—Es la tercera vez que visita los centros de privación de libertad para jóvenes, las tres veces con administraciones distintas. ¿Qué cosas han cambiado o mejorado según su impresión?
—Un tema importante es el de las medidas sustitutivas a la privación de libertad. Es un elemento central a tener en cuenta si un día queremos acabar con la espiral negativa que tenemos en este momento, donde hay más menores internados y por tanto más problemas. Hemos notado un incremento de las medidas no privativas, hoy estamos en un 50 por ciento de este tipo de medidas y 50 por ciento de medidas privativas. Pero a la vez se dio un incremento del número de jóvenes privados de libertad en términos absolutos. Y eso se da por varios factores a estudiar: hay una teoría que indica que la criminalidad se ha incrementado por el factor de la pasta base, otra que señala que la Policía es más eficaz, y la otra es que hay una especie de ansiedad por seguridad de parte de la población que ejerce presión tanto sobre la Policía como sobre los jueces.
—¿El avance se limita al aumento de las medidas alternativas que aplica la justicia?
—Eso es un progreso. Aunque lo que pide la Convención de Derechos del Niño, que la privación de libertad sea el último recurso, no se cumple todavía. Para que se cumpliera se necesita una política más integral. Si se da una pena alternativa, ésta debe ayudar al menor a cambiar de vida, a integrarse. Eso supone la colaboración de empresarios. Porque estos chicos, muchos de los cuales ya tienen hijos, precisan trabajar, y se necesita un acuerdo con los posibles empleadores. La cuestión es generar incentivos organizados (y no se trata de dar a los empresarios una mano de obra barata), porque de lo contrario ¿por qué un empresario va a tomar a alguien que no tiene formación, que está en conflicto con la ley y a veces tiene problemas de equilibrio personal? Pero al mismo tiempo los empresarios tienen que comprometerse en hacer un seguimiento de los casos, por lo menos algunos años, y que no sólo se aprovechen de los incentivos que se pueden dar. Pero para eso todavía falta un plan, que no debe ser sólo del inau, tiene que ser más amplio.
—El plan que falta en ese aspecto parece no estar tampoco a nivel del proceso socioeducativo, o el tratamiento para quienes hacen un uso problemático de drogas o para los jóvenes que terminan su pena y egresan.
—Si el problema es el incremento del consumo de drogas, hay que ver cómo se trabaja en la prevención. Porque si el joven está robando para consumir, ya es tarde. Esas políticas están en el limbo. Se dice “hay que hacerlo”, pero no hemos visto cómo eso se articula con la política de represión. La educación es bastante formal, sí hay algunas horas de taller, pero no se ve bien cómo engancha con el cambio de actitud y el proceder del joven. Otro punto es la situación del que egresa. Es una situación difícil, porque independientemente del centro en que estuvo –sea bueno o malo–, tenía sus necesidades básicas resueltas. Pero cuando sale, si la familia no responde, pierde toda contención.
—¿Percibieron algún cambio en las condiciones de vida de los jóvenes internados?
—Hubo dos o tres cambios positivos. Se resolvió el tema del acceso al baño y se terminó con las famosas botellas donde los jóvenes debían hacer sus necesidades. No era un tema tan difícil de resolver. El informe de Nowak** creó su impacto en este sentido y se ha disminuido de manera significativa esa práctica. Tanto en 2004 como en 2008 se nos denunció violencia de parte de funcionarios del inau, se sabía que pegaban, que daban palizas. De esta visita todavía no podemos sacar conclusiones definitivas, pero sí podemos decir que no hay denuncias sistemáticas como antes, se escuchan algunas, pero son casos puntuales. Parece que se tomaron medidas concretas para que eso sea mucho más controlado. Lo que sí nos preocupa –y se nos dice de forma unánime– es que la Policía cuando arresta a los chiquilines y los interroga, practica el submarino y el submarino seco. No será toda la Policía, pero parece que aquí hay un problema serio. Existen también denuncias de violencia excesiva por parte de la guardia perimetral, cuando hay un motín o una fuga. Entran golpeando a los internados, destruyendo sus pertenencias personales. Una violencia desproporcionada, según supimos.
—¿Cuál es la situación en los centros que visitó?
—Los centros problemáticos siguen siendo los mismos. Si me preguntan si han cambiado, yo digo que hay que partir de que los centros son muy diferentes. Pero no sólo por los perfiles, porque si comparamos Cimarrones y Puertas sucede eso, los de Cimarrones ya tienen un proyecto de salida y es normal que se comporten de otra manera. Pero si comparamos centros como Ituzaingó y Piedras, con edificios parecidos y población del mismo perfil, vemos situaciones muy disímiles. En Piedras el aspecto de la casa muestra falta de mantenimiento, las ventanas no tienen vidrios, es frío, sucio… Hay una tensión mucho más fuerte, se controla mucho más, los chiquilines no pueden casi salir de las celdas, todavía hay gente que se escapa. Se notan condiciones inaceptables para un país como Uruguay. Son celdas que afectan la dignidad de la persona. Y a esto se suma la falta de un programa que le permita al joven romper con su pasado, que lo acostumbre a funcionar de otra manera, que le aporte nuevas herramientas. En esos centros es donde se dan los motines y el mayor grado de violencia entre los chicos y con la Policía. En Ituzaingó hay mayor población, tiene los mismos perfiles de chicos que cometieron rapiñas u homicidios, y hay una situación completamente diferente. Ituzaingó es abierto, tienen un parque, trabajan con los animales que crían, trabajan en el campo y a pesar de que es más fácil huir, casi no hay fugas. Es claro que no hay un proyecto concertado con las autoridades que se desarrolle en todos los centros, sino que parece que cada uno se organiza como quiere. Se nota que en algunos centros hay más esfuerzo por la seguridad que por otra cosa.
—Por lo que cuenta, la situación es casi la misma que hace cuatro años.
—Podemos repetir lo que ya se ha dicho, porque es verdad y hay que hacerlo, pero me gustaría dar un paso más. Hemos visto proyectos y programas que fracasaron, hemos visto cambios en el directorio y las gerencias, y tenemos una situación paradójica de un diagnóstico aceptado por el gobierno, un gobierno que se muestra atento a todas las recomendaciones, pero al mismo tiempo vemos que hay obstáculos para aprovechar la experiencia.
—¿Tiene un diagnóstico de cuáles son los elementos de bloqueo?
—Hay varias cosas. Por ejemplo se está de acuerdo en cerrar Berro porque es un centro concebido para otra época y no funciona. Pero si cerramos Berro tenemos que responder a la pregunta ¿qué hacemos con los que están ahí? Eso supone un concepto: una casa más pequeña para perfiles determinados en el centro de la ciudad. Hay que hacer un plan, un cronograma y un presupuesto. Porque luego hay que convencer políticamente de que es necesario. Siempre se nos dice que no hay presupuesto…
—Pero sin embargo se invierte mucho, una cifra que trascendió el año pasado era de unos 120 mil pesos mensuales por internado…
—Se invierte mucho y encima sin mirar. Lo que me preocupa es que no veo de dónde va a salir el proyecto. Por un lado el inau nos dice que está por cambiar el directorio y entonces no pueden decidir. Pero podrían ser los técnicos quienes discutan y propongan. No soy ingenuo, la propuesta va a ser peleada, con buenas y malas intenciones. Pero no va a salir del Parlamento una solución. Ellos van a discutir sobre si más o menos seguridad… pero si se presenta un proyecto viable, con un presupuesto razonable, con una construcción precisa, es mucho más fácil hacerlo avanzar. No veo una solución fácil. Pero la hay en términos de presupuesto y en términos de gente con capacidad y formación como para iniciar un proyecto. Hay que hacerlo fuera de la plaza pública, porque si lo dejamos en manos de las conversaciones de café estamos perdidos. Lo que falta es el proyecto…
—Mencionaba hace un rato que se encuentra con un gobierno receptivo y que muestra voluntad para aceptar recomendaciones, pero las situaciones no cambian. Un alerta podría ser la dificultad para nombrar el directorio del inau, se ha intentado con muchos nombres y parece que nadie quiere agarrar…
—Eso me preocupa mucho. Nadie quiere agarrar, pero al mismo tiempo están pasando los trenes, porque se va a discutir el presupuesto sin que nadie pelee por eso. Lo peligroso es que la población termina pensando que es un tema sin solución. Escuché a un taxista que decía, “si ni Mateo ha podido, entonces no puede nadie”. Si la gente piensa que no hay solución, emerge la idea de la seguridad como único reflejo. Ya pasaron todos, nadie pudo, cuesta plata, esos chicos son una amenaza… hay que contenerlos y punto. Ese es el riesgo en este momento.
—El estado de nuestros lugares de encierro no coincide con el imaginario social local, ni con la visión que se tiene afuera de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted que visita por estos temas otros países?
—Yo lo veo paradójico. A nivel internacional Uruguay es el país que siempre ha llevado la bandera de la defensa de los menores. Eso quiere decir que cuando se proyecta algo sobre el tema siempre se consulta a Uruguay porque es el punto focal. Y si es el punto focal es el modelo hacia el exterior. Por otro lado es un país protagónico en la defensa de los menores, y cuyos gobiernos se muestran abiertos a aceptar críticas y recomendaciones, pero al mismo tiempo mantiene esos lugares de detención completamente inaceptables… resulta desconcertante. Quizás soy muy optimista, pero apunto a que Uruguay es uno de los países donde podemos hacer un avance. n
* La omct nuclea a 297 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y cuenta con estatuto consultivo en la onu y el Consejo de Europa. En Uruguay trabaja con el Comité de Derechos del Niño.
** Manfred Nowak es el relator especial de la onu sobre la tortura. En 2009 visitó distintos centros carcelarios de Uruguay y advirtió sobre la gravedad de las condiciones de encierro que se viven en nuestro país, asegurando que el penal de Libertad es una “de las peores cárceles del mundo”.