La historia de la educación uruguaya ha estado surcada por seculares conflictos entre perspectivas que podríamos denominar genéricamente como progresistas, ocupadas en la ampliación del acceso a la educación y en el reconocimiento de los derechos de los sectores más postergados de la sociedad, y otras, que podríamos llamar conservadoras, más preocupadas en la continuidad de las tradiciones y el respeto a los órdenes sociales establecidos.
Supondría un reduccionismo teórico y práctico pretender que las lógicas que orientan esta tensión progresismo-conservadurismo a lo largo del siglo y medio referido sean leídas como una disputa entre dos polos absolutamente definidos y claros en sus posiciones. Existen múltiples afectaciones entre ambas perspectivas, que hacen muy difícil referir a posturas absolutamente puras e inalterables ante el paso del tiempo. Esto tiene, en principio, dos claras consecuencias: por una parte, hay una serie de matices y posiciones que no pueden ser fácilmente encasilladas en uno de los dos polos referidos; por otra parte, diversas corrientes de pensamiento van alterando sus posiciones con los años, lo que dificulta ubicarlas claramente en un punto de este debate. Baste como ejemplo de esto la mención a las posiciones educativas del batllismo de principios del siglo XX y las de quienes se definen como continuadores de esa tradición de pensamiento un siglo después.
El presente libro intenta realizar una mirada desde el presente a las características que actualmente reúne en nuestro país la perspectiva conservadora sobre la educación. Parte de la idea de que Uruguay constituye un caso particular dentro de un conjunto de avances del pensamiento conservador en educación a escala global. Como bien ha señalado Michael Apple (2003), el nuevo impulso que el conservadurismo tomó a nivel global, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, permite identificar una serie de perspectivas que se articulan en el campo que el autor define a grandes rasgos como «la derecha». Tres son particularmente relevantes para nuestro trabajo: los neoliberales, los neconservadores y los populistas autoritarios.
Los neoliberales, en sus distintas corrientes, sobre las que no profundizaremos aquí, se caracterizan por una confianza ilimitada en las bondades del mercado para la organización de las relaciones económicas y sociales, propugnan una política pública basada en la idea de productividad y de esfuerzo individual, y promueven un Estado mínimo instrumentalizado en función del desarrollo de sus principios. La suya no es una posición antiestatal, lo que los distingue es la utilización del Estado para la promoción de la mercantilización de todas las esferas de la vida social.
Los neoconservadores se caracterizan por la defensa de valores que ubican en un pasado ideal y por la promoción de una disciplina basada en los saberes tradicionales. Propugnan la centralidad de la familia y de la comunidad por sobre el Estado y están a favor de un control del currículum público, a los efectos de asegurar que reproduzca los contenidos «neutros» del saber clásico. Desde esta perspectiva, las identidades sociales que se alejen de los valores hegemónicos son vistas con recelo y construidas como amenaza moral.
Los populistas autoritarios constituyen la versión más radical del conservadurismo y con frecuencia asumen valores religiosos de forma fundamentalista. Reivindican que la responsabilidad de la educación de las nuevas generaciones recae exclusivamente en las familias. Conciben a los hijos como propiedad de los padres, entendiendo que el derecho a la educación radica en ellos y que estos deben velar por que sus hijos no sean adoctrinados desde posturas que contradigan los valores a los que adhieren. Promueven la radicalización del principio de libre elección, fomentando políticas que permitan la construcción de ofertas educativas ajustadas completamente a sus valores. Dentro de sus prioridades figura la promoción de la educación en el domicilio –o home schooling, como ha sido definida en los países angloparlantes–, pugnando para que no sea obligatorio inscribir a sus hijos en centros educativos.
Si bien aquí apenas hemos esbozado las perspectivas planteadas por Apple, nos parece que pueden ser de utilidad para la lectura de las diversas posiciones en que actualmente se organiza el campo conservador. Si bien es claro que no necesariamente una posición neoliberal tendría por qué articularse fácilmente con una neoconservadora o populista autoritaria, entendemos que existen dos elementos que tienden a hacerlas confluir: por una parte, el rechazo que comparten hacia el rol central del Estado y a la educación pública en la efectivización del derecho a la educación por parte de perspectivas progresistas, y, por otra, su exaltación, de diversas formas, del individuo como componente privilegiado de la sociedad, por sobre posiciones que enfatizan lo colectivo en clave republicana.
Nos interesa especialmente señalar que sería un grave error conceptual suponer que las diferentes posiciones del pensamiento conservador toman centralidad en nuestro país a partir de la instalación de un nuevo gobierno en 2020. Como ya señalamos, los debates entre perspectivas antagónicas son de larga data.
En el caso concreto del período posdictadura en Uruguay, algunos autores han llamado la atención acerca de la instalación de una hegemonía conservadora en el país, más allá del signo político del partido que se encontrara en el gobierno. Un ejemplo de estas posiciones puede encontrarse en el trabajo de [Rafael] Paternain (2012) acerca de la temática de la seguridad. Este autor señala la existencia en nuestro país de una construcción social y política hegemónica (que denomina hegemonía conservadora) del problema de la inseguridad. Por su parte, Álvaro Rico (2005) ya había expuesto previamente el proceso a través del cual fue produciéndose en el país un consenso liberal conservador sostenido, entre otros elementos, en la aceptación total de la economía de mercado y en una concepción de democracia elitista.
Trabajos como los de Rico o Paternain permiten comprender los procesos a partir de los cuales se fue construyendo en la sociedad uruguaya un cierto sentido común sostenido en principios conservadores. Es claro que el ámbito educativo no representa una excepción a estos procesos, más allá de algunos cambios introducidos en las gestiones frenteamplistas. En trabajos anteriores […], hemos argumentado que la expansión más reciente de una mirada conservadora sobre la educación uruguaya comenzó a tomar fuerza a partir de 2010, en pleno desarrollo de los gobiernos de izquierda.
No obstante, es necesario plantear que a partir de la instalación, el 1 de marzo de 2020, de un gobierno de coalición, en el que confluyen partidos políticos que abarcan desde el centro del espectro político hasta la extrema derecha, el proyecto conservador comenzó a tener posibilidades concretas de instituirse como política oficial.
Los partidos de la coalición habían acordado, previo a la instancia de balotaje de noviembre de 2019, un programa de gobierno titulado «Compromiso por el país». La educación constituía uno de los ámbitos de las políticas públicas en los que se manifestaba la necesidad de introducir profundos cambios.
En el mencionado documento se señala:
«El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser. Los últimos gobiernos han sido incapaces de generar mejoras significativas».
[…]
Teniendo en cuenta lo planteado en las páginas precedentes, resulta interesante tomar nota de la advertencia sobre el peligro de «dejar de ser la sociedad que hemos sido», como máxima conservadora.
Como ya fue planteado, la visión sobre la educación con la que la coalición llegaba al gobierno venía siendo construida desde muchos años antes que la instancia electoral de 2019. En este sentido, es relevante señalar que la referencia a la «emergencia educativa», tributaria del significante «crisis de la educación», ocupó un lugar central en la segunda década del siglo XXI, a los efectos de sostener la necesidad de una refundación de la educación uruguaya.
[…]
Los ámbitos de gobierno –definidos como «gobernanza»– y de gestión del sistema educativo uruguayo fueron establecidos como los objetivos prioritarios de ese proceso refundacional. En cuanto al primero, se sostenía la necesidad de asignar potestades al Poder Ejecutivo en el gobierno de la educación a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la concentración de poder en el Consejo Directivo Central, de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), con la eliminación de los consejos desconcentrados y, por tanto, de la representación docente en ellos. En cuanto al segundo, las críticas por la burocratización e ineficiencia de la gestión pública dieron lugar a la propuesta de introducción de criterios propios de la esfera privada en la gestión educativa. Estas orientaciones se tradujeron inicialmente en el capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), n.º 19.889. Luego se fueron plasmando en otra serie de documentos, entre los que se destacan el Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP (2020) y el Plan de Política Educativa del MEC (2021).
1. Además de Martinis, escriben Eloísa Bordoli, Jorge Camors, Agustín Cano, Stefanía Conde, Victoria Díaz, Paola Dogliotti, Camila Falkin, Juan Pablo García, Silvina Páez, Antonio Romano, Cecilia Sánchez, Límber Santos, Felipe Stevenazzi y Nilia Viscardi.
