En la tarde de este jueves, el nacionalista Carlos Albisu convocó una conferencia de prensa en Salto y anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). «No hay que dar lugar al oportunismo político, hay que cuidar al gobierno», subrayó. El ahora exjerarca también dejó caer algún atisbo de autocrítica: «Seguramente nos hemos equivocado, motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley», admitió luego de repasar los apoyos económicos brindados durante los tres años que estuvo al frente de la CTM a distintos organismos públicos y organizaciones civiles. Más temprano en la semana, el presidente Luis Lacalle Pou –sin descartar posibles «excesos» en la contratación directa de tres decenas de funcionarios– había respaldado su gestión por el apoyo dado al desarrollo regional del norte. No aclaró, sin embargo, de qué manera contribuye con esa zona del país la contratación directa, para trabajar en las oficinas de la CTM en Montevideo, de su exsecretaria privada Rosa Imoda, quien además es suplente del diputado nacionalista de Canelones Alfonso Lereté (¿esa designación se cargará en la cuenta de Albisu?).
Brecha informó sobre el ingreso de Imoda a la CTM el 5 de noviembre de 2021. También dio cuenta de que Florencia Supparo, edila en Salto por la lista 404, había ingresado a la CTM en 2020 manteniendo su cargo como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El miércoles 7 de este mes la radio Universal informó que, tras un sumario administrativo, el Mides desvinculó a Supparo, luego de detectar incumplimientos de su horario de trabajo. Según El Observador, el despido se concretó en enero de 2023. Supparo estuvo hace exactamente un mes visitando a Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y se sacó una selfie con el presidente en el evento en el que respaldó a Albisu esta semana.
El pasado 14 de julio, este semanario informó que el nuevo estatuto del personal de Salto Grande otorgaba inamovilidad a todos sus empleados, incluidos los designados directamente. También, que se había extendido el régimen de retiros incentivados del organismo a funcionarios que fueran designados en cargos de gobierno, situación en la que se encuentra el vicecanciller, Nicolás Albertoni (véanse «El duque», 14-VII-23, y «La previa», 14-VIII-23). El 4 de agosto, el estatuto volvió a modificarse. El régimen de indemnizaciones más jugoso se modificó a la baja y ahora es solo para los funcionarios que tengan 20 años de trabajo en la comisión. Para los que no cumplan esa condición, se creó otro de menor cuantía (entre otras modificaciones directamente relacionadas con lo informado en julio). La inamovilidad de los ingresados, en tanto, salió ilesa.
