, el proceso iniciado por Pio Correia ponía a Uruguay, a comienzos de la década del 70, en una especie de tutela de Brasil. Una reciente información brindada por el coronel Ruy de Paula Couto, quien en 1970 era agregado militar en la embajada brasileña en Montevideo, sostiene que el famoso Plan 30 horas (por el cual el III Cuerpo de Ejército, con asiento en San Pablo, tenía dispuesto invadir Uruguay para el caso de que el Frente Amplio ganara las elecciones de noviembre de 1971) fue en realidad un pedido del presidente Pacheco Areco a Garrastazu Médici. La fuente no es confiable, pero lo cierto es que el Plan 30 horas existió, que unidades del ejército brasileño se desplegaron a lo largo de la frontera y que ni el gobierno de Pacheco ni los altos mandos militares uruguayos reaccionaron –como debían– cuando se conocieron los detalles a mediados de 1971.
Documentos recientemente desclasificados y difundidos por el National Security Archive de la Universidad George Washington confirman la preocupación de Brasil por el avance de la izquierda legal en Uruguay, que a mediados de 1971 parecía poder ganar las elecciones. Y también la preocupación del gobierno de Richard Nixon dispuesto cada vez más a designar a la dictadura brasileña como un “subgendarme” para América del Sur. Un documento del 20 de agosto de 1971 revela que el Departamento de Estado pretendía establecer qué actitud asumirían Brasil y Argentina ante un eventual triunfo del Frente Amplio. La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires reportó que “Brasil y Argentina han realizado múltiples consultas de inteligencia y están siguiendo de cerca los eventos en Uruguay”. Argentina, que se había involucrado en el golpe que derrocó en Bolivia al general Juan José Torres, “no tiene planes de intervención en las elecciones uruguayas”, “pero apoyaría un golpe para reinstalar al actual presidente Pacheco si la izquierda Frente Amplio gana en noviembre”. El cable refiere a la ayuda que Argentina brindaba a Uruguay en la lucha contra la insurgencia: “Por ejemplo un equipo de interrogación de Argentina fue enviado a Montevideo cuando el líder tupamaro Raúl Sendic fue capturado”.
A comienzos de diciembre de 1971, cuando el Frente Amplio ya no “apeligraba” ganar las elecciones, el presidente Richard Nixon mantuvo dos reuniones con el presidente Garrastazu Médici durante la visita de éste a Washington. Tras la reunión, Nixon mantuvo el 7 de diciembre un intercambio de impresiones con el secretario de Estado William Rogers: “Nixon: “Es un tipo increíble, ¿cierto?”. Rogers: “Es… Dios mío, me alegra que esté de nuestro lado”. Nixon: “Duro y, eh, tú sabes… [risas]… sabes, me gustaría que presidiera sobre el continente entero”. Rogers: “A mí también. Debemos ayudar a Bolivia. Él está preocupado por ello”. Nixon: “A propósito, la cuestión uruguaya, parece que él ayudó un poco allí…”.
Trece días después Nixon fue menos ambiguo en relación con el papel que había jugado Brasil en las elecciones uruguayas, durante un encuentro con el primer ministro británico Edward Heath. Según un memorando secreto de Henry Kissinger, Nixon le dijo a Heath: “Nuestra posición es respaldada por Brasil, que es después de todo la llave del futuro. Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas… Hay fuerzas que están actuando las cuales nosotros no desalentamos”.
La reciente difusión de estos comentarios de Nixon, 41 años después, encendieron la indignación del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien aseguró, una vez más, que las elecciones de 1971 fueron limpias, que no hubo fraude y que, por tanto, la derrota de Wilson Ferreira fue cierta. La fuerte reacción no desmiente, sin embargo, la participación de Brasil en nuestros asuntos internos: la simple difusión, en medio de la campaña electoral, de una invasión fulminante brasileña para el caso de un triunfo frenteamplista fue inequívocamente una manipulación. Pero sobre eso, como sobre el cúmulo de evidencias de la sumisión del gobierno de Pacheco Areco a la estrategia brasileña-estadounidense, ningún dirigente colorado abre la boca. Como tampoco se comentan los elementos que prueban el protagonismo de Pacheco Areco en la instalación de una coordinación represiva.
