A finales de la semana pasada los cubanos asistieron a un acontecimiento singular: por primera vez las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento) eran trasmitidas de forma íntegra y en vivo por televisión.
Por si tal novedad no fuera suficiente, el tema presentado a discusión también resultaba inédito. Cada uno de los 605 diputados que integran “el órgano superior del poder del Estado” tenía ante sí un ejemplar del anteproyecto de la nueva Constitución, con la que Raúl Castro afirma pretender asegurar la “invulnerabilidad” del socialismo en la isla. Se trata de 224 artículos redactados por una comisión de 33 miembros presidida por él mismo, que desde comienzos de junio laboró para dotar al país de una carta magna “acorde con la nueva realidad nacional y los cambios por venir”, según el presidente, Miguel Díaz-Canel.
Desde abril de 2011 Cuba vive bajo el signo de la “actualización”, la política económica –impulsada por el hermano menor de la familia Castro con el aval de los dos últimos congresos del Partido Comunista (Pcc)– que derogó numerosas prohibiciones heredadas de décadas anteriores (las que impedían viajar libremente al exterior y la compraventa de inmuebles y autos, entre las más publicitadas) y fomentó el “cuentapropismo” (el sector privado de la economía) y la inversión extranjera.
Luego de entregar la presidencia en abril último, y ateniéndose a sus responsabilidades como primer secretario del partido, Raúl Castro parecía llamado a concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de esa organización política, esencial dentro de la estructura funcional del país. De hecho, la carta magna vigente –y se ha confirmado que también la por venir– le otorga al Pcc la condición de “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”; su primer secretario es la máxima autoridad en todos los campos, incluido el de la defensa.
Mas el ex presidente y su sucesor sorprendieron en junio pasado con el anuncio de una comisión constitucional, conformada íntegramente por diputados, que daría a conocer un anteproyecto de nueva Constitución, que primero debería ser aprobado por el parlamento –así se llegó a la cita de hace una semana– y luego pasar por un “proceso de consulta popular”.
UNA DISCUSIÓN SINGULAR. Las sesiones televisadas revelaron a más de un observador el carácter que pudiera tener el “proceso de consulta popular”, programado por las autoridades para llevarse a cabo desde el 13 de agosto (aniversario del nacimiento de Fidel Castro) hasta el 15 de noviembre próximos.
En teoría, durante esa etapa la ciudadanía tendrá la posibilidad de brindar sus impresiones sobre el texto y hacerle enmiendas. Eso en teoría, pues “haría falta que con las opiniones del pueblo no pase como con las de muchos diputados, que si eran contrarias o pedían alguna modificación, les caían ‘arriba’, y adiós la propuesta”, señalaba un lector del sitio digital oficialista Cubadebate, en un foro sobre el tema.
Su observación puso el dedo sobre el punto más sensible de los debates parlamentarios aludidos, los cuales –en propiedad– no lo fueron realmente. En la práctica el “guion” de las cuatro jornadas legislativas se basó en una escena repetida en cerca de un centenar de ocasiones. En ella un diputado cualquiera planteaba sus criterios sobre un artículo determinado y el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta (quien conducía la presentación del anteproyecto), lo confrontaba con tono de inapelable superioridad.
Las contadas modificaciones al original no pasaron nunca de una permuta de términos o alguna adición o supresión virtualmente inocua. En asuntos de fondo, como las amplias reformas propuestas para el gobierno de las provincias y municipios, la creación de cargos como el de primer ministro o de un Consejo Electoral Nacional, y la virtual eliminación de los límites al enriquecimiento personal –la modificación más llamativa–, se registraron contadas intervenciones.
Únicamente los acápites relativos a las formas de propiedad reconocidas por el Estado y su actitud ante la concentración de ésta en manos privadas (22), la igualdad de los ciudadanos y sus derechos (40 al 42), y la familia (69) propiciaron algo semejante a la confrontación de ideas. Sin embargo, ni siquiera en esas circunstancias los criterios divergentes consiguieron pasar a la letra impresa. Por lo regular, luego de la respuesta de Acosta y la explicación de alguno de los asesores de la comisión constitucional, los diputados se declaraban “de acuerdo con lo planteado en el anteproyecto”. Sólo en una oportunidad una diputada insistió en llevar a votación su propuesta (sobre un cambio menor en un artículo acerca de la igualdad de los ciudadanos ante la ley). Ninguno de los presentes la respaldó.
Vale destacar que los cuatro días de sesiones parlamentarias transcurrieron sin que el pueblo cubano conociera el texto sobre el que discutían los asambleístas, ya que el anteproyecto todavía no ha sido divulgado.
DESIGUALDADES. Al margen de la aprobación del matrimonio igualitario (reconocido expresamente en el proyecto constitucional) o de la apertura a un utópico escenario pluripartidista (negada de plano por la ratificación en el mismo texto del monopolio político del Partido Comunista), el tema económico se perfila como el más sensible –y asequible– para el ciudadano común.
En especial porque la mayoría de las finanzas familiares se mantiene en números rojos desde comienzos de la década de 1990, y la desigualdad crece a pasos agigantados. Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto, estudios conducidos por la Universidad de La Habana (UH) –la más importante del país– han revelado que alrededor del 85 por ciento de los fondos depositados en cuentas bancarias pertenece al 13 por ciento de la población, y que en ciudades como la capital la proporción entre los salarios mínimos y los más altos es de uno a 30 (cuando en 1989 era de uno a cuatro).
“Si bien la isla muestra rasgos muy semejantes a la transición demográfica de naciones desarrolladas (niveles muy bajos de fecundidad y mortalidad), en lo tocante a la penetración de la tecnología y al nivel medio de los ingresos personales, se encuentra en el nivel africano”, alertaba en marzo pasado el profesor Juan Carlos Albizu-Campos, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la UH. Sus criterios fueron emitidos en un panel organizado por la revista de ciencias sociales Temas, bajo el conflictivo título “¿Compañeros ricos? Los grupos de altos ingresos en el socialismo”, el cual despertó una masiva concurrencia de público pero aparentemente no encontró eco en el Palacio de la Revolución.
En contraposición con la inquietud de muchos, durante la presentación del anteproyecto constitucional el secretario del Consejo de Estado se empeñó en restar gravedad a la situación. “La concentración de la propiedad es el gran enemigo al que debemos enfrentar. Aunque haya concentración de la riqueza, si no hay concentración de la propiedad no hay margen para la explotación del hombre por el hombre”, aseguró Acosta a los asambleístas que reclamaban una mayor claridad en cuanto a las políticas de Estado ante el fenómeno.
Y es que de las discusiones en la Asamblea Nacional se desprende que en este proceso de reforma constitucional el gobierno cubano ha buscado plasmar una distinción entre la concentración de la riqueza y la concentración de la propiedad, obviando la aparente contradicción de esa distinción semántica que niega los postulados más fundamentales del marxismo.
EL “PROCESO DE CONSULTA POPULAR”. Tampoco quedaron definidos, durante las sesiones parlamentarias, los mecanismos que darán curso a los planteamientos realizados por los ciudadanos en las miles de asambleas que se organizarán en todo el país.
“En algún momento se especuló con la posibilidad de circunscribir las discusiones (acerca de la nueva Constitución) sólo a la Asamblea Nacional”, recordaba en abril el doctor en ciencias históricas Ariel Dacal, profesor del conocido Centro Martin Luther King, en La Habana. Por entonces, diversas “pautas de la reforma” comenzaban a esbozarse en ámbitos oficiales y grupos de la sociedad. Todas revelaban el interés que despertaba el proceso inminente. “Sería poco alentador que algunas zonas de esa riqueza quedaran fuera de las consideraciones para la redacción definitiva del nuevo texto constitucional”, alertaba el especialista.
La forma en que esa y otras inquietudes encuentren respuesta depende en primera instancia del propio Consejo de Estado, que a las órdenes del presidente, Díaz-Canel, ostenta la representación del país entre los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional. Como el próximo encuentro de esa cámara está previsto para diciembre, el procesamiento de las opiniones populares estará a cargo del aparato burocrático subordinado al Consejo de Estado, erigido en juez y parte por la actual coyuntura.
