Si el presidente Tabaré Vázquez ha definido que la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura es una prioridad de su gobierno, no debería seguir manteniendo en el gabinete a quien denosta del peor modo a las organizaciones que representan a uno de los movimientos sociales más vigorosos del Uruguay actual. Más allá de lo que han marcado las dos consultas populares sobre la ley de caducidad, ni los más necios están en condiciones de rebatir lo que ocurre cada 20 de mayo por la avenida 18 de Julio: la confluencia de una poderosa y revitalizada marea, que en gran parte se nutre de la llamada izquierda social. Pero no sólo. La presencia de dirigentes y de ciudadanos de a pie que no se identifican con el Frente Amplio o con la izquierda proporciona un mensaje que no tendría que ser despreciado por la desteñida política partidaria, incapaz de concitar muchedumbres que no sean –en la mayoría de los casos– un producto del acarreo o de maniobras menos confesables.
El punto es especialmente interesante para el Frente Amplio, que en ocasiones apela a esa vieja frase de “coalición y movimiento”, y que probablemente divise –aunque a menudo prefiera cubrirse los ojos– cómo buena parte de su componente fundacional ya guarda la bandera en un hermético estante, actúa como un tardío soldado disciplinado en el momento de votar, o en el peor de los casos ya ha abandonado la divisa.
Fernández Huidobro es además un reincidente. El año pasado había disparado todo su poder de adjetivación, toda su destemplada bilis, contra Serpaj, la organización de “Perico” Pérez Aguirre, y aquella que nunca claudicó en la tarea de visitar calabozos, esos que recluyeron en condiciones infrahumanas no sólo a los tupamaros, sino a todos los presos, los políticos y los olvidados presos comunes. Esa asociación, al igual que otras permanentemente insultadas por Huidobro, a menudo ofició de único puente de conexión entre los familiares y los presos. El ministro de Defensa, que ahora dice que es “insultado”, fiel a su estilo lenguaraz, había calificado a los responsables de Serpaj de “imbéciles” y a la organización de haber sido “cercana a los nazis”. Si la caja de herramientas de Huidobro no fuese tan grotesca, esa apelación podría ser un ejemplo de humor involuntario, porque una de las fuentes de financiamiento del informe anual sobre derechos humanos de la Ong es nada menos que la Fundación Rosa Luxemburgo.
Si en aquella oportunidad el ministro recibió un tirón de orejas de Tabaré Vázquez, parece que no fue suficiente como para contener su incontinencia. Y si aquella vez el Frente Amplio se conformó con las explicaciones de Huidobro, ahora la última declaración de su Mesa Política parece que se atrevió un poco más (aunque se limitó a decir que las expresiones del ministro “no representan” al partido, y no explicita la consecuencia de esa pérdida de representación). Sólo algunos sectores decidieron llamar a las cosas por su nombre y reclamar la renuncia.
Calificar de “enfermitos” a quienes se manifiestan año a año, en silencio, incluso a quienes a pesar de haber sufrido los delitos más aberrantes, ya sea como víctimas o como familiares, han reclamado de modo pacífico el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado (ese demonio que no puede fusionarse con ningún otro, ni siquiera a fuerza del hierro fundido de las esculturas), son expresiones que no deberían ser toleradas, ni pronunciadas por quien porta una investidura del Frente Amplio.
En términos de eficiencia, si el presidente Vázquez pretende que se produzcan avances que permitan a los familiares conocer el destino de los restos de sus seres queridos o que se destraben muchas de las causas judiciales, el nombramiento de Huidobro se da de bruces con esa intención. Se cuentan por docenas los testimonios de familiares y de todo tipo de organización –más o menos escéptica– que chocaron contra la muralla del Ministerio de Defensa. Basta hablar con alguno de los querellantes para conocer que documentos que “no existían”, finalmente aparecieron a fuerza de tesón. Ya es de perogrullo narrarlo. La permanencia del ministro ofende incluso a quienes integran el propio Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que Vázquez acaba de legitimar por decreto.
Un análisis, en clave de real politik, podrá especular con que la presencia de Huidobro tranquiliza a los comandantes, a los generales, a los Tenientes de Artigas, o a quién sabe quién, posiblemente gente que el ministro conoce desde los años setenta, cuando –como él mismo reconoció– era uno de los negociadores con los militares. “Yo nunca abandoné el trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas”, dijo a Brecha, en 2011, cuando renunció a su banca en el Senado, y sumió al Frente Amplio en una crisis política de dimensiones, ya olvidada por los tiempos de la desmemoria. Otra hipótesis es que podrían existir algunos paquetes que se comenzaron a armar en el gobierno pasado, y que el enclenque y vociferante ministro ha convencido al presidente de que él es el único que puede terminar de rubricar la moña. Cuesta creer que en el mismo año en que se cumplen tres décadas de la recuperación de la democracia, y cuando se repite el mantra de que las Fuerzas Armadas ya son otras, el gobierno frenteamplista no cuente con otra figura que esté a la altura de las circunstancias.