La investigación de los crímenes del Escuadrón de la Muerte avanza sobre el brazo civil de la organización parapolicial y paramilitar. El indagado más comprometido es Miguel Sofía, un millonario empresario de la comunicación, otrora integrante de la jup y del Comando Caza Tupamaros.
Las pruebas contra “José” –ese era el alias de Miguel Sofía en el Escuadrón de la Muerte– son variadas: abundan los testimonios que lo involucran en acciones ilegales de la Juventud Uruguaya de Pie (jup), y otros cualitativamente muy importantes –por tratarse de sus ex cómplices– lo señalan como uno de los civiles operativos en casos de atentado y desaparición forzada de personas. A la vez, declaraciones de un ex legislador lo vinculan a actividades delictivas en la época represiva predictadura, en tanto que el acopio de información de prensa de los años sesenta y setenta ayuda a armar el rompecabezas del Escuadrón, en el cual Sofía encastra como pieza importante.
La declaración brindada a los tupamaros por el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio –mientras estuvo secuestrado en 1972 en la denominada “Cárcel del Pueblo”– es particularmente reveladora. Bardesio, un integrante del Escuadrón de la Muerte que ahora se encuentra detenido en Argentina bajo proceso de extradición hacia Uruguay, describió con lujo de detalles cómo se realizó en agosto de 1971 el secuestro y desaparición forzada del estudiante Héctor Castagnetto. En ese testimonio sostuvo que Sofía participó del secuestro, tortura y desaparición del joven.
“A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José y que había sido presentado por (Pedro) Crosas en el ministerio como su principal ayudante. Por comentarios en el ministerio, sé que José pertenecía a la jup; al igual que Crosas, parecía tener gran confianza con el subsecretario Acosta y Lara, concurriendo asiduamente al despacho de éste. Al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos, quedando Freitas* en la casa de la calle Araucana”, declaró Bardesio. En esa casa fue torturado Castagnetto, y luego su cuerpo entregado al capitán Nader para que lo tirara al mar. El ex fotógrafo policial dijo también: “Por lo que sé, el Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas, Sofía, el oficial inspector Freitas como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil. De éstos, cuyos nombres no recuerdo, sé que pasaron al Departamento 5. Crosas y José (apodo de Sofía) desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio dijeron que viajaban a Brasil, pero a José lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo” (véase Brecha, 24-VIII-08).
A pesar de que Bardesio intentó luego desmentir su versión señalando que había declarado bajo “apremios psicológicos”, unos días antes había señalado a legisladores y representantes del gobierno que era verdad lo que había contado a los tupamaros. Uno de los que estuvo en esa reunión, en representación de Wilson Ferreira Aldunate, fue su hijo Juan Raúl. El ex legislador confirmó la semana pasada a la justicia que Bardesio admitió en esa reunión que era real lo que había declarado a los tupamaros y que por eso si lo entregaban a la Policía era hombre muerto.
Parte del relato de Bardesio fue reafirmado, con matices, por el oficial retirado Pedro Walter Freitas en entrevista con Brecha. Freitas no involucra a Sofía en el caso Castagnetto –dice que no ve las caras de los individuos que participan además de Bardesio–, pero lo describe como un “pituco” que entraba y salía del despacho del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara –en momentos en que en esas oficinas funcionaba la organización parapolicial–, y que iba acompañado por un paraguayo (véase Brecha 8-VIII-08).
Además, el ex comisario jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace, Alejandro Otero, declaró que de acuerdo a lo que supo mientras estuvo en el edificio de la Jefatura de Policía, Sofía era uno de los que tenía “licencia” para entrar y salir de las oficinas de la misión estadounidense y del Ministerio del Interior, tanto como Bardesio.
PRENSA REVELADORA. Todos señalan la vinculación de Sofía con la jup, aunque el propio indagado lo negó ante la justicia. Brecha ubicó un ejemplar de la revista Cuestión, fechada el 10 de junio de 1971, en la que se revelan decenas de nombres de integrantes de la jup y las relaciones de esta organización con el Ministerio del Interior y el Escuadrón de la Muerte. En un artículo, el periodista E L Mokossian señala: “La jup comenzó a cobrar vuelo y sentirse materialmente apoyada en fecha que coincide, muy sintomáticamente, con la asunción al Ministerio del Interior del doctor (Santiago) De Brum Carbajal. Suspicaces observadores políticos coincidieron en señalar por entonces (enero del 71) que desde la propia secretaría de Estado se alentaba la creación de una fuerza parapolicial, financiada, armada y entrenada por la propia Policía. No pasó más que de versión oficiosa pero parecía tener algunos fundamentos. En efecto, las relaciones jup-De Brum debieron ser sumamente estrechas cuando el ministro, durante uno de sus múltiples anuncios del finalmente implantado Registro de Vecindad, indicó que serían los jóvenes de pie, junto a la Policía, los encargados de llevar a la práctica el censo que (vaya coincidencia) tiene como patrón el implantado por las huestes del nazismo en la Alemania de Hitler. Y recientemente, en su discurso del 4 de mayo por cadena de radio y televisión, fue el propio ministro del pachequismo quien se encargó de dar aliento a los grupos fascistas de la jup que pocos días antes habían sido responsables de balear a estudiantes del liceo Bauzá, ocupar ése y otros centros de estudios y promover la situación caótica que da pie a la Interventora de Secundaria para clausurar más de una decena de liceos, suspender alumnos y profesores y promover la detención de varios centenares de éstos”.
El periodista señala que “los jóvenes de pie apenas son un puñado en los distintos centros de estudios secundarios, y por lo tanto fácilmente identificables”. Así, sostiene que “en el liceo Varela fue individualizado y expulsado por actitudes antigremiales Miguel Sofía”.
SOFÍA HOY. Luego del golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, cuando el embajador era Jorge Pacheco. Terminó expulsado de ese país –según consta oficialmente– por robar en un supermercado. No obstante, el ex legislador Juan Raúl Ferreira hace otra lectura sobre este personaje involucrado en un atentado contra Wilson (véase nota aparte).
La dictadura le regaló a Sofía una radio, a la que llamó Emisora del Plata; cuando sus cuentas crecieron fundó el Grupo del Plata, y adquirió otras varias radios, las que acaba de vender a un grupo mexicano en un negocio millonario. Actualmente es el dueño de Sistemas de Comunicaciones, “la única empresa designada como representante y distribuidora autorizada de Motorola Inc en el sector Soluciones para el Comercio, Industria y Gobierno” para Uruguay. De hecho, es un proveedor habitual del Estado en equipamiento de radios para comunicación interna. Los tiempos de la jup y del Escuadrón han pasado, y Sofía pretende ocultarlos, pero próximamente deberá enfrentar a la justicia, con alto riesgo de terminar en la cárcel.
* Se refiere a Pedro Walter Freitas (véase Brecha 8-VIII-08).
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Dudosa expulsión de Estados Unidos
Sofía involucrado en atentado contra Wilson
El ex senador Juan Raúl Ferreira declaró ante la justicia que en 1972 el integrante del Escuadrón de la Muerte Miguel Sofía estuvo involucrado en un atentado contra su padre, el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. El ex legislador sostuvo también que él fue amenazado de muerte en 1978, en Washington, y que unos diez días después sospechosamente Sofía fue expulsado de Estados Unidos.
Consultado por Brecha, Juan Raúl Ferreira relató los hechos: “Nosotros vivíamos en el séptimo piso de avenida Brasil 3136. El 28 de enero de 1972, en pleno período de escrutinio inconcluso,* Wilson habla desde el balcón del primer piso, donde vivían los Amorín Zorrilla, una familia muy amiga de la nuestra.
La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos y con agua, el propio Wilson fue volteado por los que llamábamos los ‘guanacos’ de aquella época. Pocos días después –pudo ser el 31– se reciben amenazas de muerte en nuestro apartamento del séptimo piso. Yo bajo al primer piso a contarle a mi amiga Inés Amorín. Ella estaba estudiando de espaldas al balcón, que aún tenía las balconeras de Wilson. Le conté de los hechos, y en determinado momento ella se recuesta hacia adelante, sobre la mesa donde estaban sus libros, y el respaldo de su silla queda agujereado por un balazo: se salvó por casualidad.
En ese episodio, donde intervino la justicia civil, todos los involucrados eran de la jup, y entre ellos el señor Miguel Sofía. Los indagados declararon que se trataba de problemas de noviazgos, y cosas personales, pero los hechos objetivos son los que narré. Una de estas personas terminó procesada –no recuerdo cuál– pero por un delito menor, quizá tenencia ilícita de armas”.
Además Ferreira relató que unos años después, viviendo exiliado en Estados Unidos, comenzó a recibir amenazas de muerte. A pedido de Wilson realizó la denuncia ante la Policía Metropolitana de Washington, y ese organismo la trasladó al fbi.
“El 30 de junio de 1978 sale en el Washington Post y en 200 periódicos de Estados Unidos una columna del periodista Jack Anderson, conocido por su buena información de fuentes investigativas. El título del artículo fue: ‘Exiliado latino teme por su vida’, y cuenta, basado en fuentes investigativas, que la Policía Metropolitana interceptó los llamados telefónicos del señor Ferreira. Según está publicado, uno de los investigadores le dijo al periodista: ‘Tenemos la esperanza de identificar exactamente el número desde donde se están recibiendo estas amenazas (…) creemos que deben estar viniendo de la misión militar de Uruguay en Washington’. Al terminar la nota, el periodista señala que ‘la policía dijo con ironía: definitivamente no queremos otro caso Letelier en Washington’. Al pie de la página, el periodista señaló: ‘El portavoz del Departamento de Estado nos dijo que han tomado nota de estas amenazas y han hecho todo lo posible para notificar por las vías diplomáticas apropiadas a las autoridades de seguridad los pasos a tomar’. Y luego el funcionario señala, según la nota, que además de esa acción ‘no hay otra cosa que el secretario de Estado pueda hacer más allá de rezar’. Yo era muy gurí, y no le di la trascendencia a esas palabras, pero muchos años después fui embajadar, y me di cuenta de que esa declaración del Departamento de Estado, que involucra a un gobierno con el que tiene relaciones diplomáticas, y que dice que el secretario de Estado va a rezar, es un lenguaje diplomático muy fuerte.
Unos días después, quizás algunas semanas después, el señor Sofía, que era secretario de prensa de la Embajada de Uruguay en Washington, fue declarado persona non grata, y él declaró que había sido por robar quesos en un supermercado. Yo, sin juzgarlo, digo que ese hecho de la expulsión de Sofía de Estados Unidos se da pocos días después de las declaraciones de la Policía Metropolitana de Washington y del Departamento de Estado estadounidense”.
Ferreira se enteró luego de una nueva situación que involucra a Sofía, y que aumenta sus suspicacias: “Posteriormente a su expulsión, Sofía fue designado por el régimen dictatorial como funcionario de confianza de la embajada uruguaya en Taiwán. En viaje a Taiwán –en la época en que no existía la ‘visa de tránsito’, y si uno quería ir a Estados Unidos viajaba sin tener que declarar qué iba a hacer–, Sofía tenía previsto hacer escala en San Francisco, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no lo dejó embarcar. Sofía tuvo que viajar a Taiwán por Europa”.
* Las elecciones de noviembre de 1971 aún no tenían ganador. Luego, en febrero de 1972, la Corte Electoral proclamaría a Juan María Bordaberry como presidente. Los blancos denunciaron fraude.
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