El próximo domingo las y los uruguayos enfrentaremos la decisión democrática más importante de las últimas décadas, solo equiparable al heroico plebiscito del silencio de 1980, en el que dijimos no a la perpetuación de la dictadura, o al referendo de 1989 y el plebiscito de 2009, en los que el pueblo intentó, infructuosamente, derogar la infame ley de impunidad. Es una decisión trascendental, porque decidiremos que quien gane gobernará en un país en que el foco de las políticas públicas se ponga en la felicidad de la gente o en los negocios de los poderosos.
Así de simple: si triunfa el sí, habrá que buscar las soluciones por el lado de una distribución más justa de la riqueza nacional; si pierde, quienes ya han hecho su opción por la teoría del derrame y por pavimentar el camino de los malla oro sentirán que desapareció la última barrera: en el tema de las jubilaciones, pero también en cualquier otro de la economía.
Si la coalición gana, la reforma jubilatoria contra la gente que impuso este gobierno tendrá seguramente cinco años más de vida; si gana el Frente Amplio (FA), con su camino de buscar un amplio consenso nacional para resolver el problema, casi seguramente pasará lo mismo, porque ¿qué consenso pueden alcanzar los sectores populares con sus explotadores?
En el medio, hay una cantidad de gente asustada, porque se ha pronosticado el fin del mundo si gana el sí: y es cierto, habrá un mundo que se empieza a acabar, pero, recordando la frase artiguista, no será el de los más infelices, sino el de los más privilegiados. Por una vez, los pobres serán bienaventurados, si no con el reino de los cielos, como quería Jesús, con una vida un poco mejor que antes y muchísimo mejor que ahora, reforma multicolor mediante.
Pero esta película ya la vimos: si el no ganaba en 1980, iba a haber dictadura para rato, y se acabó casi en seguida; si la derogación ganaba en 1989 o en 2009, los militares iban a volver a salir de los cuarteles y se acababa la democracia. Y eso no pasó, pero tampoco ganó la derogación, y, aunque los males peores fueron mitigados por la declaración de inconstitucionalidad de la impunidad, seguimos esperando la verdad y la justicia.
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En el fondo, este asunto es muy simple: por las razones que se han expuesto hasta el cansancio, fundamentalmente demográficas, los aportes de los trabajadores no alcanzan para sustentar jubilaciones y pensiones dignas, y ni siquiera las indignas. Y los aportes patronales son cada vez menores. Por eso, en otro plebiscito realizado junto con un acto electoral, en 1989, se dispuso que el financiamiento del sistema previsional se hiciera sobre la base de tres recursos (artículo 67): «A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley […]; B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario».
Por esto que dice la Constitución (lo que dice ahora, que es lo mismo que decía cuando se votó la reforma multicolor de 2023), constatado el desequilibrio financiero, el gobierno tenía cuatro caminos: aumentar los aportes de los trabajadores; aumentar los de los patrones; aumentar la asistencia del Estado, lo que exigiría más recursos presupuestales, o hacer una combinación de dos o de las tres medidas anteriores, como se hizo con la caja bancaria.
A su vez, cada una de esas cosas se podía hacer de diferentes maneras: el aumento de los aportes de obreros y patrones, de manera uniforme o diferencial (aportando más el que tiene mayores ingresos); la asistencia del Estado, usando mejor los recursos actuales o acudiendo a nuevos impuestos o aumentando las tasas de los existentes: subir el IVA, aumentar el impuesto al patrimonio y/o a la renta, eliminar exoneraciones injustificadas y a veces hasta perniciosas. Etcétera.
El gobierno, asesorado por el inventor local de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), el doctor Rodolfo Saldain, descartó subir los aportes patronales, descartó aumentar la asistencia estatal, descartó incrementar los aportes de los trabajadores de mayores ingresos –como el doctor Lacalle Pou, el doctor Javier García, el doctor Álvaro Delgado y otros sostenedores firmes del marronazo– y cargó todo el fardo a los trabajadores, y de manera uniforme, prolongando cinco años su período de aportes (si tienen la muy poco probable suerte de trabajar) y reduciendo las prestaciones a recibir.
Ese es el modelo que, sí o sí, tiene que caer, porque es injusto y malsano. Habrá que diseñar otro, porque es necesario, pero sobre otras bases.
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¿Qué bases? Que los trabajadores no pierdan derechos y que quienes pueden contribuir, porque tienen excedentes, contribuyan. Eso es lo que plantea la papeleta que sostienen el PIT-CNT, Fucvam, FEUU y otras organizaciones sociales, pilares básicos del campo popular.
¿Es bueno que esto se haga mediante una reforma constitucional?, ¿o no es tema para la Constitución, sino para una ley? Bueno, yo creo que esta es una discusión profundamente equivocada, y ha sido lamentablemente el argumento inicial de actores y sectores políticos que solían estar en la vereda de enfrente de la que están ahora. Porque lo fundamental no es la pulcritud en el uso de las distintas herramientas jurídicas disponibles, sino a quién se traslada la decisión: si al Poder Ejecutivo todopoderoso que creó la Constitución de 1967, con poderes de veto, exclusividad en la iniciativa en temas económicos y la posibilidad de desairar una y otra vez al Parlamento (como hizo Jorge Pacheco Areco a poco de estrenarla), o al conjunto de la ciudadanía. Y no puede haber ningún escenario mejor ni ningún actor con mayor derecho a decidir esta cuestión que el pueblo todo, mediante el voto.
Por otra parte, se achaca a la papeleta que rigidiza la Constitución en un asunto que puede requerir, más adelante, otros cambios. Pues de eso mismo se trata: más allá de que la carta magna no está escrita en piedra y se puede cambiar, se trata de poner una garantía mayor, porque si en el futuro a alguien se le ocurre volver a cargar el fardo sobre los trabajadores y trabajadoras, tendrá primero que cambiar la Constitución, para lo cual deberá conseguir el voto de la gente.
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¿Era mejor limitarse a revertir el cimbronazo de los cinco años de aportes más y cinco años de prestaciones menos y no introducir la eliminación de las AFAP? No, no era mejor: era más fácil.
Porque se eludía una cuestión sobre la cual no es fácil explicar y es fácil aterrorizar.
Pero es que las AFAP nunca fueron parte de la solución y siempre fueron parte del problema, porque parte del desequilibrio se produce porque las AFAP, sin hacer nada, se llevan una parte del botín para dedicarlo a sus especulaciones financieras.
Por lo tanto, no hay solución, o será mucho más difícil, con un intermediario con fines de lucro en el medio del escenario y sacarlo de él es imprescindible, porque jubilaciones y pensiones son parte de la seguridad social y no de un negocio.
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No voy a dedicarme a rebatir los argumentos de los detractores del plebiscito, porque en esta cuestión lo que importa no es lo que puede pasar en el siglo XXII, ni si un punto o una coma de la papeleta están en el lugar equivocado, sino lo que pasa ya, y pasará cada vez peor, con la calidad de vida de la gente, si no pegamos un frenazo y una marcha atrás, para tomar la dirección correcta y no la equivocada.
Pero hay dos argumentos que son fantásticos y que ilustran cómo piensan los tecnócratas liberales los problemas de la gente: por un lado, se sostiene que aumentar cinco años la edad de retiro no es perjudicial, porque, en realidad, con el trabajo informal, mucha gente no acumula los 30 años de aportes cuando tiene 60 de edad. Entonces, en vez de tratar de solucionar ese problema, estimulando la formalidad y, si es preciso, reduciendo los años de aporte requeridos, lo que se hace es aumentar los años de trabajo para que la persona pueda aportar más.
El otro argumento fantástico, por otro lado, es que atar las prestaciones mínimas al salario mínimo nacional puede hacer que los gobiernos rebajen este para no subir aquellas. La cual sería una conducta poco menos que delictiva y que suena raro cuando quienes piensan que eso puede pasar también piensan que van a ser gobierno.
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Finalmente, un apartado entre frenteamplistas. Las Bases Programáticas 2025-2030 del FA, elaboradas y discutidas por sus sectores y sus bases durante largos meses, y aprobadas por su congreso, que deberían ser, como decía Tabaré Vázquez, la biblia de un gobierno del FA, establecen (punto 7, «Equidad social: igualdad de derechos, distribución del ingreso y la riqueza», acción prioritaria 7, pág. 35): «[…] Se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad. […] Impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo) y en modalidades consistentes con el marco constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social. Revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social […], siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más» (los destaques son míos).
¿Habrá una forma mejor de cumplir todo esto que votando el sí en el plebiscito del sistema jubilatorio y aprobando luego una ley que, sobre esas bases, persiga dichos objetivos?
